Mes: febrero 2019

Desahucio de 6 familias en San Miguel de Abona

Desde hace aproximadamente 4 años varias familias entraron a vivir en unos dúplex abandonados en San Miguel de Abona (Tenerife). Contactaron con un supuesto promotor que les pedía 100 euros a cambio de acceder a ellos. Las casas, destrozadas, sin ventanas ni puertas en muchos casos, no valían ni siquiera eso. El pago se produjo y desde entonces el promotor desapareció. Las familias han seguido viviendo ahí desde aquel momento, arreglando los destartalados inmuebles como han podido y convirtiéndolos en sus hogares. Hablamos de 14 personas (8 adultos y 6 menores). Nadie se había acordado de ellos hasta hace pocos días.

El 13 de febrero el juzgado de Granadilla de Abona les comunica que tienen 10 días para comparecer en dichos juzgados y justificar con qué título habitan las viviendas. Es el paso previo al desahucio. Las viviendas son actualmente propiedad de la SAREB (Sociedad Gestora de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), también conocida como “el banco malo”. La SAREB es una de las entidades financieras que más desahucia en el Estado español, negándose casi por sistema a conceder alquileres sociales pues su principal objetivo es vender todos los activos adquiridos antes de su autodisolución. La negativa a negociar y a conceder alquileres sociales, como alternativa al desahucio, sobre todo en los casos en los que hay menores por medio, es especialmente sangrante cuando hay acuerdos con el Gobierno de Canarias sobre cesión de viviendas para situaciones de emergencia.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y la Federación Anarquista de Gran Canaria vamos a intentar ayudar a estas familias para impedir este dramático desenlace:

  • Ya hemos ofrecido a los afectados asesoría legal para que puedan presentar escritos que justifiquen su actual situación e impidan el lanzamiento judicial.

  • Contactaremos con los medios de comunicación para que se hagan eco de esta noticia y nos ayuden a impedir con su influencia que 14 personas (6 de ellas niños) se vean en la calle sin ningún tipo de alternativa habitacional.

  • Hacemos un llamamiento a los colectivos sociales de nuestra isla hermana para que den el apoyo presencial y el acompañamiento personal que a nosotras se nos hace difícil ofrecer desde aquí.

  • Hacemos un llamamiento a la opinión pública, a las vecinas de nuestros barrios y pueblos, para que apoyen a estas familias e impidan que el desahucio se produzca.

  • Instamos a las administraciones públicas, principalmente al Ayuntamiento de San Miguel de Abona y al Gobierno de Canarias para que, tal y como ya ha ocurrido en el caso de la Comunidad “La Ilusión” (Telde, Gran Canaria), empiecen las negociaciones con la SAREB y la conminen a paralizar el desahucio. Es su responsabilidad que una entidad con un 45% de capital público deje de expulsar a familias de sus casas.

Con 1.100 desahucios en Canarias el pasado trimestre; con la mayor subida de los precios del alquiler del Estado y los segundos salarios más bajos; con un precio medio del alquiler de 749 euros y un riesgo de pobreza del 40,2%; es necesario dar una respuesta colectiva y organizada a la verdadera emergencia habitacional que sufrimos en Canarias. No hablamos ya de una lucha política o económica; es una lucha por la supervivencia.

SIGC y FAGC

El Gobierno de Canarias deja colgados a más de la mitad de los demandantes de ayudas al alquiler

Fuente: Jennifer Jiménez/Canarias Ahora

La fecha límite para resolver expiraba el 31 de diciembre y la consejería no lo hará como mínimo hasta abril alegando falta de personal para atender las 17.500 solicitudes

Hay unos 8 millones consignados este año para este fin. 7 millones para la convocatoria general y uno para la ayuda joven, con los que se pretende beneficiar a unos 5.000 solicitantes que cumplan los requisitos, más del doble que el año pasado, pero dejará fuera a una gran parte

El sindicato de inquilinos asegura que todos los meses se reciben avisos de desahucios por impagos del alquiler, lo que le lleva a buscar alternativas en pisos vacíos de los bancos

El Gobierno de Canarias tampoco ha cumplido con los demandantes de ayudas al alquiler. La Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda publicaba el pasado mes de agosto, tanto la convocatoria genérica como las ayudas para los jóvenes, dándoles un plazo de apenas 15 días para optar a la oferta. La explicación que daba el Ejecutivo de CC para publicar en pleno verano (cuando menos personal tiene la consejería y cuando más ciudadanos están de vacaciones) era que, cuanto antes se convocaran las ayudas, más pronto llegarían los recursos a las familias y que antes de ese mes se produjo incertidumbre por los fondos del plan estatal de vivienda por la moción de censura a Mariano Rajoy. Sin embargo, la fecha límite que tenía el Gobierno para resolver, tal y como se destaca en las bases, expiraba el 31 de diciembre de 2018 y aún no hay visos de que se vaya a dar una pronta solución. Los demandantes empiezan a desesperarse después de tantos meses sin ser notificados, mientras el Sindicato de Inquilinos alerta del aumento de desahucios por impago de alquiler.

La consejería ha contestado por escrito a este periódico informando de que, en total, hay 17.486 personas que han solicitado estas ayudas. De ellas, 12.004 son demandantes de la convocatoria general y 5.482 de la destinada a jóvenes. Señala que el número de solicitudes es elevado y hay que analizarlas, valorarlas y montar un expediente por cada una de ellas, razón por la que aún no hay una fecha estimada de cuándo se resolverán las convocatorias. La consejera de Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, de Coalición Canaria (CC), ha matizado además en el Parlamento, tras una pregunta del diputado de Nueva Canarias (NC) Luis Campos, que en la provincia de Santa Cruz Tenerife se han presentado 5.741 solicitudes de la ayuda general y 2.970 de la convocatoria joven, mientras que en Las Palmas se contabilizaron 6.263 demandas de la general y 2.512 de la convocatoria joven.

Este año, las ayudas han tenido carácter bianual, con lo cual quienes no resulten beneficiarios no podrán volver a optar a ellas hasta pasados dos años, cuando se publique una nueva convocatoria. La medida, aunque es positiva en el sentido de que aporta garantías a quienes serán beneficiados, provoca incertidumbre en quienes no resulten beneficiarios ya que no podrán volver a optar a este tipo de ayudas hasta dentro de dos años. Además, hay unos 8 millones de euros consignados este año para este fin y otros 8 para el próximo; 7 millones para la convocatoria general y 1 millón para la ayuda joven. Con estos recursos se pretende beneficiar a unos 5.000 solicitantes que cumplan los requisitos, más del doble que el año pasado, pero dejará fuera a una gran parte de los solicitantes.

Los demandantes de la ayuda ya se empiezan a desesperar, sobre todo por la falta de información. Hay residentes de Gran Canaria que han llegado a tener problemas para que les atiendan por teléfono y a quienes les han comentado que el Instituto Canario de Vivienda no tiene habilitado el teléfono de atención en esa isla. Desde la consejería afirman que desconocen estos problemas y añaden que la información se irá publicando en la página web.

7 años sin plan de vivienda

Cristina Valido insiste en que, desde su llegada al cargo se ha incrementado el número de beneficiarios de estas ayudas. El año pasado, con 5 millones de euros para este plan, se benefició a 3.256 familias y este año, con 17 millones para dos años espera llegar a unas 5.000, algo que contrasta con los más de 17.000 demandantes. Estas cifras, sin embargo, no sorprenden si se tiene en cuenta lo que ocurrió el pasado año, cuando se presentaron casi 7.000 personas solo a la convocatoria general. La falta de planificación en materia de vivienda se palpa especialmente en el hecho de que siete años después aún no exista plan, aunque la consejera asegura que este documento se llevará al consejo de Gobierno “más pronto que tarde”.

Para Luis Campos (NC), si se contara con un plan de vivienda habría previsión de qué pasos seguir con las ayudas y partidas que llegan del Estado. Además, considera que este plan vaya a llegar a tiempo, ya que no hay ni un solo euro consignado en los presupuestos de este año para este fin. A su juicio, el problema de la vivienda en Canarias es mucho más amplio, ya que tampoco  se ha ampliado el parque público en los últimos años. El resumen para él es que se destinan recursos insuficientes y que la ayuda llega tarde y mal, muchas veces cuando la persona ya va a ser desahuciada.

El sindicato de inquilinos de Canarias lleva mucho tiempo alertando del aumento de desahucios en las Islas por impago de alquiler. Su portavoz, Ruymán Rodríguez, señala que, en muy poco tiempo, solo en Gran Canaria se han realojado a unas 1.000 personas en distintos inmuebles vacíos y propiedad de los bancos. Ejemplos de ello son la comunidad La Ilusión, en Telde, o La Esperanza, en Guía. El colectivo señala que el Gobierno de Canarias podría llegar a acuerdos con los bancos para contar con más alternativas habitacionales.

A su juicio, estas ayudas al alquiler no están pensadas para las personas en situación más vulnerable ya que, de entrada, hay que tener un contrato de alquiler para poder optar a ellas. Recuerda que hay muchas personas que viven en situación de hacinamiento familiar, otras viviendo en muy malas condiciones o incluso en garajes y cuartos trateros. Una situación que comparte la abogada Isabel Saavedra, que asesora al Sindicato de Inquilinos, y que además añade que aún no existe un censo de las viviendas vacías en Canarias ni opciones como las que han puesto en marcha otros ayuntamientos como Madrid y Barcelona. Una de estas medidas que aplaude es la creación de una bolsa de alquiler, a la que pueden sumarse propietarios dispuestos a que sus viviendas sean alquiladas por un tope impuesto por el Ayuntamiento, pero que aporta la garantía de que se le va a pagar el alquiler mes a mes.

El problema de la vivienda en Canarias se acrecienta por el hecho de que es la comunidad con mayor número de personas en riesgo de sufrir pobreza o exclusión social. Las dos provincias de las Islas se encuentran a la cabeza en precios desorbitados del alquiler, al igual que ciudades como Madrid o Barcelona. Una situación que, como se refleja también en el decreto del Gobierno Estatal para regular el alquiler, se complica por la falta de regulación de la vivienda vacacional.

Desahucio inminente en Playa Blanca (Lanzarote)

Hoy, miércoles día 6 de febrero, nos hemos enterado por los redactores de “Buenas Tardes Canarias” (Televisión Canaria) de que el próximo viernes día 8 se producirá el desahucio de una familia con 2 niñas menores de 10 y 3 años.

Andrés y Joanna, con sus dos hijas menores, accedieron a un alquiler en Playa Blanca (municipio de Yaiza, Lanzarote) en septiembre de 2018. El supuesto propietario les entregó las llaves de la vivienda, junto al contrato de alquiler, los datos de la póliza para pagar agua y luz y se cobró la primera mensualidad por adelantado. A las 2 semanas se presentó una comisión judicial en el edificio, acompañando al verdadero propietario, para desahuciar a los anteriores inquilinos. Ahí Andrés y Joanna empezaron a darse cuenta de que habían sido objeto de una estafa.

En diciembre comparecen en juzgados para una vista oral. Lo hacen sin abogado de oficio. Hace un mes les llega la notificación de que el 8 de febrero serán objeto de un desahucio. En todo este tiempo, nuevamente, como lamentablemente en tantos casos, mal asesorados por otros colectivos, no recurren la sentencia ni presentan ninguna batalla legal. Se han dedicado a buscar alquileres, de forma desesperada, encontrado únicamente ofertas inasumibles como 1.000 euros mensuales con 4 meses de fianza.

El Ayuntamiento de Yaiza se inhibe de este caso, a pesar de que la existencia de dos menores afectadas le obliga a ello, porque alega que al no llevar la familia más de un año empadronada no es competencia de ellos ayudarles…

El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, ante el poco tiempo y la circunstancia excepcional de que la familia se encuentra en otra isla distinta a aquella en la que éste desarrolla su actividad, ha diseñado contrarreloj la siguiente batería de medidas.

1º Nuestra abogada, Isabel Saavedra, ha redactado un escrito de urgencia para que la familia lo presente mañana a primera hora en juzgados e intente detener así su desahucio. También les hemos recomendado que intenten, aunque estén fuera de plazo, solicitar en el colegio de abogados letrado y procurador de oficio, a fin de intentar aplazar el lanzamiento mientras se lo conceden.

2º Con ayuda de la Federación Anarquista de Gran Canaria, vamos a intentar contactar con todos los medios posibles y ver si la dramática situación de esta familia con dos niñas llega a oídos de las instituciones y se deciden de una vez a intervenir.

3º Varios afiliados de nuestro Sindicato están contactando con conocidos en la isla vecina para ver si se puede encontrar una alternativa habitacional en forma de un alquiler asequible.

Esto es lo que vamos a hacer nosotras, y es lamentable que las instituciones, con todos los recursos capitalizados en sus manos, se nieguen a intervenir.

Demandamos desde aquí que el Ayuntamiento de Yaiza, el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias busquen una solución, aunque sea temporal, a esta terrible situación. Andrés hace chapuzas y Joanna es limpiadora. Ambos están esperando firmar un contrato de trabajo dentro de dos semanas. Como dice el propio Andrés: “Lo único que necesitamos es tiempo”. Tiempo para tener una nómina que les permita acceder a un alquiler y no verse durante las próximas semanas en la calle con sus dos hijas pequeñas.