El juzgado le notificó a la teldense el lanzamiento de su domicilio y el Gobierno todavía no le ha ofrecido, como prometió, un hogar para ella y su pequeña, que sufre un 67% de discapacidad.
La primera sentencia en contra le llegó en junio de 2018, mientras que la segunda, de la Audiencia Provincial, y ya firme, es de primeros de abril de 2019. Aún así, las instituciones le aseguraron soluciones a través del programa Canarias + Viviendas x Familias, puntualizando, eso sí, que este protocolo solo se podría activar cuando haya una fecha concreta de lanzamiento. La cuestión es que, a pesar de que se ha fijado ya el plazo, Pérez aún no cuenta con ninguna alternativa y ahora vive con el miedo de que el día 27 la policía la echen a ella y a su hija a la fuerza y no tener a donde ir. Porque Rita no cuenta con más ingresos que los 120 euros mensuales que recibe de manutención por su niña pequeña. No cuenta con paro y sobrevive a base de las ayudas sociales, y eso que el mayor de sus hijos ya se ha independizado y se vale por sí mismo. Aún así su situación continúa siendo desesperada y a no ser que le busquen una casa donde estar junto a su hija, esta teldense se ve en la calle sin recurso alguno.
El Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria apoya la causa de Rita Pérez e insta al Gobierno de Canarias a que paralice el desalojo y retire la adjudicación de la vivienda a la denunciante del caso, dado que, según Rita, llevaba años sin ocuparla. «Cuando entré en la casa me encontré con un estercolero», asegura.
Ya en julio, el juzgado de instrucción número 1 de Telde rechazó la petición que le cursó el Ayuntamiento para que suspendiese el requerimiento que le hizo a Rita para que dejase la vivienda. El oficio le remitió al área de Vivienda que mantenía la orden a Rita de tener que abandonar, antes del 1 de agosto, el inmueble en el que vive. El Consistorio, como ya se había procedido en otros casos, intentó mediar con la autoridad judicial para, sin pretender alterar en modo alguno el sentido de la resolución, sí al menos buscarle una alternativa habitacional a esta familia. Otras veces, de hecho, el juzgado accedió al aplazamiento, pero en aquella ocasión la justicia se mostró firme. En el oficio que le remitió a la Administración el pasado 5 de julio de 2019 le advirtió de que esta ejecutoria parte de una sentencia ya firme dictada en mayo de 2019, aclarando que el requerimiento que le hizo el 1 de julio pasado a Rita para que dejara la vivienda en el plazo de un mes seguía vigente. Ese ultimátum expiró el 1 de agosto, y como no dejó la casa de forma voluntaria, se ha fijado para el 27 de febrero a las 10.00 horas el lanzamiento. Además, en dicha diligencia de ordenación se advierte la citación de la Policía Nacional para que acompañe a la Comisión Judicial y a la parte denunciante a proceder al desalojo.