Aparceros del conde en el siglo XX; desahuciados por el conde en el XXI

Iván Suárez

Adentrarse en las cuarterías del pago de Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana, el mayor municipio turístico de la isla de Gran Canaria, es viajar en el tiempo. Medio siglo atrás, en estos barracones se hacinaban familias de aparceros del tomate al servicio de un conde, el de la Vega Grande, que dominaba vastas extensiones de terreno en el sur de Gran Canaria. A la de Candelaria (nombre ficticio) la trajeron de Moya, municipio norteño, Juan y Candidito, emisarios de Alejandro del Castillo y del Castillo, octavo conde de la estirpe y tío del actual, Alejandro del Castillo Bravo de Laguna. Corrían los años sesenta y la familia de nobles, que presume de haber introducido el tomate y el turismo en la isla, buscaba en el norte mano de obra para trabajar en sus tierras.

Candelaria, entonces menor de edad, compartía un pequeño habitáculo, una infravivienda de menos de treinta metros cuadrados, sin agua y sin luz, con su madre y sus cinco hermanos. Vivía allí a cambio de trabajo, como parte del salario. A las siete de la mañana acudía al almacén contiguo a hacer ceretos, remendar cajas y empaquetar los tomates que partían en camiones de noche hacia el puerto de la Luz y de Las Palmas, en la capital. A las dos regresaba a los barracones para almorzar y a la tarde estaba de vuelta en el almacén. Candelaria recuerda con un fino hilo de voz, casi imperceptible, esas extenuantes jornadas que en ocasiones se prolongaban “hasta las dos y las tres de la madrugada”. “Ni en Viernes Santo descansaba”, relata mientras muestra los callos de los dedos como prueba.

Más de cincuenta años después, los herederos del condado de la Vega Grande están a punto de dejarle sin casa. Candelaria es una de las 63 personas, 24 de ellas menores, que habitan en las cuarterías, hoy remozadas. En total, 19 familias de extracción obrera, muchas de ellas integradas por desempleados de larga duración. Aún quedan algunos de los antiguos trabajadores de las tomateras del conde, pero la mayoría son hijos o sobrinos de los jornaleros, que permanecieron en los barracones, sin contrato ni pago de alquiler, pero con el consentimiento de los aristócratas, tras la quiebra del negocio de explotación agrícola, en los años ochenta. Desde hace tres meses luchan contra la amenaza de la piqueta. Los propietarios del terreno, una parcela de unos 1.800 metros cuadrados, quieren derruir las cuarterías para construir en su lugar una nave industrial.

El pasado 27 de marzo, un abogado de la familia condal entregó a los vecinos una carta en la que les daba tres meses para desalojar las cuarterías, bajo la amenaza de iniciar acciones legales. El plazo se cumplió este martes, pero aún no han recibido noticias. El Grupo Inmobiliario Tinojai, propiedad del conde y promotor del desahucio, no se ha manifestado desde entonces y tampoco ha querido ofrecer su versión a este periódico. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de su alcalde, Marco Aurelio Pérez, afirma que el desahucio está desactivado desde hace dos meses y que los propietarios se han comprometido con la administración a estudiar cada situación de forma individual. El regidor sureño sostiene que algunos vecinos “tienen capacitación económica” y que sólo siete están siendo atendidos por los servicios sociales del Consistorio. Insiste, además, en que todos ellos tienen “en teoría” contratos de alquiler. Los afectados desmienten las afirmaciones del político y le retan a encontrar y enseñar esos supuestos contratos. El Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, que asesora a las familias, está convencido de que los vecinos tienen derechos jurídicos adquiridos por el tiempo para reclamar el usufructo de esas viviendas que han utilizado en precario (ocupación a título gratuito y sin plazo) durante todos estos años.

“Cuartos de animales”

Los barracones están situados en la trasera de la denominada finca condal, un complejo histórico que acoge en la actualidad eventos y celebraciones. A apenas 700 metros del lugar se encuentra el Centro Penitenciario Las Palmas II, la cárcel de Juan Grande, inaugurada en 2011. El Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana de 1996 prevé para la zona un uso industrial.

Desde que tuvieron conocimiento de las pretensiones del conde, los vecinos de los barracones se organizaron para tratar de impedir el desahucio. Quieren quedarse en esas cuarterías que han ido adecentando con su propio trabajo, pero reclaman una alternativa habitacional para no quedarse en la calle en caso de que los propietarios cumplan su amenaza. Los administradores de los terrenos de la familia Del Castillo han ido preparando el desalojo desde hace años. Algunos vecinos firmaron escritos en los que se comprometían a abandonar las viviendas de forma “voluntaria y pacífica” en un plazo de cinco días desde que se les comunicara y a dejarlas “en perfectas condiciones a disposición de la propiedad”. El Sindicato de Inquilinos sostiene que lo hicieron coaccionados.

De las formas de expresión utilizadas se desprende que esos documentos -con planos incluidos- fueron redactados por la empresa condal, aunque figuran como si hubiesen sido escritos por los propios vecinos. En uno de ellos, fechado en agosto de 2015, se solicita autorización para seguir usando en precario uno de los barracones, al que se le denomina hasta en seis ocasiones como “cuarto de animales”. El escrito expone que el hecho de que los propietarios permitan a una antigua aparcera permanecer en la casa debe interpretarse como “mera condescendencia y liberalidad” y no supone “el reconocimiento de derecho alguno” ni implica “ser compensado o indemnizado en caso de revocación”. El texto prosigue: “Serán de mi cuenta todos los gastos derivados de los consumos, reparaciones y mantenimientos del citado cuarto de animales mientras lo esté usando, sin que por ello pueda reclamarles nada por ningún concepto”.

Los vecinos cuentan que han sido ellos mismos, con su dinero y su trabajo, quienes han reformado las cuarterías para hacerlas más habitables. Ana es una de las afectadas de mayor edad. Comenzó a trabajar para el conde a los 16 años y lleva 27 en los barracones de Juan Grande: “Cuando llegué aquí no tenía baño, ni cocina, ni nada. Lo hemos ido arreglando al golpito para vivir como personas, no para vivir con lujos ni nada, no queremos riquezas”. Candelaria recuerda que al principio sólo había una letrina para todos -llegaron a convivir más de 300 personas en tan reducido espacio, según algunos de los relatos- y que la electricidad llegó a sus casas hace menos de veinte años. “Teníamos la luz y el agua del almacén. Les pagábamos mil pesetas de agua y mil pesetas de luz”, rememora Eduardo, sobrino de una antigua aparcera.

“Esas casas eran chabolas, ahora las han habilitado y las han convertido en viviendas, con su propio dinero. Son todos trabajadores, ninguno tiene segunda vivienda, ni otros ingresos que los de sus trabajos o subsidios. Todos han levantado sus casas con sus propias manos como para ahora tener que abandonarlas por el capricho de un conde”, denuncia Ruymán Rodríguez, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, una asociación de reciente creación -se constituyó en enero- que ya cuenta con un centenar de afiliados.

Primer desalojo

Antes de Semana Santa se produjo el primer desalojo en los barracones de Juan Grande. “Ese día vino el abogado del conde con dos obreros que se pusieron a tirar la casa sin permiso, sin ningún tipo de seguridad y sin avisar a los vecinos. En la casa de al lado viven menores. Cuando salí, me entregaron un papel que decía que en tres meses teníamos que abandonar las viviendas. Les dije: ¿Y a dónde vamos? Porque yo no tengo casa, nadie tiene casa aquí. Si la tuviéramos, no viviríamos así. Me respondieron: Bastante les hemos dado ya”, recuerda la joven Ayesha. “Llegaron, sacaron los muebles ellos mismos y empezaron a picar los techos. Cuando nos metimos dentro, pararon. Estuvimos llamando a la Policía Local desde las nueve de la mañana hasta las doce. En San Bartolomé siempre se ha dicho que el Ayuntamiento y el conde son lo mismo”, tercia Eduardo.

El Sindicato de Inquilinos precisa que el primer vecino desahuciado de las cuarterías era el único que había accedido al lugar a través de un contrato. “Como no podía pagar el alquiler, entregó la vivienda y el conde le perdonó la deuda. Cuando se quedó vacía, la derribó”, relata su portavoz.

La lucha contra el desalojo se dirime en varios frentes. En la vía judicial, el sindicato garantiza a todos los vecinos asistencia letrada en caso de que los herederos del conde de la Vega Grande decidan acudir a los tribunales y defiende que existen argumentos jurídicos para que los afectados puedan permanecer en sus viviendas por los derechos adquiridos durante todos estos años. La organización de ayuda al inquilino también promueve lo que Ruymán Rodríguez denomina la “guerra de tintas”, esto es, la presión mediática para que la administración actúe garantizando una alternativa habitacional a los vecinos. También prevé organizar concentraciones y manifestaciones para movilizar a la sociedad civil. “Si nada de esto funciona, tendremos que convocar un piquete antidesahucios, un muro humano en los barracones para que no los echen”, concluye.