Hace ya casi un par de años, en un momento en el que las asambleas y grupos de vivienda de distinto cariz florecían por todo el Estado para hacer frente a la creciente oleada de desahucios, comenzaron a llegarnos noticias desde aquella isla norteafricana acerca de la llamada Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC), que había comenzado a autoorganizarse con ese mismo objetivo.

 

Los/as libertarios/as grancanarios/as de la FAGC crearon para ello un Grupo de Respuesta Inmediata destinado a paralizar desahucios y realojar en viviendas okupadas a las familias que ya hubieran sido desahuciadas o estuvieran en riesgo de serlo, y una Asamblea de Inquilinos y Desahuciados orientada a buscar soluciones colectivas a las injusticias y abusos entre todas las personas afectadas.

 

Unos meses después, en abril de 2013, la FAGC anunciaba que ya eran 55 las viviendas que habían sido socializadas y más de 70 las personas realojadas en ellas, tanto en Las Palmas como en otros municipios de la isla, especialmente en Telde.

 

Poco después, sin embargo, y durante prácticamente todo un año, dejamos de tener noticias de la FAGC, que parecía haber desaparecido como grupo, hasta que el pasado 7 de junio los/as grancanarios/as anunciaban su regreso con estas palabras: “Si volvemos a hablar de la FAGC no es porque sus miembros “ideologizados” hayan querido quitarle el polvo al invento; sino porque muchos de los realojados y realojadas, gente cuya ideología se nutre principalmente de experiencias y vivencias, han decidido rescatar el proyecto, darle continuidad y hacer que de la FAGC perduren sobre todo sus obras más importantes, (…) es decir, han querido rescatar los piquetes anti-desahucios y los realojos”. Y por el momento han vuelto pisando fuerte: en dos meses, 74 personas realojadas en treinta nuevas viviendas liberadas.

 

 

Pero la última noticia desde la isla es la que nos ha motivado a escribir estas líneas: el pasado 15 de septiembre la FAGC daba a conocer la comunidad “La Esperanza” (www.anarquistasgc.net). La expropiación y socialización de viviendas de unos bloques abandonados ha ido creciendo desde febrero de 2013 hasta sumar a día de hoy 65 viviendas ocupadas en las que habitan 207 personas (103 de ellas, niños/as), que trabajan juntas no sólo en la rehabilitación y adecentamiento de las viviendas y zonas comunes sino también en proyectos por el bien común y experiencias para avanzar hacia la autogestión alimentaria.

 

No es mucho lo que sabemos de este proyecto por el momento, pero no recordamos cifras así en ningún realojo masivo de familias de los que se han producido estos últimos años por todo el Estado. Por esa razón y porque, como dicen ellos/as mismos/as, “la verdadera lucha comienza ahora”, queríamos dar a conocer esta comunidad, a la que ahora le falta mucho por construir y que, muy probablemente, necesitará en un futuro toda la solidaridad posible para hacer frente a la represión.

 

 

De más cerca nos llegó también el mes pasado la noticia de la paralización del desalojo del edificio La Manuela. Este bloque del madrileño barrio de Malasaña, del que ya hemos hablado hace algunos meses en esta publicación (www.todoporhacer.org/vecinas-okupas), llevaba okupado desde enero de este año por 19 familias sin posibilidad de acceso a una vivienda digna. Desde ese momento, la Asamblea de Vivienda Centro y los/as vecinos/as de La Manuela comenzaron a negociar con la entidad propietaria, Caixabank, con el objetivo de alojar en régimen de alquiler social a todas las familias participantes en el proyecto. Y a pesar de haber recibido una orden de desalojo con fecha prevista para el 26 de septiembre, dos semanas antes de ese día Caixabank firmaba un acuerdo comprometiéndose al realojo de todas las familias en alquiler social y la orden de desalojo quedaba paralizada sin fecha.

 

Algo parecido ha ocurrido en Sabadell. Un bloque de viviendas habitado desde abril de 2013 por 40 familias con la Obra Social de la PAH, fue cedido el mes pasado por su propietaria, la Sareb (el famoso “banco malo”), a la Agencia de Vivienda de la Generalitat de Catalunya. De acuerdo con las negociaciones entre la PAH y la Generalitat, ésta ha prometido que, tras acreditar que todas las familias cumplen los requisitos para ser beneficiarias, se pasará a regularizar su situación con un contrato de alquiler social.

 

Si bien nos alegramos enormemente por todas estas familias y apreciamos el tremendo trabajo que hay detrás de estos y otros proyectos similares, no podemos evitar plantearnos algunas cuestiones acerca de este tipo de soluciones para el acceso a la vivienda. Por una parte, defendemos la vía de la okupación como acción directa en manos de los/as propios/as implicados/as, sin necesidad de pedir nada al Estado u organizaciones caritativas, pero somos conscientes de las limitaciones que puede tener esta vía en algunos casos (familias con niños/as pequeños/as, por ejemplo) al estar a menudo muy limitada en el tiempo por la represión. Por eso y sobre todo porque se trata de una necesidad tan básica, nos parece legítima la estrategia (que en otras okupaciones, como las de centros sociales o culturales, rechazamos) de ejercer presión a propietarios e instituciones, como se ha hecho en estos dos ejemplos, para obtener la cesión o alquiler social del edificio y así garantizar el acceso a la vivienda a estas familias.

Sin embargo, no podemos olvidar que estas soluciones tampoco son definitivas. Para empezar, el hecho de aceptar un alquiler social, además de pasar por reconocer la propiedad privada de la vivienda al banco o inmobiliaria de turno (que es el origen mismo del problema), puede seguir siendo limitante para alguna gente, según lo que se considere “social”. Para la PAH, por ejemplo, se considera como tal el alquiler que no supere el 30% de los ingresos familiares, pero si una madre tiene que mantener a tres hijos/as con 400 euros mensuales de ingresos, ¿es “social” que se deje 130 en el alquiler? Más allá de esto, habría que ver si la entidad propietaria cumple el mismo criterio de social y acepta que quien no tenga ingresos, no pague nada, o si, con la inestabilidad laboral en la que vivimos, va a aceptar cambiar la cuota de un mes a otro en función de la situación del/la inquilino/a. Por otra parte, sabemos que quien hace la ley, hace la trampa, y por eso de la misma forma que la acción y la presión popular pueden lograr un buen acuerdo, si el día de mañana éstas desaparecen, es seguro que no les será difícil olvidarse de cualquier promesa y los/as vecinos/as volverán a encontrarse en la situación de partida. Con todo esto, en definitiva, no queremos ni mucho menos criticar este tipo de proyectos e iniciativas que desde esta publicación siempre hemos intentado difundir y apoyar, sino más bien recordar frente a quiénes estamos – administraciones, bancos, inmobiliarias – y no perder de vista lo que esto supone para hacernos aún más fuertes en una lucha que esperamos siga creciendo como lo ha hecho en estos últimos dos años.