«El tripartito de izquierdas desahucia igual que los fascistas»

— Uno de los eslóganes más repetidos por el alcalde Augusto Hidalgo es que «en esta ciudad nadie se quedará atrás», ¿casa eso con la realidad que se encuentran a diario?

— Este discurso, que es como el que tenía antes Aguilar, no habla de pobres. Habla de los que no tienen de todo. ¿Quién tiene de todo en esta ciudad? La neolengua y la postverdad no la inventó Trump. La realidad en datos oficiales es que tenemos un 40% de población en exclusión social o pobreza. Con los salarios más bajos del Estado. Si el salario mínimo interprofesional es de 900 euros y la media del alquiler es de 997, hay un desequilibrio que no cuadra. Cuando te tienes que gastar más de lo que ganas en vivienda estás abocado a la indigencia. El fenómeno de la okupación lo están provocando ellos, por ejemplo, cuando se advierte a una madre que si no tiene techo perderá a sus hijos.

— ¿Tiene el Ayuntamiento recursos para combatir esta situación?

— Los tiene aunque diga que no. Todas las instituciones tienen competencias en materia de derechos humanos. Pueden crear bolsas de vivienda, que se pongan a ello. En Canarias tienen 130.000 viviendas vacías. Que contacten con todos los grandes tenedores de viviendas como bancos, Sareb o entidades públicas o semi públicas, con gran cantidad de vivienda parada, y les pongan en contacto con las personas que tienen problemas para acceder a un alquiler. No puede ser que en países como Alemania haya un 40% de vivienda pública y aquí apenas llegue al 3%. Siendo pobres como ratas. El Ayuntamiento ha estado recurriendo a hostales, como en el caso de María del Pino Santana en enero, aunque en el caso de Nereida, Natalia y sus hijos les ha dado igual.

— ¿El caso que cita de María del Pino sirve para ejemplificar una mala política?

— Lleva cuatro meses allí. Si uno analiza cuánto cuesta un hostal durante todos esos meses, que son unos 1.500 euros mensuales, cuando una ayuda al alquiler de 300 ya le ayudaría en su situación, está claro que los recursos municipales no se están utilizando bien. Y tenemos miedo de que una vez pasadas las elecciones se acabe esa ayuda.

— ¿A qué achaca esa gestión?

— O son incompetentes, y entonces no nos sirven, o son perversos. Como decía un anarquista sobre Dios. Porque si pueden hacer algo y no lo hacen son malvados. Hay un caso de incompetencia, pero también de perversión, porque no hacen lo que pueden hacer. Y tienen que surgir organizaciones de base, apartidistas, sin subvenciones ni liberados, para fiscalizar lo que están haciendo porque les está dando igual una situación de emergencia habitacional no declarada que tiene tintes muy dramáticos para el futuro y que, lamentablemente, solo será atendida cuando alguien se quite la vida desesperado.

— Javier Doreste, responsable de Urbanismo y Vivienda el pasado mandato, asegura que se han evitado muchos desahucios en ese tiempo…

— Cada vez que nos hemos reunido con responsables políticos y nos comentan que en cuatro años han realojado, por ejemplo, a 20 familias. Nosotros, en seis meses, hemos realojado a 200. Lo siento, no les compro la moto. La mayoría de desahucios que ellos se suman como éxitos se paran por los recursos de los abogados de oficio o asociaciones como la nuestra. Ellos lo único que hacen es salir en fotos, propaganda o manos al hombro. Como lo ha demostrado el caso de Paseo de Chil, que han mostrado su incompetencia. Nos hablan del auge del fascismo en las instituciones, lo siento, pero a diario vemos la misma forma de actuar en un Ayuntamiento progresista, un tripartito del cambio, desahucian igual que los otros. Yo no he visto un cambio real de política. Que no tiene una apuesta por la vivienda pública. Que no diga que vivienda nueva que se construya tenga que dejar un tanto por ciento a la vivienda pública, que esas obras que se han quedado paradas por la crisis no se compren y se terminen de construir para vivienda social. Siguen gentrificando los barrios, echando a la población residencial, primando a la población flotante de turistas y a la gente que quiere acceder a zonas de ocio céntricas y van desplazando a vecinos de toda la vida.

— ¿Cuándo le hablan de competencias entiende que para un asunto así no haya colaboración institucional?

— El Ayuntamiento dice que no tiene competencias, aunque repito, las tiene. Para eso le hemos propuesto una bolsa de vivienda. El Cabildo dice que apenas dispone de cinco casas. Y el Gobierno de Canarias sí que tiene competencias pero ha decidido enajenar la vivienda pública a Visocan, que funciona como una empresa privada que está especulando con el suelo de todos. Tienen competencias pero son unos incompetentes. Deben coordinarse y hacer un estadillo de casas vacías y limitar los precios del alquiler, que lo han hecho ciudades tan poco sospechosas de ser rojas o revolucionarias como París o Berlín. Están legislando para un sector minoritario de la población, los ricos. Cuando se hace el decreto de regular el alquiler vacacional lo hacen para el suelo turístico, para defender a las hoteleras.

— Se escucha hablar de desahucios bastante menos que en otros años, pero insiste en que no han disminuido…

— Estamos en torno a los 1.500 por trimestre, como en los años de plomo de la crisis. El gran problema es que ha cambiado el perfil, ya no es por hipoteca sino por impago de alquiler. Como se ha potenciado una criminalización de la insolvencia, el desahuciado se siente culpable. Por eso no se oye hablar de eso. Por eso en muchos casos hemos visto a familias que acaban viviendo en cuartos de lavadora. Hacinados. Y cuando eso se le acaba termina de okupas.

— Una de las críticas comunes es decirles que son gente que quiere las cosas gratis y no pagar…

— Desde el Sindicato nunca hemos cargado contra el propietario individual que pone su vivienda en alquiler. Ese no es el problema. El problema lo tenemos con las instituciones públicas, que siguen considerando que la vivienda tiene que formar parte del mercado cuando tiene que estar fuera, como deberían estar sanidad y educación. Bienes de primera necesidad que no pueden estar sujetos a los ritmos de especulación. La Constitución así lo dice. Pero lo que hacen es cargar contra los inquilinos que no pueden pagar; desde los servicios sociales están diciendo que se busquen la vida, como si no pagaran porque no quieren. A familias con 500 euros. He visto casos en los que le piden a mujeres víctimas de violencia de género que busquen una habitación compartida, con las circunstancias traumáticas con las que acarrean. Están excluyendo y marginando a la gente pobre, y lo que están consiguiendo con ello es que la gente se sitúe al margen de las leyes porque las leyes se han situado al margen de ellos y provocando una crisis social que está rompiendo el tejido. Y encima, hasta donde no llega la fuerza de la ley llega la ley del más fuerte. Eso va a cristalizar en algo que no van a saber controlar.

— Dice que nos encontramos en una emergencia habitacional no declarada. Eso suena muy duro.

— Totalmente. Lo estamos viendo a diario. Desnutrición infantil, con un 35% de niños pobres en Canarias. Están abocando a una serie de personas a la indigencia, porque es así como se construye eso. A parte de que hay pobreza endémica, con la crisis han propuesto un modelo económico y social que era beneficioso para el capitalismo que ha acabado provocando que gente que nunca fue pobre lo sea ahora. Y los niños están empezando a transitar con una serie de procesos que son incompatibles con la infancia. A mí me han llegado a preguntar niños de 10 años si le van a venir a desahuciar con perros. U otro de siete años que al proporcionarle una vivienda a su familia me ha dicho que en el colegio le van a llamar okupa. Los políticos están fuera de la realidad y no saben lo que le está pasando a sus conciudadanos. Nosotros paramos una media de 200 desahucios por trimestre.

En los últimos años el Sindicato de Inquilinas ha logrado encontrar alternativas habitacionales para muchas personas que han sufrido desahucios en los últimos tiempos. Este colectivo vive de una cuota de un euro de sus socios y del trabajo desinteresado, sin vínculos económicos con las administraciones, que se desloman por dar soluciones a quien lo necesita.