El día se presentaba duro. Lágrimas, angustia y ruido. Tratábamos de consolar a Nereida y Natalia, de convencerlas de que hoy no iba a producirse el desahucio; no podía producirse. Las irregularidades a nivel jurídico que se han constatado en este caso nos convencían de ello. Señoras y señores de la administración de justicia: su obligación no es intimidar, ni presentarse en casa de dos madres con 3 menores con medio batallón policial, ni tomar partido por la parte desahuciante; debería ser informar, dar a conocer a los afectados los derechos que les asisten, ser imparciales y no producir un dolor innecesario. Pero sabemos que esto es mucho pedir. Como ayer le decía uno de los miembros de nuestro sindicato a una funcionaria judicial: “Debería sacarse la calculadora de la cabeza, dejar de pensar como una máquina rígida y estricta y pensar que la vida no cabe en un papel, que la vida de 2 madres y 3 niños no puede caber en un maldito papel legal”.
A media mañana, en plena vorágine mediática, con los vecinos movilizados y concentrados, todos a la expectativa, la abogada del SIGC comunicaba a los presentes que el procurador de la parte desahuciante le hacía oficial que hoy no iba a producirse el desahucio. En otro contexto se hubiera celebrado, pero nuestro sindicato sabe perfectamente que esto es sólo una tregua. Lo más difícil, la guerra de verdad, comienza ahora.
Los trámites de desahucio se reiniciarán. La ofensiva judicial volverá a la carga y en un plazo de pocos meses volveremos a estar como ahora, sino lo impedimos. Este es el momento para negociar, para tratar de llegar a un acuerdo contractual con el propietario y para, de no ser posible, arrancar de las instituciones una alternativa habitacional digna.
Visto lo visto, tendremos que morder y arañar para conseguir lo segundo. El aplazamiento del desahucio de hoy no se ha producido gracias a la intervención política o institucional. ¿Qué han hecho las instituciones? Declararse incompetentes y derivar a las afectadas a colectivos que cobran subvenciones, porque los que no cobramos somos demasiado “peligrosos”. ¿Qué han hecho los políticos? Tratar de chupar cámara e intentar que sus siglas se filtren en los titulares sin mover ni un solo dedo.
La realidad es que la pequeña tregua que hoy se ha conseguido es gracias a un barrio harto, agotado, pero a la vez con la suficiente rabia como para denunciar los efectos de la gentrificación voraz que empiezan a detectar. Ven como cada casa de un vecino desahuciado es ocupada por funcionarios del juzgado o la comisaría próximos, o incluso por los incipientes usuarios del alquiler vacacional. Ven, tal y como nos decía una vecina, como el “polígono” empieza a convertirse en “La Vega de San José”. Ven como los especuladores empiezan a intentar que el rico barrio de Vegueta siga extendiéndose y creciendo hasta devorar el polígono y expulsar a sus habitantes. Este desahucio también se ha parado porque un párroco del pueblo ha preferido poner a Natalia y Nereida en contacto con nosotros antes que exigirles “resignación cristiana”. Y por último se ha parado porque, humildemente, desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, con una cuota de un 1 euro al mes, que ni siquiera todos nuestros afiliados pueden pagar, hemos sabido molestar a los medios, insistir en todos los foros y gritar en todos los oídos, hasta obtener este paliativo resultado.
La conclusión es clara y nunca podemos olvidarla: solo el barrio salva al barrio.