María Cruz y su hija de 11 años se enfrentan a un desahucio forzoso el próximo día 10 de enero (2020) en Jinámar (en el municipio de Telde, Gran Canaria) a manos de la promotora inmobiliaria COIDIUR.
María Cruz vive una situación desesperada. Hace aproximadamente 3 años distintos empleados y responsables de la empresa COIDIUR, de la que María Cruz era inquilina, le comunican que la empresa va a ser embargada (efectivamente está en concurso de acreedores y en breve sus activos pasarán a la SAREB) y que es innecesario que siga pagando. Ella contacta con un “abogado” (hoy sabemos que no lo era) que también le recomienda dejar de pagar el alquiler y esperar a que contacte con ella la nueva propiedad. Nada le dijo éste de la posibilidad de consignar los pagos en juzgados ni de la deuda que podría ir acumulando. Cuando COIDIUR denuncia a María Cruz por impago, su “abogado” le asegura que no hay posibilidad de que la desahucien, la informa falsamente de que las vistas y juicios se han aplazado y la deja en una situación de absoluta indefensión. Cuando María Cruz recibe la primera notificación de lanzamiento (para septiembre de 2019) ya no puede interponer recurso alguno. María Cruz, y otra inquilina afectada por el mismo “abogado” y circunstancias, lo denunciaron inmediatamente por un delito de estafa (550 euros le entregó María Cruz y 1300 su vecina). Actualmente la denuncia está provisionalmente archivada, mientras se siguen recabando pruebas.
Es entonces cuando María Cruz se pone en contacto con el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Redactamos un escrito al juzgado exponiendo la situación de nuestra afiliada y el juzgado, siguiendo el protocolo que deberían seguir todos los juzgados de la isla, concede un aplazamiento a María Cruz, le otorga la posibilidad de solicitar abogado de oficio y pone el caso en conocimiento de la administración pública.
Sin embargo, en estos meses las instituciones no le han dado ninguna solución digna a María Cruz, COIDIUR se niega a llegar a ningún acuerdo y se ha fijado fecha definitiva de lanzamiento para el próximo 10 de enero de 2020. Lo único que nos queda desde el SIGC es recurrir a los medios de comunicación para denunciar este desahucio inminente. María Cruz no tiene ingresos regulares (mantiene a su familia monoparental con trabajos esporádicos como limpiadora y con la manutención de su hija), ni red familiar, ni alternativa habitacional alguna. Si no hacemos algo en menos de 20 días se verá en la calle. No lo permitiremos, aunque tengamos que recurrir a un piquete antidesahucios para evitarlo.