Crónica y balance de 30 días de Huelga de Alquileres

Preámbulo

En Gran Canaria hay que partir de que la idea de una huelga de alquileres no nos era extraña en determinados espacios militantes. Desde que la Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC) se metió en vivienda (2012) lo hizo buscando y nutriéndose de referentes del pasado, y esos referentes casi siempre hablaban de huelgas arrendatarias: Baracaldo (1905), Buenos Aires (1907), Glasgow (1915), Nueva York (1918), Sevilla (1919), Veracruz (1922), Santiago de Chile y Valparaíso (1925), Barcelona (1931) Santa Cruz de Tenerife (1933), y esto por mencionar sólo las más conocidas de la primera mitad del siglo XX.

En 2015 y 2016 la FAGC participó en dos tanteos de huelga de alquileres en la capital grancanaria en dos bloques de viviendas de propiedad vertical, con la finalidad de obtener una rebaja del alquiler. La primera se ganó al instante de declararse y la segunda tan sólo al día siguiente. Se nos demostró entonces, empíricamente, como un arma formidable, que casi no requería recursos y que obligaba a las huelguistas, si querían ganar, a dotar a lo que antes tomaban por un «problema personal» de un sentido colectivo.

La huelga de alquileres tenía además otra ventaja: ante una situación de impago involuntario, la huelga podía convertir la insolvencia en un acto de reivindicación política y lucha social. La idea también nos la aportó indirectamente la experiencia de una compañera que, sin ningún recurso, decidió ponerse en huelga de hambre: ya que igualmente no iba a comer, al menos podía darle un contenido político a su dura situación. La misma lógica articuló a lo largo de la historia las ya mencionadas huelgas arrendatarias: cuando no se puede pagar y hay poco que perder, la posibilidad de organizarse con otras y coordinar el impago se convierte en una realidad incluso cuando no hay la más mínima politización previa.

Con esta táctica en el horizonte se fundó el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria el 21 de enero de 2017, el primero del Estado. En la sección «Finalidades y medios» de sus Principios ya se recogía:

11. Se explorarán otras herramientas de lucha colectiva como son las Huelgas de Alquileres, a fin de detener desahucios masivos, conseguir una rebaja general de los alquileres, etc.

En Canarias la huelga de alquileres no era por tanto una ocurrencia, una extravagancia o un «conejo sacado de la chistera»; era una herramienta conocida, trabajada y, ante nuestra alarmante situación económico-social, tanto antes como especialmente ahora, una necesidad.

Génesis

La situación socioeconómica de Canarias antes de las crisis del Covid-19 era ya bastante grave (y nos resistimos a creer que no pasara lo mismo en otros puntos del Estado): 40% de pobreza y exclusión social, 67% incapaz de llegar a fin de mes, 35% de pobreza infantil, más de 200.000 desempleados, 900 desahucios por trimestre, una media del alquiler de 908 euros en las islas y de 997 en la provincia de Las Palmas, subida del precio del alquiler de un 25% tan sólo en el último año…

El confinamiento decretado el pasado 14 de marzo no ha hecho más que agravar la situación. Sólo un estúpido podría pensar que las miles de personas que sobreviven de subsidios, o la mayoría de esos 200.000 desempleados que señalábamos, son capaces de alimentar a sus hijos y pagar un alquiler con ingresos inferiores al SMI. La realidad es que en Canarias una gran parte de la clase obrera precaria o parada complementa sus ingresos oficiales a través de la economía sumergida o informal. No hay datos oficiales sobre el número de personas que dependen en Canarias o en el resto del Estado de «hacer cáncamos» (trabajos en negro o en b), pero nuestra militancia cotidiana nos revela que la gran mayoría de personas con problemas de vivienda o solvencia económica dependen de trabajos sin nómina como son los cuidados de personas mayores, enfermas o niños, el trabajo doméstico, la limpieza de comunidades, las «chapuzas» (trabajos de pintura, albañilería, etc.), la venta ambulante, recogida de chatarra, o directamente de actividades al margen de la legalidad. Para todo este rango de población que vive al día, el confinamiento es mucho más letal que el virus.

Con un gobierno colapsado, que sólo ha sabido adoptar medidas insuficientes, con unos juzgados paralizados y los desahucios aplazados, no había mejor momento para reclamar que el dinero destinado a la ridícula institución capitalista de la renta se destinara a la alimentación y a darle contenido político y reivindicativo a una realidad que se iba a producir al margen de los partidos políticos, los movimientos sociales y los colectivos, plataformas y sindicatos de vivienda: un impago generalizado a partir del 1 de abril entre los sectores más empobrecidos de la sociedad, porque si la gente no cobra tampoco paga.

Esta realidad la entendimos en Gran Canaria desde que empezó el confinamiento. En nuestros grupos de trabajo ya hablábamos de la necesidad de usar la huelga de alquileres como medida de presión desde el mismo día 14 de marzo. El 18 hicimos público «Nuestro propio plan de choque», en consonancia con la iniciativa estatal, pero entendiendo que no se puede pedir nada a las instituciones, que sólo se les puede exigir exponiendo antes las consecuencias a las que se enfrentarán si no satisfacen nuestras demandas. En este documento ya anunciábamos:

Instamos a todos los sindicatos laborales y de vivienda a declarar una huelga laboral general indefinida y una huelga hipotecaria y arrendataria general indefinida. Instamos a la población a proclamarla por su cuenta en caso de que dichos sindicatos no estén a la altura.

Después de sondear la cantidad de huelguistas a la que podríamos llegar inicialmente en nuestro rango de acción directo y cotidiano (la clase obrera insolvente, desempleada y precaria), el 20 de marzo nos decidimos a empezar a agitar públicamente sobre la necesidad de la huelga de alquileres, para conseguir que el máximo número de inquilinas y colectivos se sumaran, mientras creábamos el primer Comité de Huelga. Nos dedicamos frenéticamente a compilar todo el trabajo previo que habíamos realizado, a niveles legales, propagandísticos y narrativos, a redactar nuevos materiales y a tener preparados todos nuestros recursos para poder dar a conocer la convocatoria de huelga desde el 23 de marzo. El objetivo era claro: movilizar a la clase obrera y arrendataria por etapas, primero a nivel local y luego estatal, para convocar una huelga de alquileres general e indefinida a partir del 1 de abril. Fue entonces cuando nos contactaron compañeras anarquistas autónomas de Barcelona (convocaban inicialmente para el 31 de marzo) que nos dieron a conocer la iniciativa internacional que se estaba gestando en paralelo a nuestra convocatoria. La huelga adquiría la dimensión global necesaria para darle el último empujón.

Arranque de la huelga

El 23 de marzo el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria se convierte en el primer sindicato de inquilinas del Estado en convocar huelga de alquileres, y la FAGC en uno de los primeros colectivos en apoyarla. Las reclamaciones son directas y claras: suspensión y socialización: que se suspenda el pago de la renta y que se socialicen las viviendas abandonadas de las entidades financieras. Nada más lanzar la convocatoria (e incluso ya en el período previo de agitación) comienzan a llegarnos las primeras consultas. Primero sería un goteo, después una cascada. Resolvíamos las primeras dudas legales (no sólo de Canarias, sorprendentemente, sino de muchos otros puntos del Estado), hacíamos públicos los primeros modelos de burofax para notificar el impago, informábamos a los primeros colectivos de cómo secundar la huelga y les compartíamos la primera circular interna sobre cuestiones estratégicas y jurídicas (después la ampliaríamos, atendiendo a que muchos colectivos no estaban habituados a gestionar casos de desahucios y desconocían la dinámica).

Los medios contrainformativos nos ayudaron a propagar la huelga a nivel estatal, como Noticias Alasbarricadas.org, La Haine, Kaos en la Red, Todo por Hacer, Radio Topo, Radio Klara, Radio Alegría Libertaria o Basterrak, mientras atendíamos a los primeros medios de comunicación comerciales para disputar a nivel local la batalla por el relato. Las editoriales Segadores y Bauma sacan un interesante libro, ¿Huelga de alquileres? (2020), con una visión histórica y también contemporánea, dando fundados argumentos para ir la huelga.

Notamos rápidamente que la huelga empieza a coger impulso más allá de nuestro limitado espacio insular. Las primeras 30 organizaciones (muchas del ámbito libertario) secundan nuestra llamada a la huelga y la hacen suya. Sin embargo, percibimos que ciertos colectivos, plataformas y sindicatos de vivienda le hacen el vacío a la convocatoria. Inicialmente lo achacábamos al vértigo, pero con el paso de los días comprobamos que no tenían ningún problema en mostrar su apoyo públicamente a la huelga que se empezaba a gestar en ciudades como Toronto, mientras ignoraban la que ya estaba en marcha en Canarias (esta realidad sigue pasando a día de hoy). A pesar de todo seguimos aumentando la presión, tejiendo alianzas tácticas, negociando y debatiendo y el 27 de marzo ya podemos celebrar que gran parte de los 200 colectivos que firmaron el «plan de choque social» original han llegado al acuerdo de anunciar el 30 de marzo que el 1-A irán a la huelga de alquileres.

Es una pequeña victoria, pero asumimos que el ambiente de los compromisos políticos y los «comités de notables» no es el nuestro y nos centramos en el trabajo de base.

Desarrollo de la huelga, resultados y pequeñas victorias

Entre los días 23 de marzo y estos últimos días de abril el Comité de Huelga del SIGC y sus Comisiones de trabajo (especialmente la Comisión Jurídica que elaboró una completa guía legal¹ para afrontar la huelga), junto con la FAGC, han desarrollado una actividad que es muy difícil reproducir sin liberados y sin subvenciones. Hay días en los que se han llegado a atender (sobre todo entre el 1 de abril y el 5) más de 60 consultas, tanto telefónicas como por mail o redes sociales. Hasta el día 23 de abril el SIGC y la FAGC habían atendido 932 casos de todo el Estado², ayudando a negociar directamente (suspensiones pero también moratorias y quitas, cuando las arrendatarias lo han solicitado) a muchos de los 932 casos citados, asegurando inicialmente (antes del período de negociaciones) el seguimiento de la huelga de más de 1.200 arrendatarias (especialmente en 4 bloques completos de viviendas, 3 de propiedad vertical y el restante semihorizontal), impulsando 12 comités de huelga y garantizando la suspensión de pagos de 178 alquileres³.

El perfil de las personas que han contactado con nosotras es el siguiente: los casos que le han llegado al SIGC han sido principalmente protagonizados (en un 90%) por mujeres, muchas veces madres de familias monoparentales, trabajadoras precarias con nóminas bajas, desempleadas o directamente dependientes de la economía sumergida (el número de trabajadoras domésticas y cuidadoras es muy elevado). Su principal preocupación era cómo hacer frente al pago de la renta y a la vez dar de comer a sus hijos. Querían saber qué les pasaría en caso de impago, cómo acogerse a la huelga o cómo negociar con sus caseros. A la FAGC también le han llegado muchas personas de ese perfil pero, para nuestra sorpresa, nos contactaron (y siguen contactando) un número significativo de estudiantes: jóvenes subarrendatarios que no sabían cómo rescindir el contrato sin sufrir consecuencias, cómo afrontar jurídicamente el impago y cuáles podrían ser los riesgos para los avalistas. Mucha gente politizada también nos contactó: personas solventes, sin problemas para afrontar los pagos, que querían acogerse a la huelga de forma solidaria por convicción y compromiso. Debemos reconocer que era un sector de la población que no entraba inicialmente en nuestros cálculos. Sin embargo, y a pesar de que es necesario destacar esta realidad, sigue siendo un porcentaje comparativamente anecdótico pues más del 70%-80% de las personas que nos han contactado siguen respondiendo al perfil mayoritario que también recurre al SIGC: madres trabajadoras, casi siempre sin formación académica, que tiran solas de sus familias con una economía de pura subsistencia.

Pero detrás de todos estos datos macros lo que hay son historias, personas y rostros reales que, con casi todo en contra, han plantado cara a rentistas sin empatía, a inmobiliarias y fondos caníbales, a tabús que no se cuestionaban desde hacía 100 años, y han construido desde abajo una lucha social, económica y política que es ignorada sistemáticamente por la gran política: sea la de gabinete y partido o la de colectivos en la que sólo hay espacio para los «cuadros superiores» y el espectáculo.

Hablamos de Mara en Gran Canaria, que sin otros ingresos que la manutención de su hija (antes del confinamiento limpiaba escaleras sin contrato) consiguió que la comunidad de propietarios de la que era inquilina le suspendiera el alquiler de forma indefinida, después de un dura y tensa negociación. Hablamos de Gwendolin y sus 11 vecinos (viven en la misma calle que Mara), muchos de ellos migrantes con trabajos precarios, que impusieron a su casero (un multirrentista con numerosas propiedades por toda Gran Canaria y la península) la huelga de alquileres como herramienta para conseguir la suspensión de pagos durante los próximos 4 meses. Hablamos de Raquel camarera de hotel y arrendataria de Tenerife, que sufrió un ERTE y ya no podía asumir el alquiler que le exigía el fondo que compró su vivienda cuando su casero fue embargado y que consiguió una quita del 50% (a pesar de nuestro consejo, prefirió no ir a la huelga ni negociar la suspensión del 100%) gracias a nuestro nuevo modelo de burofax para grandes tenedores. Hablamos de E., también inquilina en Tenerife, en su caso de una inmobiliaria que nunca ha cumplido con sus obligaciones contractuales pero que ahora se niega a entender que E. no pueda pagar el alquiler porque su pareja está ingresada y ya no pueden salir a buscarse la vida. Hablamos de D., en Gran Canaria, a la que una inmobiliaria ha amenazado con poner en una blacklist de morosos si no paga y a la que hemos ayudado a redactar una respuesta advirtiendo de las consecuencias legales de coaccionarla y hacer públicos sus datos y a la que hemos invitado a contraatacar usando nuestro label sindical. Hablamos de S. y sus compañeros de piso en Lanzarote, en huelga desde el 1-A, subarrendatarios en una vivienda hiperhacinada (conviven 3 familias con niños, 2 parejas de adultos y 3 personas solteras) cuyo casero absentista les exige desde Madrid el pago porque a él, literalmente, «no le importan las miserias de unas personas que sólo son ingresos en su cuenta» (el 3 de abril les propuso una rebaja del 25%; el 10 del 50%, acorde al decreto gubernamental; este viernes 24 las inquilinas han conseguido la quita del 100%). Hablamos de A., de nuevo en Gran Canaria, que nos contactó porque la envío su casero, al que asesoramos para lidiar con el banco con el que contrajo una hipoteca y gracias a eso le concedió la suspensión a su inquilina⁴. Hablamos también de J. y su bloque de 12 de vecinos en Fuerteventura, arrendatarios de una empresa hotelera a la que sólo él y otra vivienda más podían seguir pagando, pero que por solidaridad decidieron ponerse todos en huelga desde el 1 de abril y aún están esperando una respuesta del administrador. Y como ellos podríamos hablar de muchos otros casos donde la necesidad se convierte en un arma política, en un generador de conciencia instantánea que nos empuja a romper estigmas y desconfiar de leyes capitalistas hasta ayer sagradas. Casos donde el apoyo mutuo abre grietas, a veces imperceptibles, en un ambiente de aislamiento, miedo y desconfianza. Casos que por sí solos han demostrado la importancia y el potencial real de esta convocatoria de huelga.

Problemas y dificultades

A pesar de los datos y experiencias que acabamos de compartir, ni el agotamiento ni la saturación han sido los principales problemas a los que nos hemos enfrentado estas últimas semanas. La huelga se ha encontrado con distintas dificultades, de distinta índole, que ha provocado sus propias curvas de desaceleración. Curiosamente la mayoría de los baches que ha tenido que superar la huelga no respondían a las suposiciones de sus detractores, dentro y fuera de los movimientos sociales.

1. El Real Decreto 11/2020: Aunque ya hemos analizado lo ridículo del RD 11/2020 decretado por el Gobierno el día 31 de marzo (microcréditos y moratorias de pago que fomentan el sobreendeudamiento de las más pobres, una quita del 50% del todo insuficiente y ajena a la realidad de miles de familias con ingresos 0 y una moratoria de desahucios durante los próximos 6 meses que es prácticamente el mismo plazo que se puede conseguir por la vía procesal convencional), hay que admitir que supo cumplir parcialmente con su objetivo, que no era disminuir la presión en los sectores más vulnerables de la población, sino tranquilizar a la clase rentista y golpear a la huelga de inquilinas en su nacimiento, antes de que cogiera mayor impulso.

El ejecutivo ha sido hábil escogiendo el momento para su decreto, pero también pulsando la psicología de un sector importante de la población. Nos han educado en una mentalidad propietaria, donde ni siquiera la crisis financiera del 2008 ha conseguido tumbar la institución del crédito. El crédito sigue suponiendo para mucha gente «dinero gratis» y no «dinero caro», y el «compre ahora y pague mañana» no es sólo un lema comercial sino una cuña ideológica convertida en impronta social.

Las medidas del gobierno han conseguido, por tanto, que un significativo sector de personas dispuestas inicialmente a hacer huelga hayan optado por tantear la enrevesada fórmula de los microcréditos con la esperanza de pagarle la renta a los «pequeños tenedores» (según el gobierno, aquellos rentistas que tienen menos de 10 inmuebles) o hayan volcado todas sus energías en intentar negociar quitas y moratorias con «grandes tenedores» que, en muchas ocasiones, han recurrido a guardar silencio e ignorar toda demanda, negándole cualquier valor vinculante al Real Decreto. Las «leyes de sangre», las leyes de obligado cumplimiento como pagar, vuelven a confrontarse con las «leyes de papel», las que dependen de la buena voluntad de los poderosos.

Los autodenominados «agentes sociales» integrados en el activismo legalista, han usado mucho este Real Decreto para intentar que las huelguistas accedan a un «desarme programado»

2. Coyuntura socioculturaly relato mediático: En nuestra segunda circular interna sobre la huelga hacíamos referencia a qué sectores de la población interpelaba directamente nuestra convocatoria. Defendíamos una postura que encontró mucha oposición en otros colectivos de vivienda, pero la práctica nos ha demostrado que no iba mal encaminada: el seguimiento de la huelga ha sido lógicamente mayor entre las inquilinas insolventes⁵. Las personas con problemas económicos previos a la crisis del coronavirus iban a proceder al impago con nuestra ayuda o sin ella y, sin nada que arriesgar, eran el sector más proclive a secundar una huelga de alquileres. ¿Acaso la insolvencia promueve la politización a pasos acelerados? En absoluto. Es una circunstancia política creada por la necesidad y no al revés, y es en esa grieta donde deberían hacer barrena los colectivos sociales inteligentes.

Fuera de este sector hay otro, el de las personas previamente solventes cuyo poder adquisitivo ha disminuido por el confinamiento (las afectadas por ERTES, autónomas, etc.)⁶. Personas empobrecidas pero que en algunas ocasiones no tienen ningún tipo de conciencia de serlo. Son inquilinas que reconocen sus problemas de pago, pero que se niegan a admitir que hayan dejado de ser «clase media». Creen que su estatus sigue siendo el mismo que el de sus arrendadores (aunque sean multipropietarios o incluso entidades bancarias) y no asumen como salida de su situación dejar de pagar. Este es el sector que se ha puesto en contacto con el SIGC sobre todo desde hace dos semanas pensando exclusivamente en la posibilidad de acogerse al RD.

¿Puede una persona llevar una semana alimentando a sus hijos a base de arroz con tal de no dejar de pagar el alquiler? ¿Puede pedir prestado a familiares y amigos antes de dejar de pagar y antes incluso de recurrir a subsidios y bancos de alimentos? Puede, y lo hemos comprobado.Es un rango de población compuesto por personas que aún se sienten «privilegiadas», completamente colonizadas por la mentalidad del empresario y el rentista (aunque sólo sean empleados que nunca conocieron el desempleo e inquilinas que nunca conocieron la imposibilidad de pagar), incapaces de asimilar la «estabilidad» capitalista reducida a escombros, de adaptarse al hecho de que la precariedad se está propagando más rápido que el virus⁷. Esta circunstancia cognitiva, cultural, ideológica, es sabiamente promovida por los medios de masas, por los lobbies rentistas y por todos aquellos sectores políticos, sociales y económicos que fomentan la aporofobia y el estigma de la insolvencia.

Desde que surge nuestra convocatoria el ataque mediático a nivel local (posteriormente estatal) ha sido feroz⁸. La proyección del rentista como un ser desvalido, anciano, en la más absoluta miseria, que come pan duro y costea su residencia y su futuro trasplante de córneas gracias a la renta, es ya un recurso clásico. Lo mismo ha ocurrido con la manipulación sobre los «pequeños tenedores». Se ha argumentado ad nauseam, sin aportar ningún dato para ello (oficialmente no los hay) que la mayoría de rentistas en el Estado español tienen menos de 10 viviendas –que no es poco–, y esto se ha hecho reproduciendo la siguiente falacia: se ha pretendido contabilizar el número de arrendadores para deducir que hay más caseros particulares que «grandes tenedores» (como si concluir que hay más pequeños comercios que multinacionales demostrara que los primeros tienen mayor control sobre el mercado); lo que debería contabilizarse es el número de inmuebles que poseen unos y otros, así se concluiría que si hay más pequeños tenedores que grandes, son los grandes los que controlan casi todo el mercado inmobiliario.

La ofensiva mediática se complementa con la irrupción el 27 (cuatro días después de nuestra convocatoria) de ASVAL (Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler), la CEOE de los caseros, un lobby de especuladores, fondos de inversión y multirentistas encabezados por el ex alcalde de Barcelona del PSC, Joan Clos. No hay que ser muy listas para entender que los privilegiados hacen pública su organización en el momento justo, con la intención de contrapesar las posibles medidas que pudiera adoptar el gobierno en su infame RD, y que el gobierno, por su parte, está encantado de contar con semejante rompeolas.

Muchos colectivos sociales, con gran presencia mediática, no han sabido fisurar esta narrativa hegemónica. Se han centrado en tratar de proyectar una huelga interclasista, en intentar captar a los locales comerciales y en no cuestionar la entidad de la renta adaptándose al discurso preponderante en un momento en que era necesario arriesgarse a romperlo.

En estas circunstancias se hace necesario entender que el capitalismo no se mantiene gracias a los empresarios, los inversores, los especuladores y los rentistas, ni siquiera gracias al Estado y sus fuerzas armadas; se mantiene gracias a todas las personas que, sin beneficiarse directamente de la estructura capitalista, o incluso siendo perjudicados por ella, la protegen y cifran en ésta sus aspiraciones, ideas y formas de vida. Y esto, tristemente, incluye incluso a los que públicamente cuestionan el modelo.

3. Colectivos sociales. Nos habíamos mentalizado para afrontar el resto de obstáculos pero puede que para éste no estuviéramos lo suficientemente preparadas. También puede que este punto no tenga una importancia tan capital como los dos anteriores, pero nos es imposible omitirlo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un supuesto gobierno de coalición progresista no decrete en el Estado español la suspensión de pagos arrendatarios, mientras que un gobierno conservador como el francés siente que no le queda otra? Porque mientras en el Estado francés pende la amenaza de los disturbios, el temor a volver a las noches de coches ardiendo del 2005 y de los «chalecos amarillos» del año pasado, en el Estado español el gobierno de PSOE-UP sabe que tiene a los colectivos sociales perfectamente domesticados.

Sería largo, innecesario y molesto –sobre todo para nosotras– narrar la cantidad de choques, conflictos, descalificaciones y cuestionamientos que hemos recibido por alentar la huelga. Y sería aún más desagradable airear las guerras internas que algunos colectivos sostienen entre ellos, tratando de salpicarnos al resto y condicionando, irresponsablemente, cualquier posibilidad de trabajo real. No lo haremos. Lo importante es detectar actitudes que intentan socavar la huelga y exponer nuestras conclusiones.

Ha habido colectivos que han desenterrado a Marx para decirnos que «no es el momento histórico para una huelga» (con miles de personas con problemas de pago y los juzgados paralizados) y que «no hemos creado el sujeto revolucionario necesario» (gente que aún cree que la revolución se hará por decreto, que la teoría crea la realidad y no al revés y que no hay iniciativa obrera sin partido obrero). También nos hemos encontrado con colectivos que han tratado de desautorizar la huelga hablándonos desde lo alto de una despensa llena, diciéndonos que «la situación no es tan grave», que «la gente tiene ahorros» y argumentos que sólo denotan privilegios de clase e insensibilidad absoluta hacia situaciones como la canaria o hacia sus propias bolsas de pobreza peninsular. No hace falta generar tanta retórica para acabar justificando el esquirolaje.

Otros colectivos sí se han manifestado aparentemente a favor de la huelga, pero ha sido imposible colaborar con unas estructuras verticales, férreamente centralizadas y donde los colectivos periféricos apenas podemos aportar nada. Estructuras donde la gente no manifiesta la opinión de la asamblea de su respectivo colectivo, sino «comités de sabios» donde las huelguistas están ausentes o son meras observadoras. Estructuras centradas en controlar el discurso y los ritmos de la huelga, aunque eso suponga un sabotaje interno.

Esta es nuestra triste reflexión: creemos que tanto los partidarios del «no a la huelga» como algunos destacados partidarios del «sí» buscan lo mismo: anular la huelga, vaciarla de contenido. Unos lo hacen a través del boicot exterior y otros a través del control interno, pero el resultado es el mismo. Al final unos quieren que no prospere para que sus rivales políticos locales no les coman terreno, y otros para intentar no hacerle daño a un gobierno afín al que están completamente supeditados.

Lecciones de la huelga de alquileres

Es muy posible que tardemos mucho tiempo en darnos cuenta de la importancia y los efectos reales de esta huelga de alquileres. Es probable que tengamos la tentación de evaluarla exclusivamente en parámetros de cifras y resultados, inflando el número de huelguistas, o que incluso hablemos de ella en términos de victoria o fracaso. Es muy posible.

La huelga, sin embargo, tiene una vida subterránea, ajena a las manipulaciones de los medios de comunicación, a los decretos del gobierno, a su amenaza de represión o a la infiltración de los partidos en los movimientos sociales. La huelga está cambiando la vida y la perspectiva de las que están participando en ella, aquí y ahora.

La huelga de alquileres es un hito histórico, que no se daba con esta fuerza desde hacía casi un siglo. Es la primera vez desde entonces que un grupo numeroso de personas cuestiona simultáneamente un tabú moderno: la institución capitalista de la renta. Muchas inquilinas empiezan a plantearse su relación con los rentistas y se preguntan por qué deben mantener a unos sujetos que voluntariamente, y sin ninguna imposibilidad física, han decidido vivir a costa del trabajo ajeno. Las arrendatarias comienzan a cuestionarse por qué deben pagar ellas por un bien de primera necesidad, que habilitan, mantienen y revalorizan, y cuyo precio de compra ya ha sido amortizado desde hace años con el pago continuado del alquiler. Y cuestionarse una de las instituciones del capitalismo (como el interés en el préstamo, el lucro en el comercio o la plusvalía en el trabajo) es el primer paso para cuestionarse el modelo en sí y empezar a arañar las contradicciones que implica el propio principio de propiedad privada.

Por otro lado, hemos contemplado actos de solidaridad y relaciones de apoyo mutuo que no sólo abren brechas en el discurso aislacionista imperante, sino que construyen tejido social en un momento de desmoronamiento sociológico general. Hemos visto bloques enteros de inquilinas puestos en huelga, donde las familias que sí podían pagar secundaban la convocatoria por solidaridad con las vecinas que no podían. Son personas que sin ningún aprendizaje teórico previo y sin necesidad de que ningún colectivo politizado les diera la tabarra, han entendido que si unas pocas viviendas dejan de pagar el problema lo tienen las arrendatarias; pero que si son todas las viviendas de un bloque las que dejan de pagar al unísono, el problema lo tiene el arrendador.

Todo esto no hubiera sido posible sin la huelga.

Por otra parte esperamos que los colectivos sociales aprendan (aún tienen tiempo) lo que comprendieron nuestros abuelos y abuelas sin necesidad de ampararse en nombres ilustres del pasado y sin llegar a compromisos políticos en nombre de nadie: las huelgas de alquileres las hacen las inquilinas, las vecinas que tienen que pagar un alquiler y no pueden, que tienen que elegir entre alimentar a sus hijos o alimentar al rentista; no las hacen los colectivos políticos, ni siquiera los más fuertes. Por lo tanto, una huelga de alquileres existe e incluso puede tener éxito aunque no haya ninguna organización, más o menos profesionalizada, ocupando el micrófono. Las ligas y sindicatos de inquilinas del pasado eran conscientes de que su misión no era dirigir las huelgas, sino tratar de darles un cauce político, organizarlas, animarlas y sumar a ellas al mayor número de inquilinas con problemas de impago. Hoy, la mentalidad de algunos colectivos y sindicatos es que no existe huelga si ellos no la convocan (controlan), que un impago generalizado no es suficiente para darle cobertura convocando una huelga y que de hecho no hay huelga posible si los sectores solventes no la secundan. Es lo que pasa cuando dejamos los movimientos sociales en manos de personas pudientes y patriotas de la «clase media», cuando los sindicatos laborales son dirigidos por personas que no trabajan y los sindicatos de vivienda por personas que nunca han sentido peligrar su techo.

Los activistas domesticados existen y son ruidosos, como lo son los periodistas serviles, los políticos profesionales, los economistas adocenados y los rentistas puestos en pie de guerra. Pero no son en modo alguno el aspecto capital de la huelga: son sólo algunos de los problemas, más recurrentes o más marginales, a los que ésta se enfrenta a diario. La realidad de la huelga son las miles de personas que concertadamente han organizado su necesidad, le han dado un carácter reivindicativo a su impago, se han coordinado con sus vecinas, han levantado los primeros comités de huelga y le han plantado cara a un Sistema terriblemente peligroso en su eterna agonía.

Es muy posible que no podamos conseguir todos nuestros objetivos en esta huelga. Es muy posible que a eso muchos lo llamen «fracaso». Pero la verdad incuestionable es que el éxito de la huelga se produjo con la propia convocatoria. El efecto que ha tenido la huelga en la realidad cotidiana de cientos o miles –lo mismo da, aunque algunos no lo crean– de personas sin politizar, de vecinas que se han acercado por primera vez a la lucha social en estas duras semanas, ya vale de por sí algo.

Hemos conseguido la suspensión de 178 alquileres –muy poco– y sólo por eso ya hubiera valido la pena declarar la huelga. Sólo por eso vale la pena mantener la convocatoria a partir de este 1º de Mayo.

Que viva, siempre, la huelga arrendataria.

SIGC-FAGC

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