Decenas de organizaciones ciudadanas nacen por todo el Estado para hacer frente a la subida de los alquileres, un negocio especulativo impulsado por fondos de inversión y el auge de los arrendamientos turísticos.
Por Ter García.
Aparecido el 4/17/18 en El Salto
Conxita Torner vive en L’Eixample, en Barcelona, barrio en el que nació. Con un contrato de 15 años, pagaba por su piso, donde vive junto a su marido y tres hijos, 1.050 euros. Hace poco le tocó renovar el contrato, y la empresa propietaria de su vivienda —Uisa Sapi— le subió el alquiler a 2.000 euros mensuales. Negociaron y consiguieron que el alquiler se quedara en 1.500 euros al mes para los próximos dos años, y a partir de entonces, 1.600 euros al mes. Un 50% más de lo que pagaban hasta ahora.
Natividad Campodarbe también vivía en Barcelona, concretamente en Poble Nou. Después de 25 años en la misma vivienda, por la que pagaba 600 euros mensuales, recibió una carta en la que se le exigía que abandonara en un plazo de dos meses. Intentó negociar, pero el propietario de su vivienda, que lo es también de todo el edificio y de tres cuartas partes de toda la manzana, le dijo que no. Intentó organizarse con los vecinos, pero ninguno más había recibido cartas para que abandonaran sus viviendas. Buscando pisos por un precio parecido al que pagaba terminó en Tarragona. “Si nos hubiéramos organizado, se podría haber solucionado este problema, pero nadie quiso porque pensaban que no les iba a afectar”, lamenta.
Barcelona es, desde 2015, el municipio más caro de España. No fue en 2017 cuando los precios explotaron en la capital catalana. “En los últimos cuatro años el incremento de los alquileres ha tomado unas dimensiones espectaculares”, explica Joan Balanach, de la Federació d’Associaciones de Veïnes y Veïns de Barcelona (FAVB). Según calcula, entre 2013 y 2017 los alquileres han subido hasta un 40%.
“La parte de la renta destinada al alquiler ya se sitúa casi en el 50% de media”, añade. Un aumento especulativo que, además, según resalta, ha ido unido a la precarización laboral y que lleva irremediablemente a la expulsión de los vecinos de los barrios de una ciudad en la que, según valora esta institución, casi la tercera parte de los hogares vive en régimen de alquiler.
A raíz de esta situación, en mayo de 2017 nació el Sindicat de Llogaters y Llogateres —que ya cuenta con 1.200 afiliados— además de decenas de colectivos de barrios que se han marcado como objetivo revertir el problema de los alquileres. A día de hoy están centrados en la campaña Ens quedem. “Es una campaña contra los desahucios invisibles, que son las expulsiones que se producen cuando no se renuevan contratos o se hace una subida desproporcional del alquiler”, explica Irene Sabaté, miembro del sindicato. “Es la respuesta a las inversiones especulativas que compran edificios enteros para su revalorización, es la propiedad vertical”, añade.
Los fondos de inversión se han lanzado, en Barcelona como en el resto del Estado, al negocio del alquiler. Según explica Sabaté, solo en la presentación de la campaña nombraron a diez de estos grandes propietarios. “Tirando del hilo con la gente que vino a la asamblea contabilizamos unas 3.000 viviendas en Barcelona que pertenecen a este tipo de propietarios, y es solo la punta del iceberg: la propiedad vertical es mucho más frecuente de lo que podamos sospechar”, detalla.
El sindicato, observando también el trabajo sobre este tema realizado por La Directa, ha situado en un mapa las decenas de fondos de inversión y grandes propietarios que se están quedando con Barcelona: Vauras Investment, Norvet, MK Premium… algunos están especializados en vaciar edificios para venderlos multiplicando su precio.
Los primeros en organizarse
Aunque Barcelona sea el municipio más caro, no es el que más vio aumentar la renta de alquileres el pasado año. Este puesto lo tiene Santa Cruz de Tenerife, con un 22,7% de encarecimiento según el portal Idealista —referente de administraciones como el Ayuntamiento de Madrid ante la falta de datos oficiales y cuyos fundadores, según destapó El Confidencial, también meten cuchara en el negocio inmobiliario a través de una sociedad de inversión—.
No es casual que haya sido en Canarias donde surgió el primer sindicato de inquilinos, en su caso impulsado por la Federación Anarquista de Gran Canaria en enero de 2017. “Se deprimen las zonas, se compran por cuatro duros, se revalorizan y los vecinos se van a la calle. No se diferencia mucho del esquema general”, explica Sergio González, miembro del sindicato canario, sobre la situación en las islas.
González señala que la subida de alquileres comenzó en los barrios clásicamente turísticos, pero pronto llegó a los demás: “Ya por menos de 600 euros no consigues un mal apartamento en el extrarradio”. Aunque el problema de la vivienda siempre ha estado presente en Canarias, ha sido en los tres últimos años cuando se ha recrudecido.
Su respuesta: la acción directa con forma de ocupación. No tienen números concretos, pero cifran en medio millar las personas realojadas desde que se creó el sindicato hace poco más de un año. “Ha sido gota a gota, aunque hay algunos casos grandes como la comunidad La Esperanza, en el municipio de Santa María de Guía, donde 76 familias —más de 200 personas— pasaron a vivir en cuatro bloques de viviendas embargados por Bankia.
“Ahora hay un edificio en el que vamos a meter a ocho familias”, continúa González. El sindicato les da apoyo, pero son ellos los que tienen que hacer suyo el espacio, modelo también aplicado por la Obra Social de la PAH. El último caso que ha llegado a este sindicato es el de una pareja y sus dos hijos a los que dieron una semana para abandonar su vivienda. Primero consiguieron que les dieran un mes de plazo y ahora están trabajando en encontrarles un sitio. “Este año en Canarias hay 18.000 o 20.000 demandantes de vivienda, y viviendas vacías hay más de 100.000. Casi todas son de bancos, que son nuestra comida favorita, no particulares”, continúa.
En Baleares también está a punto de nacer un sindicato de inquilinos. Será en Mallorca y está impulsado por el colectivo Stop Desnonaments. El alquiler ha subido un 20% en 2017, y entre un 40% y un 50% en los últimos tres años —según diversos portales de vivienda—, tiempo que coincide con el nuevo ciclo de alquiler impuesto con la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. “Barrios como La Soledad están superdeprimidos y se los están quedando banqueros, narcotraficantes y especuladores”, acusa José Manuel Segura, de Stop Desnonaments.
¿DE DÓNDE VIENE ESTO?
El alquiler vacacional, la entrada de los fondos de inversión por la puerta grande en el negocio del alquiler, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la falta de parque público de vivienda en alquiler son las causas más repetidas de un problema que afecta a todo el Estado.
En algunas comunidades autónomas, como Madrid o Baleares, se han lanzado a modificar las leyes sobre apartamentos turísticos. Sin embargo, los cambios no han sido dirigidos a frenar su expansión. “Lo que se ha hecho aquí con la nueva ley es legalizarlo, ahora hay 60.000 plazas legalizadas por la Conselleria”, señala Segura en referencia a Mallorca, matizando que lo que sí se ha hecho es diferenciar las zonas saturadas y las que aún no lo están.
En otras zonas de esta ciudad, como la de la Guerrería, Segura señala que las políticas dirigidas a revitalizar el barrio han tenido como consecuencia que una misma empresa se quedara con hasta 21.000 viviendas. “Reforman los pisos y actualizan las rentas, ahora piden 1.500 euros por pisos de 56 metros cuadrados”, añade. “Palma entera está saturada y mientras se permita el alquiler vacacional, que las socimis tengan exenciones fiscales y facilidades para comprar bloques enteros, y la ley permita el alquiler vacacional, esto va ir a peor”, concluye.
Tampoco se ha potenciado hasta ahora la vivienda pública, variable considerada por todos los entrevistados como determinante para frenar la subida de los alquileres. En Madrid, Vicente Pérez, responsable del área de vivienda de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) señala que entre el IVIMA —instituto de la vivienda de la comunidad— y la EMVS —su equivalente municipal— reúnen una lista de espera de 20.000 familias para acceder a vivienda pública. “No hay oferta pública suficiente ni de lejos, en la comunidad hay más de 200.000 viviendas vacías y ni los ayuntamientos ni la Comunidad de Madrid hacen nada para que este parque salga al mercado”, señala Pérez.
En Catalunya, la situación no es mucho mejor. “Estamos en un 1,5% de parque de vivienda pública y la Ley catalana de Vivienda establece que para 2037 deberíamos estar en el 15%. El ritmo es insuficiente, pero reconocemos que el Ayuntamiento de Barcelona está impulsando este tema”, afirma Sabaté.
“Como en todas las ciudades tenemos un problema endémico de que el tema de las viviendas de protección oficial no ha existido prácticamente en las agendas políticas”, añade Balanach, quien apunta que en Barcelona el problema es tan grave que el Ayuntamiento ha tenido que realojar a 6.000 familias en residencias porque no tienen viviendas suficientes para los casos de emergencia habitacional. “Es una situación dramática, y generalizada en todas las ciudades”, concluye.