Solidaridad y apoyo a nuestro compañero Ruymán

Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria mostramos nuestra máxima solidaridad y apoyo incondicional al compañero Ruymán Rodríguez ante la campaña de difamación y calumnias orquestada por el Estado a través del periódico “Canarias 7”.

Aún nos impacta la vergonzosa falta de ética de este medio de comunicación, que reproduce exclusivamente la versión del Estado como si se tratase de un medio oficial, sin consultar a la otra parte afectada para contrastar los hechos.

Entendemos que se trata de otro montaje policial con el fin de criminalizar la lucha por una vivienda digna en una región con cerca de 1.000 desahucios por trimestre y más de un 40% de la población en riesgo de pobreza. Se trata, sin duda, de un ataque directo a un afiliado, como si se tratara de un personaje público, para castigarle por su militancia y desactivarle políticamente. No lo permitiremos.

La versión que publica este medio servil es completamente falsa. Ruymán Rodríguez fue detenido de forma ilegal en abril de 2015 por una denuncia por allanamiento que ya había sido retirada y archivada días antes. La propia Guardia Civil había recogido y documentado la retirada de la denuncia. Sin embargo, aún así fue detenido y llevado al cuartelillo de Guía, donde fue insultado, vejado y golpeado hasta el punto de que tuvo que ser trasladado a un centro de salud y, posteriormente, al Hospital Dr. Negrín como demuestra el parte de lesiones y un auto en el que se abre una causa por tortura contra los guardias civiles que aún sigue abierta. Esta detención arbitraria no se debió a un error, sino un ataque directo para amedrentarle y forzarle a abandonar la Comunidad “La Esperanza”, donde viven más de 200 personas en régimen de precarista. No está de más recordar que en ese acuartelamiento ha habido agentes condenados este mismo año por falsear documentos.

Al contrario de lo que recoge el tabloide “Canarias 7”, el hecho que motivó la detención injustificada no fue una denuncia por extorsión, delito que no aparece mencionado en ningún momento en la acusación del Ministerio Fiscal, sino por allanamiento. Esta denuncia fue presentada por una señora que ocupó una vivienda en “La Esperanza” sin permiso de la Comunidad, saltándose los protocolos y entrevistas internas de la propia Comunidad para entregar una vivienda. Esta señora denunció a toda la comisión de Realojo (unas 6 personas) de la propia comunidad porque ésta le exigió que abandonara la vivienda para destinarla a una familia que la necesitase. Cabe resaltar que el compañero Ruymán no estaba presente en el momento del conflicto entre la comisión y la señora. A pesar de ello, fue la única persona detenida y agredida por las fuerzas de seguridad del Estado. Días después, la asamblea de la Comunidad “La Esperanza” logró aclarar el asunto con la señora, que accedió a abandonar la vivienda que había ocupado sin permiso y retiró la denuncia. No se explican entonces la detención arbitraria, las vejaciones, los insultos y las agresiones que acabaron con nuestro compañero en el hospital. Mucho menos se entiende la acusación por parte de la Guardia Civil de “atentado a la autoridad” por una supuesta patada a un agente que le provocó una “fricción” en la pierna. Una fricción por la que le piden, encima, un año de prisión y 700€ de multa.

Además de recoger la versión oficial, el diario satírico “Canarias 7” da pábulo a las repugnantes calumnias vertidas por el Estado sobre nuestro compañero. Le acusan falsamente de extorsión. Sólo hay que consultar la acusación del Ministerio Fiscal para descubrir que no hay ni una sola mención a tal delito.

Entendemos que estas asquerosas mentiras sólo buscan desacreditar la figura de un compañero que ha perdido salud, tiempo y dinero por asegurar una vivienda digna a personas con necesidad. No sólo buscan desacreditarle a él, sino a todas las que luchan porque no haya familias que duerman en la calle. La FAGC y el Sindicato de Inquilinas siempre han luchado contra la especulación y venta de casas socializadas. Tanto es así que el Sindicato, incluso, sólo se financia mediante una cuota simbólica de 1 euro al mes que ni siquiera todas las afiliadas están obligadas a pagar porque para muchas supone un cartón de leche menos en la despensa. A estas alturas nos sorprende poco que el Estado recurra a estas miserables artimañas, pero confiábamos en que quedara un poso de decencia en este medio de comunicación. Nos equivocamos.

Por todo ello, el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria quiere declarar que:

1. Apoyamos y defendemos incondicionalmente la inocencia de nuestro compañero Ruymán ante las mentiras y calumnias del Estado y sus medios serviles.

2. Jamás permitiremos la criminalización de la lucha por los derechos fundamentales y combatiremos con todas nuestras fuerzas y por todos los medios posibles a quienes traten de desacreditar y desmovilizar a personas y organizaciones por medio de la violencia física y mediática.

3. Llamamos a toda la población canaria y a las organizaciones sociales a protestar contra esta campaña orquestada desde las cloacas del estado y reproducida por los medios esbirros y lamebotas. Cuando atacan a quienes defienden derechos tan básicos como tener un techo, nos atacan a todas.

Como siempre, se trata de una lucha entre opresores y oprimidas, entre quienes desahucian y quienes se juegan el pellejo para que nadie duerma en la calle. Ellos tienen el poder y los altavoces, pero nosotras somos más y las calles, cuando mueren las sirenas y las luces azules, siempre vuelven a ser nuestras.

SIGC

Siempre con la desobediencia

Desde que en 1849 Henry David Thoreau definiera el principio de la “Desobediencia Civil”, esta herramienta popular ha servido para señalar desigualdades sociales, la tiranía de los Estados, la guerra, el imperialismo y todos los fenómenos jerárquicos que atentan contra la vida y la dignidad.

La sentencia del Tribunal Supremo del 14 de octubre sobre el “Procés” no puede verse como un asunto interno catalán, ni como una guerra de nacionalismos y banderas. Quien quiera verlo así estaría pecando de miopía y de una insensibilidad política total.

La sentencia del “Procés” es un ataque directo contra todos los movimientos sociales y una amenaza contra el derecho a la protesta. La sentencia considera que la desobediencia civil masiva debe ser enjuiciada y condenada bajo los tipos jurídicos más duros, con penas de prisión que nos disuadan a todos de la idea de tomar las calles.

Las consecuencias de este dictamen no pueden ser más evidentes: la desobediencia civil, la misma que se enfrentó al Imperio británico, que combatió la segregación racial en EE.UU o que logró la abolición del servicio militar obligatorio en el Estado español, queda completamente criminalizada y tipificada como uno de los delitos más graves, solo por debajo de los delitos de sangre.

En vista de ello nosotros nos declaramos solidarias pero también desobedientes. Somos desobedientes cada vez que paramos un desahucio contra una resolución judicial, lo somos cuando ayudamos a realojar a familias sin hogar y cuando protestamos en la calle ante cualquier injusticia.

Desde Canarias toda nuestra solidaridad con los represaliados, con los presos políticos y también con los sociales, con los catalanes que sufren hoy las cargas policiales (como las sufrieron el 15M cuando se les desalojó de Plaça Catalunya) y con todos los desobedientes que en cualquier parte del mundo le gritan ¡NO! a un Sistema que está reprimiendo por encima de sus posibilidades y que está agotando la paciencia popular.

S.I.G.C.

F.A.G.C.

Negligencia institucional, respuesta sindical

Sobre la inoperancia de las instituciones en el caso de María

María es una madre soltera con un niño de 6 años, parada de larga duración, que ha sufrido distintas formas de violencia machista en distintas etapas de su vida. El 14 de enero de 2019 se enfrentaba a un desahucio por impago de alquiler, sin red familiar que la acogiera ni alternativa habitacional de ningún tipo. A cuatro días del desahucio contactó con el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Desde ahí pudimos dar a conocer su caso a los medios de comunicación, paralizar su desahucio «in extremis» por la vía judicial y presionar a las instituciones para que le ofrecieran una alternativa habitacional.

Dicha alternativa, temporal, de tránsito, consistió en una habitación en un hostal de la capital grancanaria. Esto, evidentemente, no era una solución, sólo una medida a corto plazo que, para ser verdaderamente funcional, debía acompañarse de una alternativa estructural, como admitía entonces el propio alcalde Augusto Hidalgo: «Nosotros hemos adoptado la situación de emergencia habitacional y lo remitimos al Gobierno regional para que busque la solución al problema estructural para que tenga una vivienda estable más allá de la pensión u hotel que le podamos encontrar». Sin embargo, volvemos a encontrarnos ante la tesitura de siempre: un conflicto de competencias se acaba convirtiendo en un conflicto de incompetencias.

María y su hijo llevan ya casi 10 meses en dicho hostal y en ningún momento se ha tratado de buscar una solución definitiva que estabilice su situación por parte de las instituciones. Sin bonos de lavandería, transporte o alimentos (ayudas que sí han obtenido otros realojados en dicho hostal con problemas habitacionales), María ha afrontado sus gastos diarios con sus magros ingresos (PCI + pensión alimentaria de su pequeño) y algún gesto de solidaridad esporádico de sus compañeras del Sindicato. María no ha parado de buscar un alquiler desde entonces, pero en sus circunstancias nadie se lo concede.

A finales de julio un trabajador social del Ayuntamiento de LPGC informaba a María, vía telefónica y de forma expeditiva: «este 1 de agosto el Ayuntamiento va a dejar de pagarte el hostal, o te lo pagas tú o te buscas otra cosa…». La excusa del trabajador social era que María había podido acceder a un trabajo municipal de limpieza durante 6 meses, sin tener en cuenta que que para la mayoría de caseros el tener un contrato de trabajo indefinido se está convirtiendo en un requisito indispensable para acceder al arrendamiento.

Lo lógico, lo racional y humanitario, sería que el Ayuntamiento de LPGC no dejara de costear el hostal hasta que el Gobierno de Canarias encontrara una solución a largo plazo para María y su pequeño. Lo lógico, racional y humanitario, es que el Gobierno de Canarias afrontara este caso con la urgencia que merece, y no permitiera que una mujer, que ha sufrido violencia machista, se quedara en la calle con su hijo mientras los servicios sociales municipales miran hacia otro lado. Pero el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria ya no espera ni lógica, ni razón, ni humanidad de ninguna institución. Con la firme intención de no prolongar más este cruel «tira y afloja» que se traen las administraciones con el caso de María, de no seguir prolongado días de incertidumbre y noches de angustia, la Comisión de Realojo del SIGC procederá a realojar a María y su hijo por sus propios medios, alojándola en una de las distintas comunidades autogestionadas a las que actualmente ayuda y asesora en la isla de Gran Canaria.

Es triste y lamentable que un Sindicato de Inquilinas, sin recursos, ni subvenciones, sin liberados ni relación con ningún partido político, sin más medios que la fuerza de voluntad, la capacidad de trabajo, la inteligencia construida desde abajo y el apoyo mutuo, ofrezca en esta isla más alternativas de vivienda que unos ayuntamientos, cabildos y gobiernos que acumulan los recursos de todas nosotras. Es triste y lamentable que ante la incompetencia e insensibilidad de unas instituciones totalmente enajenadas de la vida de sus vecinos, sea un sindicato de vecinas el que, sin más ingresos que la solidaridad y una cuota voluntaria de 1 euro al mes, proporcione un techo a una familia y evite que una madre y su hijo de 6 años acaben, nuevamente, siendo arrojados a la calle.

Por su parte, a la propia afectada le gustaría agradecer no sólo a sus compañeras del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria por el realojo, sino a todo el personal del Hotel Valencia: a sus jefes, recepcionistas y a «sus niñas», las encargadas de limpieza por el cariño que le han brindado en estos 10 meses de convivencia.

SIGC

Nuevo ataque del Conde y el Ayuntamiento contra los vecinos de los Barracones

Desde hace años, el Conde de la Vega Grande y sus subordinados intentan echar por todos los medios posibles a los vecinos de los llamados Barracones o Cuarterías del Conde (ubicadas en Juan Grande, San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria) de las viviendas que él mismo les concedió, o a sus padres y abuelos, cuando toda esa zona estaba dedicada a la explotación agrícola del monocultivo del tomate y ellos eran sus jornaleros.

La última ocurrencia para echarlos, hace dos años, fue intentar derribar las viviendas “por las bravas”, metiendo maquinaria pesada y destrozando uno de los inmuebles que había conseguido desalojar, previo acuerdo con su anterior inquilina. Pero el resto de la casi veintena de familias que viven ahí ya han manifestado, por activa y por pasiva, que no piensan marcharse. Son de clase trabajadora, esas han sido sus casas durante décadas (algunos llevan viviendo ahí unos 50 años) y no las abandonarán mientras no se les garantice otra alternativa habitacional como mínimo igual de digna.

Sin embargo, el Conde y su gente, con la complicidad del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, prácticamente un apéndice del vetusto condado, no han cejado en su empeño. Como también han pretendido con otras cuarterías del municipio, a través de burofaxes, presiones y la amenaza constante del desalojo forzoso, intentan minar la resistencia de los vecinos.

Si nada de esto funciona, pasan al ataque frontal, y es eso lo que está ocurriendo en los Barracones desde hace 2 días. Operarios de la finca condal, con la obligada connivencia del Ayuntamiento, están levantando un gigantesco molino eólico aledaño a las viviendas de los 63 vecinos de las cuarterías. Esta obra es a todas luces ilegal pues según la última normativa que regula el establecimiento y explotación de aerogeneradores:

Decreto 6/2015

Artículo 29.2. Cuando el planeamiento aplicable no imponga separaciones mayores, la distancia entre un aerogenerador y un núcleo habitado no será inferior a 250 metros para aerogeneradores de potencia inferior a 900 kW y a 400 metros para aerogeneradores de potencia superior.

Como puede apreciar cualquiera que se acerque a la zona, la distancia es a todas luces inferior tanto a los 400 como a los 250 metros estipulados para los aerogeneradores más pequeños. ¿A qué responde todo esto? Es un nuevo intento de coaccionar a los vecinos para que abandonen sus viviendas sometiéndolos al ruido y a las molestias constantes que supones los molinos eólicos industriales.

Por todo esto invitamos a todos los medios de comunicación a personarse en el lugar para que puedan contrastar nuestra denuncia, informarse con los vecinos y a poder ser interrogar al Ayuntamiento y al propio Conde sobre este nuevo intento de acoso inmobiliario.

SIGC

Nuestra lucha contra el desalojo de «La Ilusión»

Convocatoria de rueda de prensa de la Comunidad y el SIGC:

SAREB reinicia el proceso de desahucio contra «La Ilusión»

A principios de diciembre de 2018, los vecinos de la Comunidad “La Ilusión” (una comunidad autogestionada de familias sin recursos que habitan como precaristas un edificio abandonado, actual propiedad de la SAREB, en Telde) recibían una notificación judicial denunciados por la SAREB. Era el intento, por la vía civil, de desalojarlos de sus viviendas. Las vecinas contactan con el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Gran Canaria, e iniciamos una contraofensiva, legal, mediática y de presión institucional, que tuvo como consecuencia que Gaspar Palenzuela, director de RSC de la SAREB, afirmase públicamente que la SAREB detendría el proceso de desahucio e iniciaría negociaciones con el Ayuntamiento de Telde y el Gobierno de Canarias (fuente: La Vanguardia ). Algo que ya nos habían confirmado anteriormente las instituciones: Ayuntamiento y Gobierno lanzan un mensaje de tranquilidad y aseguran que no dejarán desatendidas a las familias de Valle de Los Nueve amenazadas por un desahucio

Contrariamente a este compromiso público, el pasado 22 de mayo de 2019, 4 viviendas de “La Ilusión” recibieron una nueva citación judicial para este próximo 11 de junio. Nuevamente han sido denunciados por la SAREB por un “delito leve sin especificar” (ya podemos confirmar que se trata de “usurpación”). Esto significa que la SAREB reinicia el trámite, esta vez por vía penal, para desalojar a las familias de sus casas.

Esta información ya ha sido puesta en conocimiento, por vía personal o informática, del Ayuntamiento de Telde, el Gobierno de Canarias y la propia SAREB. O bien no hemos recibido respuestas o de recibirlas han sido vagas e insatisfactorias.

Es por todo esto que las vecinas de “La Ilusión” y el Sindicato de Inquilinas convocan e invitan a todos los medios de comunicación a la rueda de prensa que tendrá lugar el próximo lunes día 10 de junio en la propia Comunidad “La Ilusión” (c/ Dos de Mayo, nº 74, Valle de los Nueve, Telde) a las 10:00 a.m..

La Comunidad, compuesta por 14 familias, 41 personas (20 adultos y 21 niños), reclama, junto con el SIGC, que el proceso legal vuelva a paralizarse, pues la situación económica, social y habitacional de las familias no ha variado y la intención de desahuciarlas, sin otra alternativa, sigue siendo un grave atentado humanitario.

 

La rueda de prensa en los medios:

RTVC

COPE

Antena 3

Telde Actualidad

La Provincia

Suspensión del juicio y paralización del proceso:

En los medios: RTVC y La Provincia

Comunicado del SIGC: «La Ilusión permanece intacta»

 

Solo el barrio salva al barrio

El día se presentaba duro. Lágrimas, angustia y ruido. Tratábamos de consolar a Nereida y Natalia, de convencerlas de que hoy no iba a producirse el desahucio; no podía producirse. Las irregularidades a nivel jurídico que se han constatado en este caso nos convencían de ello. Señoras y señores de la administración de justicia: su obligación no es intimidar, ni presentarse en casa de dos madres con 3 menores con medio batallón policial, ni tomar partido por la parte desahuciante; debería ser informar, dar a conocer a los afectados los derechos que les asisten, ser imparciales y no producir un dolor innecesario. Pero sabemos que esto es mucho pedir. Como ayer le decía uno de los miembros de nuestro sindicato a una funcionaria judicial: “Debería sacarse la calculadora de la cabeza, dejar de pensar como una máquina rígida y estricta y pensar que la vida no cabe en un papel, que la vida de 2 madres y 3 niños no puede caber en un maldito papel legal”.

A media mañana, en plena vorágine mediática, con los vecinos movilizados y concentrados, todos a la expectativa, la abogada del SIGC comunicaba a los presentes que el procurador de la parte desahuciante le hacía oficial que hoy no iba a producirse el desahucio. En otro contexto se hubiera celebrado, pero nuestro sindicato sabe perfectamente que esto es sólo una tregua. Lo más difícil, la guerra de verdad, comienza ahora.

Los trámites de desahucio se reiniciarán. La ofensiva judicial volverá a la carga y en un plazo de pocos meses volveremos a estar como ahora, sino lo impedimos. Este es el momento para negociar, para tratar de llegar a un acuerdo contractual con el propietario y para, de no ser posible, arrancar de las instituciones una alternativa habitacional digna.

Visto lo visto, tendremos que morder y arañar para conseguir lo segundo. El aplazamiento del desahucio de hoy no se ha producido gracias a la intervención política o institucional. ¿Qué han hecho las instituciones? Declararse incompetentes y derivar a las afectadas a colectivos que cobran subvenciones, porque los que no cobramos somos demasiado “peligrosos”. ¿Qué han hecho los políticos? Tratar de chupar cámara e intentar que sus siglas se filtren en los titulares sin mover ni un solo dedo.

La realidad es que la pequeña tregua que hoy se ha conseguido es gracias a un barrio harto, agotado, pero a la vez con la suficiente rabia como para denunciar los efectos de la gentrificación voraz que empiezan a detectar. Ven como cada casa de un vecino desahuciado es ocupada por funcionarios del juzgado o la comisaría próximos, o incluso por los incipientes usuarios del alquiler vacacional. Ven, tal y como nos decía una vecina, como el “polígono” empieza a convertirse en “La Vega de San José”. Ven como los especuladores empiezan a intentar que el rico barrio de Vegueta siga extendiéndose y creciendo hasta devorar el polígono y expulsar a sus habitantes. Este desahucio también se ha parado porque un párroco del pueblo ha preferido poner a Natalia y Nereida en contacto con nosotros antes que exigirles “resignación cristiana”. Y por último se ha parado porque, humildemente, desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, con una cuota de un 1 euro al mes, que ni siquiera todos nuestros afiliados pueden pagar, hemos sabido molestar a los medios, insistir en todos los foros y gritar en todos los oídos, hasta obtener este paliativo resultado.

La conclusión es clara y nunca podemos olvidarla: solo el barrio salva al barrio.

SIGC

Denunciamos el desahucio de Virginia y sus tres niñas

Virginia y sus tres hijas menores llegaron a Lanzarote huyendo de la violencia de género. Con un miserable subsidio de 430 euros, sin ningún tipo de ayuda ni cobertura por parte de las instituciones, a pesar de ser una víctima reconocida de violencia machista, se ve sin ninguna alternativa de vivienda. Desesperada, contacta con los vecinos de un edificio okupado que le permiten entrar en una vivienda abandonada del antiguo Banco Popular, actual Banco Santander. Como siempre pasa, en cuanto la entidad bancaria detecta que los pisos que tenía olvidados y deshabitados vuelven a cobrar vida, denuncia a los ocupantes. Intentan condenar a Virginia por vía penal, pero al no conseguirlo (el Provincial de Las Palmas da la razón a Virginia en su recurso) inician la vía del desahucio civil. Es destacable que lo hayan hecho después de estar meses engañando a Virginia asegurándole que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo de alquiler social y que el lanzamiento no se produciría. Sin ningún tipo de escrúpulos, rompen su palabra y pasan la gestión del inmueble a su inmobiliaria: Limara S.L.U., que es la que asume el nuevo papel de denunciante. Virginia ya tiene fecha firme de desahucio para este 17 de mayo. Si no lo evitamos entre todos y todas, ella y sus tres hijas se quedaran en la calle sin más techo que la intemperie.

Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Gran Canaria exigimos a la Inmobiliaria Limara y al Banco Santander, uno de los pocos bancos que durante los años de plomo de la crisis no obtuvo perdidas sino enormes beneficios y una gran cantidad de bienes inmobiliarios, que desistan inmediatamente en sus intenciones de echar a una madre y tres niñas a la calle. Que cumplan su compromiso de llegar a un acuerdo con Virginia y dejen de especular con la vida de la gente.

Exigimos a las instituciones públicas de Lanzarote y del Gobierno de Canarias que dejen de una maldita vez de inhibirse de una realidad sangrante que adquiere los tintes de verdadera tragedia humana. No puede ser que las víctimas de violencia de género carezcan de la asistencia administrativa más elemental, que se les intente separar de sus hijas en los momentos en los que más necesitan estar unidas porque las instituciones sean incapaces de encontrar soluciones que no pasen por romper la unidad familiar. No es posible que se despilfarren recursos en cosas superfluos cuando familias sin recursos, casi siempre con niños a cargo, no disponen ni de las mínimas condiciones para una vida digna. No es admisible que las instituciones, y los partidos que las controlan, se limiten a sus cálculos electorales e ignoren la alarmante situación de nuestras vecinas más pobres hasta que se derrama sangre y un suicidio vuelve a poner el tema de la vivienda en la agenda política.

Pedimos a los medios de comunicación que den toda la cobertura posible a esta tragedia y que no permitan que la voz de casi la mitad de la población canaria (el 40% ya nos encontramos oficialmente en riesgo de pobreza y exclusión social) sea silenciada, ahogada por los procesos de gentrificación, el alquiler vacacional, los intereses de fondos buitres y de bancos a los que rescatamos para que ahora nos pongan la soga al cuello.

Basta ya de terrorismo bancario e inmobiliario. No vamos a permitir que sigan amasando dinero con la vida de nuestras vecinas, con el futuro de nuestros hijos, con la dignidad de nuestro pueblo. ¡Basta!

SIGC

Manifiesto: NO AL DESALOJO DE “LA ILUSIÓN”

NO AL DESALOJO DE “LA ILUSIÓN”

La Comunidad “La Ilusión” es un proyecto habitacional de carácter social, asambleario y autogestionario. Comienza en verano de 2017 cuando 12 familias (36 personas, 16 de ellas niños) sin recursos, víctimas de desahucios, precariedad laboral o incluso indigencia, dan vida a 2 edificios ubicados en El Valle de los Nueve (municipio de Telde, isla de Gran Canaria). El pasado 30 de noviembre les llega la primera citación judicial: la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria, el conocido “banco malo”) quiere echarlos de sus casas.

Los colectivos, plataformas, sindicatos, medios y organizaciones políticas y sociales abajo firmantes:

-Rechazamos rotundamente el desahucio de “La Ilusión”.

-Exigimos a la SAREB que detenga inmediatamente el proceso de lanzamiento y acepte negociar con las familias y buscar soluciones que no pasen por el desalojo forzoso.

-Demandamos a las administraciones públicas, desde el Ayuntamiento de Telde al Gobierno de Canarias, que ofrezcan una alternativa habitacional a estas familias y mientras insten a la SAREB (con un 46% de financiación pública) a detener el desahucio y a empezar las negociaciones.

¡NO AL DESALOJO DE “LA ILUSIÓN”!

Firman:

  1. Federación Anarquista de Gran Canaria

  2. Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria

  1. Asamblea de Firgas

  1. Comunidad “La Esperanza”

  1. Gatazka Ateneoa (Nafarroa)

  2. Periódico Solidaridad Obrera

  1. Procés Embat

  1. PAH Parla

  1. Alasbarricadas.org

  1. Sindicato de Administración Pública (SAP) de CGT Valencia

  1. CNT Villaverde

  1. Coordinadora de Informática de CGT

  1. CNT Córdoba

  1. CNT Andújar

  1. CNT Badajoz

  1. CNT Vitoria-Gasteiz

  1. Anarquismo en PDF

  1. Editorial Calumnia

  1. CNT L’Hospitalet

  1. CNT Terrasa

  1. CNT Valladolid

  1. Editorial Piedra Papel Libros

  1. Movimiento Anarquista Ovejas Negras (Granada)

  1. Espacio Sociocultural La Casa (Tenerife)

  1. Radio Pimienta. Radio social y comunitaria

  1. Asamblea Canaria por el Reparto de la riqueza

  1. A.S. Tewiza

  1. Stop Desahucios Bidasoa

  1. Jaira (Feministas del Norte de Tenerife)

  1. BALADRE. Coordinación contra la precariedad, el empobrecimiento y la exclusión social.

  1. ODS Coia (Vigo)

  1. CNT Confederal

  1. Ateneo Libertario Eduardo de Guzmán de CNT Palencia

  2. CSO Taucho

  1. Distribuidora Ideas de Rebelión

  1. La Furia Colectiva

  1. Stop Represión Granada

  1. Marea Roja Alacant

  1. Zambra Málaga

  1. Stop Represión Málaga

  1. Onda Gorfa

  1. Iniciativa por la Orotava

  1. Radio Klara

  1. Estudiantes Antropológicos La Corrala

  1. El Cosaco Libertario

  1. Círculo de solidaridad obrera y campesina Guillermo Ascanio

  1. Colectivo Antiespecista LiberAbere (Iruña)

  1. CNT Málaga

  1. Santuario La Frontera

  1. CNT Burgos

  1. Ens Plantens! (Colectivo de vivienda del Poble Nou)

  1. Fanzine Libro Asesino

  1. Mujeres Libres Madrid

  1. Heura Negra Assamblea Llibertària de Vallcarca

  1. Sindicat d’Habitatge Vallcarca

  1. C.S.A. La Purga

  1. CNT Mataró

  1. CNT Fuelabrada

  1. Comando Sororidad

  1. Assamblea Llibertària UB Raval – FEL

  1. Assamblea de Vallcarca

  1. Oficina d’Habitatge Popular de Gràcia

  1. Editorial Artefacto (Euskal Herria)

  1. Iruñerriko Herritar Batasuna

  1. Putas Libertarias Raval

  1. Sindicato del Metal CGT Barcelona

  1. CGT Tenerife

  1. CNT Fuenlabrada

  1. Associació Cultural el Raval – el Lokal

  1. Resistim al Gòtic

  1. Espai Veïnal del Cabanyal

  1. Ateneu Llibertari del Cabanyal

  1. CNT Asturias-León

  1. Assamblea Llibertària UPF

  1. Voläpuk Ediciones

  1. CNT Ponent Lleida

  1. ASSI (Acción Social Sindical Internacionalista)

  1. EstudioDesorden.xyz

  2. Centro Social Recuperado de Gamonal
  3. Anarquismos

  4. Assemblea Lliberària l’Oca de Gràcia

  5. PAH San Sadurní

  6. Ezkerraldea Anarkista (Barakaldo)

  7. Agencia de Noticias Anarquistas (Brasil)

  8. Asamblea Feminista Amor y Armonía Benalup Casas Viejas

  9. Ser Histórico

  10. Ateneo Libertario Carabanchel Latina

  11. Escuela Boxeo LA FÁBRIKA

  12. CSO Kike Mur (Zaragoza)

  13. CSO La Lechuza (Santander)

  14. Briega. Contrainformación en Cantabria

  15. Estrella Roja

 

(Para adherirse al manifiesto basta con comunicárnoslo al correo o por redes sociales. Aquí están las distintas formas de contacto)

Vecinos de Valle de los Nueve apoyan a las 12 familias y piden que no se las desahucie

La asociación El Pilar insta al Ayuntamiento a buscarles «una solución habitacional»

pedro hernández 08.12.2018 | 02:57

La Provincia

Primer apoyo público en Valle de los Nueve a las 12 familias que viven en los edificios embargados y situados entre las calles Dos de Mayo y Zaragoza. La asociación de vecinos El Pilar insta al Ayuntamiento de Telde a «buscar una solución habitacional a las familias ante el previsible procedimiento de desahucio que se avecina al tratarse de un inmueble que está inmerso en un procedimiento concursal ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas».

La asociación vecinal, presidida por Jaime Medina, reitera su apoyo «a las familias sin recursos que se encuentran viviendo en el edificio», propiedad del denominado Banco malo, que embargó el inmueble a la constructora que se encuentra en un procedimiento de administración concursal.

«Sería terrible un desahucio»

«Estas familias ocupan esas viviendas, pero ahora tienen que comparecer el lunes en los juzgados de Telde, probablemente porque se ha iniciado ya el procedimiento de desahucio, lo que será un drama para todos ellos», apunta Medina, quien considera que para Valle de los Nueve sería terrible para todos «ver furgonetas policiales para desalojar a estas familias, donde hay muchos niños y se podrían ver escenas dolorosas que no nos gustaría que sucedieran».

El presidente vecinal defiende una solución para estas personas y que el Ayuntamiento por medio de un alquiler social u otra medida logre que no se vayan a la calle. Jaime Medina asegura que «son buenos vecinos, integrados en el barrio y que no han provocado ningún conflicto, son familias normales que tienen a sus hijos en el colegio».

“La Esperanza” dice NO al desalojo de “La Ilusión”

La Esperanza” dice NO al desalojo de “La Ilusión”

Desde la Comunidad “La Esperanza” (la comunidad autogestionada más grande del Estado) queremos manifestar nuestro total apoyo a la comunidad hermana de “La Ilusión” y rechazar con todas nuestras fuerzas la amenaza de desalojo que se cierne sobre ella. Exigimos a las entidades financieras que pretenden desalojarlas que abandonen ahora mismo sus pretensiones y a las administraciones públicas que les ofrezcan una alternativa habitacional asequible y digna en caso de que no se pueda detener lo que a todas luces sería un desastre humanitario. Desde el norte al sur de la isla, la situación de paro, precariedad, salarios insuficientes, alquileres elevados, desahucios constantes, ha ocasionado que muchas familias no hayamos visto obligadas a organizarnos, a pedir la colaboración de organizaciones como la FAGC y a impulsar comunidades como éstas para evitar la indigencia y la disolución de nuestras unidades familiares. Es el sistema el que ha incumplido sus deberes, no nosotras. Por eso, también desde el norte al sur de la isla, es importante fortalecer nuestros lazos de solidaridad y apoyo mutuo, porque en cualquier momento pueden venir a por cualquiera de nuestras comunidades y es vital que demos una respuesta conjunta y coordinada. Repetimos una vez más: “Ni casas sin gente, ni gente sin casa”. Nadie nos puede quitar “La Esperanza” y nadie nos quitará “La Ilusión”.

Comunidad “La Esperanza”