La SAREB podría dejar en la calle a una familia con un bebé de 4 meses

Magdalena y Francisco conviven con sus dos hijos menores (16 y 8 años cada uno) y su hijo adulto, la pareja de éste y su bebé de 4 meses, en la vivienda de la que son inquilinos desde hace 8 años (ubicada en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife). La empresa arrendadora quebró, y después de varios litigios se reconoció en 2017 el justo título que como arrendatarios poseían Magdalena y Francisco; de hecho su contrato de arrendamiento aún sigue en vigor. Sin embargo, los activos de dicha inmobiliaria pasaron a la SAREB (el conocido como «banco malo», entidad con un 45% de capital público) y es ahí cuando la familia, con tres menores, se enfrenta a una inminente amenaza de desahucio.

En octubre de 2019 les llegó un «exhorto» judicial a nombre de la inmobiliaria. La familia no se preocupó porque no estaba a su nombre y no sabían de qué se trataba. Es hace apenas unos días cuando les han confirmado en juzgados que ese «exhorto» puede significar que dentro de unas horas, este mismo viernes, la policía vaya a expulsarlos violentamente de su vivienda.

Frente a ello, han comparecido en juzgados para explicar el error que hay en la notificación y nuestro propio Sindicato les ha elaborado un recurso con toda la jurisprudencia necesaria para que el lanzamiento no se produzca. Sin embargo, en juzgados les siguen confirmando que este viernes irán a echarlos de su domicilio.

Desde las instituciones no han hecho más que marearles, sin ofrecerles ningún tipo de alternativa. Es por todo esto que desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria damos la voz de alarma a los medios de comunicación y a la sociedad canaria para que se hagan eco de la tragedia que puede producirse en menos de 24 horas.

Magdalena y Francisco apenas disponen actualmente de unos ingresos de 322 euros para mantener a su familia. Sólo piden que se respeten sus derechos adquiridos como inquilinos y que puedan conservar su actual vivienda en régimen de alquiler social. Sin otra alternativa habitacional ni alojativa, no vamos a permitir que una familia con 3 menores (repetimos, uno de ellos de sólo 4 meses) acabe pernoctando en la calle. Exigimos a todas las administraciones una resolución inmediata, a la SAREB que detenga este sinsentido y a toda la población de Tenerife y Canarias que se movilice para impedir este desalojo. Una sociedad en la que un bebé puede ser arrojado a la calle no merece ser considerada como tal.

SIGC

Federacion Anarquista de Gran Canaria: Anarquismo de barrio y apoyo mutuo

Fuente: TODO POR HACER

La Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC) nace al calor de las movilizaciones del 15M de mayo de 2011. Tras décadas de prácticamente nula actividad de los movimientos sociales en Canarias diversos grupos desconectados coinciden en las plazas. En un primer momento La Federación se centra en actividades muy ideologizadas y que entrarían dentro del cliché del/la anarquista: acción directa en manifestaciones, antifascismo en las calles, confrontación con las grandes burocracias sindicales, etc. A pesar de considerar estas acciones necesarias, tras un proceso reflexivo llegan a la conclusión de que su propuesta práctica se encuentra alejada de la realidad social de su entorno, ofrecen soluciones para problemas que la gente no tiene y por el contrario no tienen nada que aportar ante los problemas diarios de sus vecinos/as.

A partir de ese momento deciden reorientar sus activismo hacia las personas más afectadas por las políticas capitalistas de la sociedad. Hay que tener en cuenta que, más allá de la imagen idealizada de sol y playas que se vende fuera para fomentar el turismo, las Islas Canarias cuentan con un 40% de población en riesgo de exclusión social, un 67% de población manifiesta que es incapaz de llegar a fin de mes, la tasa de paro se encuentra en el 21% frente al 13% nacional, se practican una media de 600 desahucios trimestrales, el precio de los alquileres es de los más altos del Estado sin embargo los salarios son de los más bajos.

El acercamiento que tiene la FAGC a esta realidad trata de ser lo más práctico posible, huyendo de dogmatismo y aceptando las contradicciones que supone aspirar a un mundo sin Estado ni Capital pero hacerlo en las condiciones que estos imponen. En un primer término se centran en la problemática de la vivienda, atienden mayoritariamente casos de alquiler y okupación. Cosechan ciertos éxitos en la paralización de desahucios, utilizando la solidaridad instintiva que existe en los barrios como herramienta política, haciendo realidad el «hoy por ti, mañana por mi» y siendo los/as propios/as afectados/as quienes paralizarán desahucios cuando sea otra persona la afectada. Al mismo tiempo, en los casos en los que los desahucios no pudieran ser paralizados se buscaban alternativas habitacionales mediante la okupación. Para dar cobertura organizativa a este movimiento sin que los/as implicados/as tengan que asumir la etiqueta «anarquista», aunque sus prácticas coincidan plenamente, se forma el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria.

Metidos/as en esta dinámica es cuando a principios de 2013 surge la oportunidad de dar un salto cualitativo y formar La Comunidad Esperanza.

Comienza La Esperanza

La Comunidad La Esperanza es la okupación más grande del Estado español, se trata de cuatro bloques situados en el municipio de Santa María de Guía, 76 viviendas en total dedicadas a realojar a personas que vienen principalmente de desahucios, actualmente se encuentran más de 210 personas viviendo allí. La propiedad se encuentra en régimen comunitario, esto implica que tanto los trabajos de mantenimiento como la resolución de los conflictos se gestionan entre los/as vecinos/as y que cuando familia deja una vivienda esta vuelve a la comunidad que se la cederá a otra familia que la necesite.

El éxito a base de trabajo y sacrificio de La comunidad La Esperanza fue respondido por la Guardia Civil con una campaña de hostigamiento Clic para tuitear

El éxito a base de trabajo y sacrificio de La comunidad La Esperanza fue respondido por la Guardia Civil con una campaña de hostigamiento, identificaciones y detenciones a sus habitantes, no era raro que los/as vecinos/as tuvieran que aguantar grabaciones por parte de agentes desde edificios cercanos. Ante esta situación los/as vecinos/as comienzan una campaña mediática bastante exitosa explicando la realidad de la comunidad y recabando apoyos y solidaridad con lo que la presión por parte de las fuerzas del orden se rebajó.

El Estado responde con represión

Es en este contexto en el que se produce en abril de 2015 la detención de uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas, Ruymán Rodríguez, basada en una denuncia por allanamiento que ya había sido retirada. En el cuartelillo el detenido es insultado vejado y golpeado como se recoge en el parte de lesiones realizado en el Hospital Dr. Negrín y en la causa por torturas que sigue abierta contra los guardias civiles. Por su parte la guardia civil acusa a Ruyman de «atentado a la autoridad» por una supuesta patada propinada por este en el momento de la detención. El pasado mes de diciembre el periódico local Canarias7 se hacía eco de los hechos de forma sesgada, reproduciendo solamente la versión de la Guardia Civil, sin contrastar las acusaciones e inventando otras que nunca existieron como la de coacciones.

Desde el Sindicato de Inquilinas afirman que tanto la detención como la campaña mediática suponen un ataque no solo a Ruymán sino a toda la Comunidad La Esperanza y a todas las personas que luchan para que no haya familias que duerman en la calle. «En primer lugar, desmentir una mentira es una buena forma de difundirla. En segundo lugar, enredarse en eso es una manera eficaz de empantanar el trabajo colectivo y desviarlo de otros objetivos» dicen desde la FAGC. Aun así son optimistas y confían en que el trabajo realizado haya tejido redes de solidaridad capaces de protegerles de la represión.

Estafada y desahuciada

María Cruz y su hija de 11 años se enfrentan a un desahucio forzoso el próximo día 10 de enero (2020) en Jinámar (en el municipio de Telde, Gran Canaria) a manos de la promotora inmobiliaria COIDIUR.

María Cruz vive una situación desesperada. Hace aproximadamente 3 años distintos empleados y responsables de la empresa COIDIUR, de la que María Cruz era inquilina, le comunican que la empresa va a ser embargada (efectivamente está en concurso de acreedores y en breve sus activos pasarán a la SAREB) y que es innecesario que siga pagando. Ella contacta con un “abogado” (hoy sabemos que no lo era) que también le recomienda dejar de pagar el alquiler y esperar a que contacte con ella la nueva propiedad. Nada le dijo éste de la posibilidad de consignar los pagos en juzgados ni de la deuda que podría ir acumulando. Cuando COIDIUR denuncia a María Cruz por impago, su “abogado” le asegura que no hay posibilidad de que la desahucien, la informa falsamente de que las vistas y juicios se han aplazado y la deja en una situación de absoluta indefensión. Cuando María Cruz recibe la primera notificación de lanzamiento (para septiembre de 2019) ya no puede interponer recurso alguno. María Cruz, y otra inquilina afectada por el mismo “abogado” y circunstancias, lo denunciaron inmediatamente por un delito de estafa (550 euros le entregó María Cruz y 1300 su vecina). Actualmente la denuncia está provisionalmente archivada, mientras se siguen recabando pruebas.

Es entonces cuando María Cruz se pone en contacto con el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Redactamos un escrito al juzgado exponiendo la situación de nuestra afiliada y el juzgado, siguiendo el protocolo que deberían seguir todos los juzgados de la isla, concede un aplazamiento a María Cruz, le otorga la posibilidad de solicitar abogado de oficio y pone el caso en conocimiento de la administración pública.

Sin embargo, en estos meses las instituciones no le han dado ninguna solución digna a María Cruz, COIDIUR se niega a llegar a ningún acuerdo y se ha fijado fecha definitiva de lanzamiento para el próximo 10 de enero de 2020. Lo único que nos queda desde el SIGC es recurrir a los medios de comunicación para denunciar este desahucio inminente. María Cruz no tiene ingresos regulares (mantiene a su familia monoparental con trabajos esporádicos como limpiadora y con la manutención de su hija), ni red familiar, ni alternativa habitacional alguna. Si no hacemos algo en menos de 20 días se verá en la calle. No lo permitiremos, aunque tengamos que recurrir a un piquete antidesahucios para evitarlo.

SIGC