El Sindicat d’Inquilines de Gran Canaria: famílies obreres contra el Conde de la Vega

Publicación de las queridas compas de Can Jaumetó

ttps://sindicatodeinquilinasgc.wordpress.com/2017/05/17/manifiesto-contra-el-desalojo-de-19-familias/

Compartim aquest cas: per bé que pugui semblar anacrònic, és ben d’actualitat. Tota la nostra solidaritat amb les famílies que estan plantant cara al despotisme del Conde de la Vega a Gran Canaria. Ens adherim al manifest, aprofitant que avui celebren una roda de premsa per denunciar l’evolució del cas, i animen a col·lectius i organtizacions d’arreu a fer-ho.

A banda, us deixem unes línies per apropar-vos a la interessant experiència organtizativa del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria:

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Mesos abans de l’esclat que estem vivint a tota la península de sindicats de llogateres i col·lectius de defensa del dret a l’habitatge, ja s’havia creat a Gran Canaria un sindicat d’inquilines. Des de fa temps que seguim amb interès la feina de la FAGC (Federación Anarquista de Gran Canaria), sobretot coneguda pel projecte d’okupació i reallotjament de famílies obreres a la comunidad la Esperanza; aquests són principalment els punts de partida de l’esmentat sindicat d’inquilines.

Des del nostre punt de vista, a destacar de la tasca que estan realitzant és saber realitzar una feina real, palpable, amb els estrats de població treballadora més perifèrics i damnats econòmica i socialment per la misèria del treball i l’economia capitalista; a la vegada, el manteniment de principis d’autonomia política dels òrgans de l’estat i les seves institucions. Marquen unes línies vermelles i una experiència pràctica a tenir en compte per al cicle de lluites per l’habitatge i contra la pujada del lloguer que ja està pràcticament encetat.

Enllaços d’interès:

https://sindicatodeinquilinasgc.wordpress.com/principios/

https://anarquistasgc.noblogs.org/

https://www.todoporhacer.org/comunidad-esperanza/)

https://www.youtube.com/watch?v=vU3Ew3Hp_cI

Nace “El Refugio”

5 familias sin recursos y sin techo han rehabilitado varios inmuebles abandonados en la isla de Gran Canaria, y se han buscado por sí mismas las oportunidades que les niega el sistema capitalista y las instituciones.
16 personas, 10 de ellos menores, han iniciado este proyecto habitacional de autogestión y dignificación. Cuentan con todo el apoyo y la asesoría del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria.
En un archipiélago con 135.000 inmuebles vacíos, con 735 desahucios por trimestre, con el segundo salario más bajo del Estado y la segunda provincia (Las Palmas) con la mayor subida del alquiler, no nos quedan más opciones para garantizarle un techo a nuestros hijos que las que nosotros, el pueblo trabajador, nos proporcionemos por nuestros propios medios.
Esta lucha por la vivienda no implica solo defenderse y reclamar. Es necesario construir y crear.

La esclavitud invisible

Fuente: Solidaridad Obrera

Ruymán Rodríguez

 

El imaginario actual de la reivindicación obrera bebe en muchas ocasiones de un mundo laboral que ya no existe. Esos cinturones industriales, con sus grandes masas obreras organizadas, con sus plantillas veteranas de miles de obreras cohesionadas, son imágenes que pueden valer para un fotograma de una película de Eisenstein, pero no para plasmar la realidad de nuestros barrios más marginados.

El mundo del trabajo se ha atomizado y precarizado. Gracias a unas duras reformas laborales librecambistas y a una amplia gama de herramientas disolventes del tejido obrero (ETT’s, subcontratas, etc.), las que seguimos trabajando lo hacemos temporalmente, a rachas, a veces con poco o ningún contacto con nuestras compañeras de tajo y casi siempre sin horizonte reivindicativo. Algunos sectores son la excepción, pero la mayoría de obreras hemos aceptado que el trabajo es una mercancía capitalista con la que el empresariado tiene total derecho a especular. El trabajo sigue generando toda la riqueza, pero las trabajadoras somos cada vez menos conscientes de ello.

Redundaría decir que esto ha empeorado con la llamada “crisis financiera” y que esta ha sido una jugada perfecta para imponernos un modelo social, económico y laboral aún más feroz y desigual. Un modelo que nos obliga a aceptar las condiciones laborales más indignas sin resentimiento e incluso con una enorme sonrisa de gratitud. Lo que no suele comentarse es la situación de las que ya soportaban esas condiciones antes de la “crisis”, la situación de las trabajadoras que siempre han malvivido. Aquellas para las que la “crisis” sólo ha significado la estandarización de su esclavitud invisible. Hablo de las obreras en B, de las precarias, y especialmente, de las cuidadoras a domicilio.

El mundo de los cuidados, que recae en su gran mayoría sobre mujeres migrantes, ha sufrido los efectos psicológicos de la crisis y también el subsiguiente endurecimiento de las condiciones laborales. Sin embargo, en un ambiente de esclavitud normalizada como ese, el recrudecimiento visto desde fuera es casi imperceptible. Y digo esclavitud con toda la literalidad de la palabra. No importa aquí lo que digan vuestras constituciones, normativas o estatutos, ni las inspecciones de trabajo, ni la Declaración de los Derechos Humanos, ni ningún otro fetiche legal; en el Estado español existe la misma esclavitud que en la América sudista o la Rusia zarista.

La cuidadora, la que no pertenece a ninguna empresa, la que no depende de las subcontratas de los ayuntamientos ni del sistema sanitario, la que trabaja por su cuenta pero sin la oficialidad de la autónoma, no tiene derechos de ningún tipo.

Trabaja en un domicilio con el que acaba identificándose. Establece una relación más cercana con la persona que la asalaria que la que mantendrá nunca ninguna otra obrera con su empresaria. Esa relación suele ser enfermiza y malsana, basada muchas veces en el chantaje emocional, en explotar por parte del empleador el vínculo afectivo y de dependencia que se genera entre cuidadora y paciente. Olvídense de toda esa batería de conquistas laborales que supuestamente componen el mal llamado Estado del bienestar. Aquí no hay vacaciones, ni bajas por enfermedad, ni indemnizaciones por despido, ni subsidio por desempleo. No puedes ponerte enferma, ni descansar, ni respirar. El trabajo y la vida acaban fusionándose de la peor manera posible, como una malformación. El ocio desaparece de la ecuación. Ser complaciente y servicial es una forma de sobrevivir. Si te despiden no hay ningún colchón, ni paro, ni finiquito. Ningún despido es improcedente. Eres una esclava doméstica, un electrodoméstico más, como el microondas o la lavadora.

El volumen de trabajo suele ser inmenso y ser soportado por una sola espalda. En esta categoría están las trabajadoras que limpian y cocinan, que cuidan niños, ancianos o enfermos. Personas que crían y enseñan, que se encargan de vómitos y diarreas, que cambian pañales, que ponen enemas, hacen curas, rehabilitación, y mil cosas más, sin necesidad de estudiar puericultura, de ser auxiliares de enfermería, de geriatría o fisioterapeutas, o de haber hecho ningún curso sobre asistencia a personas con alzheimer. Su capacitación la da el trabajo diario y una gran facultad de resiliencia. No hacen nada distinto de lo que se ven obligadas a hacer, sin titulación alguna, todas aquellas personas que tienen un familiar dependiente y no tienen dinero para pagarle a alguien para que lo haga por ellas. Las cuidadoras a domicilio realizan todo este trabajo a cambio de sueldos de hambre que difícilmente llegan al salario mínimo.

La situación se agrava cuando hablamos de trabajadoras internas. Vives donde trabajas, con turnos literalmente de 24 horas. Tu único día libre supone tener que dejar durante unas horas, hasta que cae la noche, una casa que nunca sientes como propia, pero que sigue siendo el lugar donde vives. Esa es la paradoja: para descansar tienes que abandonar tu domicilio, el sitio que precisamente la mayoría escoge para desconectar del trabajo. Muchas acaban renunciando a sus sábados o sus domingos. La posibilidad de la enfermedad propia no existe, como si una mutara en máquina. Vives como en las antiguas plantaciones de algodón de Virginia o Alabama, o como en los ingenios azucareros del Caribe: trabajas de sol a sol por techo y comida. A veces se prescinde del sueldo, o se descuentan dietas y alquiler hasta convertirlo en nada. Muchas veces no hay tampoco dónde ni cómo consumir el magro salario, así que suele destinarse casi exclusivamente a mantener a una familia que desconoce lo que sufres más allá del Atlántico. Las personas nativas que se dedican a los cuidados son minoría, pero también son un sustrato importante del barrio. Gente que vive más tiempo en casas ajenas que en la propia y que a veces aceptan trabajar de internas no para enviar dinero a otro continente, sino para hacerlo a la calle de al lado.

Estas trabajadoras no están sindicalizadas. Si el mundo del trabajo tiene sus suburbios y periferias también el sindicalismo tiene sus bolsas de marginalidad. El extrarradio sindical, hacia el que el sindicalismo clásico no tiene ningún plan concreto ni oferta, crece a la misma velocidad que mengua el trabajo estable y cualificado. El sindicalismo no quiere entrar en el gueto del barrio porque está muy cómodo en el gueto ideológico.

No estoy hablando de aceptar la precariedad como un fatalismo y trabajar en ese ámbito asumiendo la deriva del mercado laboral sin objeciones. Hablo de que para combatir la descomposición de los derechos laborales, para enfrentar sus causas y efectos, habrá que organizarse con las que lo padecen y articular respuestas desde su situación. Es una guerra de trincheras y ahora mismo nos han empujado al interior del fuerte, perdiendo casi todo el terreno conquistado en los dos últimos siglos. Podemos seguir en tierra de nadie, tratando de estructurar un proletariado idealizado que ha sido desmantelado, o entender la situación real de las trabajadoras de carne y hueso, de las proletarias actuales, arremangarnos y bajar hasta el fango al que las han arrojados para reconstruir desde abajo, con ellas.

Hay que dejar de argüir excusas como el prurito de la legalidad. No importa si legalmente un colectivo es sindicable o no. Las primeras sociedades obreras no necesitaban que existiera el derecho legal a sindicarse para poner los cimientos de los futuros sindicatos y empezar a organizar a las trabajadoras. Si se hubiera tenido que esperar a que sindicarse fuera legal para crear los primeros gremios obreros, el sindicalismo jamás habría existido. Todos esos derechos, de los que estamos tan orgullosas, se conquistaron por la vía de los hechos consumados, y no esperando ninguna venia ministerial. Organizarse con las precarias es lo primero; la ley no hace más que reconocer lo que se le impone, bien por el consentimiento general, bien porque se le planta en la cara.

Todos los derechos laborales que se reconquisten o recuperen serán ficticios mientras una gran bolsa de la población obrera viva en una esclavitud consuetudinaria, socialmente admitida y consentida por las propias centrales sindicales.

Estoy convencido de que tarde o temprano las cuidadoras se organizarán, como ya lo han hecho las camareras de hoteles, los manteros, las inquilinas, y todas esas categorías laborales o sociales que sobreviven en los margenes del Estado del bienestar y del sindicalismo clásico. La pregunta es si los sindicatos revolucionarios, los de la acción directa, los que rechazan las subvenciones, los que no se han pringado en corruptelas, piensan acercarse a este sector, diseñar una estrategia y una batería de herramientas que puedan hacer suyas, o si esperarán a que se organicen autónomamente, al margen de su radio de influencia, y que otro colectivo de excluidas e ignoradas les demuestre que si ellas no entran en sus cálculos, tampoco el sindicalismo histórico entra en su agenda.

Y no olvidemos que en esta agenda se puede estar escribiendo actualmente la hoja de ruta de un nuevo fenómeno obrero, difuso, difícil de identificar, que reviste formas y manifestaciones que no todos comprenden, pero que quizás marque cómo se articulará la protesta y la reivindicación laboral de una época con la que las viejas maneras sindicales no parecen querer familiarizarse: el siglo XXI.

Los sin techo de la nobleza canaria

Fuente: El Salto

Alejandro del Castillo, conde de la Vega Grande, pretende desalojar a las familias de quienes trabajaron para su padre para vender un terreno destinado a uso industrial.

Texto: Eduardo Pérez

Las 19 familias que habitan los Barracones de Juan Grande, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), viven pendientes de un hilo desde que la pasada Semana Santa recibieran una carta de los propietarios, Alejandro del Castillo, conde de la Vega Grande y su hermano. En ella, se instaba a las 63 personas allí residentes a abandonar su vivienda en el plazo máximo de tres meses.

En realidad, sus vidas siempre han estado vinculadas a los deseos de la familia cuyo iniciador fue, en el siglo XVIII, Fernando Bruno del Castillo, alférez mayor y gobernador de las Armas de Gran Canaria, quien recibió el condado por sus servicios a la Corona.

Los Barracones llevan habitados desde hace más de medio siglo: una de las vecinas lleva allí 57 años. Otro, Juan Manuel Pérez, de 42 años, explica a El Salto que en un principio eran “cuartos individuales junto a los almacenes donde se embalaba el tomate, donde vivían los trabajadores. Posteriormente construyeron sobre ellas y cuando la empresa quebró tuvieron permiso para quedarse”.

Según Pérez, estos trabajadores nunca tuvieron problema con la administración del entonces conde, homónimo del actual, su hijo, y que llegó a alcalde de Las Palmas al principio del Franquismo. En lo que se podría considerar una parte del salario de los trabajadores, las familias nunca pagaron nada por su precaria vivienda. Por otro lado, nunca tuvieron contrato de trabajo ni de alquiler.

En los casos en que el inquilino fallecía, su vivienda seguía en la familia. Es el caso de Pérez, trabajador de la construcción, que pasó de pagar alquiler a vivir allí cuando murió su tío. Allí viven también su mujer, dos de sus hijas y su nieta de sólo año y medio de edad.

Este vecino explica que hace aproximadamente diez años comenzaron los problemas. En 1996 el terreno había sido recalificado como de uso industrial, y la nueva administración familiar comenzó a otorgar permisos que incluían una cláusula para desalojar a las familias firmantes. “La mayoría firmaron”, explica Pérez, “bajo coacciones, ya que los necesitaban para instalar contadores de luz o agua”.

Derribo sin avisar

En 2017, la operación para reconvertir el área en zona industrial se ha puesto en marcha. Justo antes de recibir los avisos de desalojo, los propietarios ya habían intentado derribar una casa, lo que consiguieron sólo parcialmente.

Al afectar el derribo a las viviendas próximas, los vecinos avisaron a los medios de comunicación y “el abogado del conde salió corriendo”, relata Pérez. Es en ese momento cuando, con el apoyo del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Gran Canaria, vecinos y vecinas de los Barracones de Juan Grande comienzan una campaña de presión para conseguir su realojo por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé.

Desde el sindicato, Ruymán Rodríguez, uno de sus miembros, explica que se les está dando asesoramiento y apoyo a las familias, “y si no funciona la estrategia, iremos a la paralización del desahucio por medios físicos, pero esperemos no llegar a eso”.

El Sindicato de Inquilinos, con 100 afiliados (90 de ellos mujeres) nació en enero de este año, convirtiéndose así en el primero de este carácter y al que luego han seguido otros en ciudades como Barcelona o Madrid, y en palabras de Rodríguez, está dedicado a “cuestiones meramente de supervivencia social, con unos salarios que siguen igual pero los alquileres suben, generando desahucios silenciosos”. Especialmente en una región como Canarias, con 15 o 20 desahucios al día y otras marcas dudosas como el récord estatal en pobreza infantil.

De momento, el conflicto de los Barracones entre vecinos, conde y Ayuntamiento está bloqueado. “Pedimos que no nos dejen en la calle, queremos una casa que paguemos en función de nuestras posibilidades, no queremos que nos regalen nada”, asegura Juan Manuel Pérez. No obstante, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, gobernado por Agrupación de Vecinos-Partido Popular, no parece tener la menor intención de tomar cartas en el asunto.

Cuestionado sobre el tema por El Salto, el alcalde Marco Aurelio Pérez se da por satisfecho con sus gestiones: “Que yo sepa, no va a haber desalojo. Está paralizado mientras los propietarios no tengan alternativas de realojo”.

Afirmación que vecinos y sindicato niegan tajantemente, ya que el único ‘compromiso’ han sido expresiones como “ya se mirará” por parte de los abogados del conde a alguna familia, y no se les ha comunicado ningún tipo de paralización.

En todo caso, el alcalde no valora la posibilidad de que el Ayuntamiento ofrezca viviendas. Entre las razones, ser un “asunto privado”, aunque la memoria ambiental aprobada por el Gobierno canario respecto a esta operación obliga a tener alternativas de realojo para los residentes regales. Además, el mandatario señala que “no tenemos viviendas”, pese a que el municipio es uno de los mayores de la isla, siendo un destino turístico de primera fila mundial y haber sido presa del boom inmobiliario antes de la crisis.

Así pues, se mantiene la incertidumbre sobre el destino de estas 19 familias, enfrentadas a una familia que ha marcado el destino de Gran Canaria desde hace más de dos siglos, desde el poder político, su imperio agrícola o sus negocios inmobiliarios.

Hace justamente un año, el actual conde decía en una entrevista a Canarias7 algo que podría dar esperanzas a los vecinos de los Barracones: “En la vida el dinero no es lo principal. Hay otras cosas que son más importantes. Me gustaría que me recordasen como buena persona. Me gustaría que dijesen: ‘Qué buena persona fue Alejandro’. Nada más”.

La Comunidad “La Esperanza” con las familias desahuciadas en Granadilla

Desde Santa María de Guía, en Gran Canaria, las 76 familias que conformamos la Comunidad “La Esperanza” queremos hacer llegar todo nuestro apoyo, solidaridad y cariño a las 41 familias que el Banco Santander, con la colaboración necesaria de la administración, la judicatura y la Guardia Civil, ha desalojado ayer día 20 en la localidad de San Isidro, en el municipio de Granadilla de Abona ubicado en la isla hermana de Tenerife.

Compartimos su dolor porque sus hijos podrían ser los nuestros, porque sus ancianos también podrían ser nuestros padres o abuelos. La injusticia que sufren es la misma que miles de familias obreras y sin recursos padecemos a diario en un Estado en el que se repite, hipócritamente, que ya no hay desahucios.

Las familias que nos vemos obligadas a okupar no lo hacemos por gusto ni por comodidad, pues nadie acepta voluntariamente los estigmas con los que la sociedad marca a los que no tenemos vivienda propia ni dinero para alquilar. La insolvencia es hoy en día un delito, y rebelarse contra ella el peor de los crímenes. Las familias que no hemos aceptado la indigencia ni la intemperie y que hemos luchado por una vida mejor para nuestros hijos somos criminalizadas y perseguidas. Nadie parece entender que okupamos porque no existe una alternativa de vivienda pública real y eficiente, que lo hacemos porque el trabajo es cada vez más precario y escaso, porque los salarios son cada vez más bajos, porque los alquileres son cada vez más caros, porque no tenemos más opciones que morir reventados en la calle u okupar una vivienda y construir nuestras propias soluciones desde abajo y recuperar nuestra propia dignidad.

Las familias de Granadilla han sido desahuciadas sin respetar las supuestas garantías que se le atribuyen a los lanzamientos ordinarios. Ni se les notificó con antelación ni se les dio un plazo para desalojar la vivienda. Los antidisturbios se personaron al amanecer y les dieron a las familias 5 horas para sacar todos sus enseres o los perderían para siempre. Recoger toda tu vida en 5 horas, ¿es posible?

Muchas de las familias llevaban viviendo allí 5 años (un año más que nosotros en “La Esperanza”). Los responsables judiciales no han pensado que antes de echar a estas familias a la calle era necesario concederles un plazo para que no se vieran arrojadas directamente al asfalto. La ley entiende de dinero, pero no de sentimientos.

El Banco Santander, que desde que comenzó la crisis no ha dejado de recibir inyecciones de dinero público (nuestro dinero), es el principal responsable de esta atrocidad. Un banco que sigue fabricando tragedias y amasando su fortuna con la sangre y las vidas de los desahuciados, sean hipotecados u okupas.

Desde “La Esperanza” ofrecemos toda nuestra solidaridad a estas familias víctimas de la especulación inmobiliaria y condenamos a todos los artífices y cómplices de este terrible injusticia. Por nuestra parte tomamos nota nuevamente de cómo actúan los bancos, la administración, los juzgados y las fuerzas policiales. Ninguna humanidad puede esperarse por su parte. No lo olvidaremos.

Comunidad “La Esperanza”

El Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria se solidariza con las 41 familias desahuciadas en Granadilla

Fuente: SIGC

Ante el brutal desahucio a 41 familias, ejecutado ayer en Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, a instancias del Banco de Santander, desde el Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria nos solidarizamos con las afectadas ante un desalojo que constituye una nueva vulneración del derecho a la vivienda con la complicidad de todas las administraciones públicas.

Denunciamos la indignante insensibilidad demostrada con estas familias, expulsadas de sus hogares, en los que llevaban residiendo varios años, sin haberles procurado previamente una alternativa habitacional.

Exigimos a la misma Banca que ha sido rescatada con nuestro dinero que cese en su acoso y derribo a las familias más vulnerables y deje de acumular inmuebles que deben servir prioritariamente de vivienda antes que de activo financiero.

Exigimos a las instituciones públicas que cumplan con los acuerdos a los que se comprometieron en tiempo de elecciones en materia de vivienda, y que ahora parecen haber olvidado, y que no conculquen el derecho de estas familias a una vivienda digna frente a las ejecuciones bancarias.

La vivienda es un derecho.

¡Basta ya de apoyar la especulación inmobiliaria!

Revista de medios

La rueda de prensa del pasado 12 de junio en la que las vecinas de los Barracones denunciaban su intento de desalojo ha sido un éxito mediático. Estos son los medios que cubrieron la rueda de prensa, presencialmente o por vía teléfonica, que se hicieron eco a los pocos días o que la difundieron días antes: RTVC Noticias, Antena 3, Radio Sol, Maspalomas Ahora, SER, COPE, Onda Cero, Agencia EFE, TVC (programa de tarde), Radio San Borondón, La Provincia, Canarias Semanal, Radio Faro, Maspalomas News, El Candelero, LibreDiario. Y muchos más que se nos escapan. Eso en cuanto a los medios comerciales, porque los contrainformativos (Alasbarricadas.org, Portal OACA, Kaos en la Red, La Haine, etc.) siempre han estado a la altura. A continuación damos una muestra de esa repercusión compilando los enlaces de algunos de los medios en los que ha aparecido la noticia:

Reportaje de RTVC Noticias:

Reportaje de Antena 3 Canarias

Crónica de La Provincia

Entrevista en Radio Faro

Entrevista en la SER

Canarias Semanal, Alasbarricadas.org, La Haine, OACA, reproducen la crónica del SIGC

Seguiremos actualizando

Crónica sobre la rueda de prensa en Los Barracones

foto rueda de prensa 1El lunes 12 de junio de 2017, las vecinas afectadas de los Barracones de Juan Grande, amenazadas por un «conde» de echarlas a la calle sin darles alternativa alguna, dieron una rueda de prensa en los mismos barracones. Estuvieron acompañadas por un miembro del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y por la abogada de dicho sindicato.

De la rueda de prensa se hicieron eco bastantes medios comerciales, y la crónica fue difundida por distintos medios alternativos. En una próxima entrada, haremos una pequeña recopilación sobre la repercusión obtenida.

A continuación, la crónica que hicieron desde el Sindicato:


foto rueda de prensa 2
De izquierda a derecha: Milagrosa, Ayesa y Ana

En la mañana de ayer, 12 de junio, las vecinas de los barracones de Juan Grande ofrecieron una rueda de prensa con el fin de hacer público el conflicto que mantienen con los herederos del conde de la Vega Grande. En ella explicaron ante los medios el posible desalojo al que se enfrentan 19 familias, entre las que se cuentan 24 menores de edad, varios ancianos y personas con enfermedades crónicas. Ana, Milagrosa y Ayesa, mujeres que representan a tres generaciones distintas, pusieron voz a la lucha de 63 personas que pueden verse en la calle de la noche a la mañana.

Ana, una mujer que ha vivido 27 de sus 75 años en los barracones, empleó su intervención para denunciar las mentiras del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, quien declaró a una televisión local que los vecinos habían firmado un contrato de alquiler con el conde. Ana, que ha sufrido dos infartos y una insuficiencia renal en los últimos nueve meses, afirmó que la corporación municipal no les ha ofrecido ninguna alternativa habitacional hasta el momento y se mostró escéptica ante un alcalde que siempre les ha dado la espalda.

En segundo lugar, Ayesa, la más joven de las tres, narró cómo un empleado del conde se presentó un día a las 8 de la mañana en los barracones y sin previo aviso comenzó a derribar la casa colindante a la suya con un martillo amortiguador. En dicha casa vivía la única vecina que tenía relación de alquiler con el conde: al rescindir el contrato con éste, la vecina abandonó la vivienda. Ayesa tiene un bebé de 14 meses que despertó ese día entre el pánico y el desconcierto que sembraba el ruido atronador del martillo. Llamaron a la policía para denunciar el abuso, pero nunca aparecieron. Entonces decidieron convocar a los medios y el empleado se esfumó al verlos llegar. Contó la joven que cuando el abogado del conde le entregó en mano la carta por la cual se les conminaba a desalojar sus hogares, ella le preguntó que a dónde irían. No obtuvo respuesta.

Por su parte, Milagrosa declaró que las familias de los barracones habían solicitado viviendas sociales dignas y acordes a la situación económica de cada una. Si, como se afirma desde las instituciones, no hay suficientes viviendas públicas, exigió que les permitiesen quedarse en sus casas hasta que la administración construya nuevas viviendas. Es preciso recordar que, según se recoge incluso en documentos firmados por el conde, estas casas aparecen descritas como “cuartuchos para animales”. Sólo el enorme esfuerzo y los magros recursos económicos de las familias han logrado convertirlas en viviendas dignas y acogedoras. Milagrosa aprovechó para subrayar la desconfianza de las familias hacia los partidos políticos, que hasta ahora no han movido un dedo para ayudarles.

Tras la intervención de las tres portavoces, miembros del Sindicato de Inquilinas denunciaron que la administración había incumplido su compromiso de realojar a las familias afectadas por la modificación del Plan General de Ordenación Territorial. Según este plan general, el terreno en el que están los barracones fue declarado “zona industrial” y los vecinos afirman que el alcalde les confesó que el ayuntamiento tiene la intención de comprarlo para construir una nave industrial. Por otro lado, los miembros del SIGC lamentaron que en pleno siglo XXI, en un Estado que presume de ser adalid de los Derechos Humanos, se pisotee sin reparo el derecho de estas personas a una vivienda digna. Además, anunciaron la estrategia de resistencia al posible realojo: desde la guerra mediática al piquete para evitar el desahucio.

Por último, un vecino que lleva 58 años viviendo en los barracones relató las condiciones de esclavitud en las que con sólo 9 años empezó a trabajar para el conde. Su testimonio revivió la oscura historia de caciquismo, esclavitud y miseria que aún golpea a las clases más humildes de las islas. Entre otras cosas, denunció que hasta el año 1999 (en el orgulloso Estado español que ya presumía de cuarto puesto en la economía de la UE), el agua, la luz y los baños de los barracones eran comunes y sólo tenían luz de 6 de la mañana a 10 de la noche.

En definitiva, las familias de Juan Grande han enviado un mensaje contundente a los herederos del conde: han demostrado que no tienen miedo y que van a luchar hasta el final por mantener sus viviendas si la administración no les asegura una alternativa habitacional digna y acorde a sus ingresos. Frente al caciquismo y la administración servil, estas 63 personas se han organizado para defender sus derechos más elementales. Y no están solas: tienen el apoyo y la asesoría del Sindicato de Inquilinas y la solidaridad y simpatía de 61 colectivos del Estado e incluso del continente americano que no permitirán que se queden en la calle.


En el post original, podrán ver más fotos:

https://sindicatodeinquilinasgc.wordpress.com/2017/06/13/cronica-de-la-rueda-de-prensa/

Las mentiras de un alcalde

El pasado 7 de junio de 2017, en una televisión local grancanaria, le hicieron una entrevista al alcalde del PP de San Bartolomé de Tirajana. Aparte de otros temas, como arremeter contra todas las que se oponen a la destrucción del Veril, el presentador le hizo una pregunta sobre la situación de los Barracones de Juan Grande, sitos en su municipio, a instancias de un miembro del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria.

Este fue el trozo de la entrevista en el que habla sobre ello, editado para resaltar las mentiras que dijo: