Categoría: Desahucios

Semana Solidaria con «La Esperanza»

Editamos: Cualquier persona que quiera apoyar a la Comunidad que imprima el cartel de abajo y lo distribuya o pegue por su barrio, pueblo o municipio.

Desde la Comunidad «La Esperanza» convocamos a toda la población a apoyarnos en la segunda semana de abril, que es cuando el consistorio decreta que abandonemos «voluntariamente» nuestras viviendas. Hemos organizado una Semana Solidaria con la Comunidad «La Esperanza» que consiste en el siguiente programa:

El 11 de abril nos concentraremos en la Plaza O’Shanahan frente al Gobierno de Canarias en tanto este siga abierto (de 9:00 a.m. a 14:00) exigiendo que no se nos desaloje y que se nos ofrezca una alternativa habitacional digna y asequible.
El 13 de abril las varias docenas de vecinos que estamos notificados entegaremos nuestros recursos de reposición (a partir de las 9:00 a.m.) al ayuntamiento de Santa María de Guía (c/ Eusebia Armas, nº 4); pedimos a los medios y a quienes nos apoyan que nos acompañen en esta demostración de fuerza ante la administración.
El 14 de abril, fecha en la que acaba el plazo que nos da el ayuntamiento para desalojar nuestras viviendas, haremos una concentración dentro de la propia Comunidad «La Esperanza» (Santa María de Guía, carretera general del norte km. 24, Albercón de la Virgen, frente a la ITV) y un desayuno comunitario para compartir con todas y todos los que nos han apoyado. 
¡La ESPERANZA se declara en LUCHA!

Comunicado de la Comunidad “La Esperanza”

Comunicado de la Comunidad “La Esperanza”
Ante las declaraciones del alcalde, Pedro Rodríguez
Desde la Comunidad “La Esperanza” queremos aclarar y refutar algunas de las opiniones vertidas por el alcalde a los medios de comunicación en su pasada rueda de prensa del día 22 de marzo del corriente año y de paso dejar algunas cosas claras.
1. La habitabilidad del inmueble: según el señor alcalde «quiere velar por la seguridad de los habitantes de “La Esperanza”». Y ¿cómo pretende hacerlo? Desalojando a esos mismos habitantes y arrojándolos al asfalto. Son ya muchos los medios de comunicación que han pasado por la Comunidad “La Esperanza” y no nos dejarán mentir si afirmamos que todos han podido acceder al interior de las viviendas y comprobar que son perfectamente habitables. ¿Hablamos de cuestiones estrictamente legales y burocráticas? En ese caso concedamos que los inmuebles no tienen cédula de habitabilidad. Según el alcalde nos quiere desalojar porque son un peligro para nuestra seguridad. Ahora preguntamos, ¿se está más seguro, protegido, lejos de amenazas y peligros en la calle? Aquí algo no cuadra bien: no se puede sacar a una persona de un incendio para echarlo en una incineradora. Por muy peligrosa, insegura e insalubre que fueran la Comunidad y sus instalaciones (que no lo son), más peligrosa, insegura e insalubre sería siempre la calle. El motivo del intento de desalojo administrativo no puede ser nunca nuestra seguridad porque si no se nos garantizaría un realojo digno y asequible a nuestras posibilidades. En vez de eso, por “nuestro bien y seguridad”, se nos quiere arrojar a la intemperie y la indigencia. No “vele más por nuestra seguridad” señor alcalde si eso pasa por mandarnos a morir o a vagar por la calle con nuestro centenar de niños.
2. Los compradores: El alcalde habla también de los compradores que invirtieron sus ahorros en algunas de esas viviendas. Conocemos el verdadero interés del alcalde: convertir el asunto en una típica pelea entre “propietarios” y “okupas”. Pero no le saldrá bien. Nosotros conocemos perfectamente la situación de algunos de las personas que adelantaron dinero sobre plano e invirtieron sus ingresos con el fin de tener una vivienda. También la de los que permutaron solares a cambio de varias viviendas. Nuestra lucha no es ni será nunca contra ellos, y nos gustaría hacerles saber que nuestras reivindicaciones y necesidades en nada afecta a sus derechos. Nuestra intención siempre ha sido establecer un frente común que nos beneficie a todos, y no caer en las maniobras del alcalde para azuzar el enfrentamiento. Todos somos víctimas: ellos de una estafa particular y nosotros de la estafa capitalista. Ha sido la Comunidad “La Esperanza”, y no ninguna institución, la primera que ha puesto sobre la mesa la solución más plausible para hacer que los propietarios recuperen su inversión: dando por sentado que al declararse la Promotora Piornedo en quiebra es imposible que obtengan de ella resarcimiento alguno, hemos planteado formalmente que se remunicipalicen los inmuebles (y si el ayuntamiento no tiene competencias que se encargue la administración correspondiente), se los catalogue como viviendas de protección oficial en régimen de alquiler social y se extraiga directamente de los alquileres pagados por los vecinos la cantidad exacta que invirtieron los propietarios en las viviendas a fin de restituírsela. No hay mejor solución para lograr que nosotros no nos veamos en la calle y que los compradores recuperen su dinero. Pero esta solución requiere la intervención del ayuntamiento, y como en realidad no les importamos ni los unos ni los otros no hay voluntad política de que se lleve a cabo.
En otro orden de cosas queremos también aclarar una desinformación de la que se han hecho eco algunos medios estos días. Cuando la Federación Anarquista de Gran Canaria inicia la ocupación (con “c”) de las viviendas en 2013 y mete a las primeras familias, lo hace en unos inmuebles vacíos, con años de abandono (de hecho las viviendas estaban siendo objeto desde hacía mucho tiempo de vandalismo y robos, como muestra de que no estaban habitadas) y con consentimiento por escrito de la promotora (en consecuencia somos “precaristas” y no “okupas”, al menos todavía). Ningún vecino forzó ninguna puerta; todos entramos con ese consentimiento y con las llaves en la mano. A nadie se le ha quitado nada, en tanto en cuanto los inmuebles estaban desocupados y la reclamación de los compradores era recuperar su inversión y no unos pisos sin certificados legales. Nuestra ocupación no conculca ninguno de sus derechos o reclamaciones.
3. Las mentiras: En la comunidad hay 77 viviendas. Todas ocupadas, y en su gran mayoría por familias con hijos al cargo. Sólo en unos pocos casos, de extrema necesidad, se ha contemplado realojar a solteros sin hijos. Teniendo en cuenta que muchas son familias numerosas, los números del alcalde son más que conservadores. Estamos actualizando el censo, pero podemos asegurar que rondamos los dos centenares de personas y que de ellas más de la mitad son menores. Es muy posible que al alcalde no le hayan salido las cuentas porque desde hace meses no permite a las familias empadronarse (cosa que llevaba ocurriendo con normalidad desde hacía 3 años).
Entre esas 77 familias hay tres de ellas, la de Francisco y Carolina, la de Leonor, y la de Mary Jenny y John, con sus respectivos hijos, a las que envió directamente el alcalde y todas están dispuestas a ratificarlo ante la opinión pública, como ocurrió en nuestra pasada rueda de prensa del 21 de marzo. Todas fueron a solicitar vivienda al alcalde y todas fueron derivadas a la Comunidad “La Esperanza” para que nos encargáramos nosotros de dar respuesta a la gran demanda de vivienda social que hay en el municipio. Un funcionario público que es capaz de mentir tan abiertamente a los medios de comunicación no está legitimado para pontificar sobre nada.
El alcalde ha tratado de fomentar una suerte de “xenofobia municipal” insistiendo en que venimos de otros municipios. En primer lugar no es cierto, porque al menos un bloque es íntegramente de nativos del norte. Pero aunque todos viniéramos de fuera, se olvida el alcalde de que una vez nos empadronamos en Santa María de Guía somos vecinos de pleno derecho del municipio.
Habla también de las instalaciones, omitiendo que después de muchas negativas por su parte hemos podido reunirnos con él en dos ocasiones, la última el año pasado, para solicitarle que cumpla el art. 26 a) de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 y nos garantice, como le obliga la ley, un suministro acuífero y eléctrico regular que nosotros mismos nos comprometemos a sufragar. Después de palabras vanas no ha hecho absolutamente nada, negándose en redondo a volver a abordar el tema. Y como él mismo nos notificó hace unos días a través de una llamada telefónica a una vecina, cierra unilateralmente la vía de la negociación en tanto en cuanto sigamos convocando a los medios de comunicación.
Es incierto también que el propio alcalde no le haya asegurado a varios vecinos, a fin de que no cargáramos las tintas contra él, que su intención no es echarnos, y que simplemente ha firmado ese decreto con la intencionalidad de “guardarse las espaldas”. Esa es literalmente la expresión que empleó.
4. Conclusiones: En definitiva el alcalde miente y muestra una gran insensibilidad ante la situación de las 77 familias que pueblan la Comunidad y las que pretende desalojar sin preocuparse antes de que se les asegure desde las instituciones una alternativa habitacional.
Por nuestra parte no pensamos bajar el pistón. Llevaremos la batalla legal hasta sus últimas consecuencias; desoiremos las amenazas del alcalde y seguiremos convocando a los medios de comunicación para denunciar la situación de emergencia humanitaria a la que nos quiere abocar la administración; si nada ejerce la suficiente presión para que desistan de echarnos, tomaremos las calles tal y como una vez tomamos una vivienda para nuestros hijos, convocando movilizaciones que demuestren que si ellos tienen la fuerza en sus decretos nosotros la tenemos en el sentimiento de justicia popular. Son ya casi 100 colectivos, sindicatos, plataformas, federaciones, asambleas, radios, editoriales, partidos, de Alemania, Colombia, México, Austria y de todo el Estado español las que nos apoyan. Si los animales se defienden cuando atacan la madriguera de sus crías, nosotras y nosotros no vamos a ser menos.
                                      Comunidad “La Esperanza”

Comunicado contra el desalojo de «La Esperanza» (142 colectivos firmantes)

¡No al desalojo de la Comunidad «La Esperanza»!
El pasado 14 de marzo de 2016 muchos de los vecinos que llevan habitando desde el 2013 la Comunidad “La Esperanza” (la comunidad ocupada y autogestionada más grande del Estado) recibieron una notificación del alcalde del Ayuntamiento de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, en la que se les indicaba que disponían de un mes para abandonar voluntariamente el inmueble, y se incoaba a las compañías suministradoras a cortarles agua y luz (agua de cubas que pagan entre todos y luz de obra que los vecinos siempre han reclamado que se les permita regularizar).
Al ayuntamiento y al alcalde no les ha importando sembrar el pánico entre las 77 familias que componen la comunidad, ni someter a una situación de angustia y desesperación a sus más de 200 habitantes; especialmente teniendo en cuenta que más de la mitad de ellos son menores. No les ha importado tampoco que esta medida (cortarles los suministros básicos y arrojarlos a la calle) supondría, de llevarse a cabo, una emergencia humanitaria de primer orden.
Sin embargo, las vecinas y vecinos han decidido reponerse de este duro golpe, se han puesto en pie, se han reorganizado y ahora lo único que necesitan es ayuda y apoyo en su lucha.
Por ello, los colectivos abajo firmantes exigimos al Ayuntamiento de Santa María de Guía y a su alcalde Pedro Rodríguez que desistan en su intento de desalojar la Comunidad “La Esperanza”. Demandamos que los vecinos no puedan ser desalojados de sus casas hasta que no se les garantice por escrito, y con todas las garantías, que se les ofrecerá una alternativa habitacional digna y asequible para sus mermados ingresos.
Hasta que esto no se cumpla los vecinos de “La Esperanza” no piensan abandonar sus viviendas. Y nosotros, todos los colectivos firmantes de este comunicado, estaremos a su lado hasta entonces.
¡No al desalojo de “La Esperanza”!
Firman:

– Federación Anarquista de Gran Canaria
– ONG Africando
– Alternariva Nacionalista Canaria
– Espacio Sociocultural Imidawen
– Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera
– Sindicato de Trabajadores de Administración Pública de Madrid CGT
– Plataforma por la Libertad de Alfon
– Asociación Madres Contra la Represión
– Plataforma Tamaraceite 354
– AVICO, Asociación por la Vivienda de Costa del Sol
– Assamblea Llibertària Inst. La Mercé
– Colectivo Caliptra
– Sindicato de Oficios Varios de Durangaldea (Durangaldeko Sindikatoa) CNT
– Grupo Anarquista Aldatzeko Borrokan
– Sindicato de Oficios Varios de CNT Ponent
– CNT Barakaldo
– SAS-Sindicato Asambleario de Sanidad de Madrid
– Assamblea Llibertària UB-Raval
– CGT Baix Penèdes
– Acción Libertaria Bierzo

– Federación Anarquista de Lanzarote 

 

– Coordinación contra la precariedad, el empobrecimiento y la exclusión social, Baladre

– Revista Maxín  

– Assamblea Llibertària del Penedès

– Guía Puede 

 

– Colectivo Ex Presxs Sociales-COPEL

 

– CNT Premià de Mar

– Procés Embat 


– Apoyo Mutuo

  

– Grupo Anarquista Apoyo Mutuo
– Federación Estudiantil Libertaria (FEL)

– Col·lectiu Bauma
  
– Asamblea Popular de Carabanchel 15M
– CNT Vitoria Gasteiz 

– Anarxya Difusión Libertaria Xixón Asturies 

– CNT Zamora

– Radio Anarquista de Berlín

– Revolución Real Ya 

– Acción Social Sindical Internacionalista (ASSI)

– StopMordazas

– Sindicato de Oficios Varios de CNT Segovia

– Asamblea libertaria de Carabanchel 


– AnarquismoenPDF

– PAH Sant Vincenç dels Horts

– Campamento Dignidad Extremadura 

– Distrito 14, Moratalaz

– PELOS Femenistas 

– Grupo G.A.L. (Grupo de Arte Libertario)

– ULE (Unión Libertaria Estudiantil, de Colombia)

– Assamblea Llibertària de Lleida


– La Tarcoteca


– PAH Parla

– TheFilmMakersWithoutBorders

– Cooperativa Integral Catalana 

– Equipo Jurídico Pueblos (Colombia)

– Movimiento Libertario Norte de Tenerife

– Amigas y amigos de la Revista NADA


– Asamblea Libertaria de Getafe


– Bodenfrost (Alemania)


– Izquierda Unida Canaria – Unidad Popular


– Telde Responde


– Revolución Internacional (México)


– Ruptura Colectiva (RC, México)


– Movimientos de Barrios en Defensa de la Merced (México)

– CNT Sierra Norte 

– Sindicato de Oficios Varios de CNT Gijón

– Global Revolution Collectivo

– Editorial Klinamen

– Federación Provincial de CGT Sevilla

– Acció Llibertatària de Sants

– Sindicato de Administraciones Públicas de la Federación Local de CGT Valencia

– Marea Roja Alacant


– Marea Blanca (comarcas del sur del País Valencià)


– No Som Delicte Alacant


– Alacant Toma la Plaza 15-M


– Colectivo libertario «Nazarí» (Sevilla)


– Colectivo de acción cultural «Caja de Músicos» (Xixón)


– Movimiento Obrero Anarquista

– Gazte Asanblada de San Inazio (Asamblea de Jóvenes del Barrio de San Ignacio, Bilbao)


– Bardenas Ya! Iniciativa samblearia de antimilitarista


– Joventuts Llibertàries de Tarragona

– PAH Torrejón


– Infoladen Wels (Austria)


– CGT Tenerife


– PAH Stop Desahucios Gran Canaria

– Ritmos de Resistencia Madrid 

– CSO Taucho  

– Colectivo de la editorial La Hermandad

– Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC) 

– Sembrando Ideas (distribuidora autónoma de Tenerife)

– Associació Cultural el Raval – El Lokal 

– Col.lectiu A les Trinxeres

– Sindicato de Oficios Varios de CNT Guadalajara

– Straight Edge Euskal Herria

– Ateneo Libertario A Engranaxe de Lugo

– Espacio Común 15M Madrid 

– Ateneo Libre Autogestionado La Ortiga

– Sindicato de Oficios Varios de la CNT-AIT Lorca

– Juventudes Libertarias de Lorca 


– Organización Juvenil Azarug


– Ateneu Llibertari de Reus


– Friedel54 (Alemania)


– Resistencia Popular Canarias


– PAH Vila-real

 
– Programa de radio «Dale al Play»

– Alasbarricadas.org

– Sindicato de Oficios Varios de CGT Segovia
  

– Apaga

– Liza/Liça, Mocidade (Galicia)

– Editorial Piedra Papel Libros

– Sindicato de Oficios Varios de CGT Zona Sur (Madrid) 

– PAH Castellón 

– PAH Canovelles 


– Grupo Reflexión para la Autonomía


– Stop Represión Granada


– Asamblea Transmaricabollo de Sol


– Alternativa Sindical de Trabajadores SAT


– Colectivo ecologista Atamarazayt


– Foro Canario de Víctimas del Franquismo


– Plataforma Familiares Fusilados San Lorenzo

– Centro Social Café d’Espacio 

– Anticapitalistas Canarias 

– Círculo de Podemos de Moraleja de Enmedio (Madrid)

– Stop Desahucios Córdoba

– Anticapitalistes (País Valencià)

– Sindicato del Metal de CNT Madrid

– Sindicato de Oficios Varios de CNT Madrid

– CNT Lanzarote

– Acción Contra la Represión (Madrid)

– Assamblea Llibertària del Bages 

– Movimiento de Barrios en Defensa de Los Pedregales (México) 

– Assamblea Llibertària de Vallcarca Heura Negra (Barcelona)

– Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (REDESSCAN) 

– Ateneo Libertario «La Idea» (Murcia) 

– Can Tonal de Vallbona 

– PAH Stop Desahucios Sureste Gran Canaria

– Red de Solidaridad Popular Jinámar

– Plataforma de Afectados del Edificio Brisas de Sardina

– CNT Huesca

– CSA La Rampa (Nou Barris, Barcelona) 

– Espai Veïnal del Cabanyal

– Ateneu Llibertari del Cabanyal

El Ayuntamiento quiere desalojar “La Esperanza”

El Ayuntamiento quiere desalojar “La Esperanza”
La Comunidad “La Esperanza” nació a principios de 2013 en Guía, como parte del proyecto de realojo de la FAGC. Es hasta la fecha la ocupación masiva de viviendas más grande del Estado español y una de las más importantes de nuestro siglo XXI. Ha supuesto un refugio para los sectores más excluidos y golpeados de la sociedad y ha intentado ser un ejemplo de asamblearismo y autogestión. Actualmente se enfrenta al mayor desafío desde su nacimiento: el alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, quiere echar a la calle a las casi 80 familias que con más de 150 menores componen la comunidad. Así se los ha hecho saber a la mayoría de vecinos de “La Esperanza” en una notificación que, con fecha del 9 de marzo, les ha hecho llegar el pasado día 14 del mismo mes.

En dicho documento se le “requiere” a los vecinos que “desalojen voluntariamente” sus viviendas o que se expongan a las sanciones correspondientes, así como le notifican a las empresas suministradoras de agua y luz que les corten el suministro (recordamos que la comunidad se abastece con cubas de agua y que la luz es de obra).

¿Qué significa esto? Significa que Pedro Rodríguez, diputado en el Parlamento de Canarias por Nueva Canarias, quiere dejar en la calle a más de 300 personas, en su mayoría menores, muchos recién nacidos, sin ofrecer si quiera una alternativa habitacional. Significa que ya ha dado orden de que se les corte el suministro acuífero y eléctrico (aún cuando los vecinos pagan sus propias cubas y siempre han mostrado voluntad de que se les ponga un contador para hacer lo propio con la luz), sin importarle que esto signifique arrojar a una situación de insalubridad a centenares de personas, en su mayoría menores de 12 años. Significa, nuevamente, que el mismo partido que firma acuerdos con la PAH para supuestamente detener los desahucios, que habla de rescatar viviendas protegidas con ese finy que dice por boca de su propio portavoz parlamentario, Román Rodríguez, que “trabajaran para que no se ejecuten más desahucios”, ni siquiera pestañea a la hora de mandar a una comunidad humana al completo a dormir a la calle. Significa que mientras firman acuerdos simbólicos contra la pobreza energética, presentan mociones al respecto, escriben retóricos artículos afirmando que “no se le puede cortar la luz a quienes carecen de recursos”o incluso exigen que “se prohíban los cortes”, no les tiembla la mano al ordenar que se atente contra la salud y las condiciones higiénicas de todos esos niños de los que ya hemos hablado.
Pedro Rodríguez, cara visible de este partido en tanto en cuanto lo representa en el parlamento, lanza este ataque contra los más pobres mientras vomita a cada micrófono que se le acerca su compromiso para erradicar la pobreza; quizás no haya especificado que piensa erradicarla exterminando a los pobres. Y todo ello mientras ejecuta una de las maniobras más hipócritas de funambulismo político: quiere desalojar a una comunidad en la que en la actualidad viven al menos 3 familias que él mismo nos envió para que las realojaramos porque no tenían recursos ni vivienda. Y podemos demostrarlo. Por su parte Nueva Canarias, partido que respalda a quien es capaz de arrojar a toda esa gente a una verdadera situación de emergencia humanitaria, ya ha dado vivas muestras, de punta a punta de la isla, desde Santa Lucía de Tirajana a Guía, de que su compromiso con los desahucios no es más que una cruel burla macabra, un verdadero salivazo en la cara de todos los colectivos sociales que lo vitorean.
Los miembros de la Federación Anarquista de Gran Canaria no se casan con nadie. Su único compromiso es con los que no tienen nada. Dijimos que nos desvinculábamos de la gestión interna de la Comunidad “La Esperanza” y eso seguiremos haciendo; pero también dijimos que en cuanto los vecinos solicitaran nuestra ayuda porque sus techos estuvieran en peligro ahí estaríamos. Vamos a cumplir el compromiso contraído.
Junto a los vecinos, agotaremos los plazos legales y recurriremos hasta donde nos sea posible hasta que se les garantice, a todos y cada uno de ellos, una alternativa habitacional digna y asequible. Toda asistencia o asesoría legal profesional será bienvenida.
Vamos a darle toda la difusión posible a esta injusticia, convocando a los medios contra-informativos y generalistas para que estas familias no puedan ser desalojadas con la coartada del silencio mediático. Queremos que la información traspase el archipiélago y llegue al resto del Estado.
Invitamos a todos los colectivos sociales de la isla a que redefinan prioridades, no se permitan ver esta injusticia desde la barrera y se sumen a apoyar a “La Esperanza”. Se les recibirá con entusiasmo.
Vamos a intentar movilizar a la opinión pública canaria, a conseguir que la gente se posicione contra este desmán recurriendo a la protestas y las movilizaciones. Tomaremos la calle cuantas veces haga falta.
Por último queremos hacer un llamamiento al movimiento anarquista internacional que tanto nos ha ayudado en otras ocasiones para que difunda esta situación y preste todo su compromiso, apoyo y solidaridad a esta comunidad que se ha convertido en referente de nuestra capacidad de trabajo y de nuestro potencial.
Puede que algunos lectores de clase media no comprendan nuestro empeño. Puede que en cuanto oigan la palabra “okupa” se los lleven los demonios y sólo hablen de los males y estigmas a los que se asocia esta condición. Podemos permitirnos discrepar, pero eso no es lo importante ahora. Sólo piensen una cosa: aunque todos sus prejuicios fueran improbablemente ciertos, ¿justifica eso la indigencia de más de una centena de niños? Nuestra conciencia no nos permite dudar.
No vamos a consentir que se expulse a estas familias si no se les asegura antes un techo para ellos y sus hijos. Esa es la reclamación de los vecinos y esa será también la nuestra. Comprendemos bien que cuando te juegas tu vivienda, el bienestar de tu familia, el de las personas que tienes a tu cargo, no luchar no es nunca una opción. Acorralados, puestos ante un precipicio, a los vecinos de “La Esperanza” no les queda otra que resistir, porque no tienen a dónde irse. Se ha iniciado una guerra y ser espectador ya no es una opción. ¿Vas a quedarte al margen?

Implementación de requisitos en realojo

En el trabajo previo para organizar la Oficina de Expropiación Popular se ha detectado, en base a la experiencia pasada y también a los nuevos casos que se empiezan a gestionar, que es necesario aumentar los requisitos que ya establecíamos en la Nueva política de realojos. 
La FAGC siempre se basó en una máxima que canalizó su actuación hasta hace poco: “ayudar al que lo necesita, sin mirar si lo merece”. Hoy, después de muchos palos, no cuestionamos la validez moral o ética de dicho planteamiento, pero sí su dimensión práctica. Si se quiere evitar dar cancha al sabotaje, hay que ayudar al que lo necesita pero no sólo porque lo necesite sino porque lo merezca. Ha sido duro darse cuenta; tan duro como necesario.
Es imprescindible exigir compromiso y que la persona ayudada asuma el acuerdo de ayudar a otros a su vez, si queremos que el apoyo mutuo no sea solo un principio teórico sino una realidad práctica y que nuestra labor solidaria tenga continuidad y no muera sin recorrido. 
Por ello, si antes teníamos 4 requisitos económicos y sociales y 1 solo personal (abrirse la propia casa), ahora añadimos 2 nuevos requisitos personales. La lista quedaría así:

Requisitos económicos y sociales
1. Certificado del paro.
2. Certificado de signos externos.
3. Libro de familia.
4. Documentación extra que acredite situación.

Requisitos personales
1. Abrirse la propia casa.
2. Colaborar con la OEP en función de las posibilidades.
3. Ayudar a realojar o a parar desahucios de otras familias.

Sabemos que tampoco reunir estos requisitos supone una garantía. Pero hemos de hacer todo lo que está en nuestra mano para no cometer de nuevo los errores del pasado. La solidaridad no se puede forzar; pero tampoco se nos puede obligar a nosotros a ofrecer a una persona más ayuda de la que ella está dispuesta a entregar a los demás. Esa es la diferencia entre el asistencialismo y el apoyo mutuo: la reciprocidad.

Impresiones de la mesa redonda de vivienda (Febrer Llibertari)

Una compañera asistente a la mesa redonda sobre vivienda que se realizó el pasado 27 de febrero en Can Vies dentro de los actos del Febrer Llibertari, ha plasmado sus interesantes conclusiones sobre el evento. Como creemos que lo más importante en esta clase de actos es la opinión de las asistentes queremos compartir sus experiencias e impresiones:

El sábado 27 de Febrero amaneció el día frío y lluvioso para la charla enmarcada dentro de “Febrer Llibertari 2016”, en previsión de ello se cambió el lugar de la mesa redonda a Can Vies.
Con una sala abarrotada se hizo inició la Mesa redonda que contó con la presencia del Ateneu Llibertari, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Grupo d’habitatge de Sants y la Federación Anarquista de Gran Canaria FAGC.
Todos los participantes hablaron de cómo se enfrentan al problema de la necesidad de vivienda y la dificultad en el acceso a la misma.

La organización del evento corría a cargo del Ateneu Llibertari que además de proponer una exposición participó en las intervenciones realizando preguntas que ayudaban a aclarar las intervenciones y los turnos de preguntas de los asistentes.

El Grupo d’habitatge de Sants introdujo un tema que no es muy habitual cuando se habla de los desahucios: el subarriendo de habitaciones. Cuando la precariedad laboral y de ingresos es tan elevada, cada día se ve más el subarriendo de habitaciones dentro de una casa. 

En principio era más habitual en casos de estudiantes o jóvenes con trabajo precario pero ahora muchas veces son familias enteras las que alquilan una habitación dentro de una casa. Estos alquileres son siempre irregulares y cuando ocurre un desahucio están muy desprotegidos por las características informales del arriendo y por el desconocimiento de sus derechos. Desde este grupo se está intentando visibilizar este tema informando a los subarrendados de diferentes formas de actuación, visibilizando las malas condiciones que sufren, la avaricia de los que alquilan los apartamentos por partes, también que algunos de los propietarios tienen varias viviendas en esas condiciones, sin llegar a ser de una forma masiva pero en una claro abuso a los arrendatarios.

La exposición de la PAH explicó sus modos de actuación, recordando que para haber un desahucio debe haber una orden judicial. Explicó los protocolos de actuación que tienen para asesoramiento legal,obtención de dación en pago, de alquileres sociales y su reclamación de abastecimiento de agua. Comentaron las dificultades legales que encuentran, hablaron de las condiciones de reubicación y que intentaban que los ayuntamientos no realizasen más reubicaciones de familias en pensiones.
Indicaron que la ocupación es la última opción cuando han agotado el resto de posibilidades legales.

La FAGC hizo una extensa intervención, en la que habló de sus orígenes tras el 15M en los que todavía no se dedicaban a cubrir las carencias de vivienda de los  más necesitados. Su paso a la acción directa en el tema de la vivienda se debe a que es patente la desigualdad en Gran Canaria con un porcentaje de paro altísimo.
Dicen que la mayoría de las personas que han actuado con ellos sobreviven gracias a una economía sumergida e irregular, incluso con dificultad de acceso a seguridad social. 
Estas personas tienen dificultad para el acceso al pago de un alquiler social e incluso para la alimentación, encontrando enfermedades nutricionales que se creían de otras épocas.
La FAGC es un proyecto anarquista que ha actuado evitando desahucios mediante medios mecánicos teniendo éxito en casi el 100% de estos mediante clavado y apuntalamiento de puertas, imposibilitar el acceso a la vivienda obstaculizando escaleras y todos los métodos posibles para con una mínima participación de militantes lograr paralizar los desahucios y evitar heridos, detenciones y multas que se dan con la resistencia pasiva.

También ha realizado ocupaciones implicando a los vecinos en asambleas en las que se explica qué se va a hacer y por qué, obteniendo así el apoyo del tejido vecinal.
Se explicó el proyecto de la Comunidad Esperanza, que fue puesto en marcha por la FAGC y que en diciembre de 2015 ha sido dejado en manos de los vecinos de dicha comunidad. La evolución de dicho proyecto de forma asamblearia, las distintas comisiones de actuación para el mantenimiento de la comunidad, las dificultades encontradas para expandir un proyecto claramente anarquista entre  personas no anarquistas. 
Explicaron el nuevo proyecto de Oficina de Expropiación Popular que quiere extender las prácticas ya experimentadas a barriadas procurando que los vecinos recuperen las viviendas vacías auto-organizándose. 
Se  explicó la situación en la que se encuentra el edificio de brisas de Sardina en el que 200 vecinos llevan viviendo desde hace más de cinco años en un edificio, que por unos cambios del constructor, se le deniega la célula de habitabilidad por parte del ayuntamiento de coalición de izquierdas. 
Esta  coalición ordenó el desalojo del edificio en lugar de garantizar elabastecimiento de agua y luz. La respuesta de los vecinos es buscarla solución con una asamblea de vecinos que cuenta con el apoyo de la FAGC.
En resumen la FAGC tiene numerosos proyectos que buscan que los vecinos apliquen una organización horizontal y el apoyo mutuo, luchando contra desigualdad, racismo y machismo tan presente en la sociedad. Para esta lucha apuestan por la praxis.
Tras la pregunta de un asistente sobre la expropiación de tierras para cultivo, explicaron que tienen 5 huertos que buscan la soberanía alimentaria.

Mas de dos horas de intensa charla en la que se comprueban las diferentes formas de actuación ante el problema de la vivienda, por un lado la encauzada a la dación en pago, alquileres sociales y por el otro la apuesta por la recuperación y autogestión de la vivienda y recursos necesarios. 
Tras la mesa en diferentes corrillos de asistentes se seguía hablando de los temas generados en la mesa, intensas conversaciones en las que la mayoría de los asistentes se decantaban  por el trabajo de empoderamiento en los barrios para crear sinergias al margen del estado, de la opresión capitalista. Recuperando el fruto de nuestro trabajo, del secuestro por parte de la banca y explotadores. 
Diferentes posiciones entre pedir al Estado o recuperar nuestras vidas.

                                                                                                                                               Kuro 
 

Ante el intento de desalojo de 80 familias

Ante el intento de desalojo de 80 familias en Sardina del Sur
La Federación Anarquista de Gran Canaria quiere dar a conocer este caso a la opinión pública que, a pesar de su gravedad, está siendo sumido en un silencio informativo, sobre todo en los medios de izquierda, que sólo puede deberse a la tergiversación mediática de la vieja política parlamentaria. Vamos a intentar arrojar luz sobre el asunto.
Antecedentes:
Unos 200 vecinos llevan viviendo desde hace más de un lustro en el edificio Brisas de Sardina, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria). El constructor de la edificación (Construcciones Déniz Sánchez) cambió torpemente el proyecto antes de terminar la obra y por esta cuestión, meramente burocrática y de la que sólo es responsable el constructor, el edificio no cuenta con cédula de habitabilidad. El recinto, al que hemos acudido personalmente, reúne todas las condiciones higiénicas y estructurales para ser habitado, como recoge el mismo informe pericial arquitectónico de la constructora. Desde que entraron los vecinos han estado pagando su alquiler y todos cuentan con contratos y recibos que lo atestiguan.
Esta cuestión, exclusivamente administrativa, el Ayuntamiento de Santa Lucía, que lleva siendo gobernado por lo que ahora conocemos como Nueva Canarias desde hace más de 30 años (actualmente en tripartito con el PSOE y Canarias Decide [una coalición de Izquierda Unida, Los Verdes, Unidad del Pueblo y Alternativa Republicana]), ¿cómo ha querido solucionarla? Intentando echar, por todos los medios posibles, a esas 80 familias, con más de 100 menores, a la calle. Pasamos a explicarlo.

El conflicto:
Después de incoar al constructor a que cumpla los trámites para obtener la cédula correspondiente y así puedan regularizarse los suministros eléctricos y acuíferos, lo lógico y razonable es que si el constructor se niega a hacerlo, o no puede, por hallarse en bancarrota, se busquen todas las soluciones políticas posibles para solucionarlo sin perjudicar a los vecinos. En vez de eso, un ayuntamiento que viene a representar a la gran mayoría de la izquierda institucional local, se decide a ordenarle al constructor, de forma completamente irregular, que él mismo desaloje el edificio. Así se le notificó en una nota emitida por el propio ayuntamiento el 28 de octubre de 2015, y posteriormente de forma directa a los vecinos, el 14 de diciembre; nota que ahora mismo tenemos delante.
Si el edificio no cuenta con un abastecimiento eléctrico reglado y tiene que valerse de un equipo electrógeno que le proporcione luz, lo natural es que esta corporación de «izquierdas», tan «preocupada» por el «bienestar social», hubiera habilitado ella misma un punto de luz cuyo consumo podrían costear los propios vecinos hasta que se arreglara el problema administrativo. En vez de eso es mucho más fácil y «socialmente comprometido» intentar echar a 80 familias a la calle, sin ofrecerles siquiera una alternativa habitacional.
Se habla del riesgo que supone dicho grupo electrógeno; supuestamente en la calle, sin más refugio que la intemperie, se está muchísimo más seguro. 
Lo humano e inteligente hubiera sido hacer lo mismo con el agua, y garantizarles un suministro regular temporal que no obligara a los vecinos a abastecerse con cubas. En vez de eso se le ordenó al promotor, a golpe de decreto, que la cortara él mismo y, ante su negativa, se han enviado técnicos que han intentado hacer lo propio de forma extrajudicial. 
Esto es muy significativo si recordamos que son estos partidos, de Nueva Canarias a Izquierda Unida, los que se llenan la boca hablando contra los desahucios, les ponen ojitos a las plataformas pro-vivienda y firman acuerdos para que supuestamente ninguna familia tenga que volver a sufrir un desalojo. Y hacen todo ello mientras intentan echar a 200 personas a la calle. Sí, es verdaderamente muy significativo si recordamos también que tanto Nueva Canarias como PSOE firmaron el año pasado un acuerdo sobre “pobreza energética” para que “ninguna familia se quedara sin suministro”. Ahora, no obstante, son estas mismas formaciones las que quieren dejar a 80 familias sin agua ni luz para que abandonen sus casas por su propio pie.
Esto, que supone un verdadero escándalo, hubiera sido portada de algunos de nuestros medios contra informativos. En vez de eso se usa al brazo demagógico del tripartito, Canarias Decide (en el municipio de Santa Lucía en gran parte fagocitada por Unidad del Pueblo), para que vomite comunicados, como el publicado en Canarias Semanal (28/1/2016), y que no tiene otra intención que amortiguar el ruido que pudieran provocar las protestas de los vecinos. La izquierda dinosaúrica mueve sus anquilosadas fauces para monopolizar el discurso e intentar crear una hegemonía informativa que silencie sus políticas anti populares.
A todas las irreguladades narradas se suman muchas otras. Podríamos hablar por ejemplo de las enormes dificultades que está presentando el ayuntamiento para que los vecinos del edificio Brisas de Sardina se empadronen. Cada vez que van a empadronarse les ponen infinidad de trabas, alegando que el edificio es «ilegal». Estos funcionarios, torpemente teledirigidos, parecen olvidarse de que según su legislación empadronarse no es un privilegio o un derecho, sino un deber, una obligación que impone la administración para saber dónde reside cada ciudadano. Lo que la mayoría de nosotros nos vemos obligados a hacer aún sin querer, a estos vecinos se les impide. ¿Es este un recurso para negar que en el edificio viven más de 200 personas, para no tener que facilitarles suministros ningunos?
Detrás de tanta suciedad política, que raya la pura y dura prevaricación, se encuentra la alargada sombra de los intereses creados. Es altamente sospechoso que el ayuntamiento, que conocía perfectamente las características de la edificación, haya estado 7 años inhibiéndose del tema y que justamente ahora, cuando el sector inmobiliario vuelve a repuntar, use la supuesta denuncia por ruidos de una vecina descontenta (que ya no vive en el edificio) como justificación de su reciente interés por el inmueble. Sería muy triste ratificar que todo pudiera responder a una burda operación de especulación inmobiliaria, que todo fuera un intento de desalojar a los vecinos por vía administrativa, para ahorrarse un largo proceso judicial, y así poder dejarle el recinto, libre de cargas, a alguna entidad bancaria o financiera para que pueda proceder a su explotación. Por si acaso, y atendiendo a lo que empieza a comentarse por el municipio, lanzamos el aviso.
La respuesta:
Los vecinos de Brisas de Sardina no van a permitir que este abuso ocurra impunemente. Ya han constituido una plataforma de afectados y en breve una asociación de vecinos, han organizado movilizaciones y también demuestran su solidaridad implicándose en otros desahucios cercanos. 
A todo esto se suma que un tribunal les ha dado provisionalmente la razón y que ha detenido el intento de desalojo y de corte de agua ordenado por el ayuntamiento. Sin embargo, es solo una batalla ganada en una guerra que se antoja larga.
Desde nuestra trinchera vamos a luchar para que se rompa el cerco informativo que rodea este caso, para hacer que la información transcienda del municipio, de la isla y llegue al resto del Estado. En breve los vecinos convocarán una rueda de prensa multitudinaria a la que esperamos que acudan todos los medios posibles. Allí, libres de prejuicios, podrán ver cómo se disuelven una a una las mentiras lanzadas desde el gobierno municipal.
Nosotros proponemos también que se elabore un comunicado de apoyo que obligue a todas las organizaciones populares a significarse: o están con la política institucional y sus intereses o están con el pueblo y sus necesidades. Es muy cómodo ir a las convocatorias de los vecinos y salir en la foto, pero el apoyo meramente personal no causa la misma presión que la colectiva. Si apoyan a los vecinos que lo demuestren de verdad, que se mojen ellos y también sus siglas. Esas son las que deben comprometerse, las que deben demostrar si están jugando con una baraja o con dos. La FAGC anuncia que firmará desde ya un comunicado que vaya en esa dirección.
A parte de eso, nos comprometemos a ayudar en todo lo que sea necesario a los vecinos. Esta lucha, por muchas connotaciones políticas y económicas que tenga, es, no lo olvidemos, inminentemente social. Y si no que se lo pregunten al centenar de menores que junto con sus padres corren el verdadero peligro de perder sus casas.

FAGC

Nace la Oficina de Expropiación Popular

Diseño creado y donado por Bellvm (@BellvInfo)
Hasta ahora la FAGC, aun siendo una organización específicamente anarquista, se ha dedicado principalmente a llevar el peso de la lucha social que ha desarrollado, por sí sola. Esto ha hecho que la gente con inquietudes prácticas en temas como vivienda se acerque a la FAGC aunque no tenga simpatías libertarias. Creemos que es hora de que la federación recupere su carácter de organización «política» (digamoslo así) y que la labor social se derive a un organismo más amplio en el que se pueda participar sin necesidad de considerarse anarquista.
Esto lo intentamos hacer con la Asamblea de Inquilinos y Desahuciados, pero su naturaleza real es la de un órgano deliberativo, de toma decisiones. A su vez el Grupo de Respuesta Inmediata contra los desahucios podría parecer el grupo de trabajo que necesitabamos, pero su modus operandi discreto y reservado, dada su intervención en asuntos delicados, no lo convertía en un organismo abierto a la participación popular. 
En base a esta necesidad de crear un instrumento práctico, que lleve a cabo las desiciones asamblearias de forma abierta, plural y colectiva, nace la Oficina de Expropiación Popular. Un grupo de trabajo y de gestión común de recursos comunes. Estas serán sus atribuciones:

1. Asesoría: la FAGC está gestionando entre 2 y 5 casos diarios relacionados sobre todo con necesidades habitacionales. Ahora esta labor se trasladará a la OEP. Se encargará de dar asesoría legal, recomendaciones sobre ocupación y realojo, sobre cómo evitar desahucios, sobre suministros y sobre todo lo que tenga que ver con vivienda y con terrenos agrícolas. Con el tiempo esperamos que la labor expropiadora se amplie y abordemos otros bienes y medios de producción. 
2. Estadillo de vivienda: Se encargará de elaborar un estadillo de vivienda que englobe todos los inmuebles abandonados embargados por los bancos y entidades financieras (y algún otro en situación especial). Se hará por municipios y barrios, contando con la colaboración vecinal a través de las asambleas y de la información directa.
3. Gestión de realojo: La labor de realojo que hasta ahora lleva la FAGC en solitario también se transferirá a la OEP. Siguiendo la política de realojos ya diseñada por la FAGC, su trabajo será atender las solicitudes de vivienda y, en caso de aceptarse, asignar vivienda a los demandantes en función del número de miembros y del tamaño del inmueble. El demandate debe de seguir comprometiéndose a abrir su propia casa (salvo casos excepcionales).
4. Formación: Intentaremos hacer circular a través de este organismo el manual interno de ocupación y realojo elaborado y utilizado por la FAGC. La idea es que esta actividad se extienda de forma autónoma más allá de nuestro ambito, más allá de Canarias.
Para todo esto ponemos a disposición pública este correo: o.e.p.@openmailbox.org
Crearemos también una web en WordPress que ahora mismo está en elaboración y que ya daremos a conocer cuando esté terminada.
Todo el que quiera unirse a la OEP, toda la que quiera participar, que contacte con el correo que hemos dado o que acuda a las asambleas públicas que pensamos convocar en breve. 
Si quieres organizarte, luchar contra los privilegios, derrotar a la pobreza, tienes una nueva arma: la Oficina de Expropiación Popular.