El pasado jueves 22 de marzo de este 2018 a las más de 70 familias de la Comunidad “La Esperanza” se les arrebató su derecho a acceder a unos bienes tan básicos como el agua corriente y la luz eléctrica. Lo hizo Unelco, la filial de Endesa en Canarias. Lo hizo sin ningún tipo de aviso previo y lo hizo desoyendo nuevamente la reclamación de los vecinos de que se les proporcione un suministro regular que, a pesar de sus escasos ingresos, siempre se han comprometido a costear. Lo hizo por ambición y codicia, porque considera que su derecho a la propiedad privada está por encima de nuestro derecho a la vida.
Detrás de esa frase y esa cifra, “más de 70 familias”, se encuentran nuestras caras y nuestros nombres, nuestras circunstancias, luchas y sufrimientos, y, sobre todo, se encuentran nuestros hijos. Nuestros niños son el núcleo de “La Esperanza”, son la mayoría en esta comunidad y son el principal motivo por el que un día decidimos sumarnos a este proyecto. Estos niños hoy no tienen ni agua ni luz. Y eso, como padres, no pensamos consentirlo.
¿Quieres saber qué es “La Esperanza”? “La Esperanza” son 4 bloques de viviendas socializados donde se encuentra la comunidad autogestionada más grande del Estado español. Sí, uno de los proyectos de realojo de familias sin hogar más numeroso y longevo no se encuentra en un lejano país ni pertenece a pasados tiempos revolucionarios; se encuentra aquí y ahora, en Gran Canaria, en una pequeña isla donde nos quieren hacer creer que nunca pasa nada. A comienzos de 2013 la FAGC (Federación Anarquista de Gran Canaria) llegó a un acuerdo con la promotora del la construcción para habilitar el inmueble a cambio de permitir que entráramos familias sin recursos y con hijos a cargo. Este febrero de 2018 se cumplieron 5 años desde que entramos las primeras 20 familias. Hoy somos más 70. Actualmente somos autogestionarios por completo, tanto en gestión interna como a nivel económico. Nosotros tratamos de solucionar los posibles problemas de convivencia en asamblea. Nosotros decidimos las condiciones de entrada de nuevas familias si alguna vivienda se queda vacía. Nosotros costeamos nuestra agua, pagando caras cubas de 10.000 litros diarios, y nos encargamos, sin ayuda de ninguna institución ni partido, del mantenimiento del edificio. Eso es “La Esperanza”.
¿Y quieres saber quiénes somos los vecinos que componemos este proyecto? Somos trabajadores de la construcción arrojados al desempleo tras la crisis del sector y que de un día para otros nos vimos sin casa a pesar de haber ayudado a construir tantos hogares. Somos madres solteras que sacamos a nuestros hijos adelante con poca o ninguna ayuda de las instituciones. Somos mujeres que hemos escapado de situaciones de maltrato y que hemos encontrado en “La Esperanza” un hogar para nosotras y nuestros hijos. Somos migrantes a los que años de trabajos precarios no nos ha permitido tener lo mínimo ni para pagar un alquiler. Somos enfermos crónicos a los que tener una vivienda en “La Esperanza” nos ha permitido no morir en la calle. Somos ancianos con pensiones ridículas y mil problemas físicos que no tenemos más techo que este. Somos desahuciados a los que la policía arrojó un día a la calle por impago de hipoteca y alquiler y hoy no tenemos otra salida que esta comunidad. Somos indigentes que llevábamos años sin dormir a cubierto hasta que se nos entregó las llaves de esta vivienda que nos ha salvado la vida. Y sobre todo somos niños, niños que vamos al colegio y estudiamos, que jugamos y crecemos en estos edificios, que vemos como nuestros padres se sacrifican diariamente para poner un plato en la mesa y que luchan a diario para que nosotros nunca llevemos una vida tan dura como la suya.
Estas somos algunas de las personas reales que hoy tenemos que afrontar un nuevo día sin agua y sin luz. Cuando Unelco-Endesa nos cortó la luz no sólo dejó a 200 personas sin posibilidad de conservar sus alimentos o de iluminarse para hacer los deberes; dejó a 200 personas sin agua porque para que el agua llegue a las viviendas dependemos un hidro que funciona con energía eléctrica. Nadie nos preguntó si teníamos conectada alguna máquina de soporte vital para algún vecino enfermo. Nadie nos preguntó cómo asearíamos ahora a nuestros hijos para ir al colegio. Nadie nos preguntó como apaciguaríamos los llantos de los niños a los que desde que se pone el sol tenemos que alumbrar con velas.
Esta atrocidad no hubiera podido perpetrarse sin la complicidad y colaboración necesaria de las autoridades municipales. El Ayuntamiento de Santa María de Guía ha autorizado las obras en vía pública que nos han dejado sin luz. El ayuntamiento se ha negado a darnos cualquier explicación o solución. El ayuntamiento no tiene previsto para este caso, en el que 200 de sus vecinos están sin luz y sin agua, ningún plan alternativo. Para ellos siempre hemos sido “extranjeros”, “gente de fuera”, y se nos ha tratado con un desprecio y xenofobia que hiere nuestra dignidad humana. Todo esto a pesar de que la mayoría, según su legislación, somos vecinos de pleno derecho porque estamos empadronados (hasta que en verano de 2016 el propio alcalde, Pedro Rodríguez, dio orden de no dejar empadronarse a nadie más contraviniendo la propia normativa de empadronamiento1). Lo que pretenden con esta maniobra es que abandonemos voluntariamente el inmueble (cosa que ya intentaron vía decreto en marzo de 2016) y para conseguirlo no les importa arrasar con todo, incluso con el bienestar de los niños y la poca salud de los enfermos. Según su normativa municipal2, constitucional3 e internacional4, no podemos carecer de suministros básicos y están obligados a garantizarnoslos. Pero las leyes que estos funcionarios juraron respetar son leyes de papel para unos y de sangre para otros, según quien las aplique o quien las sufra.
El colaborador necesario de este intento de provocar una crisis humanitaria es el alcalde Pedro Rodríguez, parlamentario en el Gobierno de Canarias por Nueva Canarias, partido que no ha dejado de llenarse la boca hablando de “programas de pobreza energética” y “desahucios 0” y firmando acuerdos con plataformas antidesahucio mientras permite que uno de sus parlamentarios condene a 200 personas a sobrevivir en condiciones infrahumanas. Por su parte el Cabildo y el Gobierno de Canarias, con los que ya contactamos en 2016 ante el intento de desalojo municipal, conocen perfectamente nuestra situación, al menos con el agua (pues en su día se les dijo que no disponíamos de agua de abasto), y se han inhibido completamente permitiendo que más 70 familias permanezcan, en ese “Caribe europeo” del que se sienten tan orgullosos, sin agua y sin luz.
Pero si las instituciones no hacen nada nosotros, los vecinos, sí pensamos hacerlo. Ante la voracidad capitalista de Unelco-Endesa y la cruel insensibilidad de los organismos públicos, “La Esperanza” declara que no se quedará quieta. No permitiremos que los servicios sociales, que obedecen al gobierno local que ha permitido que estemos sin luz y sin agua, cometa la retorcida maniobra de poner a nuestros menores en riesgo por carecer de los suministros básicos que ellos mismos han permitido que nos cortaran. No consentiremos que nuestros hijos sigan una semana más aseándose con garrafas de agua helada y teniendo que vivir alumbrados por velas. Empezamos desde ya mismo una semana de ruido y movilización, de rabia y protesta. Hace unos días cortábamos la calle frente a la comunidad, y eso sólo es una pequeña muestra de hasta dónde pensamos llegar para conquistar nuestros derechos. Convocaremos a todos los medios a una próxima rueda de prensa multitudinaria y denunciaremos ante ellos lo ocurrido. Difundiremos por redes cada segundo de esta lucha agónica. Haremos una hoja de ruta de movilizaciones que incluyen concentraciones, manifestaciones, acampadas y protestas en los feudos de los que consideramos responsables de esta emergencia humanitaria. Movilizaremos a la opinión pública, dentro y fuera de la isla, para hacer que la presión a los que intentan quitarnos la vida se haga palpable. Y buscaremos, por nosotras mismas, y con la ayuda de colectivos que no buscan votos ni fotos, la manera de volver a restituir el suministro eléctrico, sea a través de motores o de placas fotovoltaicas. Solicitaremos la solidaridad de todas y todos aquellos que sienten que nuestra causa es la suya y que nuestro dolor no sólo nos duele a nosotros. Unelco-Endesa y la administración han intentado imponer sus intereses a nuestro bienestar, pero les demostraremos que nada puede hacer la propiedad privada ante nuestras ganas de vivir, ante nuestras ganas de seguir vivos. Por ahora estamos sin luz y sin agua… Pero también, recuérdenlo, estamos sin miedo.
¡La “Esperanza” no se pierde!
Comunidad “La Esperanza”
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1Según el Real decreto 1690/1986, de 11 julio, por el cual se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades locales, en su art. 54.1: “Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente”. Y en su art. 58.1: “El Ayuntamiento facilitará a todos los que vivan en su término hojas padronales o formularios para que le notifiquen los datos de inscripción”.
2El Reglamento del Servicio Público de Agua en el término municipal de Santa María Guía en su art. 2 establece que “el servicio de abastecimiento de agua es de carácter público, por lo que tendrán derecho a su utilización cuantas personas lo deseen, sin otra limitación que las condiciones y obligaciones que señala dicho Reglamento y la legislación vigente en la materia”. Lo mismo se constata en el art. 26.1.a) de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985.
3Ver la sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995 y la propia Constitución Española en sus artículos 43.1 y 43.2.
4Ver la resolución de las Naciones Unidas 64/292.