Entrevista de Radio Klara a Ruymán Rodríguez (FAGC/SIGC) sobre la amenaza de desahucio de CaixaBank a casi 70 personas, 28 familias con 32 niños, en la comunidad «La Marisma» (Sardina del Norte, Gáldar, Gran Canaria).
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Categoría: Desahucios
Quieren echar a la calle a 28 familias en Gáldar
En Sardina del Norte (municipio de Gáldar, Gran Canaria) 28 familias (casi 70 personas) con 32 menores corren el riesgo inminente de ser expulsadas de sus hogares.
Hablamos de la comunidad “La Marisma”. Una urbanización que llevaba años abandonada y a la que llegaron casi 30 familias el pasado mes de enero (2021). Familias de clase trabajadora, sin recursos, supervivientes de varios desahucios anteriores y con una situación económica y social agravada por la crisis. Estas familias, dada su situación, buscaron por portales y redes sociales alquileres económicos. Contactaron con un supuesto promotor de viviendas que les facilitó las llaves a cambio de un adelanto de 100 euros por familia. Hecho el intercambio, el promotor desapareció y se volvió ilocalizable y ya no pudo formalizarse contrato alguno de arrendamiento. Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria entendemos que estas familias son víctimas de una estafa inmobiliaria. Actividad que se ha disparado en estos tiempos de pandemia.
Meses después, cuando ya han conseguido adecentar las viviendas y hacerlas habitables, personal de Building Center y Coral Homes, empresas pantallas de la Caixa, dedicadas a colocar sus activos y a especular, funcionando como fondos buitre, se dedican a hostigar a las familias. Las amenazan con tapiar sus casas con sus enseres dentro o con desalojarlas de madrugada sin previo aviso. Como la vía de las coacciones no ha sido suficiente para expulsar a las familias, Coral Homes ha iniciado la vía procesal y se dispone a echar a la calle a más de 30 menores sin ningún tipo de alternativa habitacional. Negándose, en todo momento, a iniciar ningún tipo de negociación.
El 15 de junio 8 familias se enfrentan a un juicio que acabará, al no poder demostrar “justo título”, con un inminente proceso de desahucio. Otras tantas ya han sido notificadas como “ocupantes ignorados” para comparecer en juzgados. Repetimos: 28 familias, casi 70 personas, 32 de ellas niños, van a ser arrojadas a la calle si no lo evitamos.
Recordemos que la Caixa fue rescatada en 2009 con 12.599 millones de dinero público, nuestro dinero. No podemos permitir que estas entidades expulsen de sus casas a las mismas familias que las rescataron con sus impuestos.
Exigimos a la Caixa, Coral Homes y Building Center que detengan este atentado terrorista inmobiliario de inmediato y que se sienten a negociar una solución alojativa para estas familias.
Exigimos al Ayuntamiento de Gáldar, al Cabildo de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias y las distintas instituciones públicas que dejen de arrastrarse ante los poderes financieros, no escurran el bulto y busquen una alternativa habitacional para estas familias.
Si no se produce dicha alternativa, ninguna abandonará voluntariamente su hogar. Expulsar por la fuerza a más de 70 personas, con más de 30 menores, sería un crimen humanitario que no pensamos consentir. Si no se ofrece una solución real y digna, intentaremos movilizar a la opinión pública, también a nivel internacional, movilizar a la población obrera de nuestros barrios y, si nos obligan a ello, convocar un piquete antidesahucio para oponernos a la posibilidad de lanzamiento. Detengan esta locura ahora que estamos a tiempo.
Programa de «Menos Lobos»: #RuymánLibertad
Fuente: Menos Lobos
Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos de mayo de 2021, el programa nº 42. Este mes, repasaremos, como siempre, las últimas noticias sobre represión. Después, en el monográfico entrevistamos a Ruymán, miembro de la Federación Anarquista y del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Ruymán nos hablará del trabajo que están llevando a cabo en el Sindicato, y de la represión que ha sufrido por ello: fue detenido y torturado por la Guardia Civil en 2015, y después acusado de atentado contra la autoridad. Como consecuencia, se enfrenta a un juicio el próximo mes de junio. Finalmente, en la sección de preguntas y respuestas, repasamos cuáles son nuestros derechos en comisaría en caso de ser detenidas. ¡Esperamos que os interese!
Aumenta el número de desahucios en el Estado
El 73% de los desahucios se debe al impago de alquiler
Noticia de Isaías Santana / Javier Almeida para RTVC (14/2/21)
El Gobierno Central aprobó un decreto para cancelar los desahucios durante el Estado de Alarma, pero continúan produciéndose. De hecho, en los últimos meses han aumentado de forma considerable, principalmente los relacionados con el impago del alquiler. Así lo denuncian varios colectivos sociales en Canarias.
El 73% de los desahucios en nuestro país son por impago de alquiler. Solo en el tercer trimestre del pasado año en Canarias se ejecutaron 305.
Datos que habría que sumarle afirman desde el Sindicato Inquilinas los desahucios invisibles, aquellos en los que los inquilinos son echados por el propietario con amenazas y coacciones sin presentar demanda y que por lo tanto no se pueden contabilizar.
El pasado mes de abril Inqulinas junto a otros colectivos iniciaron una huelga de alquileres en todo el Estado en la que atendieron a más de mil familias en los primeros meses.
Nuestra guía legal para la huelga de alquileres
Desde el 23 de marzo (2020) llevamos asesorando a personas interesadas en nuestra convocatoria de Huelga de Alquileres. Entre la FAGC y el SIGC ya superamos más de 600 asesorías, muchas veces desde otros puntos del Estado, que afectan a una media de 1.800 personas. La Comisión Jurídica del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, en un esfuerzo descomunal y sin precedentes, ha ido compilando las dudas más frecuentes, la principal jurisprudencia al respecto, toda la información actualizada del último RD 11/2020, y ha elaborado un potente dossier que trata de servir de guía para que las huelguistas, y en general cualquier inquilina, pueda estar informada sobre las consecuencias legales de la huelga y en general sobre sus derechos como arrendataria. En unos días compartiremos este mismo documento en formato de fichas individualizadas, divididas por colores según temática, para facilitar su divulgación.
«¿Huelga de Alquileres?» un libro urgente de Segadores y Bauma
Las compañeras de Editoral Segadores y Col·lectiu Bauma publican y comparten gratuitamente ¿Huelga de Alquileres? (2020), una obra urgente, inmedianta, que en un tiempo de crisis, vértigo y dudas, nos demuestra que una herramienta como la Huelga de Alquileres nos sirvió antes tanto como nos servirá ahora, porque las concidiones son igual de apremiantes: necesidad, supervivencia y descrédito total del Sistema.
Leer y descargar aquí: Huelga de Alquileres.
«Precaristas: Crónica de la lucha por la vivienda en Gran Canaria»
Inèrcia Docs / 2018
Un documental sobre la lucha de la Federación Anarquista y el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria . Una de las experiencias pioneras del estado. El primero de los muchos sindicatos autoorganizados que nacen desde abajo, en barrios y pueblos de todo el estado, desde la lucha por el acceso a la vivenda, parando deshaucios, con okupaciones masivas, realojos de famílias o bien en fincas adquiridas a través de cesiones semiinformales con la propiedad (de aquí el término precarista). Pero siempre defendidas con la acción sindical de barrio.
Experimentos de vivienda de matriz anarquista que han dado respuesta al escaso papel de las administraciones insulares, intentando aglutinar y expandir un movimiento popular a través de la cobertura de necesidades básicas.
Con un lenguaje audiovisual híbrido, entre el género periodístico, documental y experimental, el relato central se construye a través de un acercamiento íntimo a las famílias y se complementa con voces de diferentes actores políticos, empresariales, académicos y juristas de la isla. En la narrativa también hay espacio para una incursión en la dimensión turística de Gran Canaria (34% del PIB), explorando el impacto y la relación que tiene en la vivienda este monocultivo económico.
Un documental autogestionado que ha contado con la colaboración de colectivos de la comunicación como La Directa o Bauma y con una banda sonora a cargo de artistas como Silvia Tomas Trio, el grupo de rap Resiliencia y los djs Mash Masters.
Más de cuatro años malviviendo en un estadio de fútbol
Loly fue desahuciada en septiembre de 2015. Sin ingresos suficientes para alquilar una vivienda (hoy por hoy sólo percibe la PCI), se instaló con su hijo adulto, también desempleado, en las destartaladas instalaciones del Estadio Municipal Pedro Miranda de Jinámar (Telde, Gran Canaria). Con apenas un lavamanos donde poder asearse, vive en un estado de semi-indigencia desde hace ya cinco años.
En este casi un lustro de sufrimiento y condiciones infrahumanas, Loly no ha parado de moverse sin resultado alguno. Sin recursos económicos suficientes ni regulares, no ha podido encontrar empleo (tampoco su hijo) ni por supuesto un alquiler a precio de mercado (en Telde el precio del alquiler ha subido el año pasado un 8’4% y en Las Palmas la media no baja de los 10 € por m², fijándose la media del alquiler en las islas en unos inasumibles 908 €). Ha visitado las distintas concejalías y alcaldías que se han sucedido sin que ni una sola de ellas, ni las antiguas ni las recién constituidas, le haya ofrecido ningún tipo de solución ni alternativa (no olvidemos que el estadio donde malvive Loly es de titularidad municipal). La han mareado de un despacho a otro, de un funcionario al siguiente, sin pretender jamás intervenir en un grave problema, que vincula infravivienda y sin-hogarismo, presente en un municipio que se ufana por ser el segundo más poblado de la isla de Gran Canaria.
A Loly, como a varias más de nuestras afiliadas, se le recuerda, desde los servicios sociales municipales, que sin hijos menores a cargo es casi imposible que reciba ningún tipo de ayuda alojativa. Éste es el discurso irresponsable de las instituciones que obliga a las capas más empobrecidas y vulnerables de la sociedad a “cargarse de chiquillos” si quieren tener alguna expectativa de que la ficción del “Estado del bienestar” no las ignore completamente. Detrás del fenómeno de las “niñas madres” y la alta natalidad de nuestros barrios más pobres no se encuentra sólo una cuestión cultural; hay una cuestión económica, de clase, que implica parir para sobrevivir.
Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria denunciamos públicamente la situación de Loly y exigimos a las instituciones una respuesta inmediata y acorde a los recursos que la sociedad ha puesto en sus manos y que realmente nos pertenecen a todas. Queremos una vivienda digna para Loly y su hijo, que se ponga fin a una situación inasumible y no queremos esperar otros cinco años para obtener una respuesta. La dignidad no es una mercancía que pueda ponerse de rebajas pasado el período electoral. ¡Viviendas dignas YA!
Desahucios aplazados
El desahucio de Rita y su hija se ejecuta el 27 y aún no tienen casa
El juzgado le notificó a la teldense el lanzamiento de su domicilio y el Gobierno todavía no le ha ofrecido, como prometió, un hogar para ella y su pequeña, que sufre un 67% de discapacidad.
Situación límite para Rita María Pérez. «Se supone que lo iban a parar, que no nos íbamos a quedar en la calle», exclama con desesperación esta madre que lleva más de dos años y medio luchando por un hogar para ella y su familia. Pero ayer recibió la peor noticia posible, la notificación de los juzgados de su desahucio para el próximo día 27. Sabía que este momento se produciría, puesto que ya le había llegado un requerimiento para que abandonase el pasado verano esta vivienda de promoción pública que okupa en Las Huesas desde noviembre de 2015. Sin embargo, pensaba que antes el Gobierno de Canarias cumpliría su promesa de buscarle a ella y a su hija una vivienda alternativa. «Tanto el Ayuntamiento como el Instituto Canario de la Vivienda conocen mi situación y aseguraron que no nos quedaríamos en la calle», insiste Rita María. «Encima ahora le han diagnosticado una discapacidad de un 67%, se junta todo», se lamenta esta mujer. Se refiere a su hija, que no progresa al mismo ritmo que los niños de su edad. Todavía no habla, ni tampoco es capaz de comer o vestirse sola a pesar de que va a cumplir los tres años.
La primera sentencia en contra le llegó en junio de 2018, mientras que la segunda, de la Audiencia Provincial, y ya firme, es de primeros de abril de 2019. Aún así, las instituciones le aseguraron soluciones a través del programa Canarias + Viviendas x Familias, puntualizando, eso sí, que este protocolo solo se podría activar cuando haya una fecha concreta de lanzamiento. La cuestión es que, a pesar de que se ha fijado ya el plazo, Pérez aún no cuenta con ninguna alternativa y ahora vive con el miedo de que el día 27 la policía la echen a ella y a su hija a la fuerza y no tener a donde ir. Porque Rita no cuenta con más ingresos que los 120 euros mensuales que recibe de manutención por su niña pequeña. No cuenta con paro y sobrevive a base de las ayudas sociales, y eso que el mayor de sus hijos ya se ha independizado y se vale por sí mismo. Aún así su situación continúa siendo desesperada y a no ser que le busquen una casa donde estar junto a su hija, esta teldense se ve en la calle sin recurso alguno.
Retirar la adjudicación
El Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria apoya la causa de Rita Pérez e insta al Gobierno de Canarias a que paralice el desalojo y retire la adjudicación de la vivienda a la denunciante del caso, dado que, según Rita, llevaba años sin ocuparla. «Cuando entré en la casa me encontré con un estercolero», asegura.
El Ayuntamiento intentó sin éxito un aplazamiento en julio
Ya en julio, el juzgado de instrucción número 1 de Telde rechazó la petición que le cursó el Ayuntamiento para que suspendiese el requerimiento que le hizo a Rita para que dejase la vivienda. El oficio le remitió al área de Vivienda que mantenía la orden a Rita de tener que abandonar, antes del 1 de agosto, el inmueble en el que vive. El Consistorio, como ya se había procedido en otros casos, intentó mediar con la autoridad judicial para, sin pretender alterar en modo alguno el sentido de la resolución, sí al menos buscarle una alternativa habitacional a esta familia. Otras veces, de hecho, el juzgado accedió al aplazamiento, pero en aquella ocasión la justicia se mostró firme. En el oficio que le remitió a la Administración el pasado 5 de julio de 2019 le advirtió de que esta ejecutoria parte de una sentencia ya firme dictada en mayo de 2019, aclarando que el requerimiento que le hizo el 1 de julio pasado a Rita para que dejara la vivienda en el plazo de un mes seguía vigente. Ese ultimátum expiró el 1 de agosto, y como no dejó la casa de forma voluntaria, se ha fijado para el 27 de febrero a las 10.00 horas el lanzamiento. Además, en dicha diligencia de ordenación se advierte la citación de la Policía Nacional para que acompañe a la Comisión Judicial y a la parte denunciante a proceder al desalojo.