Cuando las redes sociales parecen dominadas por sentimientos post-electorales de empacho paralizante, de desencanto o de frustración, parece oportuno aconsejar que se levante la mirada y se mire al entorno. Se mire al entorno y se esté atento a esas realidades sangrantes que permanecen igual antes y después de la lluvia de confeti electoral; se mire al entorno y se caiga en la cuenta de que el cambio está en nuestras manos y no en ningún «supremo salvador». Se mire por ejemplo al Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, un proyecto con ya bastante experiencia a sus espaldas y que, mientras la horda turistica invade la isla, está viviendo un verano de infarto en su trabajo cotidiano por articular la dignidad de la gente de a pie.
El caso de las compañeras Nereida y Natalia se dio a primeros de junio, y demuestra cómo el Estado es capaz de saltarse sus propias normas si tiene delante un grupo que es capaz de exigirlas con rigor y compromiso. Estas compañeras, con menores a cargo y que habían sido estafadas en el alquiler que pagaron, han sufrido un desahucio por sorpresa, sin notificación ni plazos: «consideramos totalmente responsable al Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Las Palmas de Gran Canaria, que ha actuado ilegalmente. Sabían perfectamente que si lo notificaban con tiempo íbamos a interponer recurso, que ellas se personarían en la causa e íbamos a usar todos los medios legales a nuestro alcance para detener el desahucio y habría repercusión mediática y que los políticos se iban a sentir presionados e iban a tener que mediar. Por eso lo han hecho de forma alegal», segun ha declarado el Sindicato de Inquilinas. Ni que decir tiene que el Sindicato no paró quieto, y aparte de reservarse las medidas oportunas, resolvió la emergencia de las compañeras.
Pero este no es sino uno de los muchos frentes de lucha que está teniendo el Sindicato. Una entidad en condiciones de responder a las institucionesque «cada vez que nos hemos reunido con responsables políticos y nos comentan que en cuatro años han realojado, por ejemplo, a 20 familias, podemos decirles que nosotros, en seis meses, hemos realojado a 200. A María del Pino le han ofrecido un hostal. Si uno analiza cuánto cuesta un hostal durante todos esos meses, que son unos 1.500 euros mensuales, cuando una ayuda al alquiler de 300 ya le ayudaría en su situación, está claro que los recursos municipales no se están utilizando bien. Y tenemos miedo de que una vez pasadas las elecciones se acabe esa ayuda».
Como analiza su portavoz, los medios del Sindicato de Inquilinas son imprescindibles: «El fenómeno de la okupación lo están provocando ellos, por ejemplo, cuando se advierte a una madre que si no tiene techo perderá a sus hijos. Si el salario mínimo interprofesional es de 900 euros y la media del alquiler es de 997, hay un desequilibrio que no cuadra. Cuando te tienes que gastar más de lo que ganas en vivienda estás abocado a la indigencia».
En estos momentos, además de haber conseguido el realojo justo de algunos miembros de la comunidad ‘La Ilusión’, el sindicato está implicado en la defensa de ese mismo proyecto:
A principios de diciembre de 2018, los vecinos de la Comunidad “La Ilusión” (una comunidad autogestionada de familias sin recursos que habitan como precaristas un edificio abandonado, actual propiedad de la SAREB, en Telde) recibían una notificación judicial denunciados por la SAREB. Era el intento, por la vía civil, de desalojarlos de sus viviendas. Las vecinas contactan con el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Gran Canaria, e iniciamos una contraofensiva, legal, mediática y de presión institucional, que tuvo como consecuencia que Gaspar Palenzuela, director de RSC de la SAREB, afirmase públicamente que la SAREB detendría el proceso de desahucio e iniciaría negociaciones con el Ayuntamiento de Telde y el Gobierno de Canarias (fuente: La Vanguardia ). Algo que ya nos habían confirmado anteriormente las instituciones: Ayuntamiento y Gobierno lanzan un mensaje de tranquilidad y aseguran que no dejarán desatendidas a las familias de Valle de Los Nueve amenazadas por un desahucio
Contrariamente a este compromiso público, el pasado 22 de mayo de 2019, 4 viviendas de “La Ilusión” recibieron una nueva citación judicial para este próximo 11 de junio. Nuevamente han sido denunciados por la SAREB por un “delito leve sin especificar” (ya podemos confirmar que se trata de “usurpación”). Esto significa que la SAREB reinicia el trámite, esta vez por vía penal, para desalojar a las familias de sus casas.
Esta información ya ha sido puesta en conocimiento, por vía personal o informática, del Ayuntamiento de Telde, el Gobierno de Canarias y la propia SAREB. O bien no hemos recibido respuestas o de recibirlas han sido vagas e insatisfactorias.
La Comunidad, compuesta por 14 familias, 41 personas (20 adultos y 21 niños), reclama, junto con el SIGC, que el proceso legal vuelva a paralizarse, pues la situación económica, social y habitacional de las familias no ha variado y la intención de desahuciarlas, sin otra alternativa, sigue siendo un grave atentado humanitario.
La rueda de prensa del diez de junio en los medios:
Esta respuesta ha logrado contener momentáneamente los planes represivos de la SAREB, según informó al poco el sindicato en un comunicado:
En la mañana del 10 de junio el Sindicato de Inquilinas convocó a los medios para denunciar la situación de cuatro familias que ayer habían sido llamadas a declarar por un delito de usurpación en los juzgados de Telde. Las vecinas recibieron la citación judicial a pesar de que en diciembre la Sareb (entidad con un 45% de capital público, conocido como “banco malo”), el ayuntamiento de Telde y el Gobierno de Canarias les prometieran que estudiarían los casos por unidad familiar.
Las 41 personas que viven en “La Ilusión” (de las cuales 21 son menores) accedieron a las viviendas después de que el Sindicato de Inquilinas alcanzara un acuerdo con la promotora que construyó el edificio. En dicho acuerdo, la inmobiliaria (ya en quiebra e incapaz de concluir la construcción del inmueble) permitió que las familias habitasen el edificio con el fin de evitar los incesantes robos y destrozos. A cambio, las familias se comprometían a cuidar y reformar, dentro de sus posibilidades económicas, el edificio.
Esta socialización del abandonado inmueble llamó la atención de la Sareb, que hasta entonces no había mostrado interés alguno en el edificio. Después de un año habitando el inmueble, la Sareb denuncia a las vecinas e inicia los trámites para efectuar el desalojo por la vía civil. Entonces, el Sindicato denunció la situación en prensa e interpeló a Sareb, ayuntamiento y Gobierno de Canarias para lograr la cesión en uso de las familias. El 14 de diciembre se alcanzó un acuerdo con las tres instituciones que daba un respiro a “La Ilusión”.
Sin embargo, a pesar del acuerdo, cuatro familias de “La Ilusión” recibieron una notificación judicial en la que se les llamaba a declarar por un delito de usurpación. Ante esto, el Sindicato inició una guerra de tinta con el fin de arrancar compromisos de la Sareb, ayuntamiento y gobierno autonómico para evitar un efecto cascada que dejase a 20 adultos y 21 menores en la calle. El impulso de la rabia generada por el desahucio y posterior realojo de las hermanas Nereida y Noelia reunió a varias afiliadas en el salón de Nieves, una de las afectadas, donde se celebró la rueda de prensa.
La imagen es poderosa y resume perfectamente lo que que es el Sindicato: mujeres y niños en pie de guerra para pelear por la vivienda digna que la Administración se empeña en negarles. El mismo lunes la Sareb publicaba en Twitter que el juicio se aplazaría un mes. Por su parte, el Gobierno de Canarias declaró que en 2 semanas publicaría los informes de Servicios Sociales que han preparado para el caso de cada familia. La guerra no está ganada, es sólo una batalla. Sin embargo, el Sindicato de Inquilinas, un puñado de mujeres y niños, han logrado torcer el brazo de la Sareb y la administración en menos de un día. La imagen es realmente poderosa.
Desde alasbarricadas.org seguimos con interés todo este proceso y seguiremos informando sobre sus avances -que esperamos inminentes-: un proceso que hay que conocer, un proceso del que hay que aprender.