La FAGC y la represión

La FAGC y la represión
Solicitud de apoyo mutuo
Durante los 4 años de existencia de la Federación Anarquista de Gran Canaria el encontronazo con la represión policial y judicial ha sido una constante. Cuando estábamos inmersos en una campaña puramente disolvente y atacábamos a las instituciones político-financieras, criticábamos a los movimientos sociales profesionalizados, reventábamos manifestaciones a los sindicatos amarillos, o hasta cuando iniciamos una campaña contra el matonismo policial, no sufrimos tanto los efectos de la represión cómo ahora, que nos centramos principalmente en realojar a familias sin recursos.
Las autoridades prefieren que los anarquistas quemen los cajeros de los bancos a que ocupen sus viviendas abandonadas y las socialicen. Lo primero entra dentro del guión, es la imagen que esperan, queda bien en las portadas de sus periódicos; lo segundo los descoloca, no saben cómo criminalizarlo y sienta además un fatal precedente.

En el último año y medio, justo cuando menos recursos tenemos y cuando la represión o el exceso de trabajo ha ido menguando nuestro número, es cuando hemos llevado a cabo nuestra actividad más frenética y productiva. Sería difícil enumerar el número de familias realojadas, más aún el de personas (calculamos que desde mediados del 2013 más de 400 personas han vivido bajo techo gracias a la FAGC), y también el de inmuebles expropiados (a partir de la misma fecha, más de 200 viviendas han sido socializadas en distintos puntos de la isla). El mayor número de realojos se han dado en este último año, realojando a 102 personas en un sólo trimestre.
Esta actividad, que arroja un saldo de resultados tan positivos (al menos numéricamente), también se cobra su cuota de sangre y represión. La FAGC es la punta de lanza de una campaña de realojo cuyas consecuencias represivas paga en solitario. Aunque mediáticamente tengamos que exigir medidas legalistas para regularizar la situación de los realojados, esto es sólo la parte final de nuestra “política de hechos consumados”1. La realidad es que llegamos a ese punto después de un corolario de acciones meditadamente ilegales. Sí, vivimos necesariamente al margen de la legalidad, quebrantándola de forma sistemática: abrimos viviendas abandonadas, cambiamos sus cerraduras, facilitamos si podemos suministro eléctrico y acuífero, etc. A parte de eso nos implicamos en la gestión de comunidades humanas (más públicas o más discretas), enfrentándonos el desafío de saciar necesidades básicas con las pocas herramientas de las que disponemos. Estamos en el filo de una navaja bastante afilada que siempre tiende a cortar por el mismo sitio.
Pero no somos mártires ni inconscientes. No hacemos esto víctimas de un rapto de locura, deseosos de inmolarnos o bajo la incapacidad de medir las consecuencias. Siempre hemos sabido a lo que nos exponíamos. Simplemente nos hemos visto obligados, por sensibilidad, compromiso y convicción, a ayudar a los más desfavorecidos. Barajábamos que para cuando el Sistema se dispusiera a enseñar los dientes compondríamos ya parte de una pequeña guerrilla; la realidad es que esto se ha convertido más bien en una batalla de francotiradores. Empero, hemos de reconocer que ya habíamos hecho este calculo. Sí, es mucho y muy gratificante el reconocimiento por el trabajo realizado; pero si no tenemos a nuestro alcance redes anti represivas previamente organizadas, las amenazas de cárcel, los juicios y detenciones deben cargarse siempre sobre las mismas espaldas. Sin una coordinación que tenga transcendencia fuera de lo local, no podemos dedicar todo nuestro tiempo y esfuerzo al frente de lucha de la vivienda y simultáneamente a organizar dichas redes de solidaridad.
Muchos de nuestros compañeros y compañeras han temido por su seguridad y han decidido bajarse del tren en marcha; muchos realojados, precisamente los más comprometidos con devolver la solidaridad recibida, han seguido el mismo camino. Los más vinculados a la FAGC pagan sin apenas apoyos el precio de una actividad comprometida y también el de estas comprensibles “deserciones”. Compañeros concretos, los que más dan la cara y se exponen, son asfixiados con sanciones administrativas (multas por alteración del orden público en lugares en los que ni siquiera estaban o por producir altercados en manifestaciones a las que ni siquiera pudieron acudir), denunciados ad nauseam por los más peregrinos motivos, acribillados con reclamaciones kafkianas derivadas de la represión2, etc. La idea es inmovilizarlos, ahogarlos en papel, desangrarlos económicamente. La burocracia es otra forma de reprimir. En el peor de los casos se atan las manos del afectado enredándolo en interminables recursos y gestiones legales, y se le obliga (a él y a su colectivo) a invertir sus escasos recursos en abogados, procuradores, tasas y multas (más de 560 euros hemos gastados los últimos dos meses); en el mejor, alguna condena de cárcel. Muchas denuncias se van archivando o sobreseyendo, pero aún se le exigen a uno de nuestros compañeros 5 años de cárcel. La situación económica ha sido tan dura (ya que hemos tenido que desviar casi todos nuestros fondos a contener la represión) que nuestro silencio cibernético de los últimos meses se debe en gran parte a que no hemos tenido medios ni para costearnos Internet.
Visto lo visto, no queda más que solicitar la solidaridad de quienes apoyan nuestra labor. Cuando hicimos circular el número de cuenta para apoyar a la Comunidad “la Esperanza” en un primer momento se pensó que una parte podría ir destinada para los gastos anti represivos. Sin embargo, la propia FAGC rápidamente decidió trazar la frontera: el dinero de esa cuenta iría destinado exclusivamente a los gastos (de agua y similares) de la Comunidad, para de esa forma evitar equívocos y delimitar prioridades. Lo propusimos en asamblea y los vecinos aceptaron. Por tanto, todo lo donado se ha dedicado exclusivamente a ese menester. Ahora la soga represiva estrecha su nudo y nos vemos obligados a repetir el llamamiento, pero en este caso para soportar el acoso jurídico-administrativo-policial al que es sometida la FAGC. Sinceramente no tenemos muchas esperanzas en esta iniciativa. Las compañeras y compañeros más generosos de todo el Estado (e incluso de Alemania) han hecho ya tremendos esfuerzos para solidarizarse con nuestra labor a través de sus aportaciones a la Comunidad. Son individuos, colectivos y sindicatos que no reciben subvenciones de ningún tipo y que dependen de su trabajo o de las contribuciones de sus componentes para sobrevivir. No pretendemos, por tanto, que nadie tenga que hacer dos veces el mismo esfuerzo. No obstante, y para que no quede constancia de no haber gastado este último cartucho, hacemos este último llamamiento de solidaridad:
1º Primero nos gustaría ir tejiendo esa red a la que nos referíamos. Contactar con compañeras y compañeros dispuestos a dar cobertura ante un posible recrudecimiento de la represión que hagan llegar la información al menos a los medios contra informativos. Gente dispuesta a levantar la voz para que nuestros compañeros no puedan ser represaliados en silencio.
2º Que cualquier compañera o compañero versado en temas legales, abogados y procuradores se ofrezcan a asesorar y, en caso de ser necesario, a colaborar a unos precios asumibles, lejos de la sangría a la que actualmente estamos siendo sometidos.
3º Mientras esto se articula, necesitamos colaboración económica para hacer frente al aluvión de gastos judiciales que se nos están presentando y que han ocasionado que actualmente los principales afectados tengan sus cuentas bancarias embargadas. Para ello abrimos una nueva cuenta (saneada y segura) para que quien lo desee puede hacernos llegar su solidaridad (cualquier duda sobre la cuenta ponerse en contacto con nosotros en anarquistasgc@gmail.com):
ES45 0239 2026 6130 4004 8866
Usaremos la baza de la solidaridad pero si no sale cómo esperamos, nada de preocuparse compañeras y compañeros; no hay nada que nos haga desviarnos de nuestro camino. Las tácticas cambiarán, los proyectos morirán con la misma facilidad con la que renacerán otros, recapacitaremos y trazaremos nuevas vías, lucharemos en otras partes y de otros modos, pero nunca pararemos, nunca desviaremos nuestros pasos de nuestro objetivo prioritario: aproximar, para todos los que quieran construirla y vivirla, un poco de dura y bella Anarquía.
Reprimiendo pueden hacer que nos replanteemos nuevas formas de asestar nuestros golpes, pero no pueden, porque son incapaces, desarmarnos. Quizás nos estén obligando a ser más imaginativos e ingeniosos, a simplemente inventar nuevas formas de lucha que ni su rodillo represivo pueda aplastar. Sí, la FAGC podrá desaparecer algún día o cambiar de nombre (¿qué importan las siglas?), pero el espíritu que la impulsa es más fuerte que los grilletes del Estado, que sus calabozos, sus cárceles y sus leyes. Ya pueden usar todo su papel matasellado y su acero porque ni hundiéndonos bajo los tomos de todas sus leyes ni encerrándonos tras sus barrotes van a lograr detenernos. Hay cosas que no mueren. 
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1Un banco o un organismo público jamás ofrecerá un alquiler social si no se le somete a esta política. No se les puede “pedir” la concesión de un alquiler sobre casas vacías; si queremos obtenerlo hemos de hacerlo sobre viviendas previamente ocupadas y forzarles a concederlo como única forma de resolver el conflicto. Su egoísmo intrínseco les hará optar por el “mal menor”.
2Advertimos: si la policía os agrade y no estáis de acuerdo con el parte de lesiones realizado durante la detención y decidís ir por vuestra cuenta a urgencias o al médico de cabecera, al referir que es una agresión se os cobrarán los gastos si en el plazo que os exige la seguridad social no presentáis la denuncia. Tres reclamaciones y amenazas de embargo tiene uno de nuestros compañeros que no ha conseguido hacer entender a ningún funcionario que aún está intentado reunir el dinero para interponer una querella en condiciones.

Entrevista a la FAGC del Pèsol Negre

Parlem amb companyes de la Federació Anarquista de Gran Canaria

Cuando La Esperanza es la última opción

Por Guille Larios, Santa María de Guía en La Directa

El proyecto de okupación más grande del Estado español, en Gran Canaria, aloja familias con elevado riesgo de exclusión social. “De todos los excluidos sociales, en la Esperanza viven los más excluidos”. Así comienza la presentación Ruymán Pérez [Rodríguez], miembro de la Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC) y portavoz de la Comunidad Esperanza, para describir la […]

El proyecto de okupación más grande del Estado español, en Gran Canaria, aloja familias con elevado riesgo de exclusión social.
“De todos los excluidos sociales, en la Esperanza viven los más excluidos”. Así comienza la presentación Ruymán Pérez, miembro de la Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC) y portavoz de la Comunidad Esperanza, para describir la situación humana en los bloques de pisos ocupados en el municipio gran canario de Santa María de Guía y los terrenos que conforman la okupación más grande de España.
La Esperanza es un proyecto para alojar familias con elevado riesgo de exclusión social y desamparo. Sólo pueden residir familias con menores a cargo, que no dispongan de ninguna propiedad y reciban menos de 426 euros mensuales (correspondientes a la prestación canaria de inserción (PCI)). Sin embargo, una parte de los cuatro bloques ocupados, formado por viviendas individuales, se destina al re-alojamiento de personas solas con trayectorias vitales de riesgo.

“Aquí, la mayoría de personas provienen de situaciones de pobreza crónica y desahucios, de la indigencia, los malos tratos domésticos, la inmigración sin papeles, la malnutrición, las enfermedades crónicas y la recogida de chatarra. La Esperanza no es un empleo más; a pesar de la convicción y la reivindicación, está movida por la supervivencia y la necesidad. Es la última salida antes de caer en la pobreza y marginalidad “afirma Ruymán.
Formada por cuatro grandes bloques de pisos inter-comunicados color verde pastel y unos terrenos anexos que las familias desescombrar para convertirse en un huerto del que abastecerse, una gran grúa brota desde una de sus calles interiores; herencia inamovible que se ha integrado como parte del paisaje comunitario. La puerta de acceso se encuentra integrada en un gran muro levantado por las vecinas para resistir un eventual desalojo y, encima, un mural hay reza: “Comunidad la Esperanza: lo último que se pierde”.
La comunidad nació en enero de 2013 impulsada por la Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC) y fortalecida por las luchas que tomaron fuerza a las islas con el 15M contra los desahucios, que golpearon con fuerza el archipiélago. Los cuatro bloques de viviendas fueron puestos a disposición de 73 familias sin recursos, un total de 260 personas, 160 de las cuales son niños.
Los cuatro bloques de viviendas fueron puestos a disposición de 73 familias sin recursos, un total de 260 personas, 160 de las cuales son niños
La FAGC, que en ese momento desarrollaba iniciativas como el Grupo de Respuesta inmediata contra desahucios y la Asamblea de inquilinos y desahuciados, contactó con la propietaria de los bloques deshabitados y obtuvo una cesión para alojar familias sin recursos.
Aún así, Ruymán defiende que la labor de la FAGC no es el asistencialismo; “En un primer momento, liberamos una vivienda para que la gente tenga una base desde donde empoderarse y ofrecemos las herramientas y principios libertarios como forma de organización y vertebración comunitaria.
A la Esperanza se apuesta por la acción directa, el apoyo mutuo, el asamblearismo y la democracia directa. La FAGC se desvincula de cualquier tipo de “tutela” y la forma de gestión interna y la supervivencia pacífica de la comunidad depende de todas las vecinas “aclara
Organización interna
Celebrada un domingo al mes al “Assambleatori” y abierta a todas las residentes que quieran decir la suya, la asamblea es el máximo órgano de poder y decisión de la comunidad. Allí se debaten los problemas comunitarios y los objetivos a alcanzar, aunque las agresiones o conflictos que imposibiliten la convivencia se plantean en asambleas extraordinarias puntuales. “Si hablamos de actitudes persistentes y la asamblea decide expulsar a alguien, la FAGC la realoja en otra vivienda, fuera de la comunidad” explica Ruymán.
Diferentes comisiones rotativas se reparten las tareas y objetivos comunitarios; los re-alojamientos de nuevas familias (actualmente con una lista de espera para otras 70 familias), el mantenimiento de los espacios, el trabajo en el huerto y el asesoramiento legal.
La comisión de economía tiene especial relevancia, ya que gestiona la aportación voluntaria de 25 euros mensuales por familia que, sobre todo, van destinados a sufragar el agua que abastece la comunidad. “Durante varias horas al día, el agua está cerrada y tenemos políticas de racionamiento verano-invierno” explica Ruymán. Esta comisión también gestiona las donaciones que personas y colectivos de todo hacen hacia la comunidad y que provienen, hasta la fecha, de movimientos libertarios ibéricos.
“Aunque la mayoría de gente no proviene de entornos militantes o activistas, funcionamos con principios libertarios porque son los más prácticos para organizarnos. Es un “anarquismo de barrio”, huyendo de grandes teorizaciones, porque prima la supervivencia. Vivimos en condiciones de extrema precariedad; se dan situaciones muy complicadas que no aparecen en los libros ya veces hay que improvisar “señala Ruymán.
“Aquí no somos el sexo débil” defiende la María, víctima de violencia de género en el pasado y que ahora lucha por que los servicios sociales le devuelva a sus hijos. “Llevamos parte del peso de la comunidad, gestionando comisiones, mediaciones y trabajos manuales. Es un feminismo espontáneo pero también consciente “.
Represión
Por otra parte, las residentes de la comunidad denuncian las continuas presiones ejercidas desde la Guardia Civil de Guía en forma de seguimientos, diligencias policiales, intimidaciones e identificaciones.
El mismo Ruymán fue detenido por agentes secretas de la Guardia Civil cuando salía de la comunidad el pasado Abril y fue llevado a dependencias policiales. “Fui golpeado y torturado durante 24 horas y recibí amenazas para que abandonara la comunidad y el municipio” declara. Una vez en libertad, Ruymán denunció los hechos con la juez a la vez que los agentes le imputaban un delito de atentado contra la autoridad.
Las residentes de la comunidad denuncian las continuas presiones ejercidas desde la Guardia Civil de Guía en forma de seguimientos, diligencias policiales, intimidaciones e identificaciones
“A comisaría me dijeron que me comería cinco años de prisión. Estamos a la espera de juicio. No me importa, es una estrategia de acoso y derribo de lo que hemos construido aquí. Quieren desestabilizarnos y me atacan porque creen que tenemos “líderes”, pero esto es horizontal y se sostiene solo “defensa Ruymán.
“A Guía no somos bienvenidos” explica Rocío, tesorera en funciones de la Comunidad. “Es un pueblo con un alto nivel adquisitivo, casi aristocrático. La GC nos acosa y dice que llenamos el pueblo de “basura”, en referencia a las personas de la comunidad, porque muchas de nosotros venimos de barrios guetificats de la isla con un fuerte estigma, como Jinama “explica.
“Tenemos los mismos problemas que cualquier comunidad de vecinos, pero somos pacíficos y vivimos tranquilamente, lo tenemos todo limpio y habilidad para los niños. Tenemos mucha más exigencia que el resto de familias de la isla; los servicios sociales venden cada día y amenazan con quitarnos los niños si algo no les gusta. “
Canarias, dañada por el paro y los desahucios
Las islas Canarias se basan en una economía terciarizada (75% de los puestos de trabajo), impulsada por el fuerte sector turístico. El año 2014, el archipiélago recibió cerca de 9,6 millones de visitantes, principalmente británicos y alemanes. Los últimos años, esta orientación hacia el turismo en las islas fue aparejada con un incremento del sector de la construcción.
Por el contrario, según el último informe de la Plataforma por la dignidad de las personas sin hogar, de 2012, cerca de 600.000 personas vivían en Canarias bajo el umbral de la pobreza y tan sólo un 25% de los hogares no presentaba ningún indicador de exclusión social.
Cerca de 600.000 personas vivían en Canarias bajo el umbral de la pobreza y tan sólo un 25% de los hogares no presentaba ningún indicador de exclusión social
Por otra parte, las elevadas tasas de paro han convertido crónicas los últimos años en las islas hasta convertirse en un mal social endémico que abarca diferentes estratos de población. Se trata de la comunidad autónoma con un mayor porcentaje de familias con todos sus miembros en paro (16%) y con una tasa de paro estabilizada en los últimos años en torno al 30%. Un 52% de las personas paradas son de larga duración, una cifra que no baja del 50% entre las menores de 25 años, según datos del INE.
Con estos indicadores, la virulencia de los desahucios ha sacudido con especial fuerza el archipiélago. Entre los años 2007 y 2014 el número de desahucios se cuadruplicó y se produjeron 16.634 ejecuciones hipotecarias. Sólo en el año 2014 y el primer trimestre de 2015 se registraron un total de 4.298 lanzamientos en las islas, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el conjunto de las islas, se producen una media de 12 desahucios diarios.
Entidades como la PAH Canarias, que han declarado la situación de emergencia de vivienda, estiman que hay cerca de 130.000 viviendas vacías en todo el archipiélago y, por otra parte, cerca de 21.000 familias solicitantes de vivienda, según el gobierno de Canarias.
A raíz de las movilizaciones y las fuertes campañas ciudadanas en lucha contra los desahucios, el consejo de gobierno canario, “dada la situación de emergencia social”, aprobó en Junio ​​de 2014 la Ley de Vivienda de Canarias o La Ley contra los Desahucios , que permitía la aplicación de medidas de choque como la sanción o expropiación a los bancos e inmobiliarias de sus viviendas vacías.
Sin embargo, la ley no ha llegado a aplicarse debido al recurso interpuesto por el Gobierno central del PP ya la consiguiente suspensión cautelar de la ley por parte del Tribunal Constitucional en abril de 2015.

Los bloques han sido absorbidos por la SAREB.
Esperanza en el futuro
Actualmente, los bloques se encuentran en un complejo proceso judicial para dirimir su propiedad, ya que han sido absorbidos por la SAREB para liquidar la deuda de la propietaria con Bankia. Aún así, el recurso interpuesto por la propietaria contra esta absorción ha parado el procedimiento y la SAREB deberá superar el recurso para reclamar los bloques.
Pero sea cual sea el resultado del proceso judicial, la Esperanza se mantiene firme en su proyecto e intenta ahora regularizar los suministros básicos, a pesar del silencio administrativo del Ayuntamiento. “Actúa hipócritamente al ignorarnos pero, de manera” informal “, nos deriva familias necesitadas para que las acogemos”, critica la María. “Buscamos trabajo para salir de esta situación de miseria y también planteamos alguna forma de autofinanciarnos desde la comunidad, pero es complejo porque el Ayuntamiento está muy encima para acusarnos de cualquier cosa ilegal “. Y añade: “Lucharemos para regularizar nuestra situación jurídica y conseguir una cesión o alquiler asumible, pero aquí no podemos marchar. La Esperanza es el único que tenemos y lo seguiremos luchando“ .

https://directa.cat/actualitat/quan-lesperanca-es-lultima-opcio