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Comunicado de la Comunidad “La Esperanza”

Comunicado de la Comunidad “La Esperanza”
Ante las declaraciones del alcalde, Pedro Rodríguez
Desde la Comunidad “La Esperanza” queremos aclarar y refutar algunas de las opiniones vertidas por el alcalde a los medios de comunicación en su pasada rueda de prensa del día 22 de marzo del corriente año y de paso dejar algunas cosas claras.
1. La habitabilidad del inmueble: según el señor alcalde «quiere velar por la seguridad de los habitantes de “La Esperanza”». Y ¿cómo pretende hacerlo? Desalojando a esos mismos habitantes y arrojándolos al asfalto. Son ya muchos los medios de comunicación que han pasado por la Comunidad “La Esperanza” y no nos dejarán mentir si afirmamos que todos han podido acceder al interior de las viviendas y comprobar que son perfectamente habitables. ¿Hablamos de cuestiones estrictamente legales y burocráticas? En ese caso concedamos que los inmuebles no tienen cédula de habitabilidad. Según el alcalde nos quiere desalojar porque son un peligro para nuestra seguridad. Ahora preguntamos, ¿se está más seguro, protegido, lejos de amenazas y peligros en la calle? Aquí algo no cuadra bien: no se puede sacar a una persona de un incendio para echarlo en una incineradora. Por muy peligrosa, insegura e insalubre que fueran la Comunidad y sus instalaciones (que no lo son), más peligrosa, insegura e insalubre sería siempre la calle. El motivo del intento de desalojo administrativo no puede ser nunca nuestra seguridad porque si no se nos garantizaría un realojo digno y asequible a nuestras posibilidades. En vez de eso, por “nuestro bien y seguridad”, se nos quiere arrojar a la intemperie y la indigencia. No “vele más por nuestra seguridad” señor alcalde si eso pasa por mandarnos a morir o a vagar por la calle con nuestro centenar de niños.
2. Los compradores: El alcalde habla también de los compradores que invirtieron sus ahorros en algunas de esas viviendas. Conocemos el verdadero interés del alcalde: convertir el asunto en una típica pelea entre “propietarios” y “okupas”. Pero no le saldrá bien. Nosotros conocemos perfectamente la situación de algunos de las personas que adelantaron dinero sobre plano e invirtieron sus ingresos con el fin de tener una vivienda. También la de los que permutaron solares a cambio de varias viviendas. Nuestra lucha no es ni será nunca contra ellos, y nos gustaría hacerles saber que nuestras reivindicaciones y necesidades en nada afecta a sus derechos. Nuestra intención siempre ha sido establecer un frente común que nos beneficie a todos, y no caer en las maniobras del alcalde para azuzar el enfrentamiento. Todos somos víctimas: ellos de una estafa particular y nosotros de la estafa capitalista. Ha sido la Comunidad “La Esperanza”, y no ninguna institución, la primera que ha puesto sobre la mesa la solución más plausible para hacer que los propietarios recuperen su inversión: dando por sentado que al declararse la Promotora Piornedo en quiebra es imposible que obtengan de ella resarcimiento alguno, hemos planteado formalmente que se remunicipalicen los inmuebles (y si el ayuntamiento no tiene competencias que se encargue la administración correspondiente), se los catalogue como viviendas de protección oficial en régimen de alquiler social y se extraiga directamente de los alquileres pagados por los vecinos la cantidad exacta que invirtieron los propietarios en las viviendas a fin de restituírsela. No hay mejor solución para lograr que nosotros no nos veamos en la calle y que los compradores recuperen su dinero. Pero esta solución requiere la intervención del ayuntamiento, y como en realidad no les importamos ni los unos ni los otros no hay voluntad política de que se lleve a cabo.
En otro orden de cosas queremos también aclarar una desinformación de la que se han hecho eco algunos medios estos días. Cuando la Federación Anarquista de Gran Canaria inicia la ocupación (con “c”) de las viviendas en 2013 y mete a las primeras familias, lo hace en unos inmuebles vacíos, con años de abandono (de hecho las viviendas estaban siendo objeto desde hacía mucho tiempo de vandalismo y robos, como muestra de que no estaban habitadas) y con consentimiento por escrito de la promotora (en consecuencia somos “precaristas” y no “okupas”, al menos todavía). Ningún vecino forzó ninguna puerta; todos entramos con ese consentimiento y con las llaves en la mano. A nadie se le ha quitado nada, en tanto en cuanto los inmuebles estaban desocupados y la reclamación de los compradores era recuperar su inversión y no unos pisos sin certificados legales. Nuestra ocupación no conculca ninguno de sus derechos o reclamaciones.
3. Las mentiras: En la comunidad hay 77 viviendas. Todas ocupadas, y en su gran mayoría por familias con hijos al cargo. Sólo en unos pocos casos, de extrema necesidad, se ha contemplado realojar a solteros sin hijos. Teniendo en cuenta que muchas son familias numerosas, los números del alcalde son más que conservadores. Estamos actualizando el censo, pero podemos asegurar que rondamos los dos centenares de personas y que de ellas más de la mitad son menores. Es muy posible que al alcalde no le hayan salido las cuentas porque desde hace meses no permite a las familias empadronarse (cosa que llevaba ocurriendo con normalidad desde hacía 3 años).
Entre esas 77 familias hay tres de ellas, la de Francisco y Carolina, la de Leonor, y la de Mary Jenny y John, con sus respectivos hijos, a las que envió directamente el alcalde y todas están dispuestas a ratificarlo ante la opinión pública, como ocurrió en nuestra pasada rueda de prensa del 21 de marzo. Todas fueron a solicitar vivienda al alcalde y todas fueron derivadas a la Comunidad “La Esperanza” para que nos encargáramos nosotros de dar respuesta a la gran demanda de vivienda social que hay en el municipio. Un funcionario público que es capaz de mentir tan abiertamente a los medios de comunicación no está legitimado para pontificar sobre nada.
El alcalde ha tratado de fomentar una suerte de “xenofobia municipal” insistiendo en que venimos de otros municipios. En primer lugar no es cierto, porque al menos un bloque es íntegramente de nativos del norte. Pero aunque todos viniéramos de fuera, se olvida el alcalde de que una vez nos empadronamos en Santa María de Guía somos vecinos de pleno derecho del municipio.
Habla también de las instalaciones, omitiendo que después de muchas negativas por su parte hemos podido reunirnos con él en dos ocasiones, la última el año pasado, para solicitarle que cumpla el art. 26 a) de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 y nos garantice, como le obliga la ley, un suministro acuífero y eléctrico regular que nosotros mismos nos comprometemos a sufragar. Después de palabras vanas no ha hecho absolutamente nada, negándose en redondo a volver a abordar el tema. Y como él mismo nos notificó hace unos días a través de una llamada telefónica a una vecina, cierra unilateralmente la vía de la negociación en tanto en cuanto sigamos convocando a los medios de comunicación.
Es incierto también que el propio alcalde no le haya asegurado a varios vecinos, a fin de que no cargáramos las tintas contra él, que su intención no es echarnos, y que simplemente ha firmado ese decreto con la intencionalidad de “guardarse las espaldas”. Esa es literalmente la expresión que empleó.
4. Conclusiones: En definitiva el alcalde miente y muestra una gran insensibilidad ante la situación de las 77 familias que pueblan la Comunidad y las que pretende desalojar sin preocuparse antes de que se les asegure desde las instituciones una alternativa habitacional.
Por nuestra parte no pensamos bajar el pistón. Llevaremos la batalla legal hasta sus últimas consecuencias; desoiremos las amenazas del alcalde y seguiremos convocando a los medios de comunicación para denunciar la situación de emergencia humanitaria a la que nos quiere abocar la administración; si nada ejerce la suficiente presión para que desistan de echarnos, tomaremos las calles tal y como una vez tomamos una vivienda para nuestros hijos, convocando movilizaciones que demuestren que si ellos tienen la fuerza en sus decretos nosotros la tenemos en el sentimiento de justicia popular. Son ya casi 100 colectivos, sindicatos, plataformas, federaciones, asambleas, radios, editoriales, partidos, de Alemania, Colombia, México, Austria y de todo el Estado español las que nos apoyan. Si los animales se defienden cuando atacan la madriguera de sus crías, nosotras y nosotros no vamos a ser menos.
                                      Comunidad “La Esperanza”

Comunicado contra el desalojo de «La Esperanza» (142 colectivos firmantes)

¡No al desalojo de la Comunidad «La Esperanza»!
El pasado 14 de marzo de 2016 muchos de los vecinos que llevan habitando desde el 2013 la Comunidad “La Esperanza” (la comunidad ocupada y autogestionada más grande del Estado) recibieron una notificación del alcalde del Ayuntamiento de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, en la que se les indicaba que disponían de un mes para abandonar voluntariamente el inmueble, y se incoaba a las compañías suministradoras a cortarles agua y luz (agua de cubas que pagan entre todos y luz de obra que los vecinos siempre han reclamado que se les permita regularizar).
Al ayuntamiento y al alcalde no les ha importando sembrar el pánico entre las 77 familias que componen la comunidad, ni someter a una situación de angustia y desesperación a sus más de 200 habitantes; especialmente teniendo en cuenta que más de la mitad de ellos son menores. No les ha importado tampoco que esta medida (cortarles los suministros básicos y arrojarlos a la calle) supondría, de llevarse a cabo, una emergencia humanitaria de primer orden.
Sin embargo, las vecinas y vecinos han decidido reponerse de este duro golpe, se han puesto en pie, se han reorganizado y ahora lo único que necesitan es ayuda y apoyo en su lucha.
Por ello, los colectivos abajo firmantes exigimos al Ayuntamiento de Santa María de Guía y a su alcalde Pedro Rodríguez que desistan en su intento de desalojar la Comunidad “La Esperanza”. Demandamos que los vecinos no puedan ser desalojados de sus casas hasta que no se les garantice por escrito, y con todas las garantías, que se les ofrecerá una alternativa habitacional digna y asequible para sus mermados ingresos.
Hasta que esto no se cumpla los vecinos de “La Esperanza” no piensan abandonar sus viviendas. Y nosotros, todos los colectivos firmantes de este comunicado, estaremos a su lado hasta entonces.
¡No al desalojo de “La Esperanza”!
Firman:

– Federación Anarquista de Gran Canaria
– ONG Africando
– Alternariva Nacionalista Canaria
– Espacio Sociocultural Imidawen
– Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera
– Sindicato de Trabajadores de Administración Pública de Madrid CGT
– Plataforma por la Libertad de Alfon
– Asociación Madres Contra la Represión
– Plataforma Tamaraceite 354
– AVICO, Asociación por la Vivienda de Costa del Sol
– Assamblea Llibertària Inst. La Mercé
– Colectivo Caliptra
– Sindicato de Oficios Varios de Durangaldea (Durangaldeko Sindikatoa) CNT
– Grupo Anarquista Aldatzeko Borrokan
– Sindicato de Oficios Varios de CNT Ponent
– CNT Barakaldo
– SAS-Sindicato Asambleario de Sanidad de Madrid
– Assamblea Llibertària UB-Raval
– CGT Baix Penèdes
– Acción Libertaria Bierzo

– Federación Anarquista de Lanzarote 

 

– Coordinación contra la precariedad, el empobrecimiento y la exclusión social, Baladre

– Revista Maxín  

– Assamblea Llibertària del Penedès

– Guía Puede 

 

– Colectivo Ex Presxs Sociales-COPEL

 

– CNT Premià de Mar

– Procés Embat 


– Apoyo Mutuo

  

– Grupo Anarquista Apoyo Mutuo
– Federación Estudiantil Libertaria (FEL)

– Col·lectiu Bauma
  
– Asamblea Popular de Carabanchel 15M
– CNT Vitoria Gasteiz 

– Anarxya Difusión Libertaria Xixón Asturies 

– CNT Zamora

– Radio Anarquista de Berlín

– Revolución Real Ya 

– Acción Social Sindical Internacionalista (ASSI)

– StopMordazas

– Sindicato de Oficios Varios de CNT Segovia

– Asamblea libertaria de Carabanchel 


– AnarquismoenPDF

– PAH Sant Vincenç dels Horts

– Campamento Dignidad Extremadura 

– Distrito 14, Moratalaz

– PELOS Femenistas 

– Grupo G.A.L. (Grupo de Arte Libertario)

– ULE (Unión Libertaria Estudiantil, de Colombia)

– Assamblea Llibertària de Lleida


– La Tarcoteca


– PAH Parla

– TheFilmMakersWithoutBorders

– Cooperativa Integral Catalana 

– Equipo Jurídico Pueblos (Colombia)

– Movimiento Libertario Norte de Tenerife

– Amigas y amigos de la Revista NADA


– Asamblea Libertaria de Getafe


– Bodenfrost (Alemania)


– Izquierda Unida Canaria – Unidad Popular


– Telde Responde


– Revolución Internacional (México)


– Ruptura Colectiva (RC, México)


– Movimientos de Barrios en Defensa de la Merced (México)

– CNT Sierra Norte 

– Sindicato de Oficios Varios de CNT Gijón

– Global Revolution Collectivo

– Editorial Klinamen

– Federación Provincial de CGT Sevilla

– Acció Llibertatària de Sants

– Sindicato de Administraciones Públicas de la Federación Local de CGT Valencia

– Marea Roja Alacant


– Marea Blanca (comarcas del sur del País Valencià)


– No Som Delicte Alacant


– Alacant Toma la Plaza 15-M


– Colectivo libertario «Nazarí» (Sevilla)


– Colectivo de acción cultural «Caja de Músicos» (Xixón)


– Movimiento Obrero Anarquista

– Gazte Asanblada de San Inazio (Asamblea de Jóvenes del Barrio de San Ignacio, Bilbao)


– Bardenas Ya! Iniciativa samblearia de antimilitarista


– Joventuts Llibertàries de Tarragona

– PAH Torrejón


– Infoladen Wels (Austria)


– CGT Tenerife


– PAH Stop Desahucios Gran Canaria

– Ritmos de Resistencia Madrid 

– CSO Taucho  

– Colectivo de la editorial La Hermandad

– Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC) 

– Sembrando Ideas (distribuidora autónoma de Tenerife)

– Associació Cultural el Raval – El Lokal 

– Col.lectiu A les Trinxeres

– Sindicato de Oficios Varios de CNT Guadalajara

– Straight Edge Euskal Herria

– Ateneo Libertario A Engranaxe de Lugo

– Espacio Común 15M Madrid 

– Ateneo Libre Autogestionado La Ortiga

– Sindicato de Oficios Varios de la CNT-AIT Lorca

– Juventudes Libertarias de Lorca 


– Organización Juvenil Azarug


– Ateneu Llibertari de Reus


– Friedel54 (Alemania)


– Resistencia Popular Canarias


– PAH Vila-real

 
– Programa de radio «Dale al Play»

– Alasbarricadas.org

– Sindicato de Oficios Varios de CGT Segovia
  

– Apaga

– Liza/Liça, Mocidade (Galicia)

– Editorial Piedra Papel Libros

– Sindicato de Oficios Varios de CGT Zona Sur (Madrid) 

– PAH Castellón 

– PAH Canovelles 


– Grupo Reflexión para la Autonomía


– Stop Represión Granada


– Asamblea Transmaricabollo de Sol


– Alternativa Sindical de Trabajadores SAT


– Colectivo ecologista Atamarazayt


– Foro Canario de Víctimas del Franquismo


– Plataforma Familiares Fusilados San Lorenzo

– Centro Social Café d’Espacio 

– Anticapitalistas Canarias 

– Círculo de Podemos de Moraleja de Enmedio (Madrid)

– Stop Desahucios Córdoba

– Anticapitalistes (País Valencià)

– Sindicato del Metal de CNT Madrid

– Sindicato de Oficios Varios de CNT Madrid

– CNT Lanzarote

– Acción Contra la Represión (Madrid)

– Assamblea Llibertària del Bages 

– Movimiento de Barrios en Defensa de Los Pedregales (México) 

– Assamblea Llibertària de Vallcarca Heura Negra (Barcelona)

– Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (REDESSCAN) 

– Ateneo Libertario «La Idea» (Murcia) 

– Can Tonal de Vallbona 

– PAH Stop Desahucios Sureste Gran Canaria

– Red de Solidaridad Popular Jinámar

– Plataforma de Afectados del Edificio Brisas de Sardina

– CNT Huesca

– CSA La Rampa (Nou Barris, Barcelona) 

– Espai Veïnal del Cabanyal

– Ateneu Llibertari del Cabanyal

Ante el intento de desalojo de 80 familias

Ante el intento de desalojo de 80 familias en Sardina del Sur
La Federación Anarquista de Gran Canaria quiere dar a conocer este caso a la opinión pública que, a pesar de su gravedad, está siendo sumido en un silencio informativo, sobre todo en los medios de izquierda, que sólo puede deberse a la tergiversación mediática de la vieja política parlamentaria. Vamos a intentar arrojar luz sobre el asunto.
Antecedentes:
Unos 200 vecinos llevan viviendo desde hace más de un lustro en el edificio Brisas de Sardina, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria). El constructor de la edificación (Construcciones Déniz Sánchez) cambió torpemente el proyecto antes de terminar la obra y por esta cuestión, meramente burocrática y de la que sólo es responsable el constructor, el edificio no cuenta con cédula de habitabilidad. El recinto, al que hemos acudido personalmente, reúne todas las condiciones higiénicas y estructurales para ser habitado, como recoge el mismo informe pericial arquitectónico de la constructora. Desde que entraron los vecinos han estado pagando su alquiler y todos cuentan con contratos y recibos que lo atestiguan.
Esta cuestión, exclusivamente administrativa, el Ayuntamiento de Santa Lucía, que lleva siendo gobernado por lo que ahora conocemos como Nueva Canarias desde hace más de 30 años (actualmente en tripartito con el PSOE y Canarias Decide [una coalición de Izquierda Unida, Los Verdes, Unidad del Pueblo y Alternativa Republicana]), ¿cómo ha querido solucionarla? Intentando echar, por todos los medios posibles, a esas 80 familias, con más de 100 menores, a la calle. Pasamos a explicarlo.

El conflicto:
Después de incoar al constructor a que cumpla los trámites para obtener la cédula correspondiente y así puedan regularizarse los suministros eléctricos y acuíferos, lo lógico y razonable es que si el constructor se niega a hacerlo, o no puede, por hallarse en bancarrota, se busquen todas las soluciones políticas posibles para solucionarlo sin perjudicar a los vecinos. En vez de eso, un ayuntamiento que viene a representar a la gran mayoría de la izquierda institucional local, se decide a ordenarle al constructor, de forma completamente irregular, que él mismo desaloje el edificio. Así se le notificó en una nota emitida por el propio ayuntamiento el 28 de octubre de 2015, y posteriormente de forma directa a los vecinos, el 14 de diciembre; nota que ahora mismo tenemos delante.
Si el edificio no cuenta con un abastecimiento eléctrico reglado y tiene que valerse de un equipo electrógeno que le proporcione luz, lo natural es que esta corporación de «izquierdas», tan «preocupada» por el «bienestar social», hubiera habilitado ella misma un punto de luz cuyo consumo podrían costear los propios vecinos hasta que se arreglara el problema administrativo. En vez de eso es mucho más fácil y «socialmente comprometido» intentar echar a 80 familias a la calle, sin ofrecerles siquiera una alternativa habitacional.
Se habla del riesgo que supone dicho grupo electrógeno; supuestamente en la calle, sin más refugio que la intemperie, se está muchísimo más seguro. 
Lo humano e inteligente hubiera sido hacer lo mismo con el agua, y garantizarles un suministro regular temporal que no obligara a los vecinos a abastecerse con cubas. En vez de eso se le ordenó al promotor, a golpe de decreto, que la cortara él mismo y, ante su negativa, se han enviado técnicos que han intentado hacer lo propio de forma extrajudicial. 
Esto es muy significativo si recordamos que son estos partidos, de Nueva Canarias a Izquierda Unida, los que se llenan la boca hablando contra los desahucios, les ponen ojitos a las plataformas pro-vivienda y firman acuerdos para que supuestamente ninguna familia tenga que volver a sufrir un desalojo. Y hacen todo ello mientras intentan echar a 200 personas a la calle. Sí, es verdaderamente muy significativo si recordamos también que tanto Nueva Canarias como PSOE firmaron el año pasado un acuerdo sobre “pobreza energética” para que “ninguna familia se quedara sin suministro”. Ahora, no obstante, son estas mismas formaciones las que quieren dejar a 80 familias sin agua ni luz para que abandonen sus casas por su propio pie.
Esto, que supone un verdadero escándalo, hubiera sido portada de algunos de nuestros medios contra informativos. En vez de eso se usa al brazo demagógico del tripartito, Canarias Decide (en el municipio de Santa Lucía en gran parte fagocitada por Unidad del Pueblo), para que vomite comunicados, como el publicado en Canarias Semanal (28/1/2016), y que no tiene otra intención que amortiguar el ruido que pudieran provocar las protestas de los vecinos. La izquierda dinosaúrica mueve sus anquilosadas fauces para monopolizar el discurso e intentar crear una hegemonía informativa que silencie sus políticas anti populares.
A todas las irreguladades narradas se suman muchas otras. Podríamos hablar por ejemplo de las enormes dificultades que está presentando el ayuntamiento para que los vecinos del edificio Brisas de Sardina se empadronen. Cada vez que van a empadronarse les ponen infinidad de trabas, alegando que el edificio es «ilegal». Estos funcionarios, torpemente teledirigidos, parecen olvidarse de que según su legislación empadronarse no es un privilegio o un derecho, sino un deber, una obligación que impone la administración para saber dónde reside cada ciudadano. Lo que la mayoría de nosotros nos vemos obligados a hacer aún sin querer, a estos vecinos se les impide. ¿Es este un recurso para negar que en el edificio viven más de 200 personas, para no tener que facilitarles suministros ningunos?
Detrás de tanta suciedad política, que raya la pura y dura prevaricación, se encuentra la alargada sombra de los intereses creados. Es altamente sospechoso que el ayuntamiento, que conocía perfectamente las características de la edificación, haya estado 7 años inhibiéndose del tema y que justamente ahora, cuando el sector inmobiliario vuelve a repuntar, use la supuesta denuncia por ruidos de una vecina descontenta (que ya no vive en el edificio) como justificación de su reciente interés por el inmueble. Sería muy triste ratificar que todo pudiera responder a una burda operación de especulación inmobiliaria, que todo fuera un intento de desalojar a los vecinos por vía administrativa, para ahorrarse un largo proceso judicial, y así poder dejarle el recinto, libre de cargas, a alguna entidad bancaria o financiera para que pueda proceder a su explotación. Por si acaso, y atendiendo a lo que empieza a comentarse por el municipio, lanzamos el aviso.
La respuesta:
Los vecinos de Brisas de Sardina no van a permitir que este abuso ocurra impunemente. Ya han constituido una plataforma de afectados y en breve una asociación de vecinos, han organizado movilizaciones y también demuestran su solidaridad implicándose en otros desahucios cercanos. 
A todo esto se suma que un tribunal les ha dado provisionalmente la razón y que ha detenido el intento de desalojo y de corte de agua ordenado por el ayuntamiento. Sin embargo, es solo una batalla ganada en una guerra que se antoja larga.
Desde nuestra trinchera vamos a luchar para que se rompa el cerco informativo que rodea este caso, para hacer que la información transcienda del municipio, de la isla y llegue al resto del Estado. En breve los vecinos convocarán una rueda de prensa multitudinaria a la que esperamos que acudan todos los medios posibles. Allí, libres de prejuicios, podrán ver cómo se disuelven una a una las mentiras lanzadas desde el gobierno municipal.
Nosotros proponemos también que se elabore un comunicado de apoyo que obligue a todas las organizaciones populares a significarse: o están con la política institucional y sus intereses o están con el pueblo y sus necesidades. Es muy cómodo ir a las convocatorias de los vecinos y salir en la foto, pero el apoyo meramente personal no causa la misma presión que la colectiva. Si apoyan a los vecinos que lo demuestren de verdad, que se mojen ellos y también sus siglas. Esas son las que deben comprometerse, las que deben demostrar si están jugando con una baraja o con dos. La FAGC anuncia que firmará desde ya un comunicado que vaya en esa dirección.
A parte de eso, nos comprometemos a ayudar en todo lo que sea necesario a los vecinos. Esta lucha, por muchas connotaciones políticas y económicas que tenga, es, no lo olvidemos, inminentemente social. Y si no que se lo pregunten al centenar de menores que junto con sus padres corren el verdadero peligro de perder sus casas.

FAGC

Nace la Oficina de Expropiación Popular

Diseño creado y donado por Bellvm (@BellvInfo)
Hasta ahora la FAGC, aun siendo una organización específicamente anarquista, se ha dedicado principalmente a llevar el peso de la lucha social que ha desarrollado, por sí sola. Esto ha hecho que la gente con inquietudes prácticas en temas como vivienda se acerque a la FAGC aunque no tenga simpatías libertarias. Creemos que es hora de que la federación recupere su carácter de organización «política» (digamoslo así) y que la labor social se derive a un organismo más amplio en el que se pueda participar sin necesidad de considerarse anarquista.
Esto lo intentamos hacer con la Asamblea de Inquilinos y Desahuciados, pero su naturaleza real es la de un órgano deliberativo, de toma decisiones. A su vez el Grupo de Respuesta Inmediata contra los desahucios podría parecer el grupo de trabajo que necesitabamos, pero su modus operandi discreto y reservado, dada su intervención en asuntos delicados, no lo convertía en un organismo abierto a la participación popular. 
En base a esta necesidad de crear un instrumento práctico, que lleve a cabo las desiciones asamblearias de forma abierta, plural y colectiva, nace la Oficina de Expropiación Popular. Un grupo de trabajo y de gestión común de recursos comunes. Estas serán sus atribuciones:

1. Asesoría: la FAGC está gestionando entre 2 y 5 casos diarios relacionados sobre todo con necesidades habitacionales. Ahora esta labor se trasladará a la OEP. Se encargará de dar asesoría legal, recomendaciones sobre ocupación y realojo, sobre cómo evitar desahucios, sobre suministros y sobre todo lo que tenga que ver con vivienda y con terrenos agrícolas. Con el tiempo esperamos que la labor expropiadora se amplie y abordemos otros bienes y medios de producción. 
2. Estadillo de vivienda: Se encargará de elaborar un estadillo de vivienda que englobe todos los inmuebles abandonados embargados por los bancos y entidades financieras (y algún otro en situación especial). Se hará por municipios y barrios, contando con la colaboración vecinal a través de las asambleas y de la información directa.
3. Gestión de realojo: La labor de realojo que hasta ahora lleva la FAGC en solitario también se transferirá a la OEP. Siguiendo la política de realojos ya diseñada por la FAGC, su trabajo será atender las solicitudes de vivienda y, en caso de aceptarse, asignar vivienda a los demandantes en función del número de miembros y del tamaño del inmueble. El demandate debe de seguir comprometiéndose a abrir su propia casa (salvo casos excepcionales).
4. Formación: Intentaremos hacer circular a través de este organismo el manual interno de ocupación y realojo elaborado y utilizado por la FAGC. La idea es que esta actividad se extienda de forma autónoma más allá de nuestro ambito, más allá de Canarias.
Para todo esto ponemos a disposición pública este correo: o.e.p.@openmailbox.org
Crearemos también una web en WordPress que ahora mismo está en elaboración y que ya daremos a conocer cuando esté terminada.
Todo el que quiera unirse a la OEP, toda la que quiera participar, que contacte con el correo que hemos dado o que acuda a las asambleas públicas que pensamos convocar en breve. 
Si quieres organizarte, luchar contra los privilegios, derrotar a la pobreza, tienes una nueva arma: la Oficina de Expropiación Popular.

Nueva política de realojos

Desde que la FAGC empezó a realojar a personas sin techo y sin recursos (2011) hasta ahora, hemos aprendido mucho. El conocimiento adquirido nos ha llevado a modificar nuestra metodología cotidiana y a perfeccionar nuestras tácticas. En un principio la ingenuidad prevalecía, y el espíritu amplio, generoso y humanitario –tan propio por otra parte del anarquismo, y tan necesario aunque sea como basamento– nos hacía desoír las advertencias de los más desconfiados. Cuando nos disponíamos a abrir las primeras casas, surgió el debate de si seleccionar (cribar) o no a los realojados; primó la postura idealista, espontaneísta, la que estaba convencida de que cualquier filtro supondría excluír a los más necesitados de un bien común reproduciendo las pautas del Sistema. Cuando realojamos a los primeros elementos nocivos (gente que llegó incluso a denunciar a algún compañero por no instalarle agua o luz) nos dimos cuenta de que, por pura supervivencia, era necesario ser más selectivos.

Con el tiempo se nos presentaron algunos casos dudosos. Surgió entonces el debate de si pedir o no documentación que avalara la situación económica y social de los realojados. Nuevamente volvió a prevalecer la visión más esencialista, que defendía que esto era tanto como volver a establecer una burocracia interna y a reforzar las formas de control social del Estado. Cuando surgieron las primeras personas que solicitaban casa simplemente para tener una segunda vivienda y vivir de las rentas, las que tenían ingresos más que respetables, las que directamente se inventaban familia e hijos y también los primeros casos de absentismo, nos dimos cuenta de que pedir documentación que confirmara lo declarado por los potenciales realojados era un método de cierta importancia para evitar compartir recursos con quien precisamente menos los necesita. 

Con el paso del tiempo las lecciones han sido más numerosas y más duras, pero también ha sido mayor nuestra capacidad de absorverlas. Hemos comprobado cómo mucha gente a la que ayudadabamos no sólo se inhibía una vez solucionado su problema, sino como incluso se pasaban al bando contrario (si es que alguna vez lo habían abandonado). Hemos comprobado como la víctima de ayer, sin ingresos y sin casa, se convertía en el victimario de hoy en cuanto obtenía ambos, capaz de someter a otros a las mismas condiciones de miseria por las que él transitó. En vista de esto, perdemos el miedo a mostrarnos rigurosos y reconsideramos nuestro punto de vista primitivo según el cual para que alguien fuera capaz de ayudar primero había que demostrarle capacidad de ayudarlo. Sea eso cierto o no, por propia seguridad hemos de explorar otras vías. Por ello, guíados por la experiencia y la convicción de que la transmutación de las condiciones materiales no altera necesariamente la actitud de alguien si no se produce previa o simultáneamente un cambio interior, añadimos un 5º punto a nuestra lista de requisitos y manifestamos que:  

1º La FAGC no ayudará a realojar a nadie que no pueda acreditar unos ingresos inferiores a 430 euros mensuales (certificado del paro).

2º Que no pueda demostrar que carece de patrimonio o de otra opción habitacional (certificado de signos externos).

3º Que –partiendo de que se le da prioridad a las personas con hijos menores al cargo– no pueda documentar la existencia de dichos hijos, presencial y documentalmente (libro de familia).

4º Que, en caso de ser necesario, no pueda ofrecer documentación complementaria que atestigüe lo precario de su situación (órdenes de lanzamiento, sentencias de desahucio, contratos de alquiler, etc.).

5º Que no esté dispuesto a proceder a abrir, él o ella misma, su propia vivienda.
Evidentemente, quedan excentas del 5º punto las personas ancianas, enfermas o en condiciones especiales, y del resto sólo aquellas que excepcionalmente por su situación (legal/social) no puedan acceder a dicha documentación. 
La FAGC recibe entre 2 y 3 solicitudes de vivienda diarias. Antes de dar a conocer este documento, ya estabamos aplicándolo en la práctica. El resultado en las primeras semanas ha sido que más de un 80% de demandantes de realojo han desistido de ocupar en cuanto les tocaba pringarse a ellos. El dato puede parecer triste, pero en puridad no es más que un retrato social. Estas cifras sólo nos dan ganas de luchar, de invertir la dinámica, de torcerle el gesto a quienes nos prefieren cómodos y adocenados.  

Comunicado de desvinculación

En los últimos 2 años la FAGC ha dedicado el 70% de su esfuerzo y tiempo a la Comunidad «La Esperanza» (desde que socializó sus bloques a comienzos del 2013). En el último año podría decirse que casi el 100%. Sí, hemos convocado piquetes y parado desahucios, hemos asesorado a una media de 5 personas diarias sobre vivienda, hemos realojado a familias fuera de la Comunidad y hemos participado en otros proyectos habitacionales; pero ha sido «La Esperanza» el que se ha llevado gran parte de nuestras energías y recursos. 
«La Esperanza» (que en un principio no tenía ese nombre) nació con la aspiración de ser esencialmente un proyecto de realojo, aunque siempre supusimos que por sus características, si se hacía bien, podía convertirse en una de la ocupaciones más grandes del Estado, en un referente. La aspiración de que pudiera ser también un modelo a escala de sociedad libertaria vino un año después, y surgió no sólo de unos ideales sino, sobre todo, de una urgente necesidad de conseguir que el proyecto funcionara y superara derivas poco prácticas y autoritarias. 
El compromiso de la FAGC con el nuevo viraje del proyecto fue total: algunos miembros fueron a vivir allí a tiempo completo, se volcaron en la organización del proyecto y trabajaron con todas sus fuerzas en labores que iban desde mantenimiento, realojo, el huerto o garantizar el suministro de agua. Invirtieron sus pocos ingresos personales y los del resto del grupo en ayudar a que todo marchara. Se expusieron públicamente y sufrieron por ello el acoso policial y un torbellino de denuncias y multas que aún está lejos de acabar. Más no pudieron hacer con lo que tenían.
Y ¿para qué tanto esfuerzo? En primer lugar para conseguir darle a la gente sin hogar un techo, ese es el hecho primigenio desnudo. Después para demostrar, a los afectados, a la sociedad y a nosotros mismos, que las herramientas anarquistas (de apoyo mutuo, de actuar sin intermediarios y de vulnerar sistemáticamente el arbitrio de la ley) eran inminentemente útiles y una vía práctica para mejorar las condiciones de vida y acercar la emancipación económica. En una clave más ambiciosa, para contrastar la viabilidad de un pequeño sistema anarquista a través de la experiencia en una comunidad humana organizada voluntariamente de forma libertaria. 
Con el paso del tiempo la totalidad de esos objetivos se cumplieron (de forma positiva hemos de añadir), pero la realidad y el día a día nos fue poniendo otros objetivos improvisados en nuestra agenda.
Partiendo de que el Estado no permitiría que la ocupación se prolongara sine die, pusimos los mimbres para conseguir algo con lo que, en conciencia, no estabamos de acuerdo: conseguir la regularización de la ocupación. La causa mayor era garantizar el suministro regular de agua, pero para ello había que partir de un intento de «legalización». Redactamos las exigencias tratando de hacer un planteamiento realista y asequible, rellenamos documentos legales y solicitudes y llevamos estas demandas a los medios de comunicación. Pero en nuestra calidad de anarquistas se nos planteaba un dilema: recorrer la vía legal hasta el final y hacerlo ejeciendo un papel de mecenazgo que precisamente intentamos demoler desde que iniciamos el proyecto. 
Después de largas reflexiones hemos llegado desde hace meses a una resolución que hoy hacemos pública:
La FAGC se desvincula de la Comunidad «La Esperanza». Algún miembro seguirá colaborando con el proyecto, pero lo hará a título individual. 
Creemos que para que la Comunidad se haga responsable de sus propios errores o aciertos es necesario que rompa el cordón umbilical con cualquier colectivo o persona, por insertos que estén en ella. Creemos que lo importante no es guíar el camino ajeno, sino compartir las herramientas para recorrerlo; la Comunidad ya tiene dichas herramientas asamblearias, autogestionarias y libertarias, y si las sigue usando o las desecha solo a ella le compete. Creemos que para que pueda recorrer, si lo estima necesario, la vía legal hasta sus últimas consecuencias, es necesario que no cuente con la cortapisa de un grupo de personas que precisamente iniciaron el proyecto como desafío a la legalidad y que se declaran al margen de esta en su hacer cotidiano y en sus aspiraciones políticas. Creemos que aunque eso supusiera la muerte del proyecto, o la deriva de la Comunidad hacia posiciones autoritarias, partidistas o pro estatistas, en eso se basa precisamente la anarquía: en permitir que la gente decida por sí misma, con independencia de que las decisiones que tomen no sean las más adecuadas. 
Sabemos que en cuanto esto circule partidos y colectivos que responden a intereses muy concretos irrumpiran en la Comunidad (de hecho tenemos constancia de que ya lo han hecho), pero no iniciamos esto para ponerle nuestro label a nada ni para atesorar ningún mérito; lo hicimos por convicción, y esta no necesita alimentarse con premios, proselitismo o reconocimientos. 
Hemos aprendido mucho en esta lucha y son precisamente estas lecciones las que nos han llevado a reafirmar lo que ya no son sólo teorías, lo que nos hace firmar este comunicado: cada uno debe responsabilizarse de sus propios actos; se ayuda más alguien compartiendo herramientas con él pero dejando que se desenvuelva por sí mismo que solucionando todos sus problemas; la lucha por la igualdad económica no garantiza ausencia de actitudes jerárquicas y es necesaria una evolución interior; más que fomentar valores comunitarios hay que desarrollar conciencia individual y criterio propio; cambiar las condiciones materiales de la gente es sólo un trazo de un cuadro más amplio, si no cambiamos el dibujo por completo ese trazo será sólo una mancha oscura e imperceptible sobre un fondo negro. 
En breve daremos a conocer todas estas lecciones a través de un texto más profundo y amplio. Mientras, sólo podemos ratificar que aunque con el paso del tiempo llegue a olvidarse la labor de la FAGC en «La Esperanza», su participación en una de las ocupaciones más grandes de este joven siglo, nosotros seguiremos luchando, en otras barricadas, con otros objetivos, pero siempre en el mismo frente. Y eso sí: si algún día se llegara a producir el desalojo de «La Esperanza» ahí encontraran a la FAGC, en el piquete, megáfono en mano, con el puño airado, cerrando el paso a los desahuciadores, codo a codo con sus antiguos vecinos. 
FAGC

Comunicado Comisión Anti-desahucio

Después de que en mayo de 2015 diéramos a conocer el proyecto de la «Comunidad Esperanza» a los medios de comunicación, y de que hiciéramos públicas nuestras demandas, sobre todo en relación al abastecimiento de agua, NADIE DEL AYUNTAMIENTO NI NINGÚN RESPONSABLE POLÍTICO SE HA PUESTO EN CONTACTO CON NOSOTROS. Se han escrito artículos denunciando la situación, radios y televisiones se han hecho eco incluso en el ambito estatal, se ha enviado documentación al Ayuntamiento de Santa María de Guía con jurisprudencia suficiente para demostrar que son ellos, y su alcalde Pedro Rodríguez, los responsables directos de garantizar el suministro de agua a los vecinos del municipio, y aún así han hecho oídos sordos. En vista de que sólo hemos recibido silencio administrativo, en breve convocaremos nuevamente a los medios de comunicación para anunciarles nuestra intención de denunciar esta dejación de funciones y negación de asistencia ante el Diputado del Común y si hiciera falta ante la justicia ordinaria. Ya tenemos preparada toda la documentación necesaria para ello. Y si los órganos políticos y de justicia se desentienden, iniciaremos un calendario de movilizaciones y concentraciones que no pensanos deponer hasta que consigamos nuestro objetivo: un suministro regular de agua como cualquier vecino, como todo ser humano. La «Esperanza» ni se resigna ni se calla.

 Fdo: Comisión Anti-desahucio

Comunicado de apoyo a «La Esperanza» y contra la represión a Ruymán Rodríguez

El pasado 29 de abril (2015) el militante anarquista Ruymán Rodríguez fue detenido, sin razón aparente, en Santa María de Guía por dos policías secretas de la Guardia Civil. En dependencias policiales fue insultado, amenazado, golpeado y torturado (entre otras cosas fue estrangulado hasta en tres ocasiones). Después de 24 horas de malostratos y agresiones reiteradas, el detenido comparece ante el juez que no ve motivos constitutivos de delito. Los agentes de forma inaudita recurren la decisión judicial y quieren que se le impute al acusado el delito de “atentado a la autoridad” para que según sus propias palabras en el cuartillo “se trague al menos 5 años de cárcel”. Actualmente se está a la expectativa de si se acepta o rechaza dicha apelación.
Sea cual sea la decisión judicial esto no se acabará aquí. Este abuso policial se engloba dentro de una campaña de acoso y derribo contra la Comunidad “La Esperanza”. Dicha Comunidad es un proyecto social iniciado por la FAGC (Federación Anarquista de Gran Canaria) en enero del 2013 y que consiste en 4 bloques de viviendas (propiedad de la SAREB) expropiados y puestos a disposición de 71 familias, 250 personas, 140 niños. Posiblemente la ocupación masiva más grande del Estado.

Sabiendo que se acercan las elecciones y que la Comunidad se dispone a hacer públicas sus exigencias de normalizar su situación, los cuerpos policiales, teledirigidos por los aparatos políticos, quieren sembrar el miedo en la Comunidad para desestabilizarla. Incapaces de entender que pueda subsistir una comunidad humana horizontal, asamblearia, autogestionada, autosuficiente y solidaria, necesitan inventarse la existencia de “líderes”, y ese es el papel que quieren atribuirle a Ruymán. La intención policial es intimidarlo y obligarle a a abandonar el municipio, creyendo que así cundirá el pánico entre el resto de vecinos.
La realidad es que esto debe hacernos más fuertes y obligar a todos los colectivos, organizaciones e individualidades a prestar nuestro apoyo a esta causa: la de un individuo injustamente represaliado y sobre todo la de una comunidad de vecinos que arroja un rayo de esperanza sobre la realidad social canaria.
Por ello los bajo firmantes solicitamos que cese la persecución contra Ruymán Rodríguez y la Comunidad “La Esperanza”, y que se permita que este proyecto de lucha por la vivienda tenga el desenlace positivo que se merece y que la situación de emergencia humanitaria en la que vivimos los más pobres requiere. 
Las Palmas de Gran Canaria, Mayo de 2015
 
Firman este comunicado conjunto de apoyo a la Comunidad La Esperanza:
Intersindical Canaria
Frente Sindical Obrero de Canarias
Resistencia Popular Canaria
Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan)
Asociación Canaria de Economía Alternativa
Podemos – Santa María de Guía
Telde Responde
Coordinadora Canaria contra las Prospecciones Petrolíferas
Alternativa Nacionalista Canaria

Ateneo Libertario Xosé Tarrío 

Procés Embat

Federación Estudiantil Libertaria

Juventudes Libertarias de Málaga


Sindicato Único de CGT – Tenerife

Espacio Libertario de Madrid (ELMa) 

Regeneración (regeneracionlibertaria.org)

Exigencias de la Comunidad «La Esperanza»

    
    Los vecinos y vecinas de la Comunidad “La Esperanza” exigimos que se normalice nuestra situación y que la administración competente, o las fuerzas políticas que aspiran a constituirse en órgano de gobierno, se comprometan a rubricar las siguientes puntos y tomen las medidas oportunas para que se lleven a cabo:
1º Que se regularicen los suministros básicos. Que se medie de forma prioritaria con Aqualia para que nos ponga contadores cuya titularidad correspondería al Ayuntamiento; comprometiéndose contractualmente los vecinos a pagar lo consumido. Si esto no fuera posible, que se comprometa a sufragarnos como mínimo la mitad de las cubas que consumimos al mes.
2ºQue se regularice la situación del inmueble. Que el Ayuntamiento o el organismo público correspondiente lo alquile o compre a la SAREB y a los propietarios en litigio, y lo convierta en viviendas de protección oficial bajo régimen de alquiler social, teniendo los actuales habitantes de las casas la primera opción a ese alquiler. El alquiler no podrá superar el 20% de los ingresos y se dará una moratoria no inferior a 5 años a los que carezcan de los mismos, que sólo prescribirá en cuanto cobren la primera nómina o subsidio correspondiente o cuando transcurra el citado plazo.
3ºSi se produjera cualquier multa o represalia legal a causa de la ocupación, que el Ayuntamiento costee económicamente las mismas, ya que es la inoperancia de la administración y los organismos públicos los que nos han obligado a ocupar.
4ºQue se reconozca que la gestión interna del inmueble, a nivel organizativo, seguirá siendo prerrogativa de los vecinos.
La Comunidad “La Esperanza”
 

 

COMUNICADO DE ROSA MORENO

COMUNICADO DE ROSA MORENO


SOMOS ROSA Y CARMELO, UN MATRIMONIO NORMAL Y CORRIENTE CON TRES HIJOS QUE VIVÍAN EN UNA CASA CUALQUIERA DE ALQUILER, HASTA QUE UN DÍA HACE CUATRO AÑOS CARMELO SE QUEDÓ EN PARO Y DESPUÉS DE INTENTAR BUSCAR SOLUCIONES Y NO HALLAR OTRO CAMINO QUE EL DE OKUPAR UNA CASA CONSEGUIMOS EL APOYO DE UN GRUPO DE PERSONAS ANÓNIMAS LAS CUALES SE IMPLICARON CON NOSOTROS DE TAL MANERA QUE PARECÍA QUE ERAMOS FAMILIA.

DESPUÉS DE MEDITARLO DECIDIMOS OKUPAR UNA CASA DEL BBVA QUE ESTABA BASTANTE DESMEJORADA CON LA AYUDA DE ESTOS NUEVOS AMIGOS Y GENTE SOLIDARIA  DONDE QUIERA QUE LAS HAYA, HABLAMOS CON LOS VECINOS DE LA ZONA Y TAMBIÉN SE MOSTRARON MUY CONSIDERADOS CON NUESTRA SITUACIÓN POR LO QUE SEGUIMOS ADELANTE Y DECIDIMOS  ANTES ARRIESGARNOS QUE VER A NUESTROS HIJOS EN LA CALLE.
HEMOS IDO ARREGLANDO COMO SE HA PODIDO LAS IMPERFECCIONES DE LA CASA Y UNA DE ELLAS Y LA MAYOR ES LA HUMEDAD, LA CUAL HA ESTADO MOLESTANDO Y BASTANTE AL VECINO DE LA CASA CONTIGUA DURANTE AÑOS.
DESPUÉS DE UN AÑO EL BANCO PUSO UNA DEMANDA POR LO PENAL PARA DESALOJARNOS, EL JUEZ ARCHIVÓ LA CAUSA POR NO VER DELITO YA QUE NO HEMOS HECHO DAÑO A NADIE. EL BANCO ACCEDIÓ A OFRECERNOS UN CONTRATO DE ALQUILER Y UNA VEZ INICIADO LOS TRAMITES PARA LLEGAR A DICHO ALQUILER SOLICITARON UN INFORME SOCIAL AL AYUNTAMIENTO Y DESDE ALLÍ PIDIERON  NUESTRA AUTORIZACIÓN PARA MANDAR EL DOCUMENTO AL BANCO, PERO JAMÁS LLEGÓ PORQUE ALGUIEN NO SUPO HACER SU TRABAJO. POR LO TANTO AHORA DESPUÉS DE DOS AÑOS EN LA CASA, EN LA CUAL ESTOS NIÑOS TIENEN SU HOGAR Y SON AJENOS A TODA ESTA BARBARIE,  ESTAMOS ABOCADOS AL DESALOJO.
NADIE QUIERE HACERSE RESPONSABLE DE ESE TREMENDO FALLO QUE AHORA TERMINARA CON UNA FAMILIA EN LA CALLE. Y LAS SOLUCIONES ¿QUIÉN LAS TIENE? ¿A QUIÉN CORRESPONDE DARLE UNA SALIDA A NUESTRO PROBLEMA? YA QUE NO HAY CULPABLES QUE POR LO MENOS ALGUIEN TOME CONCIENCIA Y  DE UN PASO AL FRENTE PARA REPARARLO.
PUESTO QUE AHORA NO SOLO  NOS ENFRENTAMOS A UN DESALOJO SINO A UNA MULTA DE 2000 EUROS POR DESPERFECTOS EN LA VIVIENDA CUANDO LO ÚNICO QUE HEMOS HECHO HA SIDO ARREGLARLA Y MEJORAR LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCONTRABA. PRUEBA DE ELLO SON LAS FOTOS QUE TOMAMOS CUANDO ENTRAMOS Y EN LA ACTUALIDAD TAMBIÉN PODEMOS DOCUMENTAR LAS MEJORAS EN LA VIVIENDA ADEMÁS DE LAS DECLARACIONES DE VECINOS QUE DÍA A DÍA NOS HAN VISTO COMO UNA FAMILIA NORMAL INTENTANDO DARLE UNA MEJOR VIDA A SUS HIJOS.