El Sindicato de Inquilinas afirma que el desalojo de Nereida y Natalia no tiene fundamento legal y que pelearán en la justicia por la «responsabilidad» del juzgado y del Ayuntamiento capitalino, por la actuación en el caso de la Policía Local.
El Sindicato de Inquilinas hace bandera de la lucha por las hermanas Nereida y Natalia Espino y sus hijos, desahuciadas el pasado martes en la Vega de San José en un caso esperpéntico en el que primero fueron estafadas y luego fueron desalojadas con una orden a nombre de otra persona. Ruymán Rodríguez, portavoz de la asociación, asegura que el desahucio fue «ilegal» y anuncia acciones ante la justicia para tratar de revertir el caso.
El caso de Nereida y Natalia está lleno de singularidades. Primero accedieron a su vivienda tras responder a un anuncio en Internet, que resultó ser una estafa ya que quien les cobró el acceso al inmueble nada tenía que ver con él. Luego recibieron la notificación de desahucio a nombre de una antigua inquilina, y cuando intentaban llegar a un acuerdo para pagarle por el piso a sus propietarios reales fueron desahuciadas sin notificación previa.
Ese punto final es el que tiene «enfadadísimos» a los integrantes del Sindicato de Inquilinas, que anuncian un plan de actuación contra el Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.
El portavoz del Sindicato de Inquilinas asevera que la actuación del pasado martes está fuera de cualquier base jurídica. «A los funcionarios judiciales, no puede ser que el propio sistema jurídico se salte las leyes. Un desahucio se tiene que celebrar con un protocolo. Se tiene que notificar previamente a las familias, a su nombre, y darles un plazo legal para que abandone la vivienda», aseveró.
Por eso, significa, que no se tuvieron en cuenta leyes elementales en este tipo de situaciones. «Existe un decreto gubernamental que establece que a las familias, con menores a su cargo, no se les puede echar de su casa sin que haya antes un informe de servicios sociales. Y, sobre todo, sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, sin que haya una alternativa habitacional. No se ha respetado absolutamente ninguna de sus leyes», dijo.
Actualmente están alojadas en una vivienda del Sindicato
Roríguez indica que «consideramos totalmente responsable al Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Las Palmas de Gran Canaria, que ha actuado ilegalmente. Sabían perfectamente que si lo notificaban con tiempo íbamos a interponer recurso, que ellas se personarían en la causa e íbamos a usar todos los medios legales a nuestro alcance para detener el desahucio y habría repercusión mediática y que los políticos se iban a sentir presionados e iban a tener que mediar. Por eso lo han hecho de forma alegal».
Y añade que «también queremos denunciar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, directamente al alcalde Augusto Hidalgo. A estas mujeres las desahucia la Policía Local, los GOIA. Por lo que el Ayuntamiento se podría haber inhibido de sacar a dos mujeres a la calle y dejar a tres menores a la intemperie. Incluso las lesionaron al hacerlo, por lo que intentamos hacer una denuncia y no nos dejaron. Nos dijeron que se haría de oficio y nos pidieron la identificación de los agentes, pero no lo pudimos hacer porque tenían su placa tapada».
Tensión.
Nereida y Natalia ya están algo más enteras. El jueves por la noche les conectaron la luz en el piso en el que el Sindicato de Inquilinas, de sus comunidades autogestionadas, les ofreció como alternativa habitacional después del desahucio. Pero siguen viviendo en sus carnes el dolor de ese momento. «Tuve hasta que rogar para que me dejaran coger nuestras cosas en la casa. Fue un policía quien convenció a la dueña para que nos dejara pasar. Yo nunca me negué a nada, quisimos hablar con la dueña para que nos dejara pagarle un alquiler por la casa, pero no hubo manera», expone Nereida, que todavía tiene en el cuerpo las marcas que le quedaron del forcejeo con los policías.
«He llamado muchas veces al concejal del Ayuntamiento para pedir que nos ayuden y su secretaria siempre me dice que ya él conoce mi caso y me llamará. Ni siquiera después de que nos hayan desalojado se ha tomado la consideración de llamarme», expone Nereida dolida por la situación.
Un papel amarillo.
Nereida y Natalia Espino se quejan de que no recibieron ninguna notificación oficial del desahucio. «No solo no nos lo notificaron de manera previa, es que cuando les pedí una orden cuando ya estaban dentro de la casa la funcionaria de justicia, riéndose, me dijo que ya se estaba haciendo mientras escribía en un papel amarillo que me dio como justificación de que nos echaban a la calle», cuentan.