Fuente: Jennifer Jiménez/Canarias Ahora
La fecha límite para resolver expiraba el 31 de diciembre y la consejería no lo hará como mínimo hasta abril alegando falta de personal para atender las 17.500 solicitudes
Hay unos 8 millones consignados este año para este fin. 7 millones para la convocatoria general y uno para la ayuda joven, con los que se pretende beneficiar a unos 5.000 solicitantes que cumplan los requisitos, más del doble que el año pasado, pero dejará fuera a una gran parte
El sindicato de inquilinos asegura que todos los meses se reciben avisos de desahucios por impagos del alquiler, lo que le lleva a buscar alternativas en pisos vacíos de los bancos
El Gobierno de Canarias tampoco ha cumplido con los demandantes de ayudas al alquiler. La Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda publicaba el pasado mes de agosto, tanto la convocatoria genérica como las ayudas para los jóvenes, dándoles un plazo de apenas 15 días para optar a la oferta. La explicación que daba el Ejecutivo de CC para publicar en pleno verano (cuando menos personal tiene la consejería y cuando más ciudadanos están de vacaciones) era que, cuanto antes se convocaran las ayudas, más pronto llegarían los recursos a las familias y que antes de ese mes se produjo incertidumbre por los fondos del plan estatal de vivienda por la moción de censura a Mariano Rajoy. Sin embargo, la fecha límite que tenía el Gobierno para resolver, tal y como se destaca en las bases, expiraba el 31 de diciembre de 2018 y aún no hay visos de que se vaya a dar una pronta solución. Los demandantes empiezan a desesperarse después de tantos meses sin ser notificados, mientras el Sindicato de Inquilinos alerta del aumento de desahucios por impago de alquiler.
La consejería ha contestado por escrito a este periódico informando de que, en total, hay 17.486 personas que han solicitado estas ayudas. De ellas, 12.004 son demandantes de la convocatoria general y 5.482 de la destinada a jóvenes. Señala que el número de solicitudes es elevado y hay que analizarlas, valorarlas y montar un expediente por cada una de ellas, razón por la que aún no hay una fecha estimada de cuándo se resolverán las convocatorias. La consejera de Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, de Coalición Canaria (CC), ha matizado además en el Parlamento, tras una pregunta del diputado de Nueva Canarias (NC) Luis Campos, que en la provincia de Santa Cruz Tenerife se han presentado 5.741 solicitudes de la ayuda general y 2.970 de la convocatoria joven, mientras que en Las Palmas se contabilizaron 6.263 demandas de la general y 2.512 de la convocatoria joven.
Este año, las ayudas han tenido carácter bianual, con lo cual quienes no resulten beneficiarios no podrán volver a optar a ellas hasta pasados dos años, cuando se publique una nueva convocatoria. La medida, aunque es positiva en el sentido de que aporta garantías a quienes serán beneficiados, provoca incertidumbre en quienes no resulten beneficiarios ya que no podrán volver a optar a este tipo de ayudas hasta dentro de dos años. Además, hay unos 8 millones de euros consignados este año para este fin y otros 8 para el próximo; 7 millones para la convocatoria general y 1 millón para la ayuda joven. Con estos recursos se pretende beneficiar a unos 5.000 solicitantes que cumplan los requisitos, más del doble que el año pasado, pero dejará fuera a una gran parte de los solicitantes.
Los demandantes de la ayuda ya se empiezan a desesperar, sobre todo por la falta de información. Hay residentes de Gran Canaria que han llegado a tener problemas para que les atiendan por teléfono y a quienes les han comentado que el Instituto Canario de Vivienda no tiene habilitado el teléfono de atención en esa isla. Desde la consejería afirman que desconocen estos problemas y añaden que la información se irá publicando en la página web.
7 años sin plan de vivienda
Cristina Valido insiste en que, desde su llegada al cargo se ha incrementado el número de beneficiarios de estas ayudas. El año pasado, con 5 millones de euros para este plan, se benefició a 3.256 familias y este año, con 17 millones para dos años espera llegar a unas 5.000, algo que contrasta con los más de 17.000 demandantes. Estas cifras, sin embargo, no sorprenden si se tiene en cuenta lo que ocurrió el pasado año, cuando se presentaron casi 7.000 personas solo a la convocatoria general. La falta de planificación en materia de vivienda se palpa especialmente en el hecho de que siete años después aún no exista plan, aunque la consejera asegura que este documento se llevará al consejo de Gobierno “más pronto que tarde”.
Para Luis Campos (NC), si se contara con un plan de vivienda habría previsión de qué pasos seguir con las ayudas y partidas que llegan del Estado. Además, considera que este plan vaya a llegar a tiempo, ya que no hay ni un solo euro consignado en los presupuestos de este año para este fin. A su juicio, el problema de la vivienda en Canarias es mucho más amplio, ya que tampoco se ha ampliado el parque público en los últimos años. El resumen para él es que se destinan recursos insuficientes y que la ayuda llega tarde y mal, muchas veces cuando la persona ya va a ser desahuciada.
El sindicato de inquilinos de Canarias lleva mucho tiempo alertando del aumento de desahucios en las Islas por impago de alquiler. Su portavoz, Ruymán Rodríguez, señala que, en muy poco tiempo, solo en Gran Canaria se han realojado a unas 1.000 personas en distintos inmuebles vacíos y propiedad de los bancos. Ejemplos de ello son la comunidad La Ilusión, en Telde, o La Esperanza, en Guía. El colectivo señala que el Gobierno de Canarias podría llegar a acuerdos con los bancos para contar con más alternativas habitacionales.
A su juicio, estas ayudas al alquiler no están pensadas para las personas en situación más vulnerable ya que, de entrada, hay que tener un contrato de alquiler para poder optar a ellas. Recuerda que hay muchas personas que viven en situación de hacinamiento familiar, otras viviendo en muy malas condiciones o incluso en garajes y cuartos trateros. Una situación que comparte la abogada Isabel Saavedra, que asesora al Sindicato de Inquilinos, y que además añade que aún no existe un censo de las viviendas vacías en Canarias ni opciones como las que han puesto en marcha otros ayuntamientos como Madrid y Barcelona. Una de estas medidas que aplaude es la creación de una bolsa de alquiler, a la que pueden sumarse propietarios dispuestos a que sus viviendas sean alquiladas por un tope impuesto por el Ayuntamiento, pero que aporta la garantía de que se le va a pagar el alquiler mes a mes.
El problema de la vivienda en Canarias se acrecienta por el hecho de que es la comunidad con mayor número de personas en riesgo de sufrir pobreza o exclusión social. Las dos provincias de las Islas se encuentran a la cabeza en precios desorbitados del alquiler, al igual que ciudades como Madrid o Barcelona. Una situación que, como se refleja también en el decreto del Gobierno Estatal para regular el alquiler, se complica por la falta de regulación de la vivienda vacacional.