Desde Santa María de Guía, en Gran Canaria, las 76 familias que conformamos la Comunidad “La Esperanza” queremos hacer llegar todo nuestro apoyo, solidaridad y cariño a las 41 familias que el Banco Santander, con la colaboración necesaria de la administración, la judicatura y la Guardia Civil, ha desalojado ayer día 20 en la localidad de San Isidro, en el municipio de Granadilla de Abona ubicado en la isla hermana de Tenerife.
Compartimos su dolor porque sus hijos podrían ser los nuestros, porque sus ancianos también podrían ser nuestros padres o abuelos. La injusticia que sufren es la misma que miles de familias obreras y sin recursos padecemos a diario en un Estado en el que se repite, hipócritamente, que ya no hay desahucios.
Las familias que nos vemos obligadas a okupar no lo hacemos por gusto ni por comodidad, pues nadie acepta voluntariamente los estigmas con los que la sociedad marca a los que no tenemos vivienda propia ni dinero para alquilar. La insolvencia es hoy en día un delito, y rebelarse contra ella el peor de los crímenes. Las familias que no hemos aceptado la indigencia ni la intemperie y que hemos luchado por una vida mejor para nuestros hijos somos criminalizadas y perseguidas. Nadie parece entender que okupamos porque no existe una alternativa de vivienda pública real y eficiente, que lo hacemos porque el trabajo es cada vez más precario y escaso, porque los salarios son cada vez más bajos, porque los alquileres son cada vez más caros, porque no tenemos más opciones que morir reventados en la calle u okupar una vivienda y construir nuestras propias soluciones desde abajo y recuperar nuestra propia dignidad.
Las familias de Granadilla han sido desahuciadas sin respetar las supuestas garantías que se le atribuyen a los lanzamientos ordinarios. Ni se les notificó con antelación ni se les dio un plazo para desalojar la vivienda. Los antidisturbios se personaron al amanecer y les dieron a las familias 5 horas para sacar todos sus enseres o los perderían para siempre. Recoger toda tu vida en 5 horas, ¿es posible?
Muchas de las familias llevaban viviendo allí 5 años (un año más que nosotros en “La Esperanza”). Los responsables judiciales no han pensado que antes de echar a estas familias a la calle era necesario concederles un plazo para que no se vieran arrojadas directamente al asfalto. La ley entiende de dinero, pero no de sentimientos.
El Banco Santander, que desde que comenzó la crisis no ha dejado de recibir inyecciones de dinero público (nuestro dinero), es el principal responsable de esta atrocidad. Un banco que sigue fabricando tragedias y amasando su fortuna con la sangre y las vidas de los desahuciados, sean hipotecados u okupas.
Desde “La Esperanza” ofrecemos toda nuestra solidaridad a estas familias víctimas de la especulación inmobiliaria y condenamos a todos los artífices y cómplices de este terrible injusticia. Por nuestra parte tomamos nota nuevamente de cómo actúan los bancos, la administración, los juzgados y las fuerzas policiales. Ninguna humanidad puede esperarse por su parte. No lo olvidaremos.
Comunidad “La Esperanza”
