En verano vieron un anuncio en Internet. Por un adelanto de 250 euros accedían a un piso en alquiler en la Vega de San José. Lo pagaron, pero al entrar vieron que la casa no estaba en condiciones. «Estaba hecho una porquería, no tenía bombillos, ni grifería y las paredes estaban fatal», relata Nereida Espino. Cuando fueron a reclamar su dinero, el supuesto arrendador ya había desaparecido del barrio. «Nunca más dio señales de vida, ni por teléfono», expuso la joven, así que decidieron quedarse en la casa, cambiando la cerradura para evitar problemas.
El problema es que quien alquiló la vivienda no era su dueño auténtico y se metieron a vivir en una casa sobre la que pesaba un proceso de desahucio -del propietario real- contra los anteriores inquilinos.
Allí estuvieron viviendo las dos hermanas, Nereida y Natalia, de 30 y 29 años respectivamente, con sus tres niños, de 11, 9 y 5. Iban escapando con los trabajos temporales de Natalia como camarera y con la ayuda de emergencia que les acaba de ingresar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria -solicitada en noviembre-, pero marzo se torció. Natalia perdió su trabajo y hasta el mes que viene no empieza a cobrar los 215 euros que le corresponden como prestación de desempleo; y el jueves pasado, una comisión judicial tocó a las puertas de la casa para anunciarles el desahucio.
La orden de desalojo estaba, sin embargo, a nombre de otra persona. «Cuando me identifiqué y vieron que no éramos esa persona, nos dieron una semana más» para desocupar la vivienda.
El plazo se cumple este jueves. Y las dos familias no saben a dónde ir porque dicen que no tienen a nadie más que las ayude y porque no disponen de ingresos para afrontar los precios que el mercado impone a los alquileres.
De momento, la única ayuda que están recibiendo es la del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, que está trabajando a contrarreloj para buscar un techo para las dos hermanas y sus tres hijos pequeños.
De las instituciones esperan poco más por el laberinto burocrático en que se encuentran. «La trabajadora social me pidió cita con Stop Desahucio», explica la afectada.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asegura que no puede ofrecerle una solución habitacional a las dos hermanas y sus tres hijos porque el levantamiento está a nombre de otra persona. Por este motivo, la joven fue remitida a Stop Desahucios, «para que la asesoraran a nivel legal».
Sin embargo, las dos jóvenes y sus pequeños no necesitan asesoramiento legal, sino un techo. Así lo afirma la abogada Isabel Saavedra, que colabora con el Sindicato de Inquilinas para frenar el desahucio. «No necesitan asesoramiento, sino soluciones», explicó, «resulta inaudito que el Ayuntamiento se quite los temas de encima».
Saavedra presentó al juzgado, el viernes pasado, un escrito en el que reclama la aplicación del nuevo real decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que fija la obligación de contar con un informe de los servicios sociales municipales antes de dejar en la calle a una familia con menores a su cargo.
Ruymán Rodríguez, del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, también cree que «no tiene sentido» buscar una cita con un colectivo social cuando no se ofrece nada más. Cree que la solución del Ayuntamiento es «un parcheo» y que las instituciones solo responden cuando la realidad les golpea de lleno.