Hace apenas unas horas (este jueves 10 de enero, a las 7 de la tarde) acaba de contactar con el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, María del Pino Santa González, una madre soltera con un hijo de 5 años exclusivamente a su cargo. Su situación es desesperada. El próximo lunes día 14 tiene una resolución judicial firme (contra la que ya no se puede recurrir) en la que le ordenan abandonar su vivienda, en Casablanca 1 (Las Palmas de Gran Canaria), a las 12 del mediodía. María y su hijo van a ser desahuciados, si no hacemos algo para impedirlo.
El contrato de alquiler de María ha expirado. Ella cobra un subsidio de 420 540 euros y con esos ingresos nadie está dispuesto a ofrecerle un alquiler. Por más que ha buscado no encuentra una solución. Además es víctima reconocida, con sentencia firme, de violencia de género. Su situación de absoluta vulnerabilidad se ve agravada porque recordamos que también víctima del desahucio será su hijo de sólo 5 años. El mayor miedo de María es que los servicios sociales le arrebaten a su hijo. No lo podemos permitir. Es urgente tomar medidas para evitarlo.
1º Convocamos a todos los medios de comunicación para que se hagan eco de la noticia, a pesar del poco margen de tiempo, para que contacten directamente con la afectada y puedan dar voz a su historia para que sea conocida por la opinión pública. El Sindicato de Inquilinos también se pone a su disposición.
2º Sin casi margen para maniobrar legalmente, se intentará presentar un escrito en juzgados sin mucha fe de que tenga resultado.
3º Hacemos un llamamiento a las instituciones públicas competentes (especialmente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias) para que no hagan dejación de sus funciones y ofrezcan una solución habitacional, aunque sea inicialmente temporal, que impidan que María y su niño acaben el lunes 14 durmiendo en la calle.
4º Si no hay ninguna solución para esta familia, no quedará otra vía que parar el desahucio a través de la movilización popular. Éste es el penúltimo cartucho que nos queda en la recámara y esperamos no tener que recurrir a él.
Exigimos una solución para María y su hijo. Canarias vive una situación de emergencia habitacional, de verdadero terrorismo inmobiliario, donde los derechos de los inquilinos sin recursos cada vez valen menos. Hemos de detener esta situación antes de que más vidas se sigan rompiendo de forma definitiva.