Comunicado de apoyo a Ruymán Rodríguez

El próximo 24 de marzo la ejemplar democracia española celebrará una nueva farsa, un juicio por otro montaje policial y judicial que sólo busca esconder otro caso de torturas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La fiscalía pide 1 año y 6 meses de cárcel, además de 770 euros de multa, a nuestro compañero Ruymán Rodríguez por supuestamente haber dado una patada a un guardia civil en el cuartelillo donde se le retenía y torturaba después de una detención ilegal.

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Canarias, la cárcel más grande del Estado

Ilustración de «Maria.» (twitter e instagram).

La ubicación geográfica de Canarias la coloca de forma natural en las rutas migratorias habituales para salir del continente. Su situación en el Atlántico la ha convertido también en un punto de conexión tricontinental, un lugar de paso histórico en la travesía de Europa a América. El volumen de emigración canaria fue enorme desde el siglo XVI hasta el XX y aún hoy mantiene diásporas destacables en países como Cuba, Puerto Rico o Venezuela (llamada durante mucho tiempo en Canarias “la octava isla”). La afirmación de que habían más canarios viviendo fuera de las islas que en ellas fue un lugar común a principios del siglo pasado.

Lo expuesto podría darnos a entender que en Canarias se entiende el fenómeno migratorio con naturalidad, pero desgraciadamente, y al menos actualmente, no es así. En las islas se vive una situación de disociación colectiva de la propia realidad geográfica, social y política. La educación estatal, el bombardeo mediático, la propaganda cotidiana, las políticas gubernamentales, han hecho que un alto porcentaje de la población canaria desarrolle un fuerte identitarismo europeo. En Canarias vivimos de espaldas al continente africano, aun estando a sólo 95 kms del mismo. La idea de ser una de las últimas colonias de Europa no es algo que se confronte. Que el archipiélago sea uno de los territorios de la “Europa política” más empobrecidos, con mayor ratio de desempleo, desahucios, exclusión social y pobreza infantil no ha evitado, paradójicamente, que impere el eurocentrismo, la mentalidad procolonial, el nacionalismo español o el chovinismo insular y la xenofobia. Nos han educado, desde la escuela, para estar orgullosos de ser “europeos de segunda” y para señalar, ante cualquier crisis económica o social, a los extranjeros pobres.

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Convocatoria de Huelga de Alquileres 1-A

Convocatoria de Huelga de Alquileres

Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria convocamos a toda la clase obrera e inquilinaria a secundar la Huelga de Alquileres General e Indefinida que declaramos a partir de este 1 de abril de 2020.

La situación actual no puede ser más alarmante, y no sólo a niveles sanitarios sino también económicos y sociales. Las medidas adoptadas por el ejecutivo en relación al “Estado de Alama” decretado por el Covid-19, son medidas marcadamente anti-obreras (flexibilización de los ERTE) y que tocan la superficie (moratoria limitada de las hipotecas) ignorando lo básico: miles de familias que viven al día, que sobreviven con trabajos sin nómina, que han sido despedidas fraudulentamente y en cuyas casas no entra ningún ingreso debido al confinamiento, se exponen a la imposibilidad de hacer frente al pago del alquiler.

Los sectores más empobrecidos de la población, como arrendatarias, migrantes, personas sin hogar, trabajadoras domésticas, precarias, han sido completamente relegados e ignorados, como siempre.

Por todo esto, invitamos a todos los colectivos, plataformas y sindicatos a secundar esta Huelga de Alquileres, convocada también a nivel internacional (desde Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suecia, Chile y los que se irán sumando).

Nuestras exigencias básicas son claras:

Suspensión inmediata del pago de la renta, especialmente para arrendatarios en situación de vulnerabilidad y para arrendadores que sean multirentistas o personas jurídicas (la minoría que no cumpla estos requisitos que reclame una Renta Básica Universal). Mientras no se adopte esta medida, sin ingresos suficientes y regulares, no pagaremos.

Que las viviendas abandonadas en manos de fondos, entidades financieras y bancarias (sobre todo las que han sido rescatadas con dinero público) sean socializadas y puestas a disposición de las miles de personas y familias que hoy carecen de hogar.

No sobran los motivos para proclamar a partir de este 1-A: ¡Huelga de Alquileres General e Indefinida!

NO COBRAMOS, NO PAGAMOS.

Hemos redactado también dos modelos de burofax (a persona física y jurídica) para que las huelguistas puedan comunicarle a la propiedad el motivo del impago:

Burofax a arrendador particular. Para descargar y editar: Burofax persona física.
Burofax a arrendar como persona jurídica (banco, empresa, inmobiliaria, fondo, etc.) Para descargar y editar: Burofax persona jurídica.

Además de todo esto, hemos escrito una breve y sencilla circular interna para resolver dudas técnicas, legales y estratégicas, a los colectivos que quieran sumarse a la huelga. Para recibirla se pueden comunicar con el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria o la Federación de Anarquistas de Gran Canaria.

Convocatoria de otras compañeras que se suman a la Huelga de Alquileres internacional (en su caso convocan para el 31 de Marzo).

Nuestro propio «Plan de choque»

Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y la Federación Anarquista de Gran Canaria nos adherimos públicamente al “Plan de choque social” que ha surgido a iniciativa de distintos colectivos sociales de todo el Estado ante la crisis sanitaria, económica y social provocada por el Covid-19.

Sin embargo, y aun suscribiendo la totalidad de este “Plan de choque”, creemos que no basta con exigir a los poderes públicos que hagan algo; es necesario exponer las medidas a las que se recurrirá de no cumplirse las exigencias de la clase trabajadora y también buscar las fórmulas para protegernos y cuidarnos por nosotras mismas.

Suspensión del pago de alquiler, hipoteca y suministros básicos (agua, luz, gas), pero también de cualquier deuda crediticia contraída con cualquier entidad financiera por parte de personas sin recursos. Liquidación del interés sobre dichas deudas. Paralización sine die de cualquier proceso de desahucio iniciado contra personas en situación de vulnerabilidad.

Garantizar el pago íntegro de la nómina, pero también una Renta Básica Universal que dé cobertura a todas las personas que carecen de ingresos regulares (especialmente importante para las familias con menores a cargo ante la suspensión de los comedores escolares). Impedir la carestía de los precios sobre bienes de consumo de primera necesidad. No permitir ningún despido, ni individual ni en formato ERE o ERTE. Reincorporación inmediata de todas las trabajadoras y trabajadores despedidos.

Suspender cualquier actividad laboral que no responda a servicios esenciales.

Ofrecer alternativas alojativas para todas las personas sin hogar que lo necesiten, para quienes el #QuedateEnCasa es un cruel insulto. Las viviendas vacías en manos de bancos, fondos y entidades financieras deben ser socializadas y puestas a disposición pública.

5º La sanidad privada, con todos sus recursos, debe ser socializada y puesta al servicio del interés general. Esta inyección de recursos también debe destinarse a garantizar la cobertura sanitaria de sectores históricamente excluidos del derecho a la salud, como la población migrante o la población reclusa.

En caso de no cumplirse estas exigencias:

Instamos a todos los sindicatos laborales y de vivienda a declarar una huelga laboral general indefinida y una huelga hipotecaria y arrendataria general indefinida. Instamos a la población a proclamarla por su cuenta en caso de que dichos sindicatos no estén a la altura.

Si nos obligan a ir a trabajar para cumplir servicios no esenciales, sólo una huelga masiva puede protegernos.

Entendemos que la situación de colapso sistémico que ha agravado el coronavirus puede ser una excusa para que nos impongan un modelo capitalista aún más feroz, controlador e inhumano, se degraden todavía más las condiciones laborales y el dogma de la austeridad se cebe con las más pobres; pero también puede ser una oportunidad para que las de abajo nos demos cuenta de las imperfecciones y fragilidades del sistema, nos dispongamos a recuperar parte del terreno perdido y busquemos, en redes de apoyo, mediante la acción colectiva, la palanca para un cambio de paradigma: más social, más justo, más igualitario y más libre.

 

¡Nueva paralización del desahucio de Mari Cruz!

El desahucio de Maricruz y su hija de 11 años, previsto para este 14 de febrero, ha sido paralizado un mes más. Aunque COIDIUR sigue negándose a negociar y ni siquiera atiende las llamadas telefónicas, la lucha de Mari Cruz, apoyada siempre por el Sindicato, ha logrado que el Instituto Canario de Vivienda solicite la paralización del desahucio y se comprometa a encontrarle una alternativa habitacional en lo que resta de mes

El proceso está siendo muy duro para Maricruz y su hija: hasta en cinco ocasiones han vivido con la angustia de no saber si se ejecutaba su desahucio. Pero por suerte no están solas y cuentan con la fuerza de todas las vecinas que nos organizamos a través del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Quizás otros hoy cantarían victoria; nosotras sólo podemos entenderlo como una tregua y no pararemos de pelear hasta que Mari Cruz y su hija cuenten con un techo seguro sobre su cabeza.

SIGC

Victoria sin precedentes en el caso de la familia con menores de Tenerife

¡Victoria! Después de unas jornadas agotadoras, hemos logrado una solución histórica: Magdalena y su familia no serán expulsados de sus casas. El desahucio ha sido judicialmente paralizado y la SAREB les concede un alquiler social que será costeado por el Ayuntamiento de La Laguna.

Esto sienta un precedente muy poderoso, ya que entendemos que este es el protocolo que deberían seguir todas las administraciones públicas y todas las entidades con activos inmobiliarios.

Celebramos emocionadas este logro, pero nos mantenemos alerta y preparadas ante la interminable lista de personas que nos piden asesoría para no dormir en la calle.

Frente a la especulación y el negocio, luchamos por una vivienda digna gestionada por las propias Inquilinas.

SIGC

Profesionales de la mentira y profesionales de la resistencia

Un intento de comunicado

El pasado domingo día 8 de diciembre (2019) el periódico Canarias 7 difundía una “noticia” que tenía a un servidor como protagonista. Iba sobre la detención que sufrí en 2015 a manos de la Guardia Civil de Santa María de Guía (Gran Canaria).

El sesgo de la noticia era muy grave, y sin embargo seguía sin ser lo más importante.

Era grave que se reprodujera gran parte de la versión de la fiscalía dándola como hechos probados; lo era que nadie se pusiera en contacto conmigo, con la abogada que lleva mi caso, ni con las vecinas de “La Esperanza”, para contrastar la falsa información filtrada; lo era también que se me tratara, poniendo mi foto y mi nombre en grandes titulares, como si yo fuera un personaje público; lo era además que se omitiera interesadamente que los guardias civiles que me detuvieron también estaban imputados por torturas y detención ilegal; lo era, por supuesto, que se ignoraran los 3 partes médicos y un peritaje donde se objetivan mis lesiones y se habla de “agresión” y “policontusiones”; y todo eso, siendo muy grave, no era lo más importante.

Lo más importante era que un periodista de dicho periódico llegara a inventarse un cargo contra mí (o mejor dicho, a reproducir el cargo inventado por otros) y hablara de “extorsión”. La invención no era una errata, un error fortuito e inofensivo; era un tiro en la cara para intentar desacreditar al peculiar movimiento de vivienda que tenemos en Gran Canaria.

Reitero que no soy un personaje con un oficio público, que nunca he ejercido cargo alguno de esas características, que he rechazado cualquier intento de coaptación partidista, que ni siquiera he cobrado nunca por aparecer en los medios para defender el derecho a una vivienda digna o hacer propaganda de las ideas anarquistas. Soy un trabajador manual que simplemente lucha con sus vecinas a pie de calle. ¿Encaja eso con el tratamiento dado en la noticia como si yo fuera un político profesional susceptible de ser fiscalizado? Evidentemente, no. Por otra parte, ¿se atrevería un periodista responsable, y el periódico desde el que escribe, a reproducir una difamación gratuita si no creyera que dicha calumnia está confirmada por “fuentes oficiales”? Evidentemente, tampoco. Tener que rectificar y tragarse las propias palabras, como hicieron periodista y periódico el pasado día 12, no es plato de buen gusto para un medio generalista. Sin embargo, que nadie crea que esta rectificación ha sido fruto del trabajo periodístico y la autocrítica profesional. Yo mismo he tenido que facilitar los documentos que acreditan que lo publicado es mentira. Una peligrosa perversión ésa que obliga al calumniado a demostrar que una información es falsa y no al periodista a corroborar la veracidad de lo que publica.

Quizás podría parecer que después de dicha rectificación este intento mío de comunicado es innecesario, pero no quiero ahorrarme las reflexiones que este episodio me ha suscitado. Lo primero es ratificar una vieja lección que nunca debemos olvidar: el poder (en cualquiera de sus formas, incluso en las más patéticas) estudia al adversario antes de golpear y lo hace allí dónde sabe que va a provocar más daños. La falacia es su imperio y conoce bien su recorrido, incluso cuando oficialmente se la saca de circulación. La paradoja como descalificativo, el acusar al enemigo de representar precisamente aquello contra lo que combate, es otra de sus grandes armas. Es lo que hacen los fascistas cuando llaman “nazis” a las antifascistas. Refutar lo obvio es una gran pérdida de energías.

El poder sabe perfectamente que obligar a sus refractarios a combatir la desinformación es, aunque ésta acabe desmontada, cierta forma de victoria. En primer lugar, desmentir una mentira es una buena forma de difundirla. En segundo lugar, enredarse en eso es una manera eficaz de empantanar el trabajo colectivo y desviarlo de otros objetivos. Entonces, ¿el poder siempre gana? No necesariamente. El poder puede ser omnipotente pero no omnisciente: puede poderlo todo, pero no saberlo todo.

Los que han pertrechado esta jugada (que nadie piense en grandes cúpulas, sino en pobre gente muy segura de sí misma apurando una copa en alguna terraza) no saben qué significa ser anarquista. Yo, en mi humildad, soy anarquista, con todo lo que esto conlleva social y políticamente. Si a mí me importaran los rumores, el “qué dirán”, mi prestigio o reputación, hubiera escogido otra definición ideológica mucho más cómoda. No se puede ser anarquista sin reconocer que se está en guerra declarada contra el Sistema, contra el Estado y sus instituciones, contra la propiedad y el capitalismo, y no se puede hacer todo esto, en nuestra sociedad, sin asumir cierta porción de infamia. Intentar herir la imagen de un anarquista es como cortar un merengue: inútil. Eso es lo que el poder desconoce.

El poder tampoco imagina el resto de cosas que asume un anarquista al declararse como tal. Yo, como anarquista, me opongo frontalmente a este Sistema. No confío en su propaganda (aunque a veces nos toque inocular en ella nuestras reivindicaciones anti-desahucios), no espero nada de su estructura judicial, ni de sus sentencias, ni de sus puestas en escena. La policía es el Estado, la fiscalía es el Estado y los jueces son el Estado. Yo soy anarquista, enemigo acérrimo del Estado, ¿qué tratamiento creen que espero de su parte? Estamos predispuestas para lo peor. Aunque suene sorprendente, ya presumíamos que una difamación así pudiera surgir y estamos preparadas para resistir las que vengan. Tarde o temprano nuestra ayuda a familias migrantes en situación irregular puede convertirse sin pudor en una acusación de “tráfico de personas” y nuestra asesoría jurídica a compañeras que ejercen la prostitución en otra igual de absurda de “proxenetismo”. El periodista, como el artista, debería tener algo de libertario y entender que su labor es ejercer contra-poder, fiscalizar a los que mandan y no someterse a ellos. Pero hoy gran parte del periodismo también es parte del Estado. Por todo esto, nada espero del Sistema más que una confrontación constante.

Otra cosa que el poder ignora es que un movimiento social pueda carecer de líderes. Su mentalidad capitalista les impide entender que se pueda impulsar una lucha vecinal sin intereses de por medio, sin cobrar a los afectados, sin ánimo de lucro; su mentalidad jerárquica les impide entender que pueda organizarse algo de forma horizontal, sin jefes y sin subordinados. Creen que aplastando a un portavoz aplastan a un líder, y no ven que detrás de todo esto hay una realidad mucho más amplia protagonizada por decenas de vecinas. Les preocupa un movimiento que no se deja domesticar a través de subvenciones, que no es controlado por ningún partido y que tiene su médula en los barrios. Les asusta que haya algunas anarquistas de por medio porque saben cuál es la dura realidad canaria y son conocedores de que su Sistema no puede seguir parcheándola a golpe de subsidios. Con unos 3.000 desahucios al año, un desempleo galopante, una pobreza que ya supera a más de la mitad de la población canaria y una de las infancias más pobres de la Europa política, no les preocupa hallar soluciones; les asusta que haya quien señale a los culpables.

Y por último hay otro asunto que el poder también parece desconocer: no estamos solas. Por todo el Estado, e incluso fuera de sus fronteras, son muchas las compañeras que están a nuestro lado cuando vienen mal dadas. Hermanas que amplifican nuestra voz, que pintan las calles, que dibujan su rabia y nos apoyan, hombro con hombro, espalda con espalda. Caer en silencio ya no es una posibilidad. Los profesionales de la mentira deben comprender que tienen en frente a profesionales de la resistencia. El camino es duro y lo será aún más de aquí en adelante. Judicialmente tocará resistir para ganar tiempo y que la lucha antirrepresiva no absorba demasiados de nuestros esfuerzos. Hay que asumir la casi certeza de una condena de cárcel con cuya suspensión provisional trataran de desactivarme durante los próximos años. Mediáticamente debemos seguir tejiendo un discurso antihegemónico y asumir que si a veces para dar la cara hay que tapársela, hoy me seguirá tocando mostrarla para evitar los peligros del anonimato, el mismo que alimenta cunetas y desapariciones. Nuestra lucha es pública y no puede ser de otra forma cuando se intenta articular un movimiento vecinal y barrial de masas. Pero sabemos que en todos y cada uno de esos baches, conflictos, victorias y derrotas, tendremos a muchas compañeras de nuestro lado, desconocidas íntimas, personas muy cercanas desde la distancia, miembros de la FAGC que quizás ni siquiera necesitan sentirse anarquistas y que tal vez jamás pisaron nuestra isla. A todas ellas sólo puedo y podemos darles las gracias, terminar este inusual comunicado dedicándoles mis últimos pensamientos y esta frase de Edward Abbey:

“Disfruten de su propia vida. Mantengan la cabeza alta y unida al cuerpo, y su cuerpo activo y vivo. Y yo les prometo que todo saldrá bien. Les prometo una dulce victoria sobre nuestros enemigos, sobre los hombres atados a un escritorio, sobre las mujeres con el corazón dentro de una caja fuerte y la mirada hipnotizada por los números de una calculadora. Les prometo que sobreviviremos a esos cabrones”.

Ruymán Rodríguez

Solidaridad y apoyo a nuestro compañero Ruymán

Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria mostramos nuestra máxima solidaridad y apoyo incondicional al compañero Ruymán Rodríguez ante la campaña de difamación y calumnias orquestada por el Estado a través del periódico “Canarias 7”.

Aún nos impacta la vergonzosa falta de ética de este medio de comunicación, que reproduce exclusivamente la versión del Estado como si se tratase de un medio oficial, sin consultar a la otra parte afectada para contrastar los hechos.

Entendemos que se trata de otro montaje policial con el fin de criminalizar la lucha por una vivienda digna en una región con cerca de 1.000 desahucios por trimestre y más de un 40% de la población en riesgo de pobreza. Se trata, sin duda, de un ataque directo a un afiliado, como si se tratara de un personaje público, para castigarle por su militancia y desactivarle políticamente. No lo permitiremos.

La versión que publica este medio servil es completamente falsa. Ruymán Rodríguez fue detenido de forma ilegal en abril de 2015 por una denuncia por allanamiento que ya había sido retirada y archivada días antes. La propia Guardia Civil había recogido y documentado la retirada de la denuncia. Sin embargo, aún así fue detenido y llevado al cuartelillo de Guía, donde fue insultado, vejado y golpeado hasta el punto de que tuvo que ser trasladado a un centro de salud y, posteriormente, al Hospital Dr. Negrín como demuestra el parte de lesiones y un auto en el que se abre una causa por tortura contra los guardias civiles que aún sigue abierta. Esta detención arbitraria no se debió a un error, sino un ataque directo para amedrentarle y forzarle a abandonar la Comunidad “La Esperanza”, donde viven más de 200 personas en régimen de precarista. No está de más recordar que en ese acuartelamiento ha habido agentes condenados este mismo año por falsear documentos.

Al contrario de lo que recoge el tabloide “Canarias 7”, el hecho que motivó la detención injustificada no fue una denuncia por extorsión, delito que no aparece mencionado en ningún momento en la acusación del Ministerio Fiscal, sino por allanamiento. Esta denuncia fue presentada por una señora que ocupó una vivienda en “La Esperanza” sin permiso de la Comunidad, saltándose los protocolos y entrevistas internas de la propia Comunidad para entregar una vivienda. Esta señora denunció a toda la comisión de Realojo (unas 6 personas) de la propia comunidad porque ésta le exigió que abandonara la vivienda para destinarla a una familia que la necesitase. Cabe resaltar que el compañero Ruymán no estaba presente en el momento del conflicto entre la comisión y la señora. A pesar de ello, fue la única persona detenida y agredida por las fuerzas de seguridad del Estado. Días después, la asamblea de la Comunidad “La Esperanza” logró aclarar el asunto con la señora, que accedió a abandonar la vivienda que había ocupado sin permiso y retiró la denuncia. No se explican entonces la detención arbitraria, las vejaciones, los insultos y las agresiones que acabaron con nuestro compañero en el hospital. Mucho menos se entiende la acusación por parte de la Guardia Civil de “atentado a la autoridad” por una supuesta patada a un agente que le provocó una “fricción” en la pierna. Una fricción por la que le piden, encima, un año de prisión y 700€ de multa.

Además de recoger la versión oficial, el diario satírico “Canarias 7” da pábulo a las repugnantes calumnias vertidas por el Estado sobre nuestro compañero. Le acusan falsamente de extorsión. Sólo hay que consultar la acusación del Ministerio Fiscal para descubrir que no hay ni una sola mención a tal delito.

Entendemos que estas asquerosas mentiras sólo buscan desacreditar la figura de un compañero que ha perdido salud, tiempo y dinero por asegurar una vivienda digna a personas con necesidad. No sólo buscan desacreditarle a él, sino a todas las que luchan porque no haya familias que duerman en la calle. La FAGC y el Sindicato de Inquilinas siempre han luchado contra la especulación y venta de casas socializadas. Tanto es así que el Sindicato, incluso, sólo se financia mediante una cuota simbólica de 1 euro al mes que ni siquiera todas las afiliadas están obligadas a pagar porque para muchas supone un cartón de leche menos en la despensa. A estas alturas nos sorprende poco que el Estado recurra a estas miserables artimañas, pero confiábamos en que quedara un poso de decencia en este medio de comunicación. Nos equivocamos.

Por todo ello, el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria quiere declarar que:

1. Apoyamos y defendemos incondicionalmente la inocencia de nuestro compañero Ruymán ante las mentiras y calumnias del Estado y sus medios serviles.

2. Jamás permitiremos la criminalización de la lucha por los derechos fundamentales y combatiremos con todas nuestras fuerzas y por todos los medios posibles a quienes traten de desacreditar y desmovilizar a personas y organizaciones por medio de la violencia física y mediática.

3. Llamamos a toda la población canaria y a las organizaciones sociales a protestar contra esta campaña orquestada desde las cloacas del estado y reproducida por los medios esbirros y lamebotas. Cuando atacan a quienes defienden derechos tan básicos como tener un techo, nos atacan a todas.

Como siempre, se trata de una lucha entre opresores y oprimidas, entre quienes desahucian y quienes se juegan el pellejo para que nadie duerma en la calle. Ellos tienen el poder y los altavoces, pero nosotras somos más y las calles, cuando mueren las sirenas y las luces azules, siempre vuelven a ser nuestras.

SIGC

Siempre con la desobediencia

Desde que en 1849 Henry David Thoreau definiera el principio de la “Desobediencia Civil”, esta herramienta popular ha servido para señalar desigualdades sociales, la tiranía de los Estados, la guerra, el imperialismo y todos los fenómenos jerárquicos que atentan contra la vida y la dignidad.

La sentencia del Tribunal Supremo del 14 de octubre sobre el “Procés” no puede verse como un asunto interno catalán, ni como una guerra de nacionalismos y banderas. Quien quiera verlo así estaría pecando de miopía y de una insensibilidad política total.

La sentencia del “Procés” es un ataque directo contra todos los movimientos sociales y una amenaza contra el derecho a la protesta. La sentencia considera que la desobediencia civil masiva debe ser enjuiciada y condenada bajo los tipos jurídicos más duros, con penas de prisión que nos disuadan a todos de la idea de tomar las calles.

Las consecuencias de este dictamen no pueden ser más evidentes: la desobediencia civil, la misma que se enfrentó al Imperio británico, que combatió la segregación racial en EE.UU o que logró la abolición del servicio militar obligatorio en el Estado español, queda completamente criminalizada y tipificada como uno de los delitos más graves, solo por debajo de los delitos de sangre.

En vista de ello nosotros nos declaramos solidarias pero también desobedientes. Somos desobedientes cada vez que paramos un desahucio contra una resolución judicial, lo somos cuando ayudamos a realojar a familias sin hogar y cuando protestamos en la calle ante cualquier injusticia.

Desde Canarias toda nuestra solidaridad con los represaliados, con los presos políticos y también con los sociales, con los catalanes que sufren hoy las cargas policiales (como las sufrieron el 15M cuando se les desalojó de Plaça Catalunya) y con todos los desobedientes que en cualquier parte del mundo le gritan ¡NO! a un Sistema que está reprimiendo por encima de sus posibilidades y que está agotando la paciencia popular.

S.I.G.C.

F.A.G.C.

Negligencia institucional, respuesta sindical

Sobre la inoperancia de las instituciones en el caso de María

María es una madre soltera con un niño de 6 años, parada de larga duración, que ha sufrido distintas formas de violencia machista en distintas etapas de su vida. El 14 de enero de 2019 se enfrentaba a un desahucio por impago de alquiler, sin red familiar que la acogiera ni alternativa habitacional de ningún tipo. A cuatro días del desahucio contactó con el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Desde ahí pudimos dar a conocer su caso a los medios de comunicación, paralizar su desahucio «in extremis» por la vía judicial y presionar a las instituciones para que le ofrecieran una alternativa habitacional.

Dicha alternativa, temporal, de tránsito, consistió en una habitación en un hostal de la capital grancanaria. Esto, evidentemente, no era una solución, sólo una medida a corto plazo que, para ser verdaderamente funcional, debía acompañarse de una alternativa estructural, como admitía entonces el propio alcalde Augusto Hidalgo: «Nosotros hemos adoptado la situación de emergencia habitacional y lo remitimos al Gobierno regional para que busque la solución al problema estructural para que tenga una vivienda estable más allá de la pensión u hotel que le podamos encontrar». Sin embargo, volvemos a encontrarnos ante la tesitura de siempre: un conflicto de competencias se acaba convirtiendo en un conflicto de incompetencias.

María y su hijo llevan ya casi 10 meses en dicho hostal y en ningún momento se ha tratado de buscar una solución definitiva que estabilice su situación por parte de las instituciones. Sin bonos de lavandería, transporte o alimentos (ayudas que sí han obtenido otros realojados en dicho hostal con problemas habitacionales), María ha afrontado sus gastos diarios con sus magros ingresos (PCI + pensión alimentaria de su pequeño) y algún gesto de solidaridad esporádico de sus compañeras del Sindicato. María no ha parado de buscar un alquiler desde entonces, pero en sus circunstancias nadie se lo concede.

A finales de julio un trabajador social del Ayuntamiento de LPGC informaba a María, vía telefónica y de forma expeditiva: «este 1 de agosto el Ayuntamiento va a dejar de pagarte el hostal, o te lo pagas tú o te buscas otra cosa…». La excusa del trabajador social era que María había podido acceder a un trabajo municipal de limpieza durante 6 meses, sin tener en cuenta que que para la mayoría de caseros el tener un contrato de trabajo indefinido se está convirtiendo en un requisito indispensable para acceder al arrendamiento.

Lo lógico, lo racional y humanitario, sería que el Ayuntamiento de LPGC no dejara de costear el hostal hasta que el Gobierno de Canarias encontrara una solución a largo plazo para María y su pequeño. Lo lógico, racional y humanitario, es que el Gobierno de Canarias afrontara este caso con la urgencia que merece, y no permitiera que una mujer, que ha sufrido violencia machista, se quedara en la calle con su hijo mientras los servicios sociales municipales miran hacia otro lado. Pero el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria ya no espera ni lógica, ni razón, ni humanidad de ninguna institución. Con la firme intención de no prolongar más este cruel «tira y afloja» que se traen las administraciones con el caso de María, de no seguir prolongado días de incertidumbre y noches de angustia, la Comisión de Realojo del SIGC procederá a realojar a María y su hijo por sus propios medios, alojándola en una de las distintas comunidades autogestionadas a las que actualmente ayuda y asesora en la isla de Gran Canaria.

Es triste y lamentable que un Sindicato de Inquilinas, sin recursos, ni subvenciones, sin liberados ni relación con ningún partido político, sin más medios que la fuerza de voluntad, la capacidad de trabajo, la inteligencia construida desde abajo y el apoyo mutuo, ofrezca en esta isla más alternativas de vivienda que unos ayuntamientos, cabildos y gobiernos que acumulan los recursos de todas nosotras. Es triste y lamentable que ante la incompetencia e insensibilidad de unas instituciones totalmente enajenadas de la vida de sus vecinos, sea un sindicato de vecinas el que, sin más ingresos que la solidaridad y una cuota voluntaria de 1 euro al mes, proporcione un techo a una familia y evite que una madre y su hijo de 6 años acaben, nuevamente, siendo arrojados a la calle.

Por su parte, a la propia afectada le gustaría agradecer no sólo a sus compañeras del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria por el realojo, sino a todo el personal del Hotel Valencia: a sus jefes, recepcionistas y a «sus niñas», las encargadas de limpieza por el cariño que le han brindado en estos 10 meses de convivencia.

SIGC