Más de 70 familias ocupan unosedificios del banco malo en Gran Canaria.Hay 149 niños. Trasdos años en las casas, denuncian el“acoso” de la GuardiaCivil
En la comuna La Esperanza, al norte de la isla de Gran Canaria, viven 71 familias. Son 250 personas que no tenían hogar, de las que más de la mitad son menores. A principios de 2013 dos decenas de personas, con su vida a cuestas, ocuparon las primeras 20 viviendas de los cuatro edificios que una constructora abandonó por problemas de licencia y cédulas de habitabilidad. La llamaron La Esperanza, lo último que se pierde.
Es el refugio para gente sin recursos, ubicado en el municipio de Santa María de Guía, al norte de la isla de Gran Canaria. Servicios Sociales ha derivado allí a cuatro familias. Dos de han quedado. Ruymán Rodríguez, uno de los promotores, dice que la comunidad no tiene problemas para escuchar las situaciones familiares e intentar encajarlas en las viviendas disponibles. Todo iba como la seda, sostiene, y ahora no entiende por qué la Guardia Civil “acosa” a varios vecinos de la comuna. Él mismo fue detenido la semana pasada y pasó 24 horas en el calabozo, después de que le pidieran la identificación en una parada de autobuses. En el juicio rápido celebrado por «resistencia a la autoridad», el abogado de la Benemérita le pedía cinco años de cárcel. El juez desestimó la petición y lo rebajó a un delito de faltas.
Los cuatro edificios y los terrenos aledaños que conforman La Esperanza han sido absorbidos por el Sareb, el banco malo, según los vecinos. Sin embargo, fuentes del Sareb matizan que no consta que sean los propietarios de dicha promoción, aunque probablemente las viviendas sean «colaterales» de un préstamo (una garantía del crédito al promotor ). Los habitantes esperan que el litigio por deudas de la constructora se prolongue y poder vivir allí algunos meses más. O que conviertan las casas en viviendas sociales y alquilarlas por un precio que puedan pagar.
A principio de mes cada vecino de la comuna aporta 25 euros. Son voluntarios. “Si no tienen, lo intentamos poner entre el resto”, explica Rodríguez. Cuando llegaron, en 2013, explicaron a la constructora propietaria la situación. Eran familias sin techo que habían entrado en unas viviendas vacías listas para ser habitadas. Una gasolinera, instalada allí antes que los edificios, impedían que pudieran ser vendidas. Hubo varios robos de cables de cobre y la propietaria temía que lo siguiente en desaparecer fueran grifos y puertas. En esas circunstancias, entregó las llaves a los nuevos propietarios, seis familias que habían sido desahuciadas o no podían pagar un alquiler.
Natalia, que tiene tres hijos y espera otro a sus 32 años, recuerda también ese momento. “Estoy de cinco meses. La Esperanza es un nido de fertilidad”, concede con una sonrisa. Se retira las gafas y explica que su objetivo fue “mantener a la familia unida”. En 2013 ni ella ni su pareja tenían ingresos y optaron por ocupar una casa en La Esperanza.
Cada último domingo de mes celebran la asamblea en la que se presenta el balance de tesorería. Cada comisión explica en qué ha trabajado durante el mes. Ahora mismo las 71 viviendas están ocupadas bajo el requisito de “ser familias con hijos a cargo o estar pasando hambre extrema”. A la sala en la que celebran las reuniones la han llamado Asambleatorio. Los encargados de los talleres para los niños tienen bastante tarea con los 149 críos y ahora planean abrir un nuevo espacio de juego en un solar cercano.
Guillermo, de 49 años, es delgado, alto y rubio. Trabajó de encofrador durante el boom de la construcción. Estuvo algunos años desahuciado, alimentándose en comedores sociales. Con él, en La Esperanza, viven su mujer y una de sus hijas. Es el encargado de la nueva zona infantil. “Si fuera más joven, me iría fuera y me buscaría la vida. Pero, ¿dónde voy con casi 50 años?”, se pregunta. Guillermo se gana los cuartos recogiendo chatarra, “parezco Batman, salgo de noche a buscar basura para venderla”.
El huerto lo coordina Julio, que acaba de cumplir 40 años y trabajó durante 10 como cerrajero. Colaboró en desahucios “más de lo que usted se imagina” antes de la crisis. “Y ahora soy yo el que ha tenido que ocupar, así es la vida”, dice. A un despido se sumó un divorcio problemático y se quedó en la calle de la noche a la mañana. “Veo la vida con más miedo y en La Esperanza, cuando no tengo, siempre hay alguien que ayuda”, reflexiona.
En el patio está Coraima. Tiene 22 años. Vivió en un centro de mujeres maltratadas, después de que su marido le golpease en repetidas ocasiones. No encontraba trabajo ni estabilidad y tuvo que abandonarlo. Se vio con su hijo en la calle y acabó en La Esperanza. Con ella habla Roberto, que es de Tuluá, Colombia, tiene 42 años y lleva 14 en Gran Canaria. Llegó hace algo poco más de un año a la comuna. “Tengo cuatro chiquillos a mi cargo, mi mujer que no cobra nada y ahorita lo que entra es muy poco”, explica. Y remata: “aquí tengo un techo, es peor estar en la calle”.
En La Esperanza ha habido nacimientos y también muertes. Los habitantes recuerdan el niño de 15 años que murió de leucemia. “No había dinero ni para enterrarlo”, rememora Ruyman. Hay varias personas con enfermedades crónicas o terminales. Dos miembros de una misma familia tienen cáncer.
La voz de los vecinos no se ha escuchado desde que ocuparon los edificios. Han buscado vivir con sigilo, de forma discreta, organizarse y tener fuerza para explicar que ocuparon por que no podían más. La Esperanza, más que ser lo último que se pierde, se ha convertido en un lugar en el que no hay nada que perder.
Es el impulsor del mayor proyecto de ocupación del Estado español, ubicado en el municipio de Guía (Gran Canaria)
«LA GUARDIA CIVIL ME TORTURÓ», ACUSA EL JOVEN GRANCANARIO RUYMÁN RODRÍGUEZ (VÍDEO)
Ruymán Rodríguez es uno de los principales impulsores de la «Comunidad la Esperanza«. Un proyecto de ocupación desarrollado en el municipio de Guía, situado en el Norte de la isla de Gran Canaria, en el que familias necesitadas conviven y se organizan de forma asamblearia.
Iniciado en febrero de 2013, cuando la Federación Anarquista de Gran Canaria realojaba a las veinte primeras familias en unos bloques de viviendas abandonados, esta Comunidad alberga hoy a más de 200 vecinos que no cuentan con otra alternativa habitacional.
Aunque para muchos se ha convertido en un ejemplo de autoorganización popular, los vecinos de «la Esperanza» han denunciado el «hostigamiento policial» con el que – dicen – se les pretende «intimidar para echarlos del pueblo».
«Durante gran parte del 2014 nos estuvieron acosando. Siempre había apostada en la puerta de la Comunidad una patrulla identificando a todas las personas que entraban y salían. Todo eso paró cuando se denunció el caso en los medios de comunicación. Pero ahora, con la proximidad de las elecciones, tenemos la intención de convocar una rueda de prensa para hacer públicas nuestras exigencias y exponer cómo las autoridades se han desentendido de todas estas familias» -asegura Ruymán.
El joven, uno más de los vecinos de estos bloques de viviendas, considera que esta iniciativa vecinal habría motivado la detención y las «torturas» que -según afirma- «sufrió la pasada semana a manos de la Guardia Civil».
«EN EL CUARTELILLO ENVOLVIERON LAS PORRAS EN TOALLAS Y ME DIERON UNA PALIZA»
«Estaba en la parada de guaguas, esperando para dirigirme a mi puesto de trabajo, cuando se detuvo un coche de la secreta, de la Guardia Civil. Sin identificarse, sin darme motivos ni especificar si estaba retenido o detenido, los agentes me llevaron al cuartelillo. Fue un secuestro con todas la palabras» – sostiene Rodríguez.
Ruymán Rodríguez refiere, asimismo, que «los insultos cargados de odio ideológico y las amenazas» comenzaron nada más llegar a las dependencias policiales.
«Me decían que me fuera de Guía, que estaba llenando el pueblo de gentuza. Yo les respondí que en la Comunidad no había gentuza, sino familias sin recursos. Les dije que lo que estábamos haciendo era darle un techo a personas que no tenían ni para comer por culpa de las políticas aplicadas por la gente a la que ellos defienden».
«Entonces – asegura Rodríguez– se irritaron y uno de los agentes respondió dándome una bofetada. Luego me esposaron y empezaron a darme rodillazos, codazos, golpes por todo el cuerpo. Esto no les pareció bastante, envolvieron las porras en toallas y me dieron una paliza»
«Antes de los porrazos me estrangularon en tres ocasiones. El agente que me detuvo se enguantó y empezó a presionarme la nuez de adán con los pulgares hasta provocarme una insuficiencia respiratoria. La tercera vez comencé a escupir sangre».
«Estaba claro que me habían hecho un seguimiento. Sabían dónde trabajaba y hasta que me había operado recientemente el pulgar, que me retorcieron. Luego me tiraron a los calabozos esposado y sin poder moverme, mientras seguían los insultos y las vejaciones»-continúa denunciando el joven.
Según el relato de Rodríguez, los agentes dejaron de golpearle cuando les advirtió que «iba a pedir un habeas corpus para comparecer ante el juez, que iba a ver los hematomas, y que entonces tendrían que responder por lo que estaban haciendo». «También les dije – añade – que al día siguiente llamaría a los medios de comunicación. Eso les disuadió».
«ME ACUSAN DE ATENTADO A LA AUTORIDAD Y ME PIDEN CINCO AÑOS DE CÁRCEL»
«La noche la pasé entre los centros de Salud de Guía y Gáldar y el Hospital Doctor Negrín, porque empecé a expectorar sangre, a la mañana siguiente me llevaron a los juzgados. Para mi sorpresa –dice Ruymán Rodríguez – se me acusa de atentado a la autoridad y me piden cinco años de cárcel».
«El juez estimó que no había motivo para imputarme ese delito, consideró lo sucedido como una falta de desobediencia, y lo rebajó. Sin embargo el Guardia Civil que me denuncia no queda conforme con eso, recurre la decisión del juez e insiste en acusarme del delito de atentado a la autoridad. Actualmente, el juicio está en suspenso, hasta que el juez decida si acepta o no el recurso. Si mantiene el juicio de faltas y se me pide una multa o si el guardia civil se sale con la suya y son cinco años de cárcel».
«LA INTENCIÓN DE TODO ESTO ES DESESTABILIZAR EL PROYECTO DE OCUPACIÓN MÁS GRANDE DEL ESTADO ESPAÑOL»
Para Rodríguezel episodio que relata y el «intento de asustar a los vecinos de la Comunidad».
«Temen que nuestras reclamaciones se hagan públicas antes de las elecciones, que salgamos en los medios de comunicación y quieren quitarme de en medio. Lo digo públicamente, y quiero que quede grabado, que si a mí me pasa algo serán responsables las fuerzas y cuerpos de seguridad».
«Piensan que aquí hay un líder – sostiene el joven – y que si me meten en la cárcel conseguirán que cunda el pánico entre los demás. Pero lo que no saben es que si yo me voy, este proyecto de ocupación, el más grande de todo el Estado, seguirá siendo gestionado por los vecinos como ahora sucede».
«Lo que ha querido la policía es meternos miedo, para la gente empiece a irse, para que se vuelvan a los bancos donde dormían a las casas donde vivían hacinados. Pero no les está funcionado. La voluntad y la esperanza – concluye Rodríguez – es siempre más fuerte que el miedo».
Presentamos la que posiblemente sea una de las ocupaciones masivas más grandes de la historia. El proyecto expropiador/socializador más grande en el que jamás ha intervenido la FAGC. Lo más importante que quizás hagamos en nuestra vida militante. Los números hablan por sí solos: 65 familias, 207 vecinos, más de 100 menores. Y aún no hemos acabado… Según vayamos dando los pasos para hacerlo público se irá viendo que la verdadera lucha comienza ahora.
Interesante docu-reportaje sobre la problemática de la vivienda en Gran Canaria. En el mismo ha tenido cabida la opinión de un miembro de la FAGC y también de una de las familias realojadas por la Asamblea de Inquilinos. Véanlo entero. No tiene desperdicio.
El Piquete Anti-desahucios que se congregó hoy, día 11 de febrero, en la calle La Naval (Las Palmas de G.C.), para impedir el desahucio de una madre (Reina) y su hija menor de edad, puede sentar las bases de una nueva forma de actuar a la hora de paralizar desalojos y también de gestionar esta cruda problemática social.
En primer lugar, es el primer desahucio (del que tengamos constancia) que se ha paralizado después de que el lanzamiento del inmueble se hubiera producido oficialmente (el pasado 28 de enero) sin que, desde entonces, la afectada abandonara su vivienda (en conformidad con el asesoramiento del Grupo de Respuesta Inmediata Contra los Desahucios [FAGC]). Es también el primer desahucio producido por impago de alquiler (reclamado por la turbia e inmisericorde inmobiliaria Conjucan Obras S.L.) que consigue detenerse. Todo un hito que marca necesariamente una nueva forma de abordar la situación de la vivienda en Gran Canaria.
Pero ahí no acaban los cambios. En esta ocasión no se ha congregado el piquete anti-desahucios usando exclusivamente medios virtuales o los contactos personales con afines; se ha recurrido a una cartelería abundante (hemos sacado más de 500 carteles y octavillas) que ha inundado el barrio donde reside la afectada, se han celebrado concentraciones y pasacalles previos, en definitiva se ha evidenciado una situación haciendo partícipes a los vecinos de la zona afectada.
A su vez, los piquetes han abandonado la táctica suicida de arrojarse al suelo ante la presencia policial (invitación directa para que los antidisturbios se ensañen y puedan provocar una lesión cráneo-cerebral) y han permanecido en pie, en actitud combativa y lanzando consignas que han sobrepasado las acostumbradas letanías sumisas (se coreaba, por ejemplo: “¡asesinos! [dirigido a los políticos, entidades bancarias y financieras, y en recuerdo del compañero Fran, última víctima del actual holocausto financiero]; ¡que el próximo ahorcado sea un diputado!; ¡no nos mires, pírate! [a los policías presentes]”; y en la misma dirección la famosa “¡que se vayan, se vayan, se vayan…, etc.”). En definitiva, se ha mantenido una actitud “activa”, pero atendiendo a la generosa petición de las propias afectadas de que la resistencia fuera “no violenta”.
También es una novedad que se haya abordado la situación de indefensión de las desahuciadas en caso de que el desalojo no pudiera detenerse y que los compañeros y compañeras del HSOA El Palomar hayan ofrecido una de sus habitaciones, si todo fracasaba, para realojarlas (en su modestia, la FAGC ha hecho lo propio ofreciendo los inmuebles que ha liberado).
Supone también una diferencia sustancial que Stop Desahucios, plataforma atrincherada en la posición de no inmiscuirse en desahucios por alquiler, haya reconsiderado su postura y definitivamente se haya sumado a parar este desahucio, cuya condición de injusticia era más que evidente y no podía rehuirse impunemente (nos congratulamos por esta nueva actitud de Stop Desahucios ante el drama de los inquilinos depauperados).
Sin embargo, lo que para nosotros supone la mayor diferencia, el mayor logro, es que, contrariamente a lo que reza alguna publicación, Reina no duerme esta noche en su casa “gracias a tal o cual plataforma”, ni gracias a los anarquistas de la FAGC, ni al Movimiento Okupa, ni al 15-M, ni a Stop Desahucios, lo hace principalmente gracias a dos factores: en un primer lugar gracias a sí misma, que ha hecho una demostración de valentía admirable y de voluntad inquebrantable (después de una vida plagada de reveses) que sirve como prueba, para todas y todos aquellos que están en su misma situación, de que antes que optar por la resignación o la muerte, queda la opción de la resistencia (estas palabras se hacen extensibles a su también valiente hija). El segundo factor es que, por encima de siglas y orgías de autobombo, el grueso del piquete lo componían en esta ocasión las personas más valiosas e importantes: las personas sin grey ni pendones definidos, los individuos sin carnets ideológicos, la gente sin más bandera que la solidaridad (especial mención nos merecen las vecinas y vecinos del resurgente y combativo barrio de la Isleta), los hombres y mujeres que viven a pie de calle, los sujetos que habitualmente no tienen contacto con los “profesionales del activismo social”, que son los que componen ese elemento indefinible al que llamamos Pueblo.
Ha sido gracias a su participación que se ha congregado el que quizás sea el piquete anti-desahucio más numeroso en la historia moderna de la isla; es gracias a su presencia que el Secretario Judicial ha desistido de personarse en la vivienda y la policía de intervenir; y es gracias a su presión que desde la Concejalía de Vivienda se le ha ofrecido hoy mismo (día 11 de febrero) a Reina la posibilidad de acceder a una “ayuda de urgencia” (sin embargo, contrariamente a determinadas manifestaciones triunfalistas que algunos han hecho a los medios de comunicación, nadie puede permitirse echar las campanas al vuelo: esta “victoria” es todavía parcial, la sombra del desahucio sigue acechando a Reina y la supuesta “ayuda de urgencia” puede ser, si no una broma –por económicamente insuficiente– una simple estrategia para que se rebaje el nivel de presión).
Evidentemente todavía pueden pulirse varias cosas, pero si en esta lucha por el techo persistieran algunos tics personalistas o verticalistas, si todavía pudiéramos toparnos con quien redujera la cuestión a una cacería de focos, a una guerra de marketing en pos de tales o cuales siglas, si todavía hubiera intoxicación “política” (en el peor sentido del término), tenemos la firme convicción de que, tal y como muchas cosas ya han quedado subordinadas a una causa vital más grande que cualquier otra consideración, será el propio pueblo, sujeto activo y no simple espectador en esta batalla, quien se encargará de rebasar los acontecimientos y de llevar la voz cantante en los próximos movimientos contra los desahucios.
Es por eso que decimos, con todo el sentido, que ha sido la acción popular la que ha paralizado el desahucio de hoy. El triunfo le pertenece al pueblo, y a una hija y su madre llamada Reina.
La concentración del día 5 de febrero, en La Naval, ha sido, para todos los que participamos, un acto de reafirmación. No sólo sirvió como “demostración de fuerza”, como medida de presión para que una inmobiliaria emocionalmente anestesiada (Conjucan Obras S.L.) comprobara que no puede jugar impunemente con la vida de sus inquilinos como si fueran dividendos; sirvió para demostrarle a una familia que no está ni estará sola, y que su caso, por ser de alquiler, no debe ser barrido debajo de la alfombra del drama hipotecario; sirvió para que una importante parte del movimiento okupa (el grueso de la concentración) demostrara que también sabe okuparla calle, y que rompiendo con dinámicas endogámicas e introspectivas sabe volcarse en los asuntos más acuciantes de los barrios y dejar claro que su prioridad no es sólo el techo propio, sino también el techo de los demás (no podemos más que felicitarlos, efusivamente, por su compromiso y por esta ilusionante deriva); sirvió para conectar con el barrio, para iniciar una manifestación improvisada por las calles de La Isleta en la que los vecinos no paraban de apoyarnos, de asaltarnos para informarse y de confirmarnos su participación en los próximos piquetes anti-desahucios; sirvió para decidir, también en una asamblea improvisada, que la próxima Asamblea de Inquilinos y Desahuciados tenía que celebrarse en La Isleta (el domingo 24 de febrero a las 17:00 horas en la popular Plaza del Pueblo); sirvió para acumular fuerzas a fin de paralizar los dos próximos desahucios (nos queda por confirmar si el 18 de febrero puede haber otro) que son el día 11 de febrero a las 9:00 (a.m.) en la calle La Naval, nº 119 (“segundo asalto”), y el día 13 del mismo mes, también a las 9:00, en la urbanización Copherfam, nº 17.
Dos desahucios en una semana; dos familias que no pueden perder su techo; dos nuevos pulsos al Sistema.
