El SIGC lanza su «Programa de Vivienda»

En el archipiélago canario vivimos una situación de emergencia habitacional institucionalmente no declarada. Aunque los propios datos oficiales son cada día más alarmantes y la sociedad canaria clama por soluciones, los partidos políticos y las instituciones que éstos controlan insisten en ignorar la situación. Sus programas son a todas luces insuficientes, sus medidas parciales cuando no directamente cosméticas y sus prioridades son las que dictan los poderes económicos que imponen la fe en la omnipotencia del mercado y en la propiedad privada como un derecho absoluto.

Ante esta terrible realidad, las inquilinas de Gran Canaria lanzamos nuestro “Programa de Vivienda”. Una batería de medidas directas y eficaces que queremos compartir con los vecinos y vecinas de nuestros barrios y que lanzamos como órdago a los partidos políticos ante las próximas elecciones municipales y generales.

Nuestro “Programa de Vivienda” se presentará el próximo lunes día 15 de abril (2019), a las 11:00 a.m., en el local de la Asociación de Vecinos de la Vega de San José (Las Palmas de Gran Canaria), ubicado en la calle Málaga nº 32.

Invitamos a todos los medios de comunicación a asistir a esta presentación y a la vez rueda de prensa donde varios de nuestras afiliadas expondrán sus distintas problemáticas habitacionales; donde compartiremos una breve relación de los datos más sangrante en materia de vivienda; y donde presentaremos, expondremos y repartiremos, a medios y vecinos, nuestro “Programa”.

El capitalismo ha convertido la vivienda en una simple mercancía. Sometida a las presiones del mercado está pasando a convertirse, sobre todo desde la última década, en mercancía de lujo. Las inquilinas e inquilinos de Gran Canaria queremos algo muy sencillo: que la vivienda vuelva a ser un derecho básico y fundamental garantizado para todos.

El SIGC lanza su label sindical

Label es una voz inglesa y significa etiqueta, sello o marca. El label sindical es una herramienta de presión obrera que los sindicatos revolucionarios llevan practicando desde hace más de un siglo. La CGT de Francia (en su primera etapa, cuando era impulsada por anarcosindicalistas como Emile Pouget), la IWW de Norteamérica o la CNT en el Estado español adoptaron de forma eficiente y durante distintas etapas este método de acción directa (resolver los problemas laborales a través de la propia intervención obrera, sin intermediarios).

José Prat definía así el label en 1909 en su obra Burguesía y proletariado:

“[…] La imposición del label, la marca sindical, en los productos de aquellos industriales que trabajan habiendo aceptado de común acuerdo con sus obreros las tarifas de horario y jornal, permitiría que el público-consumidor obrero pudiese boicotear los productos de aquellos otros industriales recalcitrantes. En los Estados Unidos el público boicotea los productos que no llevan la marca sindical y aquellos establecimientos públicos cuya dependencia no está asociada […]”.

Por su parte Rudolf Rocker lo definía así en su clásico tratado Anarcosindicalismo (Teoría y práctica) de 1938: “El label sindical es un medio para facilitar el boicot, pues da al comprador la contraseña que le permite distinguir los géneros que desea de los que quisieran darle de otro origen”.

Rescatando esta idea y sobre todo esta práctica, el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria lanza su propio label sindical. La mayoría de sellos sindicales son de carácter positivo (por ejemplo: “este producto se ha elaborado respetando los derechos laborales”) y el boicot se produce, por tanto, de forma indirecta. Aunque no descartamos elaborar en un futuro un label en esta línea, por ahora la situación del alquiler en Gran Canaria es tan alarmante que debemos centrarnos en señalar directamente a aquellos arrendadores, sobre todo cuando son multirentistas y personas jurídicas, que no respetan los derechos de los inquilinos.

Tenemos la mayor subida del precio del alquiler de todo el Estado con una de las medias salariales más bajas. Cada vez más barrios están siendo sometidos a un proceso de gentrificación aplastante gracias a la proliferación de viviendas vacacionales en suelo residencial. La clase obrera canaria, una de las más empobrecidas y desempleadas de toda la Europa política, tiene por tanto cada vez más complicado acceder a una vivienda digna. La precarización del techo está propiciando el abuso sistemático de la clase propietaria, imponiendo unos precios desproporcionados, fianzas de hasta 5 meses, contratos draconianos directamente en los límites de la legalidad o incluso imponiendo irregularidades por la vía de los hechos consumados (como desentenderse del saneamiento y mantenimiento de la vivienda o impedir al arrendatario el acceso a los suministros básicos). Es por todo esto que el SIGC lanza su label sindical con la intención de señalar a todos esos rentistas, principalmente entidades financieras, gestores externos y agentes especuladores, que no respeten los derechos arrendatarios. Toda empresa o inmueble que pisotee los derechos de las inquilinas de forma acreditada será denunciada públicamente con la colocación de nuestro label, de forma virtual y física, y no dejaremos de recomendar que no se alquile el inmueble marcado hasta que se acepten nuestras demandas y los derechos elementales de la clase inquilina sean respetados.

Debemos organizarnos y no parar de acumular fuerzas o cada vez nuestras condiciones serán más precarias, nos expulsarán de nuestros barrios y nuestras casas y empezaremos a acostumbrarnos a habitar infraviviendas con la misma “normalidad” con la que aceptamos jubilarnos cada vez más tarde y cobrar cada vez más poco. Somos el último baluarte, así que únete a tu sindicato de inquilinas más cercano, infórmate de tus derechos, haz piña con tus vecinas y lucha por una vida digna que sólo será posible cuando nuestras viviendas también sean dignas.

SIGC

Desahucio de 6 familias en San Miguel de Abona

Desde hace aproximadamente 4 años varias familias entraron a vivir en unos dúplex abandonados en San Miguel de Abona (Tenerife). Contactaron con un supuesto promotor que les pedía 100 euros a cambio de acceder a ellos. Las casas, destrozadas, sin ventanas ni puertas en muchos casos, no valían ni siquiera eso. El pago se produjo y desde entonces el promotor desapareció. Las familias han seguido viviendo ahí desde aquel momento, arreglando los destartalados inmuebles como han podido y convirtiéndolos en sus hogares. Hablamos de 14 personas (8 adultos y 6 menores). Nadie se había acordado de ellos hasta hace pocos días.

El 13 de febrero el juzgado de Granadilla de Abona les comunica que tienen 10 días para comparecer en dichos juzgados y justificar con qué título habitan las viviendas. Es el paso previo al desahucio. Las viviendas son actualmente propiedad de la SAREB (Sociedad Gestora de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), también conocida como “el banco malo”. La SAREB es una de las entidades financieras que más desahucia en el Estado español, negándose casi por sistema a conceder alquileres sociales pues su principal objetivo es vender todos los activos adquiridos antes de su autodisolución. La negativa a negociar y a conceder alquileres sociales, como alternativa al desahucio, sobre todo en los casos en los que hay menores por medio, es especialmente sangrante cuando hay acuerdos con el Gobierno de Canarias sobre cesión de viviendas para situaciones de emergencia.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y la Federación Anarquista de Gran Canaria vamos a intentar ayudar a estas familias para impedir este dramático desenlace:

  • Ya hemos ofrecido a los afectados asesoría legal para que puedan presentar escritos que justifiquen su actual situación e impidan el lanzamiento judicial.

  • Contactaremos con los medios de comunicación para que se hagan eco de esta noticia y nos ayuden a impedir con su influencia que 14 personas (6 de ellas niños) se vean en la calle sin ningún tipo de alternativa habitacional.

  • Hacemos un llamamiento a los colectivos sociales de nuestra isla hermana para que den el apoyo presencial y el acompañamiento personal que a nosotras se nos hace difícil ofrecer desde aquí.

  • Hacemos un llamamiento a la opinión pública, a las vecinas de nuestros barrios y pueblos, para que apoyen a estas familias e impidan que el desahucio se produzca.

  • Instamos a las administraciones públicas, principalmente al Ayuntamiento de San Miguel de Abona y al Gobierno de Canarias para que, tal y como ya ha ocurrido en el caso de la Comunidad “La Ilusión” (Telde, Gran Canaria), empiecen las negociaciones con la SAREB y la conminen a paralizar el desahucio. Es su responsabilidad que una entidad con un 45% de capital público deje de expulsar a familias de sus casas.

Con 1.100 desahucios en Canarias el pasado trimestre; con la mayor subida de los precios del alquiler del Estado y los segundos salarios más bajos; con un precio medio del alquiler de 749 euros y un riesgo de pobreza del 40,2%; es necesario dar una respuesta colectiva y organizada a la verdadera emergencia habitacional que sufrimos en Canarias. No hablamos ya de una lucha política o económica; es una lucha por la supervivencia.

SIGC y FAGC

El Gobierno de Canarias deja colgados a más de la mitad de los demandantes de ayudas al alquiler

La fecha límite para resolver expiraba el 31 de diciembre y la consejería no lo hará como mínimo hasta abril alegando falta de personal para atender las 17.500 solicitudes

Hay unos 8 millones consignados este año para este fin. 7 millones para la convocatoria general y uno para la ayuda joven, con los que se pretende beneficiar a unos 5.000 solicitantes que cumplan los requisitos, más del doble que el año pasado, pero dejará fuera a una gran parte

El sindicato de inquilinos asegura que todos los meses se reciben avisos de desahucios por impagos del alquiler, lo que le lleva a buscar alternativas en pisos vacíos de los bancos

Desahucio inminente en Playa Blanca (Lanzarote)

Hoy, miércoles día 6 de febrero, nos hemos enterado por los redactores de “Buenas Tardes Canarias” (Televisión Canaria) de que el próximo viernes día 8 se producirá el desahucio de una familia con 2 niñas menores de 10 y 3 años.

Andrés y Joanna, con sus dos hijas menores, accedieron a un alquiler en Playa Blanca (municipio de Yaiza, Lanzarote) en septiembre de 2018. El supuesto propietario les entregó las llaves de la vivienda, junto al contrato de alquiler, los datos de la póliza para pagar agua y luz y se cobró la primera mensualidad por adelantado. A las 2 semanas se presentó una comisión judicial en el edificio, acompañando al verdadero propietario, para desahuciar a los anteriores inquilinos. Ahí Andrés y Joanna empezaron a darse cuenta de que habían sido objeto de una estafa.

En diciembre comparecen en juzgados para una vista oral. Lo hacen sin abogado de oficio. Hace un mes les llega la notificación de que el 8 de febrero serán objeto de un desahucio. En todo este tiempo, nuevamente, como lamentablemente en tantos casos, mal asesorados por otros colectivos, no recurren la sentencia ni presentan ninguna batalla legal. Se han dedicado a buscar alquileres, de forma desesperada, encontrado únicamente ofertas inasumibles como 1.000 euros mensuales con 4 meses de fianza.

El Ayuntamiento de Yaiza se inhibe de este caso, a pesar de que la existencia de dos menores afectadas le obliga a ello, porque alega que al no llevar la familia más de un año empadronada no es competencia de ellos ayudarles…

El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, ante el poco tiempo y la circunstancia excepcional de que la familia se encuentra en otra isla distinta a aquella en la que éste desarrolla su actividad, ha diseñado contrarreloj la siguiente batería de medidas.

1º Nuestra abogada, Isabel Saavedra, ha redactado un escrito de urgencia para que la familia lo presente mañana a primera hora en juzgados e intente detener así su desahucio. También les hemos recomendado que intenten, aunque estén fuera de plazo, solicitar en el colegio de abogados letrado y procurador de oficio, a fin de intentar aplazar el lanzamiento mientras se lo conceden.

2º Con ayuda de la Federación Anarquista de Gran Canaria, vamos a intentar contactar con todos los medios posibles y ver si la dramática situación de esta familia con dos niñas llega a oídos de las instituciones y se deciden de una vez a intervenir.

3º Varios afiliados de nuestro Sindicato están contactando con conocidos en la isla vecina para ver si se puede encontrar una alternativa habitacional en forma de un alquiler asequible.

Esto es lo que vamos a hacer nosotras, y es lamentable que las instituciones, con todos los recursos capitalizados en sus manos, se nieguen a intervenir.

Demandamos desde aquí que el Ayuntamiento de Yaiza, el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias busquen una solución, aunque sea temporal, a esta terrible situación. Andrés hace chapuzas y Joanna es limpiadora. Ambos están esperando firmar un contrato de trabajo dentro de dos semanas. Como dice el propio Andrés: “Lo único que necesitamos es tiempo”. Tiempo para tener una nómina que les permita acceder a un alquiler y no verse durante las próximas semanas en la calle con sus dos hijas pequeñas.

Solución provisional al desahucio de una madre con su niño de cinco años

María del Pino Santana y su hijo Moisés han sido instalados en un hotel tras ser desahuciados de su vivienda de alquiler en Casablanca I

Fuente: La Provincia
Ampara R. Montero

Ha sido un día largo y duro, pero aún así María del Pino Santana se muestra calmada. Nada que ver con el pequeño Moisés que no para quieto en la silla. Tiene cinco años y su mirada todavía puede sorprenderse con algo tan simple como ver a alguien escribir. «Yo también sé hacer la o», asegura. Un boli Bic y un trozo de hoja en una libreta bastan para que muestre sus dotes gráficas y, de paso, sacarle una sonrisa de satisfacción ante la perfección de su letra a la que no le falta ni el rabillo. En su mundo infantil todo parece estar en orden, si bien no se le escapa que algo ha cambiado. «Hoy [por ayer] voy a estar tranquilito», promete mientras se agarra a la mano de su mamá y juntos se dirigen hacia la zona del hotel donde van a vivir por ahora después de que ayer tuvieran que dejar la que había sido su hogar en Casablanca I por una orden judicial de desahucio.

Apenas han pasado unas horas desde que madre e hijo se instalaran el un enclave hotelero de la capital, después de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tomase medidas ante el caso de Santana. No obstante, el calvario de esta mujer de 38 años tiene ya recorrido. La falta de apoyo familiar, el maltrato por parte del padre de su pequeño y una agresión sexual de otra persona han marcado el último lustro de María del Pino que no oculta que a veces le faltan las ganas de seguir. «Es muy difícil levantarte cuando te sientes tan mal como mujer, pero lo tengo que hacer por él», comenta mientras mira a Moisés que sigue entretenido con la caligrafía.

Precisamente el niño ha sido la fuerza que ha impulsado la batalla de Santana por no quedarse en la calle, a pesar de no poder hacer frente al alquiler. «¿Cómo lo hacía?», se justifica. Y es que en un principio compartía la vivienda de Casablanca I con otro inquilino que al poco tiempo decidió marcharse dejándola a ella con toda la responsabilidad del pago del arrendamiento. «Yo cobraba una ayuda de 426 euros y tenía que pagar 400 de alquiler. Si lo hacía no podía dar de comer a mi hijo».

Todo esto ocurrió en marzo del año pasado y en junio se le acababa la prestación. «Fui a los servicios sociales, donde me habían ayudado en otra ocasión, pero me dijeron que tenía que buscarme yo un piso y que luego ellos me pagan el alquiler», recuerda. El problema es que al no tener un empleo nadie quiere arrendarle una casa. Y para más inri, hasta diciembre no ha podido recibir la Prestación Canaria de Inserción (PCI) de 540 euros con la que, además, el banco se ha cobrado el dinero que adeudaba por haber tenido que dejar la cuenta al descubierto. Así que los últimos meses han tenido que vivir a base de ayudas de alimentos y del apoyo de vecinos como Carla.

Lo más importante es que a Moisés no le ha faltado nunca un plato de comida aunque Santana tuviera que reducir su alimentación para ello. Pero aún así, sucedió lo inevitable: les llegó una orden desahucio por impago del alquiler que tenía la fecha fijada en el día de ayer. Lejos de tirar la toalla María del Pino Santana contactó con el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria que dio la voz de alarma la pasada semana, cuando apenas quedaban unos días para que madre e hijo se vieran en la calle. De momento, el Consistorio ha evitado esa situación con una habitación de hotel hasta que se encuentre una solución definitiva. «Yo espero que cumplan con su palabra», apunta la afectada sin cantar victoria. Mientras, Moisés garabatea feliz las vocales.

María encuentra techo provisional y el juez para el desahucio ‘sine die’

Fuente: Canarias 7
Javier Darriba

La vecina de Casablanca I, víctima de violencia de género y afectada por un lanzamiento, se mudó al hotel que le ofreció el Ayuntamiento. El Gobierno le busca casa. Su expulsión quedó congelada tras un recurso que puso sobre la mesa la necesidad de un informe de vulnerabilidad.

La joven que ayer se enfrentaba al desahucio por impago del alquiler junto a su hijo de cinco años se mudaba ayer a la habitación de hotel que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le buscó como solución provisional para evitar que se quedara en la calle cuando se enteró de que el juzgado suspendía provisionalmente su alzamiento.

Aunque no están claro aún los motivos por los que se suspende sine die el desahucio, ya que la notificación a la abogada de oficio se hizo de modo presencial y no hay constancia documental de la decisión, desde el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria y la Federación Anarquista de Gran Canaria creen que el fallo tiene su fundamento en el recurso de urgencia que presentó la abogada Isabel Saavedra el viernes a última hora.

Lo que se solicitaba en este escrito era que se aplicara el Real Decreto 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. «Esto exige, para los casos de desahucio que afectan a familias vulnerables, la elaboración de un informe de situación por parte de los servicios sociales municipales», explica Saavedra. «Si se confirma que la decisión del juez se basa en este recurso sería el primero de Canarias, probablemente», explica la letrada, quien señala la importancia del nuevo escenario, con la exigencia de informe de vulnerabilidad.

La noticia de la paralización del alzamiento sorprendió a María del Pino Santana en pleno proceso de mudanza. Desde primera hora, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le ofreció un coche para llevarla al hotel, un vehículo para trasladar sus enseres y un espacio en El Sebadal para depositarlos en caso de que lo necesitara, según explicó el concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega.

La decisión de paralizar el desahucio generó dudas sobre si María del Pino debía quedarse en la casa actual o mudarse al hotel ofrecido por el Consistorio, pero al final se decidió que aceptara la oferta municipal. «En la casa de alquiler no tenía agua desde hace meses», explicó el representante del Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria, Ruymán Rodríguez, «esperemos que ahora no retiren la posibilidad de que se acoja a otras ayudas sociales».

Además, Isabel Saavedra insistió en el carácter provisional que debe tener el alojamiento en el hotel porque carece de cocina. También tenía dudas sobre el régimen de comidas la propia afectada. «Se supone que tengo que ir a cafeterías porque al no haber cocina no cabe otra, aunque creo que mi vecina Carla me hará alguna comida de vez en cuando», explicó. Su vecina le ha ayudado a mantenerse estos dos últimos meses y le ofreció su casa para depositar todos sus enseres.

Ayudas económicas

El responsable del área municipal de Cohesión Social dijo que desconocía la decisión judicial pero mantuvo la oferta de ayudas económicas «para hacer frente a los pagos de la estancia y de las comidas». El concejal aclaró que se ha llegado a un acuerdo con un restaurante de la zona para que pueda alimentarse junto a su hijo. Además, María del Pino podrá acceder a prestaciones económicas de especial necesidad o a las de emergencia que dependen del Ayuntamiento capitalino. «La cuantía será lo suficiente para cubrir sus necesidades», expuso Ortega, quien recordó que, en todo caso, habrá que esperar al Gobierno de Canarias para obtener la solución definitiva. «Hemos instado al Gobierno canario a que asuma su responsabilidad y le ofrezca una alternativa habitacional», reseñó, «lo principal es que se le pueda ofrecer una vivienda».

Al respecto, la directora del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), Pino de León, aseguró que la Comunidad ya se ha puesto en contacto con María del Pino y con el Ayuntamiento «para atender su caso y darle solución». Aclara que Vivienda desconocía el caso de esta vecina de Casablanca I, por lo que no se ha podido aplicar el protocolo del programa Canarias +Viviendas x Familias que hace que el Gobierno de Canarias se dirija al propietario del piso (el arrendador) y al juzgado para pedirles que suspendan el desahucio hasta que se le pueda ofrecer una alternativa habitacional.

En este caso, lo que se va a hacer es ofrecerle una de las alrededor de 90 viviendas que conforman una bolsa de pisos en toda Canarias que ofrecen La Caixa y el banco malo en virtud de sendos convenios que el Icavi tiene firmados con las dos entidades bancarias.

Pino de León señaló que «cuando ponen a nuestra disposición estas viviendas, generalmente hace falta acometer pequeñas obras de rehabilitación porque no podemos ofrecerlas sin agua ni luz».

La directora del Icavi indicó que se va a agilizar la obra para que la casa sea puesta a disposición de María del Pino lo antes posible. Descartó que pueda acceder a una casa de Visocan (la empresa de viviendas sociales del Gobierno canario) porque solo ofrece pisos protegidos de promoción privada a precio tasado, lo que supone una renta mensual de entre 300 y 350 euros.

En cambio, la solución que se le va a prestar a la vecina de Casablanca I es una vivienda pública en la que no tendrá que pagar más del 12% de sus ingresos, lo que implica que su mensualidad no podrá exceder de 65 euros.

Críticas

La abogada Isabel Saavedra agradeció al Sindicato de Inquilinas y a la Federación Anarquista de Gran Canaria su denuncia del caso de María del Pino, pero lamentó que se están produciendo muchos otros sin que haya una respuesta institucional óptima. «En el último trimestre del año pasado los lanzamientos en Canarias crecieron un 13% respecto a 2017», explicó, «este caso concreto demuestra la falta de previsión de un Ayuntamiento que se dice del cambio y que actuó porque no podía permitirse un piquete antidesahucio en plena fase preelectoral».

Para el PP, el caso de María del Pino Santana es «un nuevo ejemplo del fraude social» ya que «nadie del tripartito de las personas tomó cartas en el asunto hasta que la denuncia fue recogida por los medios de comunicación», indicó la edil Carmen Guerra. «Ni oficina antidesahucio, ni bono social del agua, ni nada. Este gobierno que llega a su fin de caracteriza por ser un gobierno de cartón piedra, que utilizó las necesidades sociales de las personas para justificar la conformación de un pacto de perdedores», añadió.

Al margen del rifirrafe político, la afectada se mostró contenta «porque tengo un techo», aunque sabe que todavía hay que esperar por la decisión final.

Comunicado sobre el desahucio de María

María y su hijo de 5 años vivían con el pánico de enfrentarse al desahucio que les fue comunicado judicialmente para este lunes día 14 de enero de 2019. Contactó con nosotras el jueves por la tarde-noche, a menos de 4 días del desahucio. María había sido asesorada de forma muy deficiente hasta entonces: se le había asegurado que su desahucio no iba a producirse, que iba a ser realojada, que su caso ya lo conocían las instituciones, y toda una serie de falsas promesas. Finalmente, el mismo jueves se le dijo que se preparara “para lo peor”. Todo eso, sumado al terror de perder a su hijo (un miedo que nos ha costado mucho mitigar), hizo que cuando llamó a nuestro teléfono estuviera verdaderamente desesperada.

Tenemos que ser sinceras: el jueves por la noche creíamos que era imposible salvar la situación. Hemos hecho cosas complicadas antes, pero pocas veces con tan poco margen y con circunstancias tan adversas. Nos repusimos de la congoja y pusimos en marcha una maquinaria bien engrasada: nuestro protocolo antidesahucios.

La vía legal estaba agotada. Aún así la abogada Isabel Saavedra redactó un recurso de urgencia intentado ganar algo de tiempo, aunque ella misma sabía que no iba a ser posible. Rápidamente, ya de noche, contactamos con la prensa, tanto directamente como a través de nuestro listado de correos. Teníamos 3 días para llegar a la opinión pública y que ésta ejerciera la presión necesaria para forzar la actuación de los responsables políticos. Empezamos a meter caña también por redes sociales, intentando alcanzar el clímax necesario para que nuestras demandas fueran escuchadas. Finalmente, tanto de forma informal como oficial, contactamos con responsables políticos a través de periodistas y contactos comunes. Por si todo eso fallaba, decidimos mantener los preparativos de un posible piquete antidesahucios.

Finalmente, casi de madrugada, el concejal de Cohesión Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jacinto Ortega, llamó a María para comunicarle que el Ayuntamiento le ofrecía quedarse en un hostal hasta que se encontrara una solución definitiva a su situación. Lo tomamos con precaución hasta que fuera oficial, pero al menos ahora María y su hijo podían descansar tranquilos.

La noticia se confirmaría al día siguiente, primero en prensa y después a través de una nueva llamada a María: El Ayuntamiento buscará un alojamiento provisional a María del Pino y su niño.

Podría pensarse que estamos satisfechas con la actuación gubernamental, pero no es así. Para llegar a este punto se ha sometido a María a un sufrimiento innecesario. Durante el proceso la administración le dijo que se pusiera en contacto con los Servicios Sociales, desconociendo que ella ya estaba desde hace mucho tiempo siendo atendida por ellos. Se le pidió que buscase un alquiler, ignorando una realidad social tan palmaria como que a nadie con unos ingresos de 540 euros le ofertan alquiler alguno. Llegaron incluso a decirle que se fuera a Gánigo (un albergue para personas sin hogar) con su hijo de 5 años. Esta muestra de insensibilidad y falta de empatía no podemos, aunque lo intentáramos, olvidarla.

Muestra del mismo talante ha sido que Javier Doreste, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, comunicara a los medios la posibilidad de un hostal para María antes de decírselo a la propia afectada.

A partir de los hechos relatados, nuestras conclusiones son las siguientes:

1º. Aparentemente se ha encontrado una solución temporal para María. Lo valoramos de forma positiva pero sin triunfalismos y, sobre todo, con desconfianza. Vigilaremos que este compromiso, que por ahora concuerda con nuestras exigencia iniciales, sea respetado. Sin embargo, no es una solución; sólo es un parche. No queremos estar pendientes de que el Ayuntamiento pague el hostal antes de encontrar una solución definitiva. No queremos que la amenaza de la intemperie se cierna de nuevo sobre las cabezas de María y su pequeño. Queremos una solución habitacional real a largo plazo.

2º. En vista de que María ya cuenta con una alternativa habitacional, aunque sea temporal, la FAGC y el SIGC anuncian que desconvocan el piquete antidesahucios que tenían preparado para mañana.

3º. Vivimos en Canarias una verdadera situación de emergencia habitacional y eso es lo que debería declararse. El Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. no puede seguir ignorando esta situación. Poco nos importa a nosotras que sean un tripartito de izquierdas, que gobiernen con una retórica nueva o con la de siempre, que sean del cambio o del recambio. Las palabras no te cubren del frío ni evitan que tus hijos rompan a llorar ante la amenaza de un desahucio. Es vital que haya un protocolo antidesahucios eficiente, que no permita que ni una sola familia se quede en la calle por impago de unos alquileres que la especulación inmobiliaria, potenciada o ignorada por las instituciones públicas, está llevando a unos récords históricos. No puede ser que nuestros humildes colectivos, refractarios a recibir subvenciones, autofinanciándose a base de solidaridad colectiva y de unos ingresos propios muy magros, haya realojado a más personas e impedido más desahucios que todas las instituciones de Canarias juntas.

4º. Habrá colectivos y partidos que ahora correrán a ponerse ante los focos para colgarse medallas. Que lo hagan. Rechazamos las guerras de siglas. La calle sabe cuál es la verdad. Y es la calle la que nos interesa. Por nuestra parte no tenemos nada que celebrar mientras María no tenga un hogar estable, digno y seguro. Pero sí tenemos motivos por los que estar orgullosas. Estamos orgullosas de María, cuya fuerza de voluntad ha logrado gran parte de esta pequeña victoria. María a lo largo de su vida ha sufrido distintos episodios de violencia machista y patriarcal, desde malos tratos de su ex pareja a una agresión sexual de un compañero de piso. Han podido herirla, pero no derrotarla. Se ha negado a someterse a la revictimización de la indiferencia institucional, y ha dado la cara en cualquier foro y ante cualquier medio para denunciar su situación. Por nuestra parte, en 3 días hemos conseguido algo que parecía irrealizable, y eso es así porque sólo la lucha y la protesta hacen que lo que hoy parecía imposible mañana se torne posible. Sirvan este caso y todos los que tramitamos actualmente para demostrarle a nuestra empobrecida y maltratada sociedad canaria que sólo poniéndose en pie, exigiendo y no pidiendo, protestando y no suplicando, se pueden obtener resultados.

Seguimos y seguiremos luchando. Hasta que el techo sea un bien de primera necesidad al alcance de todas y no un activo financiero para inversores y especuladores.

Federación Anarquista de Gran Canaria

Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria

Comunicado de María

Mi nombre es María. Para mañana (día 14 de enero de 2019) tengo la orden de desahucio a las 12:00. Después de tantos meses de incertidumbre, y de tenerme como una pelota, sin encontrar ayuda ninguna, sin haberme asesorado correctamente, contacté con la Federación Anarquista de Gran Canaria y el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, y en tan solo tres días han conseguido con la ayuda de la presión mediática movilizar a todos los medios, tanto en prensa, como televisión. Y gracias a los esfuerzos y a la gran ayuda que me han prestado, mañana tanto mi hijo como yo estaremos bajo un techo y juntos. Quiero dejar claro que solo y únicamente los que me han conseguido que todo esto se llevara a efectos, y en tan solo tres días, es gracias a la Federación Anarquista de Gran Canaria y el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. Ellos son los únicos que en tres días han conseguido que mi situación cambié radicalmente a mejor. Gracias a los compañeros que desde el minuto uno que contacté con ellos, los pobres, ni han descansado, ni han parado de luchar y movilizar todo esto para encontrar una salida. Gracias.

El SIGC se refunda y reanuda la lucha

Fuente: Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria

Con el mismo espíritu que le dio vida, pero con una perspectiva más apegada si cabe al tejido barrial y la raíz social de los problemas habitacionales, las vecinas han decidido refundar el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Será un órgano de las vecinas y para las vecinas, impulsado y controlado por ellas, con comisiones en las que su presencia sea real. Un sindicato independiente, pero sin miedo a reconocer las influencias horizontales, asamblearias y autogestionarias que lo fundaron, y que hoy le aportan la totalidad de sus recursos. Un órgano alejado de las viejas dinámicas y vicios que arrastran los colectivos históricos. Un órgano para luchar. Un órgano para ganar.