Desde hace aproximadamente 4 años varias familias entraron a vivir en unos dúplex abandonados en San Miguel de Abona (Tenerife). Contactaron con un supuesto promotor que les pedía 100 euros a cambio de acceder a ellos. Las casas, destrozadas, sin ventanas ni puertas en muchos casos, no valían ni siquiera eso. El pago se produjo y desde entonces el promotor desapareció. Las familias han seguido viviendo ahí desde aquel momento, arreglando los destartalados inmuebles como han podido y convirtiéndolos en sus hogares. Hablamos de 14 personas (8 adultos y 6 menores). Nadie se había acordado de ellos hasta hace pocos días.
El 13 de febrero el juzgado de Granadilla de Abona les comunica que tienen 10 días para comparecer en dichos juzgados y justificar con qué título habitan las viviendas. Es el paso previo al desahucio. Las viviendas son actualmente propiedad de la SAREB (Sociedad Gestora de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), también conocida como “el banco malo”. La SAREB es una de las entidades financieras que más desahucia en el Estado español, negándose casi por sistema a conceder alquileres sociales pues su principal objetivo es vender todos los activos adquiridos antes de su autodisolución. La negativa a negociar y a conceder alquileres sociales, como alternativa al desahucio, sobre todo en los casos en los que hay menores por medio, es especialmente sangrante cuando hay acuerdos con el Gobierno de Canarias sobre cesión de viviendas para situaciones de emergencia.
Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y la Federación Anarquista de Gran Canaria vamos a intentar ayudar a estas familias para impedir este dramático desenlace:
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Ya hemos ofrecido a los afectados asesoría legal para que puedan presentar escritos que justifiquen su actual situación e impidan el lanzamiento judicial.
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Contactaremos con los medios de comunicación para que se hagan eco de esta noticia y nos ayuden a impedir con su influencia que 14 personas (6 de ellas niños) se vean en la calle sin ningún tipo de alternativa habitacional.
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Hacemos un llamamiento a los colectivos sociales de nuestra isla hermana para que den el apoyo presencial y el acompañamiento personal que a nosotras se nos hace difícil ofrecer desde aquí.
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Hacemos un llamamiento a la opinión pública, a las vecinas de nuestros barrios y pueblos, para que apoyen a estas familias e impidan que el desahucio se produzca.
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Instamos a las administraciones públicas, principalmente al Ayuntamiento de San Miguel de Abona y al Gobierno de Canarias para que, tal y como ya ha ocurrido en el caso de la Comunidad “La Ilusión” (Telde, Gran Canaria), empiecen las negociaciones con la SAREB y la conminen a paralizar el desahucio. Es su responsabilidad que una entidad con un 45% de capital público deje de expulsar a familias de sus casas.
Con 1.100 desahucios en Canarias el pasado trimestre; con la mayor subida de los precios del alquiler del Estado y los segundos salarios más bajos; con un precio medio del alquiler de 749 euros y un riesgo de pobreza del 40,2%; es necesario dar una respuesta colectiva y organizada a la verdadera emergencia habitacional que sufrimos en Canarias. No hablamos ya de una lucha política o económica; es una lucha por la supervivencia.
SIGC y FAGC