Basta ya de represión a los movimientos por la defensa de los derechos básicos.
La lucha que desde hace años viene llevando el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria (SIGC) junto con la FAGC se enmarca dentro de la lucha por y con lxs más desfavorecidxs de esta sociedad, lucha que ha supuesto un salto cualitativo en las resistencias populares, ya que se ha enmarcado en un contexto de implicación con quienes sufren esa necesidad. En este caso no se trata de luchar por/con aquellxs que no pueden pagar una hipoteca, sino por /con aquellxs que nunca soñaron con poder tener una hipoteca, que también son los mismxs que tienen más probabilidades de tener menos acceso al sistema sanitario. En este sentido, la lucha por el derecho habitacional para lxs excluidxs, es hermana de la lucha por un acceso al sistema sanitario en condiciones de igualdad.
Hay similitudes en la lucha por la vivienda del SIGC, con la lucha para ofrecer asistencia sanitaria al margen del Estado que han llevado a cabo lxs compañerxs griegxs a través de la puesta en marcha de decenas de consultorios sociales autogestionados y farmacias de barrio. En ambos casos se trata de tomar los problemas en nuestras manos y resolverlos, ante la inacción de la Administración. Y eso es justo lo que más daño hace al estado y a sus satélites: demostrar que es posible garantizar los derechos básicos sin su intromisión.
Además, la lucha por el acceso a la vivienda y la lucha por el acceso a la asistencia sanitaria no sólo están hermanadas por ser una demanda de derechos básicos y universales. Vivienda y salud están unidas íntimamente en tanto que la primera es un determinante social fundamental de la segunda, como demuestra la evidencia científica desde hace más de veinte años, tanto a nivel general1 como factor de riesgo específico para enfermedades respiratorias2 o desarrollo de hipertensión arterial3. La vivienda no es por tanto algo opcional ni un lujo, sino parte fundamental para que todxs podamos tener una vida digna e íntegra.
Es por esto que desde la CAS denunciamos las políticas represivas de todos los gobiernos, contra todxs aquellxs que estamos en la calle defendiendo la cobertura de las necesidades básicas de la población, ya sea acceso al sistema sanitario, a la vivienda, al agua, a la alimentación, o a la energía /electricidad.
Curiosamente el estado descarga su represión contra todxs nosotrxs, ya sea con detenciones, con montajes policiales o aliándose con los nazis para reventar nuestras movilizaciones.
Como dice Ruy: “Ningún papel ni barrote han podido aplastar nunca el instinto de supervivencia y la urgencia de conseguir comida, techo y abrigo. Mi condena tampoco lo logrará”4.
Hacemos un llamamiento a todos los individuos y organizaciones sensibilizados para coordinarnos, organizaros y plantar cara a la represión del estado y contra el fascismo en todos los puntos del estado.
Referencias
- Rolfe et al. Housing as a social determinant of health and wellbeing: developing an empirically informed realist theoretical framework. BMC Public Health. 2020. 20:1138
- Blane et al. The “inverse housing law” and respiratory health. J Epidemiol Community Health 2000;54:745–749
- Mitchell et al. Elevated risk of high blood pressure: climate and the inverse housing law. Int J Epidemiol 2002 Aug;31(4):831-8
- https://www.portaloaca.com/opinion/15413-un-juicio-ruyman-rodriguez.html