El derecho al techo
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| Huelga de Inquilinos en Argentina (1907). La participación anarquista fue masiva. |
Desde una óptica anarquista, pocos frentes de lucha abren actualmente más expectativas que el de la vivienda y los desahucios. Es un campo que, directa o indirectamente, atañe a todos; que se ceba con las clases más depauperadas y arroja al terreno de la realidad a los que se tenían como “clase media”; que rompe la barrera que existía entre la “clase obrera sedentaria” y los “sin clase”, la población indigente (ahora carecer de techo no se concibe como una “anomalía”, sino como una posibilidad peligrosamente cercana); es una de las contradicciones capitalistas que con mayor facilidad ha conseguido ponernos a todos de acuerdo en lo fragrante de su injusticia (pocos son los que pueden enfrentarle nada a cualquier iniciativa que se oponga a los desahucios); una problemática que desvela la incompetencia o iniquidad de la totalidad del Sistema, que salpica a todos sus mecanismos (a la Banca, al Estado, a la Ley, a la Propiedad Privada, a la Policía, etc.); que exige medidas de lo más sugestivas para la naturaleza libertaria (medidas, muchas de ellas, que vulneran el propio principio de legalidad): resistencia activa contra los desalojos, ocupación, boicot y sabotaje a los tentáculos del sistema capitalista, desenmascaramiento de la estructura jerárquica hasta sus últimas consecuencias, etc. Como vemos, sobran los motivos, teóricos y prácticos, para que el Movimiento Anarquista se vuelque completamente en esta problemática.
Y la cosa viene de lejos… Muchos de los que hoy contemplan los piquetes anti-desahucios, o las ocupaciones colectivas de inmuebles para alojar a familias desahuciadas, lo toman por un invento del siglo XXI, nacido al calor de los últimos movimientos sociales o de la inventiva del 15-M o la PAH. En verdad, ya en 1933 en Santa Cruz de Tenerife
, la ponencia sobre inquilinato presentada al Comité Regional de Canarias (CNT) y a su Federación Obrera dictaminaba en su punto 3º: “Resistencia colectiva a que sea lanzado a la calle ningún inquilino y caso de que esto no pudiera evitarse por aglomeración de fuerzas públicas, una vez retirada ésta volver a poner al inquilino en posesión de su vivienda”. Sin embargo, no era esto lo único que proponía, y su reclamaciones y actuaciones llegaban aún más lejos: dentro del Sindicato de Inquilinos, en el que convivían el sector moderado representado por la UGT y el sector radical compuesto por los anarquistas de la CNT, éste último impulsó una combativa Huelga de Inquilinos y una campaña de boicoteo contra propietarios, procuradores y agentes judiciales. Y nos consta que esto no sólo pasaba en el norte de África, sino que se reproducía en el resto del Estado español y en otras partes del mundo (ya en 1907 se había producido una sonora Huelga de Inquilinos en Argentina). Sin embargo, poco consuelo es que esto se haya dado en el pasado si no estamos dispuestos a hacer lo propio en el presente. Para muchos, dentro del propio Anarquismo, casos como los referidos son material de nostálgica satisfacción, letra muerta que se estudia y se admira, que se edita y se comenta, pero no un ejemplo a adaptar y reproducir.
El “pueblo”, más allá de los patronazgos de tales o cuales siglas, está utilizando esas herramientas libertarias –por autónomas e ilegalistas, por representativas de la Acción Directa y el Apoyo Mutuo– por sí mismo, como demostración de que se puede practicar Anarquía, e incluso vivir en Anarquía, sin los anarquistas. Sin embargo, ¿por qué, para evitar dicha contradicción, la gente que conscientemente aboga por dichas herramientas (es decir, los anarquistas) no se involucran más activamente en esta problemática? Seguramente muchas compañeras y compañeros ya participan en las plataformas que se dedican en exclusiva al tema de la vivienda, de lo cual nos congratulamos, así como otros son parte importante del Movimiento Okupa, sin embargo somos de la opinión de que, allá donde se pueda, es necesario implementar la actividad.
El 15-M, nunca se ha dicho lo contrario, fue una buena oportunidad para reencontrarse, ocupar el espacio público y ejercitar el músculo asambleario; no obstante, también sirvió, en muchos casos y lugares, para que muchos libertarios se vieran obligados a adaptar su discurso, a disminuir su carga subversiva y revolucionaria, para acomodarlo a un ambiente pro-partidos y pro-sistema, que poco tenía que ver con la necesidad popular real de techo y pan. En muchos casos, el ciudadanosustituyó al individuo; actividades formalmente libertarias acababan ahogadas en estructuras legalistas e incluso protocapitalistas; las propuestas libertarias, y sus expositores, quedaban domesticados. Lo dicho viene a colación de algo que tenemos que tener presente en todo momento: que se usen formas revolucionarias o libertarias no es garantía de nada si el fondo queda intacto.
En el tema de la vivienda ocurre exactamente lo mismo, y hay muchos puntos que lo demuestran. Si como defendía el proudhoniano Arthur Mülberger: “el inquilino es para el propietario lo que el asalariado es para el capitalista” (El Problema de la Vivienda, 1872), hoy, la frontera que se ha fijado entre hipotecado y arrendatario coloca al primero en la categoría de proletario y al segundo, según la jerga del marxismo clásico, en la del lumpen proletariado. No es dable ni justo que las plataformas dedicadas al terreno de la vivienda se centren en los afectados por las hipotecas y no en los afectados por el alquiler. No es de recibo que la batería de medidas que contemplan sólo toquen una de las aristas del asunto, mientras las demás se presentan como un problema menor. Si en la actual coyuntura el tema de las hipotecas es una cuestión de primer orden, y muestra las miserias sobre las que se asienta la banca y todo el sistema financiero, el tema del alquiler (y que nadie intente reducir el tema al absurdo, porque siempre que hablamos en clave de alquiler lo hacemos refiriéndonos al abuso cometido por un rentista multipropietario, una inmobiliaria, una entidad financiera, etc., y no a la situación del casero imposibilitado físicamente para producir y que en puridad es tan pobre como su propio inquilino) muestra la cara más cruda de la especulación, la impunidad de los grandes propietarios o el nivel de explotación al que está sometida, por ejemplo, la población migrante. Centrarse sólo en el terreno de las hipotecas y trazar una línea divisoria con respecto al alquiler, equivale a poseer una mentalidad de clase media sensible sólo a los que están dejando de serlo y anestesiada ante los que nunca ascendieron de “clase baja”.
Por desgracia, medidas como las propuestas en la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) vienen a demostrar la veracidad de lo expuesto. En primer lugar, hay que dejar claro que se da por sentada la buena voluntad de la mayoría de los que han participado en dicha iniciativa, gente sin lugar a dudas que aún confía en la capacidad del sistema para auto regularse y que, con la mejor de las intenciones y también la mayor de las ingenuidades, sigue creyendo que el Parlamento puede solucionar el mismo problema del que es garante; así como otros creen que para obtener la paz hay que pedírsela a los militares y que para acabar con la brutalidad policial debe recurrirse a la propia policía. Pero dicho lo dicho toca ser claros: ¿en qué beneficia la Dación en Pago a los inquilinos? Bueno, ¿en qué beneficia a los propios hipotecados? Salvo en contadas excepciones, en la mayoría de los casos la dación en pago, que como el resto de medidas de la ILP se asienta en la expectativa de la “recuperación”, sólo sirve para renunciar a la vivienda voluntariamente (eso sí, durmiendo con la conciencia tranquila del “buen pagador”, aunque sea debajo de un puente) y para cambiar una deuda por otra: gracias al impuesto de plusvalía (no contemplado en la ILP y que hace alusión al incremento del valor de un inmueble a la hora de su venta, y que se aplica también a los supuestos de dación en pago [y es que en puridad eso es la dación: le vendes tu casa al banco por el precio de la deuda contraída con él]). Es decir, que una vez entregas tu vivienda al banco, a fin de cancelar tu deuda, comienza un nuevo problema, pues al considerar hacienda que con la dación en pago se ha efectuado el traspaso de un inmueble con fines lucrativos (los gastos notariales, más los intereses por demora, etc., harán que de por sí el valor de tu vivienda aumente, al “vendérselo al banco”, con respecto a cuando la compraste), cae sobre ti, “supuesto vendedor”, y te reclama unos impuestos cuya cuantía suele ascender a miles de euros. En definitiva, dejas de deberle al banco para deberle a hacienda, y para colmo pierdes la vivienda. Sin embargo, y suponiendo que nos equivocáramos y que la dación en pago fuera la panacea que algunos se imaginan, la primera pregunta seguiría sin ser contestada: ¿de qué le sirve ésta a los inquilinos? Absolutamente de nada, porque la ILP no está pensada para ellos.
Lo mismo podríamos decir del resto de propuestas: ¿de qué le sirve un alquiler social de por ejemplo 300 euros a quien ya es incapaz de pagar esa cantidad en un alquiler convencional?, ¿de qué sirve que la renta mensual del arrendamiento no pueda pasar del 30% de los ingresos del arrendatario cuando los ingresos de éste son 0%?, ¿cuánto es el 30% de nada?, ¿son una solución resolutiva los 5 años de alquiler social para quien no haya podido recuperarse en ese periodo?, ¿cómo le repercutirá dicha situación? Muy sencillo: perderá su casa, seguirá sin embargo pagando el alquiler de la misma y gozando de su usufructo durante un máximo de 5 años; por su parte el banco no sólo obtiene una propiedad libre de gastos, sino que se le reportará una cantidad mensual por la misma. En definitiva: a los 5 años (dando por sentado que el antiguo hipotecado pueda hacer frente al alquiler social), que es el tiempo con el que quizás especulen las entidades bancarias para “salir de la crisis” y darle una salida ultra rentable a todos los inmuebles que se están apropiando a precio de saldo, el banco exigirá que se abandone su propiedad y el inquilino, antiguo propietario de la vivienda, se verá en la calle, buscando un alquiler asequible o un portal donde cobijarse, y habrá perdido el derecho a la pataleta, pues no se ha hecho más que lo que él demandaba. Y ese es el gran temor que nos producen las expectativas generadas en torno a la ILP: que se considere a esta la valedora de todas las demandas sociales respecto a la vivienda y que se escenifique su aceptación a trámite como una gran victoria, sin percatarnos de que, de ser aprobada, toda la gente que perderá su casa o que se endeudará a causa de la dación en pago, todos los inquilinos a los que dichas medidas ni siquiera rozarán, habrán cifrado todas sus esperanzas en un placebo y habrán perdido su derecho a réplica.
Estamos convencidos de que pueden y deben hacerse otras cosas, de que hay otras vías, de que en el tema de la vivienda y los desahucios hay otros caminos que aún no se han recorrido con plena consciencia. Los anarquistas perseveramos en la idea de que para que un derecho sea tal no puede ser concedido por un tercero; ha de ser tomado, conquistado (Max Stirner, El Único y su Propiedad, 1845). A esta conclusión no nos ha llevado la fiel observancia a textos decimonónicos o a consignas del pasado, sino la mera experiencia vivencial. El Sistema sólo concede (dar dadivosamente alguna cosa) cuando cree que algo puede ganar a cambio, cuando en realidad obtiene más de lo que da; sólo cede (perder alguna cosa a favor de un rival) cuando no le queda más remedio, cuando se le fuerza a ello.
En los años 30 del pasado siglo, uno de los grandes problemas que más acaparaban la atención pública era el tema agrario. Gentes sin tierras y gentes sin casas. La República, tan añorada hoy por algunos, se mostró del todo incapaz de dar solución al problema agrario, y todos los intentos de solventarlo por vías legales fracasaron. ¿Qué solución halló el pueblo? José Peirats nos lo explica: “A partir de la calda del ‘bienio negro’ los campesinos acentuaron la llamada (por Aláiz) ‘expropiación invisible’: invasión de fincas de mano muerta pese al espantajo de la guardia civil […] Quiere decirse que la revolución agraria empezó en el campo antes del 19 de julio de 1936” (Los Anarquistas en la crisis política española [1869-1939], 1964). Esto quiere decir que antes de las grandes colectivizaciones agrícolas sucedidas después de la Revolución del 36, ya se producían ocupaciones masivas de tierras abandonadas. Pues bien, hoy es imprescindible que esa “expropiación invisible” se reproduzca, no sólo en el campo, sino también en relación a los inmuebles urbanos.
Hay actualmente muchos ejemplos, en Sevilla, en Cataluña, en Madrid, en Gran Canaria (modestamente), de que esto puede hacerse. Significa, de facto, una socialización del techo, una expropiación forzosa ejecutada sobre el Estado, los bancos, las empresas y los grandes propietarios que promueven que haya tantas casas vacías como gente sin casa. Supone un ataque frontal a la legalidad vigente, una violación consciente y sopesada del contra-derecho a la propiedad privada. La socialización es una vía a la que nos empujan las circunstancias, una vía en la que los anarquistas tienen que involucrarse de forma integral, y no necesariamente para crear espacios de “consumo propio” (ya hemos dicho reiteradamente que expropiar, para no poner a disposición pública, es privatizar), sino para poner en práctica la aspiración básica de que el uso y disfrute de algo pertenece siempre al que más lo necesita, para ofrecer una alternativa de fondo a problemas de los que por ahora sólo se abordan sus efectos y se ignoran sus causas, para plasmar soluciones que afecten a la raíz y no a la superficie, para evitar que la lucha por la vivienda sea una lucha parcial por intereses parciales. Es la vieja ambición ácrata que tan bien supo plasmar Kropotkin en La Conquista del Pan (1892):
“Con revolución y sin ella, el trabajador necesita un refugio: el alojamiento. Pero por malo y por antihigiénico que sea, hay siempre un propietario que le puede expulsar de él. Verdad es que con la revolución, el casero ya no encontrará curiales ni alguaciles para poner los trastos en la calle. Pero ¡quién sabe si mañana el nuevo gobierno, por revolucionario que pretenda ser, no reconstituirá la fuerza y lanzará contra los pobres la jauría policíaca! […] ¿Vamos a esperar que esta medida, que tan perfectamente responde al sentimiento de justicia de todo hombre honrado, la tomen los socialistas que se mezclan con los burgueses en un gobierno provisional? ¡Podríamos esperar sentados, hasta la vuelta de la reacción! Los revolucionarios sinceros trabajarán con el pueblo para que sea un hecho la expropiación de las casas. Trabajarán para crear una corriente de ideas en esta dirección; trabajarán para ponerlas en práctica; y cuando estén maduras, el pueblo procederá a la expropiación de las casas, sin prestar oídos a las teorías, que no dejarán de predicarle acerca de indemnización a los propietarios y otros despropósitos”.
A tal fin, hemos de crear, hasta que se reproduzcan como una pandemia, Asambleas de Inquilinos, Hipotecados, Desahuciados, Sin Techo, etc., donde organizarnos, intercambiar información, escoger objetivos, o ponernos manos a la obra. Sin embargo, no hay que conformarse con esto. Expropiar inmuebles abandonados, para familias desahuciadas o sin hogar, es un fin en sí mismo, pero no es el único. La cuestión debe ser intentar profundizar en la iniquidad e inutilidad de la propia estructura del Sistema, debe ser plantear la expropiación como una “solución ofensiva”, como un ataque contra el Capitalismo y las leyes del Estado, como una forma de hacerle daño al Poder, y no como una simple evasión del Sistema. Lo contraproducente que es lo contrario nos lo muestra el ejemplo histórico de las cooperativas. Establecidas con toda la buena voluntad de los cooperativistas, creadas como una forma de liberarse del yugo del patrón, como una medida de resistencia contra el capital (tenemos muchos ejemplos, como La Redentora [1902-1940¿?] o la Vidriera de Mataró [1920-1942], pasando por los intentos actuales), al final acabaron siendo patrocinadas por el propio Estado que veía en ellas una forma de librarse de los gastos de seguridad social y pensiones. De igual modo, hemos de intentar que aunque la ocupación de casas o terrenos abandonados sea, como ya hemos dicho, un fin en sí mismo para los propios beneficiados, esto no suponga que sea “el fin de todo”. Debe buscarse generar el conflicto social que haga entender por qué la gente se ve obligada a liberar inmuebles en oposición a la propiedad privada. Debe ser, cada ocupación, la generadora de nuevas ocupaciones cada vez más masivas, más públicas y más reivindicativas. De lo contrario, el propio Estado acabará aplaudiendo subrepticiamente que se ocupen determinados inmuebles (los que nadie reclame), si eso consigue mitigar los ataques y las iras de los desahuciados. Debe ocuparse toda vivienda vacía, hasta que no quede nadie a la intemperie, pero sin que esto signifique rebajar los niveles de descontento e indignación; todo lo contrario: debe ser un aliciente, un acicate, para evidenciar lo inoperante del Sistema y obligarnos a rebasarlo y aplastarlo.
En estas condiciones no puede verse al Sistema más que como un enemigo, y es en calidad de eso como hay que tratarlo. Más que daciones en pago, y compensaciones a las entidades financieras, exijamos y practiquemos la socialización del techo, la abolición de los alquileres y de las deudas bancarias, una Amnistía hipotecaria y arrendataria auto-otorgada (¿no se otorgan “los de arriba” una amnistía fiscal a sí mismos? Entonces, ¿por qué íbamos a ser menos?, ¿por qué no íbamos a concedernos nosotros, “los de abajo”, una Amnistía sobre un endeudamiento que no hemos provocado y del que somos las únicas víctimas?). No hagamos esto como quien pide una dádiva, sino como quien, en una situación bélica, expone sus exigencias y condiciones para aceptar la derrota del adversario. Sabemos, mejor que nadie, que el Sistema no claudicará en ese punto, pero lo que nos interesa es desgastarlo en la batalla y crear un nuevo punto de referencia, un nuevo tope de exigencia para el imaginario colectivo. Cuando en los tiempos de la “II Restauración Borbónica” (llamada por los crédulos “Transición”) se pedía la Amnistía para los presos políticos, el Movimiento Anarquista realizó una encomiable labor de oposición al reclamar también la Amnistía para los presos comunes. Reclamar la Amnistía de los presos comunes es tanto como declarar la inutilidad de la cárcel, tanto como abolirla; reclamar una Amnistía hipotecaria y arrendataria es tanto como renegar de la propiedad privada, del poder del sistema financiero, de la validez de las leyes que éste último le ordena decretar al Parlamento. De igual modo que en 1886 en Chicago, durante la batalla por la jornada de 8 horas laborales, los anarquistas comprendieron que no podían reivindicar las 8 horas como una adormidera que sirviera para relajar las tensiones sociales, y que si debían de sumarse a dicha lucha tenían que hacerlo con la finalidad de abrir un marco más amplio que fuera arrebatándole yardas al Poder hasta arrinconarlo y obligarle a replegarse, hoy el tema de la vivienda debe abordarse de igual forma. Hemos de establecer, a través de una política de hechos consumados, que las casas son de quien las habita; que en un sistema en el que se decreta una Amnistía fiscal para los grandes defraudadores de cuello blanco, en el que se rescata a los bancos que desahucian con el mismo dinero público aportado por los desahuciados, en el que a los bancos se les condonan sus deudas sin sufrir embargo alguno, nosotros, todas y todas, tenemos mucho más que una autorización moral parar poder proclamar y hacer efectiva una Amnistía hipotecaria y arrendataria y lanzar un contundente: ¡Nosotros no pagamos!
Esto equivale a Huelga de Alquileres, pero va aún mucho más lejos: equivale a Huelga Fiduciaria. Dentro de un sistema corrupto, con una crisis generada ex profeso, para reestructurar el modelo económico y garantizar el poder adquisitivo de las élites, para poder imponernos sin obstrucciones su modelo de sociedad, no queda salida más legítima que proclamar una Huelga Fiduciaria y negarse, pública y colectivamente, a pagar las deudas con las que el Sistema pretende seguir atándonos a su estructura capitalista jerárquica.
A razón de lo expuesto, el objetivo de los anarquistas debería ser entregarse a esta causa –a la del pan y la sal, el techo y el abrigo– y ser conscientes de su responsabilidad histórica. Los grupos y organizaciones específicas no pueden perder un segundo más en elucubrar sobre revoluciones pasadas cuando ha llegado el momento de vivir las que pueden avecinarse; no puede hablarse de los “pobres” como un sujeto de laboratorio, cuando legiones de desheredados nos tienden la mano y están en disposición de romper el tabú legalista y lanzarse a la ocupación del suelo y el techo sin más autorización que la que da la necesidad; no podemos encerrarnos en “claustros libertarios” a regodearnos en la pureza de unas ideas que se prefieren herméticas y muertas como una flor plastificada; no podemos refugiarnos cómodamente en unos sindicatos que no estén decididos a desarrollar una labor social feroz, y que no entiendan que su labor va más allá del ámbito laboral y de la recogida de cuotas; no podemos perder el tiempo en debatir sobre tales teorías, tales autores o tales libros, cuando en la calle se está librando una guerra que exige de nuestro concurso.
La batalla por la vivienda es un hecho; y seguirá adelante con nosotros o sin nosotros. Pero a nosotros corresponde que un pueblo, que ya está usando instintivamente métodos de liberación anarquista, cuente con la contribución de quienes están familiarizados con dichas reivindicaciones. Los mismos que deberían tratar de tensionar las circunstancias antes de que los partidarios de las medidas parlamentarias nos vendan como victoria lo que en realidad es un armisticio.
Fdo.: Ruymán F. Rodríguez
