Categoría: Desahucios

Crónica sobre la rueda de prensa en Los Barracones

foto rueda de prensa 1El lunes 12 de junio de 2017, las vecinas afectadas de los Barracones de Juan Grande, amenazadas por un «conde» de echarlas a la calle sin darles alternativa alguna, dieron una rueda de prensa en los mismos barracones. Estuvieron acompañadas por un miembro del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y por la abogada de dicho sindicato.

De la rueda de prensa se hicieron eco bastantes medios comerciales, y la crónica fue difundida por distintos medios alternativos. En una próxima entrada, haremos una pequeña recopilación sobre la repercusión obtenida.

A continuación, la crónica que hicieron desde el Sindicato:

foto rueda de prensa 2
De izquierda a derecha: Milagrosa, Ayesa y Ana

En la mañana de ayer, 12 de junio, las vecinas de los barracones de Juan Grande ofrecieron una rueda de prensa con el fin de hacer público el conflicto que mantienen con los herederos del conde de la Vega Grande. En ella explicaron ante los medios el posible desalojo al que se enfrentan 19 familias, entre las que se cuentan 24 menores de edad, varios ancianos y personas con enfermedades crónicas. Ana, Milagrosa y Ayesa, mujeres que representan a tres generaciones distintas, pusieron voz a la lucha de 63 personas que pueden verse en la calle de la noche a la mañana.

Ana, una mujer que ha vivido 27 de sus 75 años en los barracones, empleó su intervención para denunciar las mentiras del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, quien declaró a una televisión local que los vecinos habían firmado un contrato de alquiler con el conde. Ana, que ha sufrido dos infartos y una insuficiencia renal en los últimos nueve meses, afirmó que la corporación municipal no les ha ofrecido ninguna alternativa habitacional hasta el momento y se mostró escéptica ante un alcalde que siempre les ha dado la espalda.

En segundo lugar, Ayesa, la más joven de las tres, narró cómo un empleado del conde se presentó un día a las 8 de la mañana en los barracones y sin previo aviso comenzó a derribar la casa colindante a la suya con un martillo amortiguador. En dicha casa vivía la única vecina que tenía relación de alquiler con el conde: al rescindir el contrato con éste, la vecina abandonó la vivienda. Ayesa tiene un bebé de 14 meses que despertó ese día entre el pánico y el desconcierto que sembraba el ruido atronador del martillo. Llamaron a la policía para denunciar el abuso, pero nunca aparecieron. Entonces decidieron convocar a los medios y el empleado se esfumó al verlos llegar. Contó la joven que cuando el abogado del conde le entregó en mano la carta por la cual se les conminaba a desalojar sus hogares, ella le preguntó que a dónde irían. No obtuvo respuesta.

Por su parte, Milagrosa declaró que las familias de los barracones habían solicitado viviendas sociales dignas y acordes a la situación económica de cada una. Si, como se afirma desde las instituciones, no hay suficientes viviendas públicas, exigió que les permitiesen quedarse en sus casas hasta que la administración construya nuevas viviendas. Es preciso recordar que, según se recoge incluso en documentos firmados por el conde, estas casas aparecen descritas como “cuartuchos para animales”. Sólo el enorme esfuerzo y los magros recursos económicos de las familias han logrado convertirlas en viviendas dignas y acogedoras. Milagrosa aprovechó para subrayar la desconfianza de las familias hacia los partidos políticos, que hasta ahora no han movido un dedo para ayudarles.

Tras la intervención de las tres portavoces, miembros del Sindicato de Inquilinas denunciaron que la administración había incumplido su compromiso de realojar a las familias afectadas por la modificación del Plan General de Ordenación Territorial. Según este plan general, el terreno en el que están los barracones fue declarado “zona industrial” y los vecinos afirman que el alcalde les confesó que el ayuntamiento tiene la intención de comprarlo para construir una nave industrial. Por otro lado, los miembros del SIGC lamentaron que en pleno siglo XXI, en un Estado que presume de ser adalid de los Derechos Humanos, se pisotee sin reparo el derecho de estas personas a una vivienda digna. Además, anunciaron la estrategia de resistencia al posible realojo: desde la guerra mediática al piquete para evitar el desahucio.

Por último, un vecino que lleva 58 años viviendo en los barracones relató las condiciones de esclavitud en las que con sólo 9 años empezó a trabajar para el conde. Su testimonio revivió la oscura historia de caciquismo, esclavitud y miseria que aún golpea a las clases más humildes de las islas. Entre otras cosas, denunció que hasta el año 1999 (en el orgulloso Estado español que ya presumía de cuarto puesto en la economía de la UE), el agua, la luz y los baños de los barracones eran comunes y sólo tenían luz de 6 de la mañana a 10 de la noche.

En definitiva, las familias de Juan Grande han enviado un mensaje contundente a los herederos del conde: han demostrado que no tienen miedo y que van a luchar hasta el final por mantener sus viviendas si la administración no les asegura una alternativa habitacional digna y acorde a sus ingresos. Frente al caciquismo y la administración servil, estas 63 personas se han organizado para defender sus derechos más elementales. Y no están solas: tienen el apoyo y la asesoría del Sindicato de Inquilinas y la solidaridad y simpatía de 61 colectivos del Estado e incluso del continente americano que no permitirán que se queden en la calle.

En el post original, podrán ver más fotos:

https://sindicatodeinquilinasgc.wordpress.com/2017/06/13/cronica-de-la-rueda-de-prensa/

Las mentiras de un alcalde

El pasado 7 de junio de 2017, en una televisión local grancanaria, le hicieron una entrevista al alcalde del PP de San Bartolomé de Tirajana. Aparte de otros temas, como arremeter contra todas las que se oponen a la destrucción del Veril, el presentador le hizo una pregunta sobre la situación de los Barracones de Juan Grande, sitos en su municipio, a instancias de un miembro del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria.

Este fue el trozo de la entrevista en el que habla sobre ello, editado para resaltar las mentiras que dijo:

Manifiesto contra el desalojo de 19 familias

A propuesta del Sindicato de Inquilinas de GC, y refrendado por las vecinas afectadas, se elaboró un manifiesto de apoyo a las familias de los «Barracones» de Juan Grande (Gran Canaria), amenazadas de ser desalojadas sin darles alternativa habitacional ninguna. Desde la FAGC hacemos un llamamiento a todos los colectivos sociales a firmar dicho manifiesto, como forma de apoyar a estas personas y de que se vean arropadas en su lucha contra este despropósito. Se trata de un conflicto entre un «conde» multimillonario y familias obreras, y no hay excusas para no firmar.

Manifiesto:

El pasado mes abril (2017), algunas de las 19 familias que viven en los Barracones de Juan Grande (municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria) recibieron en mano una nota amenazante del conde de la Vega Grande y su hermano, dándoles un plazo de 3 meses para abandonar sus casas. De no cumplirse, usarán contra ellas todo su arsenal jurídico e influencias para que desalojen por la fuerza, y sin que tengan alternativa habitacional ninguna, los que han sido su hogares y los de sus familias desde hace décadas.

Los vecinos de los Barracones son en su mayoría los descendientes de los trabajadores del anterior conde, que vivían en unas infraviviendas que con el paso de los años, su esfuerzo y muy pocos ingresos han ido habilitando.

Los colectivos abajo firmantes manifestamos nuestra total solidaridad y apoyo a los vecinos de los Barracones de Juan Grande.

Exigimos a los herederos del conde que se detengan en sus pretensiones de expulsar a estas familias sabiendo que no tienen más opciones de vivienda.

Exigimos a las distintas administraciones que no se inhiban primando los caprichos de los herederos por encima de los derechos y necesidades de familias obreras y sin recursos. Les exigimos también que antes de que pueda producirse desahucio alguno, usen los recursos públicos que tienen en sus manos para realojar a estas familias en viviendas dignas, teniendo en cuenta siempre sus mermados ingresos.

Sin alternativa habitacional digna y asequible estas familias no abandonarán sus casas. Y nosotras lucharemos a su lado para evitarlo.

[El post original, y el listado de las organizaciones que han firmado este manifiesto, lo pueden ver aquí: https://sindicatodeinquilinasgc.wordpress.com/2017/05/17/manifiesto-contra-el-desalojo-de-19-familias/]

Fundación de un Sindicato de Inquilin@s en Gran Canaria

El pasado sábado, día 21 de enero de 2017, se celebró en la Comunidad “La Esperanza” (Gran Canaria, municipio de Santa María de Guía), la asamblea fundacional del primer Sindicato de Inquilinos del archipiélago canario y del Estado español desde los años 30.

La convocatoria que nos invitaba a valorar la opción de crearlo decía esto:

Sobre la necesidad de crear un Sindicato de Inquilinos en Canarias

En Canarias hay, según datos oficiales, 135.000 inmuebles vacíos mientras 35.000 demandantes de vivienda no tienen casa. Se siguen produciendo una media de 20 desahucios al día. 9 de cada 10 desahucios forzosos son por impago de alquiler. Las instituciones políticas afirman carecer de casas suficientes, mientras han vendido el parque público de vivienda a gestoras privadas como Visocan, dedicadas a la especulación búrsatil.

El frente de la vivienda es de los pocos que ha resistido la desmovilización post-15M. Aunque también lo ha sufrido. Si la labor de las asambleas, colectivos y plataformas existentes es meritoria, aún hay déficits que debemos señalar:

1. La falta de una batería de medidas dedicadas a paliar la situación de indefensión de la clase inquilinal y precarista. El alquiler sigue sin ser parte prioritaria de la agenda, aún cuando el 90% de los desahucios se dan por esta circunstancia.

2. La carencia de herramientas directas que, más allá de negociación, piquetes y escraches, supongan un verdadero desafío ante los desahucios masivos como los orquestados por los fondos buitres. Hablamos de la necesidad de reivindicar y extender la Huelga de Alquileres.

3. La ausencia de una estrategia a largo plazo que suponga un cambio de paradigma y no nos reduzca a simples reguladores de las desigualdades del Sistema. Una estrategia que ponga sobre la mesa la necesidad de probar otras alternativas de gestión de la vivienda, que aspire a que esta se dé de forma directa por parte de los vecinos sin injerencias de intereses privados, que plantee la necesidad de que las decisiones sobre las viviendas las tomen quienes las habitan.

Detectadas estas lagunas, creemos que es importante articular un Sindicato de Inquilinos, aunque sea inicialmente a nivel experimental, en la isla de Gran Canaria. Un órgano abierto a inquilinos y precaristas, dedicado a asesorar (legal y extralegalmente) al arrendatario y a detectar clausulas improcedentes o draconianas en los contratos de alquiler, a tratar de impedir los desahucios forzosos abusivos, a plantear objetivos que verdaderamente cambien las condiciones de vida de los vecinos (como lograr que se fije un precio máximo del alquiler en los barrios obreros), a implementar herramientas de lucha colectivas (como la citada Huelga de Alquileres) que nos hagan entender el problema de la vivienda como un problema común y no como un conflicto particular, a denunciar y combatir todas las desigualdades e irregularidades que se dan en la esfera de la vivienda pública (algo que hoy se solapa), a crear redes de autogestión de vivienda que prueben otros modelos de organización habitacional.

Esta es la propuesta. Lo que nos falta dirimir como colectivo y a lo que trataremos de dar respuesta es a las siguientes cuestiones: ¿debe crearse esta estructura sindical autónoma desde 0 o deben usarse otras estructuras sindicales previas acordes al espíritu del proyecto? ¿Debe ser una estructura legalizada (en formato «asociación» [los sindicatos no laborales no los reconoce la legislación]) o alegal? ¿La táctica del conflicto constante es suficiente para evitar el asistencialismo y convertirse en una simple gestora? ¿Debe establecerse un sistema de cuotas mínimo? ¿Se necesitan unos estatutos, un pacto asociativo o basta con un simple compromiso de trabajo?

En la próxima asamblea fundacional contestaremos a estas preguntas.

 

La primera cuestión a tratar fue la de si existía un compromiso real de participar en un proyecto así. En poco menos de 5 minutos una veintena de personas, casi todas vecinas, ya estaban afiliándose al sindicato. Se debatió brevemente la cuestión del nombre, por si lo de “inquilinos” retraía a los hipotecados y pudiera dejar de lado a otro sector tan importante en el tema vivienda como las personas sin hogar. Se insistió mucho en poner el foco en la situación de quienes carecen de techo o viven en situación irregular. Finalmente se votó por mayoría denominarse Sindicato de Inquilinos como homenaje a los que nos precedieron, pero dejando claro que era un órgano amplio en el que cabían todos los damnificados habitacionales.

Se debatió después el tema de ser autónomos o aprovechar otras estructuras existentes. Ante la incomparecencia de los miembros de algunos sindicatos a los que se había invitado a título personal, se optó por unanimidad por la autonomía, aunque intentando buscar la confluencia con quien a la larga pudiera interesarse. Se discutió después el tema de la legalidad o alegalidad de la estructura del sindicato. Los partidarios de legalizarlo defendían que debíamos constituirnos como asociación (ya que los sindicatos extralaborales, comunes en muchos países, no los reconoce la legislación española) para tener más empaque y ser una persona jurídica de pleno derecho. Los partidarios de no legalizarse planteaban que la legalidad suponía señalar a los que registraran la asociación y aparecieran como vocales y tesoreros, y que era contraproducente en coyunturas como ocupaciones de inmuebles y demás. Al final no hubo acuerdo y se encomendó a los partidarios de la legalización hacer un informe que acreditara la mejor forma de articularse, consultando a abogados afines, para que lo presentaran en la próxima asamblea. Mientras, permaneceríamos temporalmente siendo alegales.

Se aprobó también fijar una cuota mínima simbólica de 50 céntimos mensuales por afiliado, pudiendo dar más quien quisiera y pudiera. A continuación se planteó la posibilidad de establecer una sede física, quedando aprobado finalmente, por propia iniciativa de las vecinas, que la Comunidad “La Esperanza” sería la primera sede del Sindicato de Inquilinos. Sin descartar abrir otras sedes en distintos puntos de la isla. Por último, se repartieron funciones y trabajo a realizar en base a la disposición y capacidades de cada uno: crear la red de asesoramiento legal, los medios de difusión informáticos, elaborar un esqueleto de principios básicos, la portavocía, la comunicación interna, etc.

En 3 semanas tenemos la próxima asamblea. Asistimos al inicio de un sindicato abierto a todas y todos, y que tiene mucho trabajo por delante si quiere demostrar que aún hay cosas que hacer en el frente de la vivienda.

Un afiliado al reciente Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria.

[Publicado originalmente en http://alasbarricadas.org/noticias/node/37845]

Crónica de un piquete contra un desahucio

Suena el móvil. Son las 23:30. Tengo agregado el número. Es el de una familia que asesoramos en febrero. Les dimos pautas y consejos pero no volvieron a contactar. Las voz al otro lado suena rota y alarmada. Creo que ha estado llorando. Rita (ha escogido ese nombre para aceptar que contemos su historia) me dice que el jueves (hoy es martes) la desahucian. A ella, a su pareja y a sus cuatros hijos menores.

Los últimos meses los ha gastado entre abogados incompetentes, negociaciones infructuosas con el casero (un especulador con múltiples propiedades) y acudiendo a alguna reunión con colectivos y plataformas donde no han obtenido soluciones (bien porque su caso es de alquiler bien porque se quería llevar el caso a los medios y la familia quería evitar la exposición).

La notificación de lanzamiento les llegó hace 26 días. El abogado de oficio y otro letrado «amigo» les han dicho que no tienen nada que hacer, que se vayan. Las «negociaciones» han sido ruegos y súplicas al propietario, intentos desesperados pero inservibles. El martes, sin más cartuchos, un activista de vivienda les recordó a los anarquistas. «Son lo que son, pero nunca han dejado de detener un desahucio», les dijo. Pero, ¿habrá tiempo de hacer algo? Se lo preguntan ellos y me lo pregunto yo. Le digo a Rita de vernos la siguiente mañana a primera hora. Llamo a los compañeros para una asamblea extraordinaria. Casi ninguno puede. La mayoría, informalmente, no lo ve. Yo tampoco. Pero acudiremos a la cita para informarnos mejor.

El miércoles Rita nos explica otra vez el caso. Refrescamos lo que nos contó en febrero. Su compañero no habla. Quebrado, abatido, se inhibe. El casero es un rentista multipropietario. A sus 50 años (aproximadamente) ha acumulado varios pisos, apartamentos en el Sur de la isla y al menos dos chalets. Casi todo heredado. Nunca ha trabajado. Siempre ha vivido de cobrar alquileres. Vive 6 meses al año en una casa que tiene en otra isla. Obviamente, no necesita el inmueble para vivir. Conociendo todos los pormenores del caso, creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados. El resto de compas piensan lo mismo. Consultamos entre nosotros y se decide seguir adelante. La FAGC apoya virtualmente, pero físicamente solo podemos ir 4. Por motivos de trabajo y asuntos personales, imposible reunir más con tan poco tiempo.

Estudiamos la casa. Los accesos, el tipo de puertas, la situación de la calle y el barrio. Preguntamos por el posible apoyo vecinal. Parece que mínimo, sobre todo con tan poco tiempo. Reunimos los materiales con apuro y los dejamos preparados para el día siguiente. No pinta nada bien. Miedo, nervios, dudas. Puede ser el primer desahucio que no paremos. Nuevos detenidos y nuevas multas. Y la familia a la calle. Bajar la cabeza y plantearse que quizás lo mejor es no seguir. Un compañero lo entiende así y prefiere no acudir. Quedamos 3, más Rita y su compañero. Sus familiares no acudirán. Al menos aceptan cobijar a los menores.

No hay tiempo de convocar a los medios para documentar un posible linchamiento. Sondeamos a algún periodista conocido. Muy prematuro nos dice, no vendrán. Estamos solos.

Dormimos poco y mal. A las 6:00 de la mañana del jueves estamos ahí. Café para 5. La familia angustiada. Miradas húmedas. Ambiente tenso. Más dudas y más miedo. De nuevo, la mañana pinta mal. Pero entonces algo surge de dentro: «vamos, no hay tiempo». No pensamos. Tiramos de automatismos. Avisamos a los vecinos de que nos vamos a parapetar dentro, para que salgan si tienen que hacerlo. Como profesionales del piquete, como una pequeña cuadrilla de peones, nos movemos rápido y bien. Movemos puntales, clavamos tachas y listones. Planchas y soldadora. Aseguramos la ventana. El ambiente se distiende, la tensión se rompe. Aparecen las risas. Hago el payaso, y surte efecto. Creemos estar en un barco de vela, como en una película de piratas. «Refuerce la escotilla, contramaestre». Poco a poco el miedo se transforma en una extraña euforia contenida. Cantamos una particular versión de «A las barricadas», que hemos ido adaptando tras cada desahucio. Los afectados están flipando. Nosotros seguimos trabajando.

Avisamos a una vecina cuya ventana da a la calle para que nos avise cuando llegue la comitiva judicial. Le damos el número de mi móvil. Ahí nos quedamos esperando el «wasap» que nos indique que llegan los malos. A la media hora se presentan. Hay policía local, un auxiliar judicial y el abogado del propietario. Tocan. Les informamos que es un piquete y que no nos podrán sacar vivos (sí, tiramos de dramatismo). Viene un cerrajero, no puede abrir aunque rompe la cerradura. Lo intentan los locales. Una hora y media más tarde los nacionales. No pueden. Calor dentro, insultos y maldiciones fuera. Rompen bisagras. Preocupación. «¿Tiene todo el mundo el número del abogado ovilladito en el bolsillo?», pregunto. Todos contestan que sí. A esperar que la soldadura aguante y que lo haga después la última barricada de trastos. Al menos para que nos de tiempo a grabar cómo entran. Otra hora. Nada. Un papel pasa por una rendija lateral de la maltrecha puerta. El abogado del casero quiere negociar. Ofrece 6 meses más de alquiler, después tendrán que irse. Nosotros lo desaconsejamos. La familia está encantada, eufórica, se abrazan de alegría. Se acepta. Sensación agridulce. Nos piden que salgamos, pero en esto sí imponemos nuestras condiciones. Lo haremos después de las 14:00, y cuando la calle esté completamente despejada. A las 14:00 cogemos la autógena y cortamos las planchas para que puedan salir los vecinos. Pero no cumplimos nuestra palabra. Salimos por un garaje, también asegurado, y que nos permite sortear cualquier emboscada policial. Nos despedimos de la pareja, muy agradecida, que se sienten ganadores. Nosotros no celebramos. Estamos satisfechos por haber salido ilesos, por haber sobrevivido.

Seguimos en esta labor de francotiradores silenciosos, plantando batallas que no serán portada en ningún medio y ganando algo de tiempo para que los oprimidos puedan respirar. Algún día no podremos, seguro. Pero ese día aún está por llegar.

FAGC

[Publicado en http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/37653]

La letra pequeña de la dación en pago

Últimamente la FAGC está interviniendo en una cantidad alarmante de casos de dación en pago que salen mal. En teoría la dación en pago retroactiva, que desde gran parte del movimiento por la vivienda lleva reivindicándose desde hace años, supone la entrega al banco de la vivienda hipotecada a cambio de cancelar la deuda contraída con el banco. Así, el banco se queda con la casa y el afectado sin deudas. Pero repetimos que ésta es sólo la teoría. Lo que estamos viviendo en lo que llevamos de año plantea un panorama muy distinto.

Cuando alguien obtiene la dación en pago (cada vez más, sospechosamente, son los bancos los que la ofrecen) a efectos legales está vendiendo su casa al banco. Esta operación se grava con el impuesto municipal de plusvalía que tiene que pagar el vendedor (el hipotecado). Este impuesto depende del precio actual de la casa (la diferencia entre el precio de compra y el de reventa) y puede alcanzar miles de euros, puesto que la única limitación es que no supere el 30% de dicho plusvalía. En los casos concretos que hemos tratado los afectados han contraído deudas de más de 5.000 €. Y se ha cumplido lo dictado por la sabiduría popular según la cual: cuando debes 500.000 € el problema lo tiene el que espera cobrar, pero cuando debes 5.000 € el problema lo tienes tú.

La cuestión no es sólo que los afectados siguen endeudados sino que la dación sólo funciona para los que tienen una segunda vivienda perfectamente habilitada. Cuando se renuncia a la casa y no se dispone de otra vivienda en condiciones los problemas no hacen más que crecer. En los dos últimos casos que hemos gestionado ambas familias se vieron obligadas a volver a vivir con sus padres. Esto puede suponer un problema cuando se tienen hijos menores, pues en caso de que la vivienda sea pequeña y viva más gente en ella además de los padres (hermanos, cuñados, los hijos de estos, etc.) o de que no cumpla los requisitos mínimos (luz eléctrica, agua corriente, lavadora o termo) los servicios sociales pueden aducir el hacinamiento o la inhabitabilidad del inmueble para poner a los hijos de los afectados en riesgo.

En ocasiones la dación se suele negociar con un alquiler social. Es decir, el afectado entrega la casa pero sigue viviendo en ella pagando un alquiler al banco durante un tiempo determinado. A veces se consigue éste con la mediación de la administración pública que suele dar una ayuda al alquiler para que el afectado se haga cargo del mismo. Esto tampoco es ninguna panacea. El tiempo de alquiler suele ser insuficiente y obliga a la familia a abandonar la vivienda una vez concluido. Por otro lado, no siempre se fijan al 30% de los ingresos del afectado y a veces se establecen alquileres a un precio convencional dando por sentado que se sufragará con la mencionada ayuda al alquiler. Planteadas así las cosas, cuando el ayuntamiento pone fin a esa ayuda o cuando la situación económica del inquilino le impide hacerse cargo del alquiler, se ve nuevamente en la calle sin derecho a replica. No suele contemplarse la eventualidad de que los ingresos del inquilino sean inexistentes.

Por todo esto, lanzamos esta serie de consejos para que los afectados los tengan en cuenta antes de aceptar la dación:

1. Antes de negociar nada asesórate con un abogado de confianza. Escucha a los colectivos y plataformas, pero toma tus propias decisiones.

2. No firmes la dación sin asegurarte antes de que contractualmente el banco se compromete a pagar el impuesto de plusvalía o que el ayuntamiento renuncia a cobrarlo.

3. Si no tienes segura una vivienda después de entregar tu casa, no la abandones. Es preferible luchar por detener tu desahucio que asumir directamente los perjuicios que puede ocasionarte una situación de indigencia.

4. Asegúrate de que la casa a la que vas si abandonas la tuya reúne todas las condiciones de habitabilidad. No abandones tu casa sin valorar antes si en la nueva vivienda tus hijos pueden ser puestos en riesgo por los servicios sociales.

5. Si la dación se consigue con alquiler social, asegúrate de que éste sea asequible (al 30% de tus ingresos como máximo) y que dure un tiempo considerable (5 años por ejemplo).

6. Si la administración te concede la ayuda al alquiler, asegúrate de que ésta dura tanto tiempo como el contrato de alquiler. Esto es imprescindible si no tienes asegurada ninguna fuente de ingresos.

7. No aceptes sin más un alquiler social si tienes seguro que a la larga no vas a poder pagarlo, bien porque cambien las condiciones estipuladas en el contrato, se acabe la ayuda al alquiler o cambie tu situación económica. Mira todos los pormenores para negociar el alquiler más ventajoso y no verte expuesto en poco tiempo a un desahucio exprés.

8. Si tus ingresos son 0, intenta negociar una moratoria con un plazo razonable que no acabe hasta que percibas tu primer ingreso regular.

Si tienes cualquier duda en este correo podemos asesorarte: anarquistasgc@gmail.com.

Desde aquí pedimos a los movimientos sociales más responsabilidad y que no vendan la dación en pago como una panacea. Cómo hemos visto, también la dación tiene su letra pequeña.

FAGC