Artículo publicado el 25 de marzo: https://canarias-semanal.org/art/30142/los-guardias-civiles-que-me-torturaron-reclaman-ahora-ser-aforados-videos
REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El juicio que debía celebrarse este miércoles 24 de marzo en en el Juzgado de lo Penal nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria contra el militante anarquista Ruymán Rodríguez, acusado por la Guardia Civil de un presunto delito de «atentado a la autoridad», ha sido finalmente aplazado.
En conversación telefónica con Canarias Semanal, el propio Rodríguez nos explicó las razones de este inesperado giro en un proceso, que tanto la Federación Anarquista de Gran Canaria como el Sindicato de Inquilinas de esta isla califican como un nuevo caso «de persecución política y montaje policial».
Como se recordará, Rodríguez, destacado activista por el derecho a la vivienda, está imputado por supuestamente haber dado una patada a un guardia civil en las dependencias del cuartelillo del municipio grancanario de Guía, después de que fuera detenido, en abril del año 2015, cuando se disponía a acudir a su puesto de trabajo.
Por aquellas fechas, el activista libertario ya denunciaba que su detención formó parte de «una campaña policial para desestabilizar el proyecto de ocupación conocido como Comunidad “La Esperanza”«, del que él mismo había sido uno de los principales impulsores.
Pero Rodríguez denunció también que «fue torturado durante su detención por tres de los guardias civiles«, uno de los cuales interpondría a su vez la denuncia contrá él que lo ha llevado al banquillo, acusado de un delito por el que se le pide una condena de 18 meses de cárcel y 700 € de multa.
Pese a la enorme trascendencia que ha tenido su caso en las últimas semanas, no es tan conocido el hecho de que, finalmente, ambas denuncias cruzadas fueron admitidas a trámite, de manera que en el juicio que debía celebrarse el pasado miércoles Ruymán Rodríguez es al mismo tiempo acusado y acusador de los guardias civiles.
Y fue justamente su denuncia por «torturas y detención ilegal» la razón del aplazamiento.
«Cuando llegamos al juzgado -expone Rodríguez- nos encontramos con la sorpresa de que el juicio no se iba a celebrar porque los guardias civiles reclamaron ante la juez ser aforados, lo que implicaría que el proceso pase a celebrarse en la Audiencia Provincial«.
«La cuestión -añade Rodríguez– es que los guardias civiles habían tenido meses para hacer esta petición y no lo hicieron. Yo creo que es posible que su decisión pueda deberse a la gran repercusión que ha tenido este caso, tanto dentro como fuera del Estado español, con expresiones de solidaridad en países como Alemania, Gran Bretaña y hasta EE.UU.«.
«Se ha desarrollado una potente campaña, porque creo que se ha entendido que esta no es en absoluto una cuestión personal, sino que tiene que ver con algo tan importante como es la lucha por el derecho a la vivienda, y es muy posible que esta campaña, y la presión social correspondiente, les haya asustado, y les haya llevado a intentar aplazar el juicio, esperando que así la situación se enfríe».
«LA POSIBILIDAD DE QUE POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES PUEDAN SER AFORADOS DEBERÍA ALARMARNOS A TODOS»
«Ahora hay que esperar -apunta Rodríguez– a la decisión de la juez. Si decide en contra de la petición de los guardias civiles el juicio tendrá que seguir en una fecha razonable, pero en el caso de que llegue a la Audiencia Provincial podría demorarse durante un tiempo que no podemos conocer».
Para Rodríguez, en cualquier caso, «lo más grave sería que se le conceda este increible privilegio a policías y guardias civiles«.
«Como sabemos -explica este militante anarquista y vecinal – a la policía ya se le concede la presunción de veracidad, por lo que nunca hemos creído que vayan a condenar a los guardias civiles que me torturaron. La Fiscalía pide para ellos la libre absolución, mientras para mí pide los 18 meses de cárcel. Nuestra intención desde el principio ha sido utilizar este proceso para hacer la denuncia pública».
«Pero si, además, a los guardias civiles y policías se les empieza a considerar aforados, se les ofrece el privilegio de no tener que dar cuentas ante los mismos juzgados que el resto de los ciudadanos, sino ante instancias superiores, estaremos ante una situación que debería alarmarnos a todos».
«Hay que recordar -puntualiza Rodríguez– que hablamos de cuerpos policiales que están en contacto directo con la población civil, que van armados, y que las denuncias por abusos y torturas en las comisarías son numerosísimas».
«Aquí, en Canarias, se aprovechan de que mucha gente no conoce sus derechos y no se les ocurre hacer como en mi caso, que reclamé el habeas corpus y pedí comparecer ante el juez tras las agresiones que sufrí en el cuartelillo».
«Están también muy cercanas -añade- las imágenes de cómo en estos tiempos de pandemia agentes de policía han golpeado a ciudadanos por la calles por cualquier motivo, casos como el de la paliza que dos policías le propinaron a un padre y su hija en Linares o los abusos cotidianos contra los migrantes«.
«FUERON A POR MÍ POR EL MIEDO QUE GENERAN PROYECTOS DE AUTOGESTIÓN DE VIVIENDA COMO EL DE LA ESPERANZA»
Preguntado sobre las razones por las que, en su opinión, fue detenido en el 2015, Rodríguez no duda en señalar que:
«En principio, me denunciaron por el miedo que genera en un municipio como el de Guía un proyecto como el de La Esperanza. El proyecto de autogestión de vivienda más grande del Estado español, con más de 200 personas realojadas».
«Con una mentalidad muy cuadriculada y jerárquica, la Guardia Civil pensaba que si se cargaba al que consideraban el líder de ese proyecto, acabarían con él. No podían, ni pueden entender, que en estos proyectos no hay líderes y por tanto es absurdo pensar que se pueden descabezar».
«Este -insiste Rodríguez– no es más que otro caso de persecución política, pero también de aporofobía. Me lo dejó muy claro uno de los policías en el Cuartelillo, que me espetó: ¡si tú eres anarquista, que haces trayendo chusma y gitanos a este municipio, cuando deberías estar en Las Palmas quemando contenedores y cajeros!».
«Y es que ese es el «anarquismo» que ellos prefieren -explica Rodríguez-, mientras que lo que más temen es que el anarquismo se vincule con la gente de los barrios, con los vecinos y vecinas, con las personas sin recursos. Eso es lo realmente peligroso para ellos, y su objetivo no es otro que el de acabar con estos lazos y proyectos sociales».
«La cuestión es -concluye Rodríguez- que les ha salido el tiro por la culata, porque han conseguido todo lo contrario. Actualmente, ya hay 10 comunidades de autogestión de la vivienda en Gran Canaria, con 1.000 personas en casas recuperadas. Casas que, en todos los casos, llevan abandonadas más de dos años, y son propiedad de bancos y fondos buitres, que son las únicas que ocupamos para familias sin otra alternativa habitacional, migrantes en situación de persecución policial o mujeres maltratadas que no está recibiendo la ayuda necesaria de la Administración».