Cuando La Esperanza es la última opción

El proyecto de okupación más grande del Estado español, en Gran Canaria, aloja familias con elevado riesgo de exclusión social.

“De todos los excluidos sociales, en la Esperanza viven los más excluidos”. Así comienza la presentación Ruymán Pérez, miembro de la Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC) y portavoz de la Comunidad Esperanza, para describir la situación humana en los bloques de pisos ocupados en el municipio gran canario de Santa María de Guía y los terrenos que conforman la okupación más grande de España.

La Esperanza es un proyecto para alojar familias con elevado riesgo de exclusión social y desamparo. Sólo pueden residir familias con menores a cargo, que no dispongan de ninguna propiedad y reciban menos de 426 euros mensuales (correspondientes a la prestación canaria de inserción (PCI)). Sin embargo, una parte de los cuatro bloques ocupados, formado por viviendas individuales, se destina al re-alojamiento de personas solas con trayectorias vitales de riesgo.

“Aquí, la mayoría de personas provienen de situaciones de pobreza crónica y desahucios, de la indigencia, los malos tratos domésticos, la inmigración sin papeles, la malnutrición, las enfermedades crónicas y la recogida de chatarra. La Esperanza no es un empleo más; a pesar de la convicción y la reivindicación, está movida por la supervivencia y la necesidad. Es la última salida antes de caer en la pobreza y marginalidad “afirma Ruymán.

Formada por cuatro grandes bloques de pisos inter-comunicados color verde pastel y unos terrenos anexos que las familias desescombrar para convertirse en un huerto del que abastecerse, una gran grúa brota desde una de sus calles interiores; herencia inamovible que se ha integrado como parte del paisaje comunitario. La puerta de acceso se encuentra integrada en un gran muro levantado por las vecinas para resistir un eventual desalojo y, encima, un mural hay reza: “Comunidad la Esperanza: lo último que se pierde”.

La comunidad nació en enero de 2013 impulsada por la Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC) y fortalecida por las luchas que tomaron fuerza a las islas con el 15M contra los desahucios, que golpearon con fuerza el archipiélago. Los cuatro bloques de viviendas fueron puestos a disposición de 73 familias sin recursos, un total de 260 personas, 160 de las cuales son niños.

Los cuatro bloques de viviendas fueron puestos a disposición de 73 familias sin recursos, un total de 260 personas, 160 de las cuales son niños
La FAGC, que en ese momento desarrollaba iniciativas como el Grupo de Respuesta inmediata contra desahucios y la Asamblea de inquilinos y desahuciados, contactó con la propietaria de los bloques deshabitados y obtuvo una cesión para alojar familias sin recursos.

Aún así, Ruymán defiende que la labor de la FAGC no es el asistencialismo; “En un primer momento, liberamos una vivienda para que la gente tenga una base desde donde empoderarse y ofrecemos las herramientas y principios libertarios como forma de organización y vertebración comunitaria.
A la Esperanza se apuesta por la acción directa, el apoyo mutuo, el asamblearismo y la democracia directa. La FAGC se desvincula de cualquier tipo de “tutela” y la forma de gestión interna y la supervivencia pacífica de la comunidad depende de todas las vecinas “aclara

Celebrada un domingo al mes al “Assambleatori” y abierta a todas las residentes que quieran decir la suya, la asamblea es el máximo órgano de poder y decisión de la comunidad. Allí se debaten los problemas comunitarios y los objetivos a alcanzar, aunque las agresiones o conflictos que imposibiliten la convivencia se plantean en asambleas extraordinarias puntuales. “Si hablamos de actitudes persistentes y la asamblea decide expulsar a alguien, la FAGC la realoja en otra vivienda, fuera de la comunidad” explica Ruymán.

Diferentes comisiones rotativas se reparten las tareas y objetivos comunitarios; los re-alojamientos de nuevas familias (actualmente con una lista de espera para otras 70 familias), el mantenimiento de los espacios, el trabajo en el huerto y el asesoramiento legal.

La comisión de economía tiene especial relevancia, ya que gestiona la aportación voluntaria de 25 euros mensuales por familia que, sobre todo, van destinados a sufragar el agua que abastece la comunidad. “Durante varias horas al día, el agua está cerrada y tenemos políticas de racionamiento verano-invierno” explica Ruymán. Esta comisión también gestiona las donaciones que personas y colectivos de todo hacen hacia la comunidad y que provienen, hasta la fecha, de movimientos libertarios ibéricos.

“Aunque la mayoría de gente no proviene de entornos militantes o activistas, funcionamos con principios libertarios porque son los más prácticos para organizarnos. Es un “anarquismo de barrio”, huyendo de grandes teorizaciones, porque prima la supervivencia. Vivimos en condiciones de extrema precariedad; se dan situaciones muy complicadas que no aparecen en los libros ya veces hay que improvisar “señala Ruymán.

“Aquí no somos el sexo débil” defiende la María, víctima de violencia de género en el pasado y que ahora lucha por que los servicios sociales le devuelva a sus hijos. “Llevamos parte del peso de la comunidad, gestionando comisiones, mediaciones y trabajos manuales. Es un feminismo espontáneo pero también consciente “.

Por otra parte, las residentes de la comunidad denuncian las continuas presiones ejercidas desde la Guardia Civil de Guía en forma de seguimientos, diligencias policiales, intimidaciones e identificaciones.

El mismo Ruymán fue detenido por agentes secretas de la Guardia Civil cuando salía de la comunidad el pasado Abril y fue llevado a dependencias policiales. “Fui golpeado y torturado durante 24 horas y recibí amenazas para que abandonara la comunidad y el municipio” declara. Una vez en libertad, Ruymán denunció los hechos con la juez a la vez que los agentes le imputaban un delito de atentado contra la autoridad.

Las residentes de la comunidad denuncian las continuas presiones ejercidas desde la Guardia Civil de Guía en forma de seguimientos, diligencias policiales, intimidaciones e identificaciones
“A comisaría me dijeron que me comería cinco años de prisión. Estamos a la espera de juicio. No me importa, es una estrategia de acoso y derribo de lo que hemos construido aquí. Quieren desestabilizarnos y me atacan porque creen que tenemos “líderes”, pero esto es horizontal y se sostiene solo “defensa Ruymán.

“A Guía no somos bienvenidos” explica Rocío, tesorera en funciones de la Comunidad. “Es un pueblo con un alto nivel adquisitivo, casi aristocrático. La GC nos acosa y dice que llenamos el pueblo de “basura”, en referencia a las personas de la comunidad, porque muchas de nosotros venimos de barrios guetificats de la isla con un fuerte estigma, como Jinama “explica.

“Tenemos los mismos problemas que cualquier comunidad de vecinos, pero somos pacíficos y vivimos tranquilamente, lo tenemos todo limpio y habilidad para los niños. Tenemos mucha más exigencia que el resto de familias de la isla; los servicios sociales venden cada día y amenazan con quitarnos los niños si algo no les gusta. “

Las islas Canarias se basan en una economía terciarizada (75% de los puestos de trabajo), impulsada por el fuerte sector turístico. El año 2014, el archipiélago recibió cerca de 9,6 millones de visitantes, principalmente británicos y alemanes. Los últimos años, esta orientación hacia el turismo en las islas fue aparejada con un incremento del sector de la construcción.

Por el contrario, según el último informe de la Plataforma por la dignidad de las personas sin hogar, de 2012, cerca de 600.000 personas vivían en Canarias bajo el umbral de la pobreza y tan sólo un 25% de los hogares no presentaba ningún indicador de exclusión social.

Cerca de 600.000 personas vivían en Canarias bajo el umbral de la pobreza y tan sólo un 25% de los hogares no presentaba ningún indicador de exclusión social
Por otra parte, las elevadas tasas de paro han convertido crónicas los últimos años en las islas hasta convertirse en un mal social endémico que abarca diferentes estratos de población. Se trata de la comunidad autónoma con un mayor porcentaje de familias con todos sus miembros en paro (16%) y con una tasa de paro estabilizada en los últimos años en torno al 30%. Un 52% de las personas paradas son de larga duración, una cifra que no baja del 50% entre las menores de 25 años, según datos del INE.

Con estos indicadores, la virulencia de los desahucios ha sacudido con especial fuerza el archipiélago. Entre los años 2007 y 2014 el número de desahucios se cuadruplicó y se produjeron 16.634 ejecuciones hipotecarias. Sólo en el año 2014 y el primer trimestre de 2015 se registraron un total de 4.298 lanzamientos en las islas, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el conjunto de las islas, se producen una media de 12 desahucios diarios.

Entidades como la PAH Canarias, que han declarado la situación de emergencia de vivienda, estiman que hay cerca de 130.000 viviendas vacías en todo el archipiélago y, por otra parte, cerca de 21.000 familias solicitantes de vivienda, según el gobierno de Canarias.

A raíz de las movilizaciones y las fuertes campañas ciudadanas en lucha contra los desahucios, el consejo de gobierno canario, “dada la situación de emergencia social”, aprobó en Junio ​​de 2014 la Ley de Vivienda de Canarias o La Ley contra los Desahucios , que permitía la aplicación de medidas de choque como la sanción o expropiación a los bancos e inmobiliarias de sus viviendas vacías.

Sin embargo, la ley no ha llegado a aplicarse debido al recurso interpuesto por el Gobierno central del PP ya la consiguiente suspensión cautelar de la ley por parte del Tribunal Constitucional en abril de 2015.

Actualmente, los bloques se encuentran en un complejo proceso judicial para dirimir su propiedad, ya que han sido absorbidos por la SAREB para liquidar la deuda de la propietaria con Bankia. Aún así, el recurso interpuesto por la propietaria contra esta absorción ha parado el procedimiento y la SAREB deberá superar el recurso para reclamar los bloques.

Pero sea cual sea el resultado del proceso judicial, la Esperanza se mantiene firme en su proyecto e intenta ahora regularizar los suministros básicos, a pesar del silencio administrativo del Ayuntamiento. “Actúa hipócritamente al ignorarnos pero, de manera” informal “, nos deriva familias necesitadas para que las acogemos”, critica la María. “Buscamos trabajo para salir de esta situación de miseria y también planteamos alguna forma de autofinanciarnos desde la comunidad, pero es complejo porque el Ayuntamiento está muy encima para acusarnos de cualquier cosa ilegal “. Y añade: “Lucharemos para regularizar nuestra situación jurídica y conseguir una cesión o alquiler asumible, pero aquí no podemos marchar. La Esperanza es el único que tenemos y lo seguiremos luchando“ .