El Gobierno estudia retirar la adjudicación del piso que okupa Rita Pérez en Las Huesas

Una sentencia le obliga a dejar el inmueble el próximo 1 de agosto

Ruymán Rodríguez y Rita Pérez, en una rueda de prensa que ofrecieron el 23/7/19.

Canarias 7/Telde Actualidad

La concejala de Vivienda, Carmen Hernández, se reunió este último viernes con Rita María Pérez, sobre la que pende una orden de desahucio de una vivienda de promoción pública de Las Huesas, y le informó de que el Gobierno de Canarias, que es el propietario real del piso, sopesa la apertura de un expediente para retirarle la casa en cuestión a su actual adjudicataria.

Pérez entró de okupa en noviembre de 2015, pero asegura que lo hizo porque su hermana vive justo enfrente y sabía de buena tinta que esa vivienda estaba desocupada desde hacía más de 17 años, según informa Canarias7.

Lo cierto es que fue precisamente la persona que figura como titular de este piso, otorgado en régimen de alquiler, la que demandó a Rita y la que ha propiciado que ahora esté a punto de ser desahuciada. Con ella viven dos hijos, uno de ellos menor de edad, de poco más de 2 años.

La sentencia ya es firme y el Juzgado de Instrucción número 1 de Telde le he dado de plazo hasta este próximo 1 de agosto como fecha límite para que deje la vivienda de forma voluntaria. El Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria ya explicó públicamente que la solución a este problema estaba en que el Gobierno canario tramitase la retirada de la adjudicación de la casa a la denunciante y que, sobre la marcha, remitiese un escrito al juzgado informando del paso dado y pidiendo parar el desahucio.

Rita no saldrá de la casa de Las Huesas el uno de agosto

24/07/2019

Rita María Pérez no dejará voluntariamente la casa que okupa en Las Huesas el uno de agosto, como le ha requerido el juzgado número 1 de Telde.

Ruymán Rodríguez, junto a la afectada, Rita María Pérez.

Abusos de la clase propietaria

El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria quiere poner en conocimiento de la opinión pública algunos de los abusos a los que los caseros, muchos de ellos multirentistas, están sometiendo a la clase inquilina de Gran Canaria. Una de nuestras afiliadas (que por miedo a las represalias prefiere guardar el anonimato y a la que llamaremos “Patricia”) nos relata la sucesión de abusos que ella misma sufre y que ya ha denunciado en sede judicial. Sus caseros, una pareja dedicada exclusivamente a la especulación inmobiliaria, han intentado entrar en varias ocasiones en la vivienda, ignorando el delito de allanamiento de morada que esto supone. Se han negado a que cambie el cilindro de la cerradura o a que ponga los suministros de agua y luz a su nombre, a pesar de que la ley es clara al respecto. Le roban reiteradamente las cartas (el buzón está roto y se niegan a arreglarlo), y muchas veces “Patricia” se encuentra sus cartas rotas en el rellano o tiradas por la carretera adyacente. Que esto sea un delito les da completamente igual. Se niegan a realizar cualquier arreglo en la vivienda, como unas tremendas goteras que inundan la casa tras cada lluvia, a pesar de que se les ha notificado previamente, verbalmente y vía burofax. Las reclamaciones de nuestra afiliada son respondidas con amenazas (“o dejas de molestar o te echamos a la puta calle”) y con nuevos episodios de acoso inmobiliario; por ejemplo: con cortes de agua desde el cuarto de contadores.

“Patricia” y sus hijos viven sometidos a una tensión constante por parte de sus caseros y no son los únicos inquilinos que han tenido problemas con los mismos propietarios. Según nos informan, otros vecinos han descubierto que les han alquilado una casa que estaba en proceso de embargo bancario y han tenido que abandonar su hogar, a pesar de pagar regularmente las rentas, cuando la entidad bancaria ha ido a reclamar un inmueble que daba por vacío. Desinformados y asustados, han preferido evitar las reclamaciones judiciales y someterse al desalojo voluntario. Para esta pareja de rentistas, alquilar casas sin registrar, en ocasiones embargadas y sin otro acuerdo contractual que un contrato modelo sacado de Internet, se ha convertido en un lucrativo y parasitario negocio.

“Patricia” es una madre trabajadora que paga regularmente su alquiler: 450 euros en la Vega de San Mateo, Gran Canaria. Paga además sus suministros y, posiblemente, el de otra casa, ya que su vivienda es una ampliación de otra, la instalación es muy precaria, paga una suma desorbitante (hasta 130 euros mensuales de luz) y en el recibo de la compañía (cuando consigue recogerlo del buzón) viene siempre el número de la vivienda adyacente. No nos encontramos, por tanto, ante un problema de impago, finalización de contrato, reclamación de la vivienda para uso propio del casero, o los típicos conflictos casero/inquilino que solemos tratar. Nos encontramos ante un problema de abuso que desde el SIGC denunciamos públicamente, tal y como ya hemos ayudado a hacer legalmente, redactando la denuncia de “Patricia”.

Sabemos que no es un caso único, por eso queremos hacer un llamamiento a la clase inquilina de Gran Canaria para que se una y no deje de señalar estos desmanes. La ley se encarga principalmente de proteger la propiedad privada. Los caseros lo saben y usan este privilegio. Pero ante sus privilegios están nuestros derechos y estos se conquistan diariamente no permitiendo que las agresiones capitalistas queden impunes. Desde el SIGC haremos campaña con nuestro label sindical para marcar este inmueble, impedir que ningún nuevo inquilino sea engañado y que nadie acceda por error a un alquiler donde no se respetan los derechos del inquilinato. Si nos impiden vivir les impediremos hacer negocio con nuestras vidas.

Desahucio inminente de Rita y sus dos hijos

Rita es una madre de clase trabajadora, desempleada, y que sólo percibe para sobrevivir, ella y sus dos hijos (la más pequeña un bebé con diversas patologías) 120 euros de manutención alimenticia. Sin casa propia ni posibilidad de acceder a un alquiler convencional, Rita hizo algo tan valiente y justo como actualmente criminalizado: entró en una vivienda pública abandonada, cuya adjudicataria no la había habitado en los últimos 17 años, para poder garantizar un techo para su familia.

Ahí intentó rehacer su vida, desde 2015, hasta que hace poco los acontecimientos dieron un giro grotesco: la adjudicataria, titular de una vivienda que ni usaba, ni merecía, ni necesitaba, denuncia a Rita y consigue que se inicie un proceso de desahucio contra ella. El resultado es que actualmente se le concede un mes para que abandone voluntariamente el inmueble (el plazo se vence el próximo 1 de agosto de 2019) o de lo contrario se tendrá que exponer a un lanzamiento forzoso.

Responsables del Gobierno de Canarias anunciaron por televisión que retirarían la adjudicación de la vivienda a la parte desahuciante y que pararían el desahucio. Hasta hoy Rita no ha vuelto a tener noticias de las gestiones del Gobierno y se enfrenta al terror de ser expulsada, junto a sus dos hijos, de su único hogar.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria exigimos:

1º Que el Gobierno retire la adjudicación de la vivienda a la persona que lleva casi dos décadas sin habitarla, y que nunca debió acceder a ella.

2º Que el Gobierno, como propietario legal del inmueble, ponga en conocimientos de juzgados la retirada de esta adjudicación y que la ex adjudicataria no tiene derecho a emprender acciones legales contra Rita. Que el Gobierno use su gabinete jurídico para detener el desahucio.

3º Que se permita a Rita y a su familia habitar en su actual domicilio y que pueda acceder a la adjudicación de una vivienda a la que ha salvado de un deterioro irreparable y que ha habilitado con sus pocos recursos y con mucho trabajo.

Aprovechamos esta situación para llamar la atención sobre la mala gestión gubernamental del parque público de vivienda. Con unos de los ratios más bajos de vivienda pública (sólo un 3%) de toda la Europa política, el problema de la escasez de inmuebles destinados a vivienda social se ve agravado por la pésima adjudicación de los mismos. Familias sin recursos que viven hacinadas, o habitan infraviviendas, o sufren un desahucio tras otro al no poder afrontar un alquiler, o se ven obligadas a recurrir a la okupación, jamás consiguen acceder a una vivienda social. Mientras eso pasa, se adjudica vivienda a personas que las ponen en alquiler, obteniendo una buena renta, y que realmente viven en casas de sus parejas y familiares; a personas que las venden ilegalmente y que enajenan unos inmuebles que nos pertenecen a todos por unos miles de euros; a personas que no las necesitan y las dejan abandonadas durante años, sin plantearse jamás devolver las llaves, llevadas por el más puro sentido propietario.

Todo esto es responsabilidad directa del Gobierno de Canarias y sus organismos administrativos. Exigimos también, y en consecuencia, una gestión inteligente y eficiente de los recursos colectivos, que deben destinarse a quienes más los necesitan y no a quienes, siguiendo dinámicas mercantilistas, pueden permitirse futuras opciones a compra de una viviendas que la mayoría de las veces se conciben para ser compradas y no para disfrutarse en usufructo. Exigimos, por tanto, que las viviendas públicas salgan del mercado y que sobre su gestión directa empiecen a tener voz las asociaciones de vecinos y los colectivos sociales. Exigimos, en definitiva, que la razón se imponga y las viviendas sean para vivirlas.

SIGC

 

El caso de Rita en la prensa:

Canarias 7

Telde Actualidad

Canarias Semanal

 

Anarquismo social o anarquismo personal: Un abismo insuperable

«Durante unos dos siglos, el anarquismo —un cuerpo extremadamente ecuménico de ideas antiautoritarias— se desarrolló en la tensión entre dos tendencias básicamente opuestas: un compromiso personal con la autonomía individual y un compromiso colectivo con la libertad social».

Al hilo de uno de los debates más recurrentes en el seno del anarquismo (como indica Ruymán Rodríguez en el prólogo a este libro, el conflicto entre anarquismo individualista y anarquismo societario cuenta con más de un siglo de vida), Murray Bookchin aborda en este texto lo que considera algunas debilidades, contradicciones y contraindicaciones de las corrientes más influyentes en los ámbitos libertarios durante las últimas décadas. Continue reading Anarquismo social o anarquismo personal: Un abismo insuperable

Verano de lucha del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria

ALASBARRICADAS.ORG

Cuando las redes sociales parecen dominadas por sentimientos post-electorales de empacho paralizante, de desencanto o de frustración, parece oportuno aconsejar que se levante la mirada y se mire al entorno. Se mire al entorno y se esté atento a esas realidades sangrantes que permanecen igual antes y después de la lluvia de confeti electoral; se mire al entorno y se caiga en la cuenta de que el cambio está en nuestras manos y no en ningún «supremo salvador». Se mire por ejemplo al Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, un proyecto con ya bastante experiencia a sus espaldas y que, mientras la horda turistica invade la isla, está viviendo un verano de infarto en su trabajo cotidiano por articular la dignidad de la gente de a pie.

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Lagrimitas de cocodrilo

Por Acratosaurio rex

Alasbarricadas.org

Entre las múltiples distracciones que me ofrece internet a través del youtube, una ha sido disfrutar del visionado de la entrevista que se le hace a Ada Colau cuando se emociona y se le saltan las lágrimas. Le preguntan si no pensó en dejar la política y llora un poquitín. La he visto primero a alta velocidad que queda muy gracioso. Y luego a cámara lenta es aún más divertido, porque parece que Satán habla por su boca.

No tengo nada en contra de la alcaldesa Colau, de verdad. Manda en Barcelona y yo vivo a tomar por saco de ella. Simplemente quiero comentar eso de «dejar la política», a través de su sano ejemplo. Continue reading Lagrimitas de cocodrilo