Fuente: Canarias 7
Javier Darriba
La vecina de Casablanca I, víctima de violencia de género y afectada por un lanzamiento, se mudó al hotel que le ofreció el Ayuntamiento. El Gobierno le busca casa. Su expulsión quedó congelada tras un recurso que puso sobre la mesa la necesidad de un informe de vulnerabilidad.
La joven que ayer se enfrentaba al desahucio por impago del alquiler junto a su hijo de cinco años se mudaba ayer a la habitación de hotel que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le buscó como solución provisional para evitar que se quedara en la calle cuando se enteró de que el juzgado suspendía provisionalmente su alzamiento.
Aunque no están claro aún los motivos por los que se suspende sine die el desahucio, ya que la notificación a la abogada de oficio se hizo de modo presencial y no hay constancia documental de la decisión, desde el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria y la Federación Anarquista de Gran Canaria creen que el fallo tiene su fundamento en el recurso de urgencia que presentó la abogada Isabel Saavedra el viernes a última hora.
Lo que se solicitaba en este escrito era que se aplicara el Real Decreto 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. «Esto exige, para los casos de desahucio que afectan a familias vulnerables, la elaboración de un informe de situación por parte de los servicios sociales municipales», explica Saavedra. «Si se confirma que la decisión del juez se basa en este recurso sería el primero de Canarias, probablemente», explica la letrada, quien señala la importancia del nuevo escenario, con la exigencia de informe de vulnerabilidad.
La noticia de la paralización del alzamiento sorprendió a María del Pino Santana en pleno proceso de mudanza. Desde primera hora, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le ofreció un coche para llevarla al hotel, un vehículo para trasladar sus enseres y un espacio en El Sebadal para depositarlos en caso de que lo necesitara, según explicó el concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega.
La decisión de paralizar el desahucio generó dudas sobre si María del Pino debía quedarse en la casa actual o mudarse al hotel ofrecido por el Consistorio, pero al final se decidió que aceptara la oferta municipal. «En la casa de alquiler no tenía agua desde hace meses», explicó el representante del Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria, Ruymán Rodríguez, «esperemos que ahora no retiren la posibilidad de que se acoja a otras ayudas sociales».
Además, Isabel Saavedra insistió en el carácter provisional que debe tener el alojamiento en el hotel porque carece de cocina. También tenía dudas sobre el régimen de comidas la propia afectada. «Se supone que tengo que ir a cafeterías porque al no haber cocina no cabe otra, aunque creo que mi vecina Carla me hará alguna comida de vez en cuando», explicó. Su vecina le ha ayudado a mantenerse estos dos últimos meses y le ofreció su casa para depositar todos sus enseres.
El responsable del área municipal de Cohesión Social dijo que desconocía la decisión judicial pero mantuvo la oferta de ayudas económicas «para hacer frente a los pagos de la estancia y de las comidas». El concejal aclaró que se ha llegado a un acuerdo con un restaurante de la zona para que pueda alimentarse junto a su hijo. Además, María del Pino podrá acceder a prestaciones económicas de especial necesidad o a las de emergencia que dependen del Ayuntamiento capitalino. «La cuantía será lo suficiente para cubrir sus necesidades», expuso Ortega, quien recordó que, en todo caso, habrá que esperar al Gobierno de Canarias para obtener la solución definitiva. «Hemos instado al Gobierno canario a que asuma su responsabilidad y le ofrezca una alternativa habitacional», reseñó, «lo principal es que se le pueda ofrecer una vivienda».
Al respecto, la directora del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), Pino de León, aseguró que la Comunidad ya se ha puesto en contacto con María del Pino y con el Ayuntamiento «para atender su caso y darle solución». Aclara que Vivienda desconocía el caso de esta vecina de Casablanca I, por lo que no se ha podido aplicar el protocolo del programa Canarias +Viviendas x Familias que hace que el Gobierno de Canarias se dirija al propietario del piso (el arrendador) y al juzgado para pedirles que suspendan el desahucio hasta que se le pueda ofrecer una alternativa habitacional.
En este caso, lo que se va a hacer es ofrecerle una de las alrededor de 90 viviendas que conforman una bolsa de pisos en toda Canarias que ofrecen La Caixa y el banco malo en virtud de sendos convenios que el Icavi tiene firmados con las dos entidades bancarias.
Pino de León señaló que «cuando ponen a nuestra disposición estas viviendas, generalmente hace falta acometer pequeñas obras de rehabilitación porque no podemos ofrecerlas sin agua ni luz».
La directora del Icavi indicó que se va a agilizar la obra para que la casa sea puesta a disposición de María del Pino lo antes posible. Descartó que pueda acceder a una casa de Visocan (la empresa de viviendas sociales del Gobierno canario) porque solo ofrece pisos protegidos de promoción privada a precio tasado, lo que supone una renta mensual de entre 300 y 350 euros.
En cambio, la solución que se le va a prestar a la vecina de Casablanca I es una vivienda pública en la que no tendrá que pagar más del 12% de sus ingresos, lo que implica que su mensualidad no podrá exceder de 65 euros.
La abogada Isabel Saavedra agradeció al Sindicato de Inquilinas y a la Federación Anarquista de Gran Canaria su denuncia del caso de María del Pino, pero lamentó que se están produciendo muchos otros sin que haya una respuesta institucional óptima. «En el último trimestre del año pasado los lanzamientos en Canarias crecieron un 13% respecto a 2017», explicó, «este caso concreto demuestra la falta de previsión de un Ayuntamiento que se dice del cambio y que actuó porque no podía permitirse un piquete antidesahucio en plena fase preelectoral».
Para el PP, el caso de María del Pino Santana es «un nuevo ejemplo del fraude social» ya que «nadie del tripartito de las personas tomó cartas en el asunto hasta que la denuncia fue recogida por los medios de comunicación», indicó la edil Carmen Guerra. «Ni oficina antidesahucio, ni bono social del agua, ni nada. Este gobierno que llega a su fin de caracteriza por ser un gobierno de cartón piedra, que utilizó las necesidades sociales de las personas para justificar la conformación de un pacto de perdedores», añadió.
Al margen del rifirrafe político, la afectada se mostró contenta «porque tengo un techo», aunque sabe que todavía hay que esperar por la decisión final.