Rita es una madre de clase trabajadora, desempleada, y que sólo percibe para sobrevivir, ella y sus dos hijos (la más pequeña un bebé con diversas patologías) 120 euros de manutención alimenticia. Sin casa propia ni posibilidad de acceder a un alquiler convencional, Rita hizo algo tan valiente y justo como actualmente criminalizado: entró en una vivienda pública abandonada, cuya adjudicataria no la había habitado en los últimos 17 años, para poder garantizar un techo para su familia.
Ahí intentó rehacer su vida, desde 2015, hasta que hace poco los acontecimientos dieron un giro grotesco: la adjudicataria, titular de una vivienda que ni usaba, ni merecía, ni necesitaba, denuncia a Rita y consigue que se inicie un proceso de desahucio contra ella. El resultado es que actualmente se le concede un mes para que abandone voluntariamente el inmueble (el plazo se vence el próximo 1 de agosto de 2019) o de lo contrario se tendrá que exponer a un lanzamiento forzoso.
Responsables del Gobierno de Canarias anunciaron por televisión que retirarían la adjudicación de la vivienda a la parte desahuciante y que pararían el desahucio. Hasta hoy Rita no ha vuelto a tener noticias de las gestiones del Gobierno y se enfrenta al terror de ser expulsada, junto a sus dos hijos, de su único hogar.
Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria exigimos:
1º Que el Gobierno retire la adjudicación de la vivienda a la persona que lleva casi dos décadas sin habitarla, y que nunca debió acceder a ella.
2º Que el Gobierno, como propietario legal del inmueble, ponga en conocimientos de juzgados la retirada de esta adjudicación y que la ex adjudicataria no tiene derecho a emprender acciones legales contra Rita. Que el Gobierno use su gabinete jurídico para detener el desahucio.
3º Que se permita a Rita y a su familia habitar en su actual domicilio y que pueda acceder a la adjudicación de una vivienda a la que ha salvado de un deterioro irreparable y que ha habilitado con sus pocos recursos y con mucho trabajo.
Aprovechamos esta situación para llamar la atención sobre la mala gestión gubernamental del parque público de vivienda. Con unos de los ratios más bajos de vivienda pública (sólo un 3%) de toda la Europa política, el problema de la escasez de inmuebles destinados a vivienda social se ve agravado por la pésima adjudicación de los mismos. Familias sin recursos que viven hacinadas, o habitan infraviviendas, o sufren un desahucio tras otro al no poder afrontar un alquiler, o se ven obligadas a recurrir a la okupación, jamás consiguen acceder a una vivienda social. Mientras eso pasa, se adjudica vivienda a personas que las ponen en alquiler, obteniendo una buena renta, y que realmente viven en casas de sus parejas y familiares; a personas que las venden ilegalmente y que enajenan unos inmuebles que nos pertenecen a todos por unos miles de euros; a personas que no las necesitan y las dejan abandonadas durante años, sin plantearse jamás devolver las llaves, llevadas por el más puro sentido propietario.
Todo esto es responsabilidad directa del Gobierno de Canarias y sus organismos administrativos. Exigimos también, y en consecuencia, una gestión inteligente y eficiente de los recursos colectivos, que deben destinarse a quienes más los necesitan y no a quienes, siguiendo dinámicas mercantilistas, pueden permitirse futuras opciones a compra de una viviendas que la mayoría de las veces se conciben para ser compradas y no para disfrutarse en usufructo. Exigimos, por tanto, que las viviendas públicas salgan del mercado y que sobre su gestión directa empiecen a tener voz las asociaciones de vecinos y los colectivos sociales. Exigimos, en definitiva, que la razón se imponga y las viviendas sean para vivirlas.
El caso de Rita en la prensa: