Un artículo de Bea del Corte e Iris Rodríguez para LaColumna.cat
Con una gestión horizontal y autogestionada, se forma la mayor comunidad okupa de España, una experiencia libertaria llevada a cabo por gente no anarquista. Son las setenta familias que viven en ‘’La Esperanza, lo último que se pierde’’ en Gran Canaria.
A principios del 2013, inmersos en un gran entorno de precariedad social en Canarias: paro –un 35% según la última EPA-, desahucios –más de 4.000 ejecuciones hipotecarias en el último año según el Consejo del Poder Judicial-, crisis económica y de precariedad laboral, un grupo de familias entraron a okupar un bloque de pisos vacíos en el municipio de Santa María de Guía, al norte de la isla de Gran Canaria, una de las 7 islas del archipiélago canario.
En una coyuntura social en la que la okupación de pisos vacíos está cada vez más legitimada debido a la crítica situación de la vivienda, lo que diferencia esta comunidad okupada es la organización que les apoyó en la acción. Fue la Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC), que dio pie a una organización vecinal y comunitaria compleja pero enriquecedora. Hoy 200 personas viven allí. Son la comunidad Esperanza, “lo último que se pierde”.
La federación anarquista planteaba esta lucha social con un objetivo primordial: solucionar la falta de vivienda, además de conseguir el favor social de una mayoría que legitimase su acción, propone una reivindicación en clave de conflicto. “Si te limitas a proporcionar servicios básicos, el capitalismo vuelve a ser el mejor sistema para la gente y eso no genera ningún aprendizaje”, explica Ruymán Rodríguez, portavoz de la federación.
Se creó así la gestión libertaria de un espacio común. Sin embargo, el proceso tanto previo como durante la okupación fue complejo. La legitimación social de esta acción implicó un gran trabajo base, muchas reuniones con vecinos de los barrios con mayor riesgo de exclusión social y que más están sufriendo las consecuencias de la crisis, con okupaciones puntuales de pisos vacíos hasta que apareció la posibilidad de entrar a vivir en un edificio que la constructora Piornedo había dejado sin acabar en Guía, Gran Canaria.
La idea inicial era acompañar a los nuevos inquilinos en el inicio del proyecto, darles las herramientas para coordinarse y posteriormente desvincularse de la okupación como colectivo. Setenta familias se acabaron uniendo al proyecto; en las que el asamblearismo fue la principal forma de organización en la comunidad. Aunque como cuenta Ruymán, miembro de la FAGC y habitante del edificio durante año y medio, las dinámicas asamblearias son complejas de aplicar si no se tiene cierta experiencia. Se consiguió generar el entendimiento y funcionamiento necesario de las comisiones, pero cuando la federación anarquista quiso desvincularse de la okupación -para convivir sin una ayuda que pudiese politizarlos- , se crearon “golpes de estado autoritarios dentro de la propia comunidad”. La FAGC tuvo que volver a vincularse para ofrecerles herramientas de organización, generar espacios de aprendizaje y formación y crear comisiones de gestión de la comunidad y de resolución de conflictos.
En La Esperanza viven con luz de obra, bidones de agua y aproximadamente un 30% de los vecinos se alimentan a partir de una huerta común. Hay una importante variedad étnica y con ella los consecuentes prejuicios y sub-prejuicios dentro de los propios inquilinos. Actitudes sociales que describen a la perfección la estructura social en la que vivimos, cargada de estereotipos y categorías.
Entre las más de setenta familias hay una gran diversidad de perfiles, familias, inmigrantes, niños, parados de larga duración, trabajadores precarios, etc. Muchos de ellos son profesionales de la construcción que se quedaron inactivos después de la crisis del boom inmobiliario, por lo que se encargan de resolver cualquier problema técnico o de infraestructura en el edificio, apunta el portavoz de la comunidad.
Respecto a los roles de género, es evidente que se mantienen en tanto que es muy complicado sacar a las personas de sus actitudes intrínsecamente machistas, explica Ruyman. Sin embargo, el rol de fuerza masculina se pudo ver diluído ante el papel de las mujeres en la resolución de todos los conflictos que se daban en la comunidad. El empoderamiento de la fuerza femenina no solo se da a través de formaciones y talleres.
A nivel legal, el bloque de la comunidad pertenece a la SAREB -Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria-, conocido como el banco malo. Algunos de los problemas que se pueden presentar es un desahucio cautelar por algún problema estructural (como un incendio o inundación). Por lo que ahora se encuentran en el segundo intento de desligarse de la federación anarquista, ya que los vecinos cuentan con mayor experiencia en gestión asamblearia y deben enfrentarse a una nueva situación. En primer lugar, piden al Ayuntamiento que les ayude a regularizar los suministros para el abastecimiento público de luz y agua, pagando lo que corresponda; también demandan que asuma la titularidad de las viviendas con un alquiler social asequible a sus ingresos, siempre siguiendo con los patrones de su gestión libertaria.
Ante las críticas posibles a que con el soporte de la FAGC a la comunidad se produjese una influencia ideológica, el portavoz no duda: “una vez les ofrecemos las herramientas, decidimos que el papel de la Federación debe cambiar: abandonar el rol paternalista y dejar que la comunidad evolucione por sí sola; aunque como libertarios no nos sintamos identificados con sus futuros actos o decisiones”.
En definitiva, no buscan con sus acciones solucionar una cuestión habitacional sino plantear soluciones a problemas sociales abriendo una grieta profunda en el sistema: dejar de retroalimentarlo. El archipiélago canario, con más de 2.100 millones de habitantes (800.000 en Gran Canaria), es de las comunidades con mayores riegos de exclusión social. Aproximadamente un 30% de personas viven bajo el umbral de la pobreza y un 16% de familias tienen todos sus miembros en paro (INE). Pero además, tiene una de las mayores incoherencias del sistema: existen cerca de 130.000 viviendas vacías (según la PAH Canarias) y unas 21.000 familias solicitantes de vivienda (según el gobierno autonómico).
El portavoz de la Federación Anarquista de Gran Canaria es consciente de la particularidad de esta experiencia libertaria. Es un producto consecuente de la crisis, llevado a cabo por gente no anarquista, fruto de la necesidad de plantear alternativas a la desigualdad social.
