«Comunidad la Esperanza, lo último que se pierde». Así reza a la entrada de un edificio de viviendas en Santa María de Guía, que se ha convertido desde hace dos años, en la esperanza de 71 familias que en su día, perdieron sus hogares.
Ruymán Rodríguez, portavoz de la comunidad cuenta que cuando se enteraron de que este edificio estaba abandonado, hablaron con la propietaria y llegaron a un acuerdo para que familias sin hogar pudieran vivir allí.
Es sin lugar a dudas, una nueva forma de ocupación, en la que prima el trabajo comunitario y que ha sido la salvación para familias como la de Carlos y Lidia.
Todos colaboran en el mantenimiento de la comunidad. Se reparten las tareas de limpieza de los espacios comunes, trabajan conjuntamente en las reparaciones necesarias, y hasta harán una derrama de dos euros por familia, para pintar uno de los bloque que reclama esta actuación.
Viven con luz de obra y compran cubas de agua para abastecerse, por lo que reclaman q ue se les preste de una vez, estos servicios, que están dispuestos a pagar.
También están dispuestos a pagar un alquiler social, por lo que demandan de las administraciones públicas que «cambien el chip», y atiendan estas reivindicaciones.
En la Comunidad La Esperanza se lucha día a día, por una vida digna, y por ello han aprovechado el tiempo electoral para hacerse visibles, para dar a conocer a la opinión pública que ellos existen, que son hombres y mujeres con sueños y que tienen la capacidad de trabajo para que esos sueños se hagan realidad.
Hay esperanza para un día llegue, más temprano que tarde, un futuro mejor para ellos y sus hijos.
En el programa «Hora 25» de Angels Barceló en la Cadena Ser se le dedica a la Comunidad «La Esperanza» gran parte del tramo 21:00-22:00 horas. Hay muchos momentos cumbre: el reportaje de Txema Santana, la aceptación de los oyentes, la interactuación con un propietario que recconoce la aprobación de las exigencias de la Comunidad como lo más beficioso para ellos mismos, y que el discurso de apoyo mutuo y acción directa de un libertario haya conseguido difundirse a través de un medio de masas:
Desde la Alcaldía de Santa María de Guía se le ha dicho a distintos medios de comunicación que se ha ayudado a los vecinos de la Comunidad «La Esperanza» «en todo momento». La realidad es que se han proporcionado ayudas parciales, alimentarias, a unas cuantas familias (parches que no tocan la raíz del problema), inhibiéndose y desentendiéndose de los problemas colectivos y globales de la Comunidad como es el de la prioritaria cuestión del suministro del agua. Para que nadie pueda decir que «se desconocía el particular», aquí ofrecemos el documento que una comitiva de la Comunidad hizo llegar al alcalde Pedro Rodríguez, hace prácticamente un año, y que fue aprobado en asamblea comunitaria. La respuesta: silencio administrativo y que asumiéramos nuestra “condición de okupas”.
En esa época ni siquiera se había bautizado a la Comunidad, aún la propietaria interfería en el proceso de autogestión del inmueble, y también habían menos vecinos y se gastaba menos agua (ahora consumimos más de una cuba diaria). Actualmente el consumo se ha duplicado y nuestro esfuerzo económico también. Como puede constatarse en el escrito, los vecinos no hacen más que reclamar un derecho que supuestamente sus propias leyes y estatutos, estatales y locales, recogen.
Por razones obvias, borramos el nombre de la propietaria.
Solicitud de abastecimiento de agua.
Al Alcalde de Santa María de Guía, a la Concejalía de Asuntos Sociales y a quien corresponda:
Los vecinos de los bloques socializados que se encuentran en la Carretera General del Norte, kilómetro24, de Santa María de Guía
Exponen:
Que después de entrar y persistir en dichos bloques con permiso de la propietaria, Doña _____, y después de estar pagando entre todos los vecinos las facturas remitidas por la compañía suministradora del agua, se produjo el impago de un número desconocido de estas facturas porque la mencionada Doña _____, que era quien recogía y administraba las cuotas, no satisfizo, sin conocimiento de los vecinos, dichas mensualidades. A consecuencia de esto se les retira el contador y tienen que abastecerse con cubas. A lo inasumible del coste de dichas cubas (una media de una cada tres días, costando cada cuba 100 euros exactos) se suma el agravante de haber tenido que establecer un racionamiento riguroso del agua. Recordamos que en esta comunidad viven un número de niños no inferior al medio centenar, y que las necesidades sanitarias e higiénicas inherentes a todo ser humano, son especialmente acuciantes en lo que atañe a la infancia.
A razón de ello
Solicitan:
Que el Ayuntamiento inicie negociaciones (que los vecinos han intentado establecer de forma infructuosa) con la compañía suministradora del agua para que el suministro les sea devuelto. Que haga saber a dicha compañía que existe la total voluntad por parte de los vecinos de retribuir las facturas impagadas y costear un nuevo contador. Que mientras tanto solicitan a quien corresponda que les facilite alguna forma de abastecimiento de agua por el que están dispuestos a pagar un precio razonable.
Están convencidos de que sus demandas se ajustan a derecho porque, siendo los aludidos vecinos del municipio de Santa María de Guía desde hace más de un año y teniendo a sus hijos escolarizados en distintos centros del municipio, en virtud de lo recogido por el propio Reglamento del Servicio Público de Agua en el término municipal de Santa María Guía en su Artículo 2, “el servicio de abastecimiento de agua es de carácter público, por lo que tendrán derecho a su utilización cuantas personas lo deseen, sin otra limitación que las condiciones y obligaciones que señala dicho Reglamento y la legislación vigente en la materia”.
Por otra parte y según el Artículo 43.1 de la Constitución Española sobre “el derecho a la protección de la salud” y la Resolución 64/292 de la Organización de Naciones Unidas sobre “el derecho humano al agua y al saneamiento”, a los vecinos les acoge el principio fundamental de que ningún ser humano puede ser privado de acceso a un recurso tan imprescindible para la vida como es el agua.
Los vecinos y vecinas de la Comunidad “La Esperanza” exigimos que se normalice nuestra situación y que la administración competente, o las fuerzas políticas que aspiran a constituirse en órgano de gobierno, se comprometan a rubricar las siguientes puntos y tomen las medidas oportunas para que se lleven a cabo:
1º Que se regularicen los suministros básicos. Que se medie de forma prioritaria con Aqualia para que nos ponga contadores cuya titularidad correspondería al Ayuntamiento; comprometiéndose contractualmente los vecinos a pagar lo consumido. Si esto no fuera posible, que se comprometa a sufragarnos como mínimo la mitad de las cubas que consumimos al mes.
2ºQue se regularice la situación del inmueble. Que el Ayuntamiento o el organismo público correspondiente lo alquile o compre a la SAREB y a los propietarios en litigio, y lo convierta en viviendas de protección oficial bajo régimen de alquiler social, teniendo los actuales habitantes de las casas la primera opción a ese alquiler. El alquiler no podrá superar el 20% de los ingresos y se dará una moratoria no inferior a 5 años a los que carezcan de los mismos, que sólo prescribirá en cuanto cobren la primera nómina o subsidio correspondiente o cuando transcurra el citado plazo.
3ºSi se produjera cualquier multa o represalia legal a causa de la ocupación, que el Ayuntamiento costee económicamente las mismas, ya que es la inoperancia de la administración y los organismos públicos los que nos han obligado a ocupar.
4ºQue se reconozca que la gestión interna del inmueble, a nivel organizativo, seguirá siendo prerrogativa de los vecinos.
Más de 70 familias ocupan unosedificios del banco malo en Gran Canaria.Hay 149 niños. Trasdos años en las casas, denuncian el“acoso” de la GuardiaCivil
En la comuna La Esperanza, al norte de la isla de Gran Canaria, viven 71 familias. Son 250 personas que no tenían hogar, de las que más de la mitad son menores. A principios de 2013 dos decenas de personas, con su vida a cuestas, ocuparon las primeras 20 viviendas de los cuatro edificios que una constructora abandonó por problemas de licencia y cédulas de habitabilidad. La llamaron La Esperanza, lo último que se pierde.
Es el refugio para gente sin recursos, ubicado en el municipio de Santa María de Guía, al norte de la isla de Gran Canaria. Servicios Sociales ha derivado allí a cuatro familias. Dos de han quedado. Ruymán Rodríguez, uno de los promotores, dice que la comunidad no tiene problemas para escuchar las situaciones familiares e intentar encajarlas en las viviendas disponibles. Todo iba como la seda, sostiene, y ahora no entiende por qué la Guardia Civil “acosa” a varios vecinos de la comuna. Él mismo fue detenido la semana pasada y pasó 24 horas en el calabozo, después de que le pidieran la identificación en una parada de autobuses. En el juicio rápido celebrado por «resistencia a la autoridad», el abogado de la Benemérita le pedía cinco años de cárcel. El juez desestimó la petición y lo rebajó a un delito de faltas.
Los cuatro edificios y los terrenos aledaños que conforman La Esperanza han sido absorbidos por el Sareb, el banco malo, según los vecinos. Sin embargo, fuentes del Sareb matizan que no consta que sean los propietarios de dicha promoción, aunque probablemente las viviendas sean «colaterales» de un préstamo (una garantía del crédito al promotor ). Los habitantes esperan que el litigio por deudas de la constructora se prolongue y poder vivir allí algunos meses más. O que conviertan las casas en viviendas sociales y alquilarlas por un precio que puedan pagar.
A principio de mes cada vecino de la comuna aporta 25 euros. Son voluntarios. “Si no tienen, lo intentamos poner entre el resto”, explica Rodríguez. Cuando llegaron, en 2013, explicaron a la constructora propietaria la situación. Eran familias sin techo que habían entrado en unas viviendas vacías listas para ser habitadas. Una gasolinera, instalada allí antes que los edificios, impedían que pudieran ser vendidas. Hubo varios robos de cables de cobre y la propietaria temía que lo siguiente en desaparecer fueran grifos y puertas. En esas circunstancias, entregó las llaves a los nuevos propietarios, seis familias que habían sido desahuciadas o no podían pagar un alquiler.
Natalia, que tiene tres hijos y espera otro a sus 32 años, recuerda también ese momento. “Estoy de cinco meses. La Esperanza es un nido de fertilidad”, concede con una sonrisa. Se retira las gafas y explica que su objetivo fue “mantener a la familia unida”. En 2013 ni ella ni su pareja tenían ingresos y optaron por ocupar una casa en La Esperanza.
Cada último domingo de mes celebran la asamblea en la que se presenta el balance de tesorería. Cada comisión explica en qué ha trabajado durante el mes. Ahora mismo las 71 viviendas están ocupadas bajo el requisito de “ser familias con hijos a cargo o estar pasando hambre extrema”. A la sala en la que celebran las reuniones la han llamado Asambleatorio. Los encargados de los talleres para los niños tienen bastante tarea con los 149 críos y ahora planean abrir un nuevo espacio de juego en un solar cercano.
Guillermo, de 49 años, es delgado, alto y rubio. Trabajó de encofrador durante el boom de la construcción. Estuvo algunos años desahuciado, alimentándose en comedores sociales. Con él, en La Esperanza, viven su mujer y una de sus hijas. Es el encargado de la nueva zona infantil. “Si fuera más joven, me iría fuera y me buscaría la vida. Pero, ¿dónde voy con casi 50 años?”, se pregunta. Guillermo se gana los cuartos recogiendo chatarra, “parezco Batman, salgo de noche a buscar basura para venderla”.
El huerto lo coordina Julio, que acaba de cumplir 40 años y trabajó durante 10 como cerrajero. Colaboró en desahucios “más de lo que usted se imagina” antes de la crisis. “Y ahora soy yo el que ha tenido que ocupar, así es la vida”, dice. A un despido se sumó un divorcio problemático y se quedó en la calle de la noche a la mañana. “Veo la vida con más miedo y en La Esperanza, cuando no tengo, siempre hay alguien que ayuda”, reflexiona.
En el patio está Coraima. Tiene 22 años. Vivió en un centro de mujeres maltratadas, después de que su marido le golpease en repetidas ocasiones. No encontraba trabajo ni estabilidad y tuvo que abandonarlo. Se vio con su hijo en la calle y acabó en La Esperanza. Con ella habla Roberto, que es de Tuluá, Colombia, tiene 42 años y lleva 14 en Gran Canaria. Llegó hace algo poco más de un año a la comuna. “Tengo cuatro chiquillos a mi cargo, mi mujer que no cobra nada y ahorita lo que entra es muy poco”, explica. Y remata: “aquí tengo un techo, es peor estar en la calle”.
En La Esperanza ha habido nacimientos y también muertes. Los habitantes recuerdan el niño de 15 años que murió de leucemia. “No había dinero ni para enterrarlo”, rememora Ruyman. Hay varias personas con enfermedades crónicas o terminales. Dos miembros de una misma familia tienen cáncer.
La voz de los vecinos no se ha escuchado desde que ocuparon los edificios. Han buscado vivir con sigilo, de forma discreta, organizarse y tener fuerza para explicar que ocuparon por que no podían más. La Esperanza, más que ser lo último que se pierde, se ha convertido en un lugar en el que no hay nada que perder.
Es el impulsor del mayor proyecto de ocupación del Estado español, ubicado en el municipio de Guía (Gran Canaria)
«LA GUARDIA CIVIL ME TORTURÓ», ACUSA EL JOVEN GRANCANARIO RUYMÁN RODRÍGUEZ (VÍDEO)
Ruymán Rodríguez es uno de los principales impulsores de la «Comunidad la Esperanza«. Un proyecto de ocupación desarrollado en el municipio de Guía, situado en el Norte de la isla de Gran Canaria, en el que familias necesitadas conviven y se organizan de forma asamblearia.
Iniciado en febrero de 2013, cuando la Federación Anarquista de Gran Canaria realojaba a las veinte primeras familias en unos bloques de viviendas abandonados, esta Comunidad alberga hoy a más de 200 vecinos que no cuentan con otra alternativa habitacional.
Aunque para muchos se ha convertido en un ejemplo de autoorganización popular, los vecinos de «la Esperanza» han denunciado el «hostigamiento policial» con el que – dicen – se les pretende «intimidar para echarlos del pueblo».
«Durante gran parte del 2014 nos estuvieron acosando. Siempre había apostada en la puerta de la Comunidad una patrulla identificando a todas las personas que entraban y salían. Todo eso paró cuando se denunció el caso en los medios de comunicación. Pero ahora, con la proximidad de las elecciones, tenemos la intención de convocar una rueda de prensa para hacer públicas nuestras exigencias y exponer cómo las autoridades se han desentendido de todas estas familias» -asegura Ruymán.
El joven, uno más de los vecinos de estos bloques de viviendas, considera que esta iniciativa vecinal habría motivado la detención y las «torturas» que -según afirma- «sufrió la pasada semana a manos de la Guardia Civil».
«EN EL CUARTELILLO ENVOLVIERON LAS PORRAS EN TOALLAS Y ME DIERON UNA PALIZA»
«Estaba en la parada de guaguas, esperando para dirigirme a mi puesto de trabajo, cuando se detuvo un coche de la secreta, de la Guardia Civil. Sin identificarse, sin darme motivos ni especificar si estaba retenido o detenido, los agentes me llevaron al cuartelillo. Fue un secuestro con todas la palabras» – sostiene Rodríguez.
Ruymán Rodríguez refiere, asimismo, que «los insultos cargados de odio ideológico y las amenazas» comenzaron nada más llegar a las dependencias policiales.
«Me decían que me fuera de Guía, que estaba llenando el pueblo de gentuza. Yo les respondí que en la Comunidad no había gentuza, sino familias sin recursos. Les dije que lo que estábamos haciendo era darle un techo a personas que no tenían ni para comer por culpa de las políticas aplicadas por la gente a la que ellos defienden».
«Entonces – asegura Rodríguez– se irritaron y uno de los agentes respondió dándome una bofetada. Luego me esposaron y empezaron a darme rodillazos, codazos, golpes por todo el cuerpo. Esto no les pareció bastante, envolvieron las porras en toallas y me dieron una paliza»
«Antes de los porrazos me estrangularon en tres ocasiones. El agente que me detuvo se enguantó y empezó a presionarme la nuez de adán con los pulgares hasta provocarme una insuficiencia respiratoria. La tercera vez comencé a escupir sangre».
«Estaba claro que me habían hecho un seguimiento. Sabían dónde trabajaba y hasta que me había operado recientemente el pulgar, que me retorcieron. Luego me tiraron a los calabozos esposado y sin poder moverme, mientras seguían los insultos y las vejaciones»-continúa denunciando el joven.
Según el relato de Rodríguez, los agentes dejaron de golpearle cuando les advirtió que «iba a pedir un habeas corpus para comparecer ante el juez, que iba a ver los hematomas, y que entonces tendrían que responder por lo que estaban haciendo». «También les dije – añade – que al día siguiente llamaría a los medios de comunicación. Eso les disuadió».
«ME ACUSAN DE ATENTADO A LA AUTORIDAD Y ME PIDEN CINCO AÑOS DE CÁRCEL»
«La noche la pasé entre los centros de Salud de Guía y Gáldar y el Hospital Doctor Negrín, porque empecé a expectorar sangre, a la mañana siguiente me llevaron a los juzgados. Para mi sorpresa –dice Ruymán Rodríguez – se me acusa de atentado a la autoridad y me piden cinco años de cárcel».
«El juez estimó que no había motivo para imputarme ese delito, consideró lo sucedido como una falta de desobediencia, y lo rebajó. Sin embargo el Guardia Civil que me denuncia no queda conforme con eso, recurre la decisión del juez e insiste en acusarme del delito de atentado a la autoridad. Actualmente, el juicio está en suspenso, hasta que el juez decida si acepta o no el recurso. Si mantiene el juicio de faltas y se me pide una multa o si el guardia civil se sale con la suya y son cinco años de cárcel».
«LA INTENCIÓN DE TODO ESTO ES DESESTABILIZAR EL PROYECTO DE OCUPACIÓN MÁS GRANDE DEL ESTADO ESPAÑOL»
Para Rodríguezel episodio que relata y el «intento de asustar a los vecinos de la Comunidad».
«Temen que nuestras reclamaciones se hagan públicas antes de las elecciones, que salgamos en los medios de comunicación y quieren quitarme de en medio. Lo digo públicamente, y quiero que quede grabado, que si a mí me pasa algo serán responsables las fuerzas y cuerpos de seguridad».
«Piensan que aquí hay un líder – sostiene el joven – y que si me meten en la cárcel conseguirán que cunda el pánico entre los demás. Pero lo que no saben es que si yo me voy, este proyecto de ocupación, el más grande de todo el Estado, seguirá siendo gestionado por los vecinos como ahora sucede».
«Lo que ha querido la policía es meternos miedo, para la gente empiece a irse, para que se vuelvan a los bancos donde dormían a las casas donde vivían hacinados. Pero no les está funcionado. La voluntad y la esperanza – concluye Rodríguez – es siempre más fuerte que el miedo».
Queremos comunicar que finalmente se han conseguido recaudar los 1.000 euros que Rosi y Melo necesitaban para el juicio del 19 de marzo. Queremos agradecer a todo el mundo que ha donado y especialmente al Movimiento libertario. Un solo donativo no proviene de este ambiente. Los 912 euros restantes son todos de amigos y compas de todas partes del Estado. La FAGC ha considerado su deber aportar 650 €. No hay esfuerzo que cambie la imagen que los intereses creados tienen de los anarquistas, pero si esta familia conserva su casa será, además de por su valor, entrega y trabajo, gracias a que precisamente el movimiento que no recibe subveciones, que no amasa dinero, que depende del trabajo para vivir, se ha rascado el bolsillo. Gracias a todas y a todos.
