Mes: enero 2015

En enero de 2013 una familia (Rosa, Carmelo y sus tres hijos menores de 15, 7 y 4 años) fueron realojados por la Asamblea de Inquilinos y Desahuciados (impulsada por la FAGC) en un inmueble abandonado “propiedad legal” del BBVA en el barrio del Lomo Apolinario de Las Palmas de G.C. (http://www.anarquistasgc.net/2013/01/la-asamblea-de-inquilinos-y.html).

Después de un año arreglando y habilitando un inmueble que estaba en condiciones lamentables (fugas de agua que perjudicaban a las viviendas colindantes, pintura, sellado de humedades, etc.) y de conseguir que la gente del barrio los hayan aceptado como vecinos ejemplares, el banco interpuso una denuncia por usurpación contra Rosa y Carmelo. El banco abordó el asunto de la forma más expeditiva y brutal posible, pues no sólo interpuso una demanda penal (en un caso que obviamente debía dirimirse por la vía civil), sino que haciendo un alarde de demencia propietaria ¡trató de imputar a los menores! (http://www.antena3.com/canarias/noticias/sociedad/imputados-menores-ocupar-casa-propiedad-banco_2014012000239.html). Después de que la causa fuera sobreseída por el juez al no encontrar ninguna actividad constitutiva de delito y ante la presión mediática, el banco aceptó públicamente negociar con la familia el establecimiento de un alquiler social. También el ayuntamiento de la capital se avino a ejercer de “mediador” y a ofrecer las ayudas correspondientes. 

Los meses han pasado y la familia no ha obtenido ninguna información nueva ni del ayuntamiento ni del banco…, hasta ahora. El banco se retracta de todo lo dicho, incumple el acuerdo público que asumió y vuelve a denunciar a Rosa y Carmelo solicitando que ellos y sus tres hijos sufran un desahucio cautelar antes de que se produzca el juicio previsto para marzo de 2015. Solicita una medida, un desahucio por lo criminal, que corresponde a cuando una ocupación conlleva un peligro social, y no a las actividades cotidianas de una familia con escasos ingresos que trata de salir adelante procurando que sus hijos no pasen privaciones y no conozcan lo que es carecer de techo. Según se nos ha comunicado en los propios juzgados la orden de desahucio cautelar ya ha sido firmada por el juez y en cualquier momento puede llegarles la notificación. 

Actualmente parece que este caso ya no interesa a los movimientos sociales profesionales que se han convertido en meras gestoras cuando intervienen en la problemática de la vivienda y que ya tienen toda la publicidad que necesitaban y no requieren más titulares.

Por su parte el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que como hemos dicho comprometió a ejercer de “intermediario” entre el banco y la familia, no ha hecho más que inhibirse en este aspecto sin dar señales de vida hasta la fecha.

Sin embargo, Rosa y Carmelo no piensan rendirse, la FAGC no piensa abandonarlos, y los vecinos más comprometidos de la Comunidad “la Esperanza” tampoco. Anunciamos desde aquí una campaña a todos los niveles: jurídico, mediático y callejero, que no cesará hasta el BBVA retire la demanda de desahucio y avenga a negociar con Rosa y Carmelo.

En esta ocasión esta familia no volverá a fiarse de bellos propósitos aunque se lancen ante los medios o incluso ante un tribunal; no dejará de plantar batalla hasta que se les ofrezca una solución en negro sobre blanco y haya un acuerdo firmado. Implicaremos a quien haga falta, denunciando la sevicia y mezquindad de esta entidad financiera que pisa vidas humanas como pisa su palabra; la abulia e hipocresia de una administración pública que en cuanto se apagan los focos mira para otro lado; y la insensibilidad y desmesura de un sistema judicial hecho a medida del poder. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que esta familia no pierda la que ha sido su vivienda desde hace justamente este mes de enero 2 años. ¡Porque el derecho a la propiedad privada no puede socavar el derecho a la vida!