Solución provisional al desahucio de una madre con su niño de cinco años

María del Pino Santana y su hijo Moisés han sido instalados en un hotel tras ser desahuciados de su vivienda de alquiler en Casablanca I

Fuente: La Provincia
Ampara R. Montero

Ha sido un día largo y duro, pero aún así María del Pino Santana se muestra calmada. Nada que ver con el pequeño Moisés que no para quieto en la silla. Tiene cinco años y su mirada todavía puede sorprenderse con algo tan simple como ver a alguien escribir. «Yo también sé hacer la o», asegura. Un boli Bic y un trozo de hoja en una libreta bastan para que muestre sus dotes gráficas y, de paso, sacarle una sonrisa de satisfacción ante la perfección de su letra a la que no le falta ni el rabillo. En su mundo infantil todo parece estar en orden, si bien no se le escapa que algo ha cambiado. «Hoy [por ayer] voy a estar tranquilito», promete mientras se agarra a la mano de su mamá y juntos se dirigen hacia la zona del hotel donde van a vivir por ahora después de que ayer tuvieran que dejar la que había sido su hogar en Casablanca I por una orden judicial de desahucio.

Apenas han pasado unas horas desde que madre e hijo se instalaran el un enclave hotelero de la capital, después de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tomase medidas ante el caso de Santana. No obstante, el calvario de esta mujer de 38 años tiene ya recorrido. La falta de apoyo familiar, el maltrato por parte del padre de su pequeño y una agresión sexual de otra persona han marcado el último lustro de María del Pino que no oculta que a veces le faltan las ganas de seguir. «Es muy difícil levantarte cuando te sientes tan mal como mujer, pero lo tengo que hacer por él», comenta mientras mira a Moisés que sigue entretenido con la caligrafía.

Precisamente el niño ha sido la fuerza que ha impulsado la batalla de Santana por no quedarse en la calle, a pesar de no poder hacer frente al alquiler. «¿Cómo lo hacía?», se justifica. Y es que en un principio compartía la vivienda de Casablanca I con otro inquilino que al poco tiempo decidió marcharse dejándola a ella con toda la responsabilidad del pago del arrendamiento. «Yo cobraba una ayuda de 426 euros y tenía que pagar 400 de alquiler. Si lo hacía no podía dar de comer a mi hijo».

Todo esto ocurrió en marzo del año pasado y en junio se le acababa la prestación. «Fui a los servicios sociales, donde me habían ayudado en otra ocasión, pero me dijeron que tenía que buscarme yo un piso y que luego ellos me pagan el alquiler», recuerda. El problema es que al no tener un empleo nadie quiere arrendarle una casa. Y para más inri, hasta diciembre no ha podido recibir la Prestación Canaria de Inserción (PCI) de 540 euros con la que, además, el banco se ha cobrado el dinero que adeudaba por haber tenido que dejar la cuenta al descubierto. Así que los últimos meses han tenido que vivir a base de ayudas de alimentos y del apoyo de vecinos como Carla.

Lo más importante es que a Moisés no le ha faltado nunca un plato de comida aunque Santana tuviera que reducir su alimentación para ello. Pero aún así, sucedió lo inevitable: les llegó una orden desahucio por impago del alquiler que tenía la fecha fijada en el día de ayer. Lejos de tirar la toalla María del Pino Santana contactó con el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria que dio la voz de alarma la pasada semana, cuando apenas quedaban unos días para que madre e hijo se vieran en la calle. De momento, el Consistorio ha evitado esa situación con una habitación de hotel hasta que se encuentre una solución definitiva. «Yo espero que cumplan con su palabra», apunta la afectada sin cantar victoria. Mientras, Moisés garabatea feliz las vocales.

María encuentra techo provisional y el juez para el desahucio ‘sine die’

Fuente: Canarias 7
Javier Darriba

La vecina de Casablanca I, víctima de violencia de género y afectada por un lanzamiento, se mudó al hotel que le ofreció el Ayuntamiento. El Gobierno le busca casa. Su expulsión quedó congelada tras un recurso que puso sobre la mesa la necesidad de un informe de vulnerabilidad.

La joven que ayer se enfrentaba al desahucio por impago del alquiler junto a su hijo de cinco años se mudaba ayer a la habitación de hotel que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le buscó como solución provisional para evitar que se quedara en la calle cuando se enteró de que el juzgado suspendía provisionalmente su alzamiento.

Aunque no están claro aún los motivos por los que se suspende sine die el desahucio, ya que la notificación a la abogada de oficio se hizo de modo presencial y no hay constancia documental de la decisión, desde el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria y la Federación Anarquista de Gran Canaria creen que el fallo tiene su fundamento en el recurso de urgencia que presentó la abogada Isabel Saavedra el viernes a última hora.

Lo que se solicitaba en este escrito era que se aplicara el Real Decreto 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. «Esto exige, para los casos de desahucio que afectan a familias vulnerables, la elaboración de un informe de situación por parte de los servicios sociales municipales», explica Saavedra. «Si se confirma que la decisión del juez se basa en este recurso sería el primero de Canarias, probablemente», explica la letrada, quien señala la importancia del nuevo escenario, con la exigencia de informe de vulnerabilidad.

La noticia de la paralización del alzamiento sorprendió a María del Pino Santana en pleno proceso de mudanza. Desde primera hora, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le ofreció un coche para llevarla al hotel, un vehículo para trasladar sus enseres y un espacio en El Sebadal para depositarlos en caso de que lo necesitara, según explicó el concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega.

La decisión de paralizar el desahucio generó dudas sobre si María del Pino debía quedarse en la casa actual o mudarse al hotel ofrecido por el Consistorio, pero al final se decidió que aceptara la oferta municipal. «En la casa de alquiler no tenía agua desde hace meses», explicó el representante del Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria, Ruymán Rodríguez, «esperemos que ahora no retiren la posibilidad de que se acoja a otras ayudas sociales».

Además, Isabel Saavedra insistió en el carácter provisional que debe tener el alojamiento en el hotel porque carece de cocina. También tenía dudas sobre el régimen de comidas la propia afectada. «Se supone que tengo que ir a cafeterías porque al no haber cocina no cabe otra, aunque creo que mi vecina Carla me hará alguna comida de vez en cuando», explicó. Su vecina le ha ayudado a mantenerse estos dos últimos meses y le ofreció su casa para depositar todos sus enseres.

Ayudas económicas

El responsable del área municipal de Cohesión Social dijo que desconocía la decisión judicial pero mantuvo la oferta de ayudas económicas «para hacer frente a los pagos de la estancia y de las comidas». El concejal aclaró que se ha llegado a un acuerdo con un restaurante de la zona para que pueda alimentarse junto a su hijo. Además, María del Pino podrá acceder a prestaciones económicas de especial necesidad o a las de emergencia que dependen del Ayuntamiento capitalino. «La cuantía será lo suficiente para cubrir sus necesidades», expuso Ortega, quien recordó que, en todo caso, habrá que esperar al Gobierno de Canarias para obtener la solución definitiva. «Hemos instado al Gobierno canario a que asuma su responsabilidad y le ofrezca una alternativa habitacional», reseñó, «lo principal es que se le pueda ofrecer una vivienda».

Al respecto, la directora del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), Pino de León, aseguró que la Comunidad ya se ha puesto en contacto con María del Pino y con el Ayuntamiento «para atender su caso y darle solución». Aclara que Vivienda desconocía el caso de esta vecina de Casablanca I, por lo que no se ha podido aplicar el protocolo del programa Canarias +Viviendas x Familias que hace que el Gobierno de Canarias se dirija al propietario del piso (el arrendador) y al juzgado para pedirles que suspendan el desahucio hasta que se le pueda ofrecer una alternativa habitacional.

En este caso, lo que se va a hacer es ofrecerle una de las alrededor de 90 viviendas que conforman una bolsa de pisos en toda Canarias que ofrecen La Caixa y el banco malo en virtud de sendos convenios que el Icavi tiene firmados con las dos entidades bancarias.

Pino de León señaló que «cuando ponen a nuestra disposición estas viviendas, generalmente hace falta acometer pequeñas obras de rehabilitación porque no podemos ofrecerlas sin agua ni luz».

La directora del Icavi indicó que se va a agilizar la obra para que la casa sea puesta a disposición de María del Pino lo antes posible. Descartó que pueda acceder a una casa de Visocan (la empresa de viviendas sociales del Gobierno canario) porque solo ofrece pisos protegidos de promoción privada a precio tasado, lo que supone una renta mensual de entre 300 y 350 euros.

En cambio, la solución que se le va a prestar a la vecina de Casablanca I es una vivienda pública en la que no tendrá que pagar más del 12% de sus ingresos, lo que implica que su mensualidad no podrá exceder de 65 euros.

Críticas

La abogada Isabel Saavedra agradeció al Sindicato de Inquilinas y a la Federación Anarquista de Gran Canaria su denuncia del caso de María del Pino, pero lamentó que se están produciendo muchos otros sin que haya una respuesta institucional óptima. «En el último trimestre del año pasado los lanzamientos en Canarias crecieron un 13% respecto a 2017», explicó, «este caso concreto demuestra la falta de previsión de un Ayuntamiento que se dice del cambio y que actuó porque no podía permitirse un piquete antidesahucio en plena fase preelectoral».

Para el PP, el caso de María del Pino Santana es «un nuevo ejemplo del fraude social» ya que «nadie del tripartito de las personas tomó cartas en el asunto hasta que la denuncia fue recogida por los medios de comunicación», indicó la edil Carmen Guerra. «Ni oficina antidesahucio, ni bono social del agua, ni nada. Este gobierno que llega a su fin de caracteriza por ser un gobierno de cartón piedra, que utilizó las necesidades sociales de las personas para justificar la conformación de un pacto de perdedores», añadió.

Al margen del rifirrafe político, la afectada se mostró contenta «porque tengo un techo», aunque sabe que todavía hay que esperar por la decisión final.

Comunicado sobre el desahucio de María

María y su hijo de 5 años vivían con el pánico de enfrentarse al desahucio que les fue comunicado judicialmente para este lunes día 14 de enero de 2019. Contactó con nosotras el jueves por la tarde-noche, a menos de 4 días del desahucio. María había sido asesorada de forma muy deficiente hasta entonces: se le había asegurado que su desahucio no iba a producirse, que iba a ser realojada, que su caso ya lo conocían las instituciones, y toda una serie de falsas promesas. Finalmente, el mismo jueves se le dijo que se preparara “para lo peor”. Todo eso, sumado al terror de perder a su hijo (un miedo que nos ha costado mucho mitigar), hizo que cuando llamó a nuestro teléfono estuviera verdaderamente desesperada.

Tenemos que ser sinceras: el jueves por la noche creíamos que era imposible salvar la situación. Hemos hecho cosas complicadas antes, pero pocas veces con tan poco margen y con circunstancias tan adversas. Nos repusimos de la congoja y pusimos en marcha una maquinaria bien engrasada: nuestro protocolo antidesahucios.

La vía legal estaba agotada. Aún así la abogada Isabel Saavedra redactó un recurso de urgencia intentado ganar algo de tiempo, aunque ella misma sabía que no iba a ser posible. Rápidamente, ya de noche, contactamos con la prensa, tanto directamente como a través de nuestro listado de correos. Teníamos 3 días para llegar a la opinión pública y que ésta ejerciera la presión necesaria para forzar la actuación de los responsables políticos. Empezamos a meter caña también por redes sociales, intentando alcanzar el clímax necesario para que nuestras demandas fueran escuchadas. Finalmente, tanto de forma informal como oficial, contactamos con responsables políticos a través de periodistas y contactos comunes. Por si todo eso fallaba, decidimos mantener los preparativos de un posible piquete antidesahucios.

Finalmente, casi de madrugada, el concejal de Cohesión Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jacinto Ortega, llamó a María para comunicarle que el Ayuntamiento le ofrecía quedarse en un hostal hasta que se encontrara una solución definitiva a su situación. Lo tomamos con precaución hasta que fuera oficial, pero al menos ahora María y su hijo podían descansar tranquilos.

La noticia se confirmaría al día siguiente, primero en prensa y después a través de una nueva llamada a María: El Ayuntamiento buscará un alojamiento provisional a María del Pino y su niño.

Podría pensarse que estamos satisfechas con la actuación gubernamental, pero no es así. Para llegar a este punto se ha sometido a María a un sufrimiento innecesario. Durante el proceso la administración le dijo que se pusiera en contacto con los Servicios Sociales, desconociendo que ella ya estaba desde hace mucho tiempo siendo atendida por ellos. Se le pidió que buscase un alquiler, ignorando una realidad social tan palmaria como que a nadie con unos ingresos de 540 euros le ofertan alquiler alguno. Llegaron incluso a decirle que se fuera a Gánigo (un albergue para personas sin hogar) con su hijo de 5 años. Esta muestra de insensibilidad y falta de empatía no podemos, aunque lo intentáramos, olvidarla.

Muestra del mismo talante ha sido que Javier Doreste, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, comunicara a los medios la posibilidad de un hostal para María antes de decírselo a la propia afectada.

A partir de los hechos relatados, nuestras conclusiones son las siguientes:

1º. Aparentemente se ha encontrado una solución temporal para María. Lo valoramos de forma positiva pero sin triunfalismos y, sobre todo, con desconfianza. Vigilaremos que este compromiso, que por ahora concuerda con nuestras exigencia iniciales, sea respetado. Sin embargo, no es una solución; sólo es un parche. No queremos estar pendientes de que el Ayuntamiento pague el hostal antes de encontrar una solución definitiva. No queremos que la amenaza de la intemperie se cierna de nuevo sobre las cabezas de María y su pequeño. Queremos una solución habitacional real a largo plazo.

2º. En vista de que María ya cuenta con una alternativa habitacional, aunque sea temporal, la FAGC y el SIGC anuncian que desconvocan el piquete antidesahucios que tenían preparado para mañana.

3º. Vivimos en Canarias una verdadera situación de emergencia habitacional y eso es lo que debería declararse. El Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. no puede seguir ignorando esta situación. Poco nos importa a nosotras que sean un tripartito de izquierdas, que gobiernen con una retórica nueva o con la de siempre, que sean del cambio o del recambio. Las palabras no te cubren del frío ni evitan que tus hijos rompan a llorar ante la amenaza de un desahucio. Es vital que haya un protocolo antidesahucios eficiente, que no permita que ni una sola familia se quede en la calle por impago de unos alquileres que la especulación inmobiliaria, potenciada o ignorada por las instituciones públicas, está llevando a unos récords históricos. No puede ser que nuestros humildes colectivos, refractarios a recibir subvenciones, autofinanciándose a base de solidaridad colectiva y de unos ingresos propios muy magros, haya realojado a más personas e impedido más desahucios que todas las instituciones de Canarias juntas.

4º. Habrá colectivos y partidos que ahora correrán a ponerse ante los focos para colgarse medallas. Que lo hagan. Rechazamos las guerras de siglas. La calle sabe cuál es la verdad. Y es la calle la que nos interesa. Por nuestra parte no tenemos nada que celebrar mientras María no tenga un hogar estable, digno y seguro. Pero sí tenemos motivos por los que estar orgullosas. Estamos orgullosas de María, cuya fuerza de voluntad ha logrado gran parte de esta pequeña victoria. María a lo largo de su vida ha sufrido distintos episodios de violencia machista y patriarcal, desde malos tratos de su ex pareja a una agresión sexual de un compañero de piso. Han podido herirla, pero no derrotarla. Se ha negado a someterse a la revictimización de la indiferencia institucional, y ha dado la cara en cualquier foro y ante cualquier medio para denunciar su situación. Por nuestra parte, en 3 días hemos conseguido algo que parecía irrealizable, y eso es así porque sólo la lucha y la protesta hacen que lo que hoy parecía imposible mañana se torne posible. Sirvan este caso y todos los que tramitamos actualmente para demostrarle a nuestra empobrecida y maltratada sociedad canaria que sólo poniéndose en pie, exigiendo y no pidiendo, protestando y no suplicando, se pueden obtener resultados.

Seguimos y seguiremos luchando. Hasta que el techo sea un bien de primera necesidad al alcance de todas y no un activo financiero para inversores y especuladores.

Federación Anarquista de Gran Canaria

Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria

Comunicado de María

Mi nombre es María. Para mañana (día 14 de enero de 2019) tengo la orden de desahucio a las 12:00. Después de tantos meses de incertidumbre, y de tenerme como una pelota, sin encontrar ayuda ninguna, sin haberme asesorado correctamente, contacté con la Federación Anarquista de Gran Canaria y el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, y en tan solo tres días han conseguido con la ayuda de la presión mediática movilizar a todos los medios, tanto en prensa, como televisión. Y gracias a los esfuerzos y a la gran ayuda que me han prestado, mañana tanto mi hijo como yo estaremos bajo un techo y juntos. Quiero dejar claro que solo y únicamente los que me han conseguido que todo esto se llevara a efectos, y en tan solo tres días, es gracias a la Federación Anarquista de Gran Canaria y el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. Ellos son los únicos que en tres días han conseguido que mi situación cambié radicalmente a mejor. Gracias a los compañeros que desde el minuto uno que contacté con ellos, los pobres, ni han descansado, ni han parado de luchar y movilizar todo esto para encontrar una salida. Gracias.

El SIGC se refunda y reanuda la lucha

Fuente: Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria

Con el mismo espíritu que le dio vida, pero con una perspectiva más apegada si cabe al tejido barrial y la raíz social de los problemas habitacionales, las vecinas han decidido refundar el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Será un órgano de las vecinas y para las vecinas, impulsado y controlado por ellas, con comisiones en las que su presencia sea real. Un sindicato independiente, pero sin miedo a reconocer las influencias horizontales, asamblearias y autogestionarias que lo fundaron, y que hoy le aportan la totalidad de sus recursos. Un órgano alejado de las viejas dinámicas y vicios que arrastran los colectivos históricos. Un órgano para luchar. Un órgano para ganar.

 

DESAHUCIO INMINENTE DE MARÍA Y SU NIÑO DE 5 AÑOS

Hace apenas unas horas (este jueves 10 de enero, a las 7 de la tarde) acaba de contactar con el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, María del Pino Santa González, una madre soltera con un hijo de 5 años exclusivamente a su cargo. Su situación es desesperada. El próximo lunes día 14 tiene una resolución judicial firme (contra la que ya no se puede recurrir) en la que le ordenan abandonar su vivienda, en Casablanca 1 (Las Palmas de Gran Canaria), a las 12 del mediodía. María y su hijo van a ser desahuciados, si no hacemos algo para impedirlo.

El contrato de alquiler de María ha expirado. Ella cobra un subsidio de 420 540 euros y con esos ingresos nadie está dispuesto a ofrecerle un alquiler. Por más que ha buscado no encuentra una solución. Además es víctima reconocida, con sentencia firme, de violencia de género. Su situación de absoluta vulnerabilidad se ve agravada porque recordamos que también víctima del desahucio será su hijo de sólo 5 años. El mayor miedo de María es que los servicios sociales le arrebaten a su hijo. No lo podemos permitir. Es urgente tomar medidas para evitarlo.

1º Convocamos a todos los medios de comunicación para que se hagan eco de la noticia, a pesar del poco margen de tiempo, para que contacten directamente con la afectada y puedan dar voz a su historia para que sea conocida por la opinión pública. El Sindicato de Inquilinos también se pone a su disposición.

2º Sin casi margen para maniobrar legalmente, se intentará presentar un escrito en juzgados sin mucha fe de que tenga resultado.

3º Hacemos un llamamiento a las instituciones públicas competentes (especialmente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias) para que no hagan dejación de sus funciones y ofrezcan una solución habitacional, aunque sea inicialmente temporal, que impidan que María y su niño acaben el lunes 14 durmiendo en la calle.

4º Si no hay ninguna solución para esta familia, no quedará otra vía que parar el desahucio a través de la movilización popular. Éste es el penúltimo cartucho que nos queda en la recámara y esperamos no tener que recurrir a él.

Exigimos una solución para María y su hijo. Canarias vive una situación de emergencia habitacional, de verdadero terrorismo inmobiliario, donde los derechos de los inquilinos sin recursos cada vez valen menos. Hemos de detener esta situación antes de que más vidas se sigan rompiendo de forma definitiva.