Solo el barrio salva al barrio

El día se presentaba duro. Lágrimas, angustia y ruido. Tratábamos de consolar a Nereida y Natalia, de convencerlas de que hoy no iba a producirse el desahucio; no podía producirse. Las irregularidades a nivel jurídico que se han constatado en este caso nos convencían de ello. Señoras y señores de la administración de justicia: su obligación no es intimidar, ni presentarse en casa de dos madres con 3 menores con medio batallón policial, ni tomar partido por la parte desahuciante; debería ser informar, dar a conocer a los afectados los derechos que les asisten, ser imparciales y no producir un dolor innecesario. Pero sabemos que esto es mucho pedir. Como ayer le decía uno de los miembros de nuestro sindicato a una funcionaria judicial: “Debería sacarse la calculadora de la cabeza, dejar de pensar como una máquina rígida y estricta y pensar que la vida no cabe en un papel, que la vida de 2 madres y 3 niños no puede caber en un maldito papel legal”.

A media mañana, en plena vorágine mediática, con los vecinos movilizados y concentrados, todos a la expectativa, la abogada del SIGC comunicaba a los presentes que el procurador de la parte desahuciante le hacía oficial que hoy no iba a producirse el desahucio. En otro contexto se hubiera celebrado, pero nuestro sindicato sabe perfectamente que esto es sólo una tregua. Lo más difícil, la guerra de verdad, comienza ahora.

Los trámites de desahucio se reiniciarán. La ofensiva judicial volverá a la carga y en un plazo de pocos meses volveremos a estar como ahora, sino lo impedimos. Este es el momento para negociar, para tratar de llegar a un acuerdo contractual con el propietario y para, de no ser posible, arrancar de las instituciones una alternativa habitacional digna.

Visto lo visto, tendremos que morder y arañar para conseguir lo segundo. El aplazamiento del desahucio de hoy no se ha producido gracias a la intervención política o institucional. ¿Qué han hecho las instituciones? Declararse incompetentes y derivar a las afectadas a colectivos que cobran subvenciones, porque los que no cobramos somos demasiado “peligrosos”. ¿Qué han hecho los políticos? Tratar de chupar cámara e intentar que sus siglas se filtren en los titulares sin mover ni un solo dedo.

La realidad es que la pequeña tregua que hoy se ha conseguido es gracias a un barrio harto, agotado, pero a la vez con la suficiente rabia como para denunciar los efectos de la gentrificación voraz que empiezan a detectar. Ven como cada casa de un vecino desahuciado es ocupada por funcionarios del juzgado o la comisaría próximos, o incluso por los incipientes usuarios del alquiler vacacional. Ven, tal y como nos decía una vecina, como el “polígono” empieza a convertirse en “La Vega de San José”. Ven como los especuladores empiezan a intentar que el rico barrio de Vegueta siga extendiéndose y creciendo hasta devorar el polígono y expulsar a sus habitantes. Este desahucio también se ha parado porque un párroco del pueblo ha preferido poner a Natalia y Nereida en contacto con nosotros antes que exigirles “resignación cristiana”. Y por último se ha parado porque, humildemente, desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, con una cuota de un 1 euro al mes, que ni siquiera todos nuestros afiliados pueden pagar, hemos sabido molestar a los medios, insistir en todos los foros y gritar en todos los oídos, hasta obtener este paliativo resultado.

La conclusión es clara y nunca podemos olvidarla: solo el barrio salva al barrio.

SIGC

Repercusión mediática del intento de desahucio de Nereida y Natalia

Aquí va una lista de algunos medios (es imposible mencionarlos a todos) que se han hecho eco de la noticia:

CanariasAhora/ElDiario.es

Cadena COPE

Antena 3 (antes de detener el desahucio y después)

La Provincia (antes de detener el desahucio y después)

Canarias 7 (antes de detener el desahucio y después)

 

 

Dos hermanas y sus tres niños, a la calle en la Vega de San José

Javier Darriva/Canarias 7

En verano vieron un anuncio en Internet. Por un adelanto de 250 euros accedían a un piso en alquiler en la Vega de San José. Lo pagaron, pero al entrar vieron que la casa no estaba en condiciones. «Estaba hecho una porquería, no tenía bombillos, ni grifería y las paredes estaban fatal», relata Nereida Espino. Cuando fueron a reclamar su dinero, el supuesto arrendador ya había desaparecido del barrio. «Nunca más dio señales de vida, ni por teléfono», expuso la joven, así que decidieron quedarse en la casa, cambiando la cerradura para evitar problemas.

El problema es que quien alquiló la vivienda no era su dueño auténtico y se metieron a vivir en una casa sobre la que pesaba un proceso de desahucio -del propietario real- contra los anteriores inquilinos.

Allí estuvieron viviendo las dos hermanas, Nereida y Natalia, de 30 y 29 años respectivamente, con sus tres niños, de 11, 9 y 5. Iban escapando con los trabajos temporales de Natalia como camarera y con la ayuda de emergencia que les acaba de ingresar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria -solicitada en noviembre-, pero marzo se torció. Natalia perdió su trabajo y hasta el mes que viene no empieza a cobrar los 215 euros que le corresponden como prestación de desempleo; y el jueves pasado, una comisión judicial tocó a las puertas de la casa para anunciarles el desahucio.

La orden de desalojo estaba, sin embargo, a nombre de otra persona. «Cuando me identifiqué y vieron que no éramos esa persona, nos dieron una semana más» para desocupar la vivienda.

El plazo se cumple este jueves. Y las dos familias no saben a dónde ir porque dicen que no tienen a nadie más que las ayude y porque no disponen de ingresos para afrontar los precios que el mercado impone a los alquileres.

De momento, la única ayuda que están recibiendo es la del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, que está trabajando a contrarreloj para buscar un techo para las dos hermanas y sus tres hijos pequeños.

De las instituciones esperan poco más por el laberinto burocrático en que se encuentran. «La trabajadora social me pidió cita con Stop Desahucio», explica la afectada.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asegura que no puede ofrecerle una solución habitacional a las dos hermanas y sus tres hijos porque el levantamiento está a nombre de otra persona. Por este motivo, la joven fue remitida a Stop Desahucios, «para que la asesoraran a nivel legal».

Sin embargo, las dos jóvenes y sus pequeños no necesitan asesoramiento legal, sino un techo. Así lo afirma la abogada Isabel Saavedra, que colabora con el Sindicato de Inquilinas para frenar el desahucio. «No necesitan asesoramiento, sino soluciones», explicó, «resulta inaudito que el Ayuntamiento se quite los temas de encima».

Saavedra presentó al juzgado, el viernes pasado, un escrito en el que reclama la aplicación del nuevo real decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que fija la obligación de contar con un informe de los servicios sociales municipales antes de dejar en la calle a una familia con menores a su cargo.

Ruymán Rodríguez, del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, también cree que «no tiene sentido» buscar una cita con un colectivo social cuando no se ofrece nada más. Cree que la solución del Ayuntamiento es «un parcheo» y que las instituciones solo responden cuando la realidad les golpea de lleno.

¡Urgente! ¡Desahucio!

¡Nereida, Natalia y sus tres hijos menores pueden quedarse en la calle en dos días!

Nereida y Natalia son dos hermanas que viven con sus tres hijos menores en el barrio capitalino de la Vega de San José. Hasta ahora han sobrevivido con trabajos esporádicos que les aportaban ingresos irregulares y magros: el mes que viene Nereida empezará a cobrar 215 euros de subsidio de desempleo. A pesar de los muchos años que llevan inscritas como demandantes de vivienda pública, nunca han accedido a una vivienda digna.

Hace más de medio año contactaron por redes sociales con un sujeto que decía ofrecer “alquileres económicos” y creyeron que, al fin, su situación cambiaría. La vivienda, sin mobiliario y tremendamente deteriorada, se convirtió en la única opción de esta familia desesperada. Pagaron 150 euros de “entrada” a esta persona y quedaron con ella al siguiente día para formalizar el contrato de arrendamiento. Sin embargo, el individuo no acudió a la cita y al poco tiempo desapareció su perfil en redes. Nos encontramos ante otro de los efectos de la precarización y la especulación inmobiliaria: la estafa a las familias más empobrecidas.

Con mucho esfuerzo y poco dinero han arreglado la vivienda y pagado religiosamente las facturas de agua y luz, además de la comunidad, que llevaba muchos años sin pagarse y que acumulaba unos 4000 euros de impago. A pesar de ello, el pasado jueves 21 se personó en su vivienda una comisión judicial, escoltada por distintos cuerpos policiales, que usando formas intimidatorias les ordenó abandonar la vivienda.

Sin embargo, el desahucio que se ejecutaba no era el de Nereida y Natalia, sino el de una inquilina anterior que, según los vecinos, llevaba años sin habitar el inmueble. Ante ello, y de forma completamente irregular, la comisión se saltó los trámites acostumbrados para que se produjese una vista oral y se estudiase la situación de las hermanas y sus hijos. En lugar de ello, se les dio una semana de plazo, concedida por quien se ha identificado como nuevo propietario, para abandonar el inmueble.

Natalia y Nereida no tienen red familiar ni otra vivienda en la que cobijarse. Desahuciarlas de su actual domicilio supondría condenarlas, a ellas y a sus hijos, a la indigencia y la separación.

Por eso reclamamos, junto con ellas, que se adopte alguna de estas soluciones:

-Solicitamos al propietario de la vivienda que detenga el inminente desalojo y se avenga a conceder a estas familias un alquiler asequible, que podrán sufragar con las ayudas institucionales que ya están tramitando y con la colaboración del propio Sindicato de Inquilinas, hasta que su situación económica mejore. No hay que olvidar que Natalia y Nereida han reformado apreciablemente un inmueble que durante mucho tiempo fue pasto del abandono.

-De no ser posible, exigimos al Ayuntamiento de Las Palmas y al Gobierno de Canarias que dejen de hacer dejación de sus funciones y tomen medidas de choque para atajar la terrible situación habitacional que sufre la población canaria y que se ejemplifica en casos tan trágicos como éste. Necesitamos una solución de emergencia y no nos valen discursos ni buenas palabras.

Actualmente estamos a expensas de que los juzgados respondan al recurso presentado por nuestra abogada para aplazar el desahucio. De producirse esta tregua seguiremos exigiendo una solución real y a largo plazo. El desahucio, dentro de tan solo 2 días, no es una opción.

Por último hacemos un llamamiento a la prensa para que dé a conocer tan sangrante caso y denuncie la precarización salvaje de la vivienda en nuestras islas y la brutal realidad de unos desalojos que no paran de aumentar, también en esos municipios ficticiamente “libres de desahucios”. Lanzamos un dato a la cara de las instituciones: sólo en estos últimos 7 días el Sindicato de Inquilinas ha gestionado, asesorado o paralizado 158 casos de desahucio. 158 vidas en riesgo de romperse.

SIGC

Denunciamos el desahucio de Virginia y sus tres niñas

Virginia y sus tres hijas menores llegaron a Lanzarote huyendo de la violencia de género. Con un miserable subsidio de 430 euros, sin ningún tipo de ayuda ni cobertura por parte de las instituciones, a pesar de ser una víctima reconocida de violencia machista, se ve sin ninguna alternativa de vivienda. Desesperada, contacta con los vecinos de un edificio okupado que le permiten entrar en una vivienda abandonada del antiguo Banco Popular, actual Banco Santander. Como siempre pasa, en cuanto la entidad bancaria detecta que los pisos que tenía olvidados y deshabitados vuelven a cobrar vida, denuncia a los ocupantes. Intentan condenar a Virginia por vía penal, pero al no conseguirlo (el Provincial de Las Palmas da la razón a Virginia en su recurso) inician la vía del desahucio civil. Es destacable que lo hayan hecho después de estar meses engañando a Virginia asegurándole que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo de alquiler social y que el lanzamiento no se produciría. Sin ningún tipo de escrúpulos, rompen su palabra y pasan la gestión del inmueble a su inmobiliaria: Limara S.L.U., que es la que asume el nuevo papel de denunciante. Virginia ya tiene fecha firme de desahucio para este 17 de mayo. Si no lo evitamos entre todos y todas, ella y sus tres hijas se quedaran en la calle sin más techo que la intemperie.

Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Gran Canaria exigimos a la Inmobiliaria Limara y al Banco Santander, uno de los pocos bancos que durante los años de plomo de la crisis no obtuvo perdidas sino enormes beneficios y una gran cantidad de bienes inmobiliarios, que desistan inmediatamente en sus intenciones de echar a una madre y tres niñas a la calle. Que cumplan su compromiso de llegar a un acuerdo con Virginia y dejen de especular con la vida de la gente.

Exigimos a las instituciones públicas de Lanzarote y del Gobierno de Canarias que dejen de una maldita vez de inhibirse de una realidad sangrante que adquiere los tintes de verdadera tragedia humana. No puede ser que las víctimas de violencia de género carezcan de la asistencia administrativa más elemental, que se les intente separar de sus hijas en los momentos en los que más necesitan estar unidas porque las instituciones sean incapaces de encontrar soluciones que no pasen por romper la unidad familiar. No es posible que se despilfarren recursos en cosas superfluos cuando familias sin recursos, casi siempre con niños a cargo, no disponen ni de las mínimas condiciones para una vida digna. No es admisible que las instituciones, y los partidos que las controlan, se limiten a sus cálculos electorales e ignoren la alarmante situación de nuestras vecinas más pobres hasta que se derrama sangre y un suicidio vuelve a poner el tema de la vivienda en la agenda política.

Pedimos a los medios de comunicación que den toda la cobertura posible a esta tragedia y que no permitan que la voz de casi la mitad de la población canaria (el 40% ya nos encontramos oficialmente en riesgo de pobreza y exclusión social) sea silenciada, ahogada por los procesos de gentrificación, el alquiler vacacional, los intereses de fondos buitres y de bancos a los que rescatamos para que ahora nos pongan la soga al cuello.

Basta ya de terrorismo bancario e inmobiliario. No vamos a permitir que sigan amasando dinero con la vida de nuestras vecinas, con el futuro de nuestros hijos, con la dignidad de nuestro pueblo. ¡Basta!

SIGC