Loly fue desahuciada en septiembre de 2015. Sin ingresos suficientes para alquilar una vivienda (hoy por hoy sólo percibe la PCI), se instaló con su hijo adulto, también desempleado, en las destartaladas instalaciones del Estadio Municipal Pedro Miranda de Jinámar (Telde, Gran Canaria). Con apenas un lavamanos donde poder asearse, vive en un estado de semi-indigencia desde hace ya cinco años.
En este casi un lustro de sufrimiento y condiciones infrahumanas, Loly no ha parado de moverse sin resultado alguno. Sin recursos económicos suficientes ni regulares, no ha podido encontrar empleo (tampoco su hijo) ni por supuesto un alquiler a precio de mercado (en Telde el precio del alquiler ha subido el año pasado un 8’4% y en Las Palmas la media no baja de los 10 € por m², fijándose la media del alquiler en las islas en unos inasumibles 908 €). Ha visitado las distintas concejalías y alcaldías que se han sucedido sin que ni una sola de ellas, ni las antiguas ni las recién constituidas, le haya ofrecido ningún tipo de solución ni alternativa (no olvidemos que el estadio donde malvive Loly es de titularidad municipal). La han mareado de un despacho a otro, de un funcionario al siguiente, sin pretender jamás intervenir en un grave problema, que vincula infravivienda y sin-hogarismo, presente en un municipio que se ufana por ser el segundo más poblado de la isla de Gran Canaria.
A Loly, como a varias más de nuestras afiliadas, se le recuerda, desde los servicios sociales municipales, que sin hijos menores a cargo es casi imposible que reciba ningún tipo de ayuda alojativa. Éste es el discurso irresponsable de las instituciones que obliga a las capas más empobrecidas y vulnerables de la sociedad a “cargarse de chiquillos” si quieren tener alguna expectativa de que la ficción del “Estado del bienestar” no las ignore completamente. Detrás del fenómeno de las “niñas madres” y la alta natalidad de nuestros barrios más pobres no se encuentra sólo una cuestión cultural; hay una cuestión económica, de clase, que implica parir para sobrevivir.
Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria denunciamos públicamente la situación de Loly y exigimos a las instituciones una respuesta inmediata y acorde a los recursos que la sociedad ha puesto en sus manos y que realmente nos pertenecen a todas. Queremos una vivienda digna para Loly y su hijo, que se ponga fin a una situación inasumible y no queremos esperar otros cinco años para obtener una respuesta. La dignidad no es una mercancía que pueda ponerse de rebajas pasado el período electoral. ¡Viviendas dignas YA!
