Recomendaciones sobre organización comunitaria

Recomendaciones sobre organización comunitaria

Actualmente coexisten en Gran Canaria diversas comunidades autogestionadas impulsadas o asesoradas por el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria o por la Federación Anarquista de Gran Canaria (las más antiguas). Ni el Sindicato ni la Federación, como confirma la experiencia, pueden inmiscuirse en los asuntos de gestión interna de las comunidades. Esto sólo conllevaría que dichas organizaciones sindicales o políticas vieran lastrada su actividad cotidiana, por una parte, y, por la otra, la perdida total de autonomía de las comunidades, que es precisamente lo que siempre se ha querido evitar. Sin embargo, desde el SIGC y la FAGC sí que podemos hacer unas recomendaciones organizativas que, aunque no sean vinculantes, deberían ser como mínimo tenidas en cuenta y debatidas colectivamente por las vecinas, pues la experiencia nos ha demostrado que las comunidades han funcionado mejor cuando estos consejos han sido llevados a la práctica.

1º. La asamblea debe ser el principal órgano de decisión de asuntos colectivos. Para decidir asuntos que afectan a todos, todos deben tener la palabra, es así de sencillo. Todos los modos de organización jerárquicos (con unos pocos que mandan y el resto que obedece) han acabado fracasando. Los modelos verticales, como los presidencialistas, sólo pueden provocar que un individuo o un grupo de individuos manejen a su antojo mientras la mayoría se desvincula cada día más de todo. Ante una emergencia, un desahucio, un problema económico, está falta de implicación colectiva es fatal. Siempre habrá gente con más dotes organizativas y gente menos participativa, es natural. Pero las comunidades son más débiles cuantos menos individuos intervienen en su gestión.

2º. Organización de la asamblea. Sería recomendable organizar una asamblea general como mínimo una vez al mes (por ejemplo los últimos domingos de cada mes), para hacer balance de tesorería y tratar otros asuntos importantes. También se puede organizar una asamblea extraordinaria ante una situación grave o urgente. En estas asambleas es importante que alguien se encargue de recoger el orden del día (los puntos a tratar), buscando la forma (a través de carteles o de un grupo de mensajería móvil) de que los vecinos apunten las cuestiones que quieran exponer. Es importante que, aunque cada vecino exponga su punto, alguien haga de dinamizador o moderador (el encargado de pasar de un punto a otro, de proponer votaciones si no hay consenso y un punto se ha agotado, de reconducir el debate si la gente empieza a divagar, etc.). También alguien debería tomar acta, apuntando las resoluciones adoptadas sobre cada punto. Y también alguien debería encargarse de tomar el turno de palabra (apuntando por orden a los que van levantando la mano para intervenir y dando prioridad a los que menos han hablado). Es importante que las asambleas sean cortas y que se tomen decisiones realistas que pueden ser verdaderamente llevadas a la práctica. También lo es intentar llegar a acuerdos (consenso) y recurrir al voto por mayorías sólo cuando este acuerdo no sea posible. Una decisión importante, aprobado por una mayoría simple (con escasa diferencia de votos) quizás debería ser repensada en una asamblea posterior. Se decida lo que se decida, es importante que los asambleados se comprometan a cumplir el acuerdo, salvo casos superiores de conciencia. Las asambleas deben de centrarse en decidir asuntos generales que afecten al conjunto de los vecinos (o a un bloque o planta concreta). Cuando sean asuntos de convivencia personales, y mientras no afecte al resto, se deberá intentar que dicho problema lo solucionen los propios afectados. Sólo cuando el acuerdo sea imposible, y la situación pueda degenerar en un conflicto mayor, se debe recurrir a la mediación colectiva.

3º. Comisiones o grupos de trabajo. Para llevar a la práctica los acuerdos asamblearios es necesario que se constituyan distintas comisiones o grupos de trabajo. Debería haber una Comisión de Tesorería (encargada de las finanzas de la comunidad), una de Mantenimiento (encargada de detectar averías y organizar a los vecinos para su reparación), una de Realojo (encargada de llevar una lista de casas vacías, demandantes de vivienda, pedir documentación, realizar entrevistas y coordinarse con el SIGC), Comunicación (establecer portavocías y atender a los medios de comunicación cuando se considere necesario) y varias otras según las necesidades de cada comunidad. Es importante que la de Tesorería sea especialmente rotativa, y que no recaiga en la misma persona durante demasiados meses. La tesorera o el tesorero debería ser alguien que cuente con la confianza de gran parte de la comunidad, y debería ser elegido por mayoría absoluta. La participación en las comisiones debe ser abierta y voluntaria, pero se debe de excluir a aquellas personas que no se impliquen o que no cumplan adecuadamente, según acordó la asamblea, su cometido. Las comisiones no deben ser utilizadas como “órganos de poder”, sino como simples grupos de trabajo. Nadie debe recibir ningún tipo de pago, ni económico ni de ninguna otra clase, por participar en las comisiones.

4º. Apoyo mutuo. Si vives en una comunidad autogestionada (en situación de “precario” o directamente de okupación), es muy posible que más tarde o más temprano te enfrentes a un proceso de desahucio o a otras acciones judiciales o policiales. Además, se supone que vives en esta situación por necesidad, porque careces de recursos y tú y los tuyos no tienen otra forma de proporcionarse una vivienda. Por todo ello es importante ser solidarios, echarse una mano en lo que se pueda, colaborar y cooperar en la medida de lo posible. Si no hay apoyo mutuo es imposible detener un desalojo ni lograr ningún objetivo colectivo. Si los vecinos y vecinas de la comunidad no se apoyan entre ustedes, nadie lo hará desde fuera.

5º. Convivencia. Ser solidario no implica invasividad ni inmiscuirse en la vida de los demás. Intenta respetar a tus vecinos y el espacio ajeno. Cada denuncia (salvo en situaciones extremas como violencia de género, contra menores, etc.) y requerimiento policial innecesario, sólo repercutirá en la mala imagen de la comunidad y servirá de justificante para que se produzca un desahucio cautelar (antes de que se produzca juicio alguno). Es necesario ser responsables, cada uno de sí mismo, pero hay que entender que nuestros actos pueden afectar a los demás. Las actividades perjudiciales dentro de la comunidad (peleas, consumo de drogas en zonas comunes, robos entre vecinos, trapicheos, etc.) o en el barrio en el que ésta se ubique, sólo puede poner en riesgo tu vivienda y la de todos tus vecinos. Nadie ayuda a quien no se ayuda.

Nuestra guía legal para la huelga de alquileres

Desde el 23 de marzo (2020) llevamos asesorando a personas interesadas en nuestra convocatoria de Huelga de Alquileres. Entre la FAGC y el SIGC ya superamos más de 600 asesorías, muchas veces desde otros puntos del Estado, que afectan a una media de 1.800 personas. La Comisión Jurídica del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, en un esfuerzo descomunal y sin precedentes, ha ido compilando las dudas más frecuentes, la principal jurisprudencia al respecto, toda la información actualizada del último RD 11/2020, y ha elaborado un potente dossier que trata de servir de guía para que las huelguistas, y en general cualquier inquilina, pueda estar informada sobre las consecuencias legales de la huelga y en general sobre sus derechos como arrendataria. En unos días compartiremos este mismo documento en formato de fichas individualizadas, divididas por colores según temática, para facilitar su divulgación.

Dudas frecuentes SIGC (PDF)

Dudas frecuentes SIGC (Imágenes JPG)

Sobre solidaridad y honestidad en la Huelga Arrendataria

Fuente: SIGC

En los tres días que llevamos de huelga, en el SIGC y la FAGC hemos atendido unos 250 casos, muchos de ellas de fuera de Canarias. Además de las adhesiones a la huelga, hemos logrado forzar unas 40 suspensiones del pago del alquiler por parte de los caseros. Sin embargo, hubo un caso que nos resultó paradigmático:

Una mujer llamó al teléfono del SIGC diciendo que su propio casero (un particular) le había dado nuestro número para que se informase. La mujer, que se quedó en el paro hace unos meses, nos contó que había propuesto al casero pagar la mitad del alquiler, pero que se le acaba la prestación por desempleo en mayo y cobra justo lo que paga de alquiler (500€). Nos preguntó por el procedimiento para solicitar los microcréditos (creyendo que era una ayuda), pero le respondimos que implicaría una deuda que ante su situación precaria no sabía si podría asumir en el futuro y que, al quedarle sólo un mes de paro, iba a tener muy difícil sobrevivir, así que le recomendamos que comunicara al casero que no iba a poder asumir el pago de ese mes.

Unas horas más tarde nos llamó el propio casero y cuando se identificó esperamos algún tipo de reprimenda. Sin embargo, nos contó que, después de divorciarse de su anterior pareja, puso la vivienda que tenían en común en alquiler para pagar la hipoteca, al mismo tiempo que él mismo alquiló una vivienda para vivir con su nueva pareja. Nos informó de que había recibido un mensaje de su inquilina diciéndole que no iba a pagar y nos aseguró que lo había entendido y aceptado y que así se lo había hecho saber a su inquilina. Según dijo: «alimentar a sus dos hijos es más importante que mi hipoteca». No obstante, nos llamó para pedirnos consejo porque su casero (un empresario multirentista que se dedicó a la especulación tras la crisis del ladrillo y que mientras firmaban el contrato presumía de no saber cuánto dinero tenía en la cuenta) le reclamó el pago del alquiler.

En primer lugar le ofrecimos una asesoría jurídica básica, y le explicamos que no se preocupara pues el proceso de embargo de su inmueble podría dilatarse bastante en el tiempo. También nos contó que la única alternativa que le ofreció el multirentista fue un aplazamiento. Sin embargo, sin los ingresos del alquiler y con su pareja en paro, para este hombre era imposible hacer frente al elevado precio del alquiler (700€). Por ello le recomendamos que le comunicara al casero que no iba a pagar mientras no tuviera ingresos suficientes y que se sumaba a la huelga de alquileres. Le dimos un asesoramiento rápido de las posibles consecuencias legales y el casero nos dijo que se sumaría a la huelga.

Hemos comprobado que la huelga arrendataria es una herramienta que beneficia incluso a los pequeños propietarios con un mínimo de solidaridad y que entienden que una madre soltera prefiera darle de comer a sus hijos antes de pagarle el alquiler.

 

Quieren desahuciar a una mujer enferma y a su hija de 11 años

C7

El lanzamiento, fijado para el 14 de febrero, viene después de «una estafa por medio de un hombre que se hizo pasar por abogado», según la víctima.

De aplazamiento en aplazamiento, y ahora vuelven a amenazarnos con dejarnos en la calle. Esto es una pesadilla», clama María Cruz Vila. Es el relato desesperado de una vecina de Jinámar, quien por culpa del mal asesoramiento de un supuesto abogado ve perdida su casa, el hogar en el que ha vivido junto a su hija durante ocho años. «Yo pagaba mi mensualidad sin problema, hasta que la socia de la empresa a la que pertenecía esta vivienda me dijo que ya no vendría más a cobrar porque la casa había pasado a manos del banco», relata esta mujer de 40 años.

Entonces, al no saber como proceder, contrató los servicios de un abogado que le recomendó no pagar hasta que los propietarios se pusieran en contacto con ella. «Después descubrimos que ni siquiera era abogado. Quisieron que la deuda aumentase y así tener motivos para echarme a la calle», se lamenta Vila. «Me engañaron, me estafaron», repite.

En la primera carta de desahucio le avisaban que el lanzamiento se produciría el 10 de enero, pero la intervención del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Telde propiciaron un aplazamiento por parte del Juzgado. Sin embargo, el problema persiste y ahora el 14 de febrero es la nueva fecha maldita. «Vamos a agotar todas las vías. Hemos intentado llegar a un acuerdo con la inmobiliaria Coidiur -actual propietario- sin resultado, y también hemos acudido a las instituciones públicas, pero no nos ofrecen soluciones», detalle Ruymán Rodríguez, miembro de SIGC que está llevando el caso. Ahora intentan hacer presión a través de los medios de comunicación, pero si esto tampoco resulta, lo tienen claro: «No permitiremos que Mari Cruz y su hija se queden en la calle, aunque tengamos que recurrir a un piquete antidesahucios para evitarlo», avisan.

Y sobran los motivos para hacer lo posible por parar este lanzamiento. Porque la situación de desamparo de esta teldense es máxima. Ahora mismo está en manos de médicos, acaba de ser operada de un tumor maligno y sufre una enfermedad en los pulmones. «Y aún así va a trabajar de limpiadora cuando la llaman para realizar una sustitución», destaca Rodríguez sobre la fuerza de Mari Pino, que pese a estar viviendo una vía crucis por fiarse de quien no debía, no va a dejar de luchar por evitar que su hija de 11 años se quede sin casa.

 

 

La rueda de prensa para denunciar el desahucio de Mari Cruz ha tenido una gran repercusión mediática, haciéndose eco de la misma RTVE, TVC, La Provincia o Telde Actualidad.