Los vecinos desalojados por el derrumbe en Paseo de Chil se sienten abandonados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Ocho de las 16 personas afectadas han reclamado, junto al sindicato de inquilinos de Gran Canaria, que la administración les informe periódicamente sobre lo que está ocurriendo con sus casas y no tener que enterarse por la prensa

También han demandado que se les garantice una alternativa habitacional, ya que según afirman el Consistorio solo les ha comunicado que sufragará los gastos para tres semanas, y asistencia que les ayude a cubrir sus necesidades básicas

Canarias Ahora

Vecinos desalojados por el derrumbe en Paseo de Chill durante una rueda de prensa en el Hotel Valencia.

Los 16 vecinos desalojados de sus viviendas tras el derrumbe del muro en Paseo de Chil han criticado al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y al concejal José Eduardo Ramírez porque consideran que solo han dado la cara el día en el que tuvieron que abandonar sus casas. Desde entonces, 16 días después, los vecinos aseguran que los han engañado y abandonado, pues no obtienen ni información ni la asistencia que, a su juicio, les corresponde dada la situación.

Ocho personas han dado la cara ante los medios de comunicación en el Hotel Valencia, donde el Consistorio capitalino los realojó sufragando los gastos, de la mano del sindicato de inquilinos de Gran Canaria. María Eva Medina ha explicado que lleva más de dos semanas viviendo con sus dos hijos menores, su marido y su madre en una habitación con cuatro camas y sin cocina, ni nevera, ni fregadero ni posibilidad de lavar su ropa.

“Nadie del Ayuntamiento ha venido al hotel a informarnos. Nos enteramos por la prensa de que el regreso a nuestras casas no será dentro de tres meses, como nos habían dicho en un principio, sino de seis. Y no nos dicen si la administración pública se hará cargo de nuestra estancia, porque en principio nos dijeron que el alojamiento en el hotel era una ayuda de dos o tres semanas, de emergencia. Necesitamos tener la seguridad de que vamos a tener un techo”, relata Medina.

Desde que se vio obligada a abandonar su casa en la calle Ladera de Cuyás, su día a día se ha transformado por completo: “Tengo que llevar a mi hijo pequeño a desayunar al bar antes de coger una guagua y llevarlo al colegio. Tengo que coger el coche para lavar la ropa en el centro comercial Las Ramblas. Y ya no nos dan desde la administración ni bonos de guagua ni para lavar la ropa. He tenido que comprar ropa nueva porque no me dejan acceder a mi vivienda”.

Román Martel comparte las preocupaciones de su vecina y reconoce que los servicios sociales del Ayuntamiento le han decepcionado mucho, porque no han sabido asegurarles que ocurrirá después de las dos semanas en las que la administración sufraga los gastos. “Nos dicen que esperemos y que reclamemos al seguro de nuestras casas, que nos pagan un alquiler, pero lo que se derrumbó es el muro, que no es nuestro”. Ante esta incertidumbre, Martel confiesa que los vecinos se han sentido “ignorados”, “engañados” y “abandonados”.

Pascual Quintana vive con su madre y su hermano, los tres por encima de los 60 años. “Mi madre está muy enferma y necesito entrar a mi casa para coger todas las medicinas”, relata, al tiempo que critica la solución que ha encontrado el Ayuntamiento. “Yo solo quiero una cocina, un baño y dos habitaciones, no un hotel”.

Manuel Santana, que habita la vivienda número 5 de la Ladera de Cuyás, también tomó la palabra para confesar que tanto él como su hermano tienen una minusvalía, “la de mi hermano es del 78% y mi hermana se va a hacer cargo de él. Mi madre falleció hace dos meses y el Ayuntamiento ni siquiera ha puesto un psicólogo ni un tipo de asistencia parecido”.

“Esperamos que detrás de esto no haya una maniobra de desalojo masivo”

Ruymán Rodríguez, del sindicato de inquilinos de Gran Canaria, ha criticado que el Ayuntamiento de la ciudad capitalina no haya sido capaz de ofrecer “un plan de contención en condiciones”, tras un derrumbe que ha afectado a cinco viviendas. “Se ha limitado a derivar a los vecinos a un hotel sin asumir más responsabilidades”.

Por otro lado, Rodríguez considera que la responsabilidad del derrumbamiento del muro, que pertenece a Altamira, una sociedad inmobiliaria del Banco Santander que quiere expulsar a los vecinos, es del Ayuntamiento y que “se está dejando que se deteriore el espacio público en zonas gentrificadas”.

“No queremos encontrarnos dentro de cinco o seis meses que esas viviendas no son habitables y que se deben derribar para construir viviendas vacacionales. Esperamos que detrás de esto no haya una maniobra de desalojo masivo”, ha manifestado Rodríguez. En este asunto, María Eva Medina ha sido contundente: “Quiero dejar claro que nosotros no somos ocupas, somos los dueños de las casas. Y tenemos de todo para demostrarlo”.

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