¡Urgente! ¡Desahucio!

¡Nereida, Natalia y sus tres hijos menores pueden quedarse en la calle en dos días!

Nereida y Natalia son dos hermanas que viven con sus tres hijos menores en el barrio capitalino de la Vega de San José. Hasta ahora han sobrevivido con trabajos esporádicos que les aportaban ingresos irregulares y magros: el mes que viene Nereida empezará a cobrar 215 euros de subsidio de desempleo. A pesar de los muchos años que llevan inscritas como demandantes de vivienda pública, nunca han accedido a una vivienda digna.

Hace más de medio año contactaron por redes sociales con un sujeto que decía ofrecer “alquileres económicos” y creyeron que, al fin, su situación cambiaría. La vivienda, sin mobiliario y tremendamente deteriorada, se convirtió en la única opción de esta familia desesperada. Pagaron 150 euros de “entrada” a esta persona y quedaron con ella al siguiente día para formalizar el contrato de arrendamiento. Sin embargo, el individuo no acudió a la cita y al poco tiempo desapareció su perfil en redes. Nos encontramos ante otro de los efectos de la precarización y la especulación inmobiliaria: la estafa a las familias más empobrecidas.

Con mucho esfuerzo y poco dinero han arreglado la vivienda y pagado religiosamente las facturas de agua y luz, además de la comunidad, que llevaba muchos años sin pagarse y que acumulaba unos 4000 euros de impago. A pesar de ello, el pasado jueves 21 se personó en su vivienda una comisión judicial, escoltada por distintos cuerpos policiales, que usando formas intimidatorias les ordenó abandonar la vivienda.

Sin embargo, el desahucio que se ejecutaba no era el de Nereida y Natalia, sino el de una inquilina anterior que, según los vecinos, llevaba años sin habitar el inmueble. Ante ello, y de forma completamente irregular, la comisión se saltó los trámites acostumbrados para que se produjese una vista oral y se estudiase la situación de las hermanas y sus hijos. En lugar de ello, se les dio una semana de plazo, concedida por quien se ha identificado como nuevo propietario, para abandonar el inmueble.

Natalia y Nereida no tienen red familiar ni otra vivienda en la que cobijarse. Desahuciarlas de su actual domicilio supondría condenarlas, a ellas y a sus hijos, a la indigencia y la separación.

Por eso reclamamos, junto con ellas, que se adopte alguna de estas soluciones:

-Solicitamos al propietario de la vivienda que detenga el inminente desalojo y se avenga a conceder a estas familias un alquiler asequible, que podrán sufragar con las ayudas institucionales que ya están tramitando y con la colaboración del propio Sindicato de Inquilinas, hasta que su situación económica mejore. No hay que olvidar que Natalia y Nereida han reformado apreciablemente un inmueble que durante mucho tiempo fue pasto del abandono.

-De no ser posible, exigimos al Ayuntamiento de Las Palmas y al Gobierno de Canarias que dejen de hacer dejación de sus funciones y tomen medidas de choque para atajar la terrible situación habitacional que sufre la población canaria y que se ejemplifica en casos tan trágicos como éste. Necesitamos una solución de emergencia y no nos valen discursos ni buenas palabras.

Actualmente estamos a expensas de que los juzgados respondan al recurso presentado por nuestra abogada para aplazar el desahucio. De producirse esta tregua seguiremos exigiendo una solución real y a largo plazo. El desahucio, dentro de tan solo 2 días, no es una opción.

Por último hacemos un llamamiento a la prensa para que dé a conocer tan sangrante caso y denuncie la precarización salvaje de la vivienda en nuestras islas y la brutal realidad de unos desalojos que no paran de aumentar, también en esos municipios ficticiamente “libres de desahucios”. Lanzamos un dato a la cara de las instituciones: sólo en estos últimos 7 días el Sindicato de Inquilinas ha gestionado, asesorado o paralizado 158 casos de desahucio. 158 vidas en riesgo de romperse.

SIGC

Denunciamos el desahucio de Virginia y sus tres niñas

Virginia y sus tres hijas menores llegaron a Lanzarote huyendo de la violencia de género. Con un miserable subsidio de 430 euros, sin ningún tipo de ayuda ni cobertura por parte de las instituciones, a pesar de ser una víctima reconocida de violencia machista, se ve sin ninguna alternativa de vivienda. Desesperada, contacta con los vecinos de un edificio okupado que le permiten entrar en una vivienda abandonada del antiguo Banco Popular, actual Banco Santander. Como siempre pasa, en cuanto la entidad bancaria detecta que los pisos que tenía olvidados y deshabitados vuelven a cobrar vida, denuncia a los ocupantes. Intentan condenar a Virginia por vía penal, pero al no conseguirlo (el Provincial de Las Palmas da la razón a Virginia en su recurso) inician la vía del desahucio civil. Es destacable que lo hayan hecho después de estar meses engañando a Virginia asegurándole que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo de alquiler social y que el lanzamiento no se produciría. Sin ningún tipo de escrúpulos, rompen su palabra y pasan la gestión del inmueble a su inmobiliaria: Limara S.L.U., que es la que asume el nuevo papel de denunciante. Virginia ya tiene fecha firme de desahucio para este 17 de mayo. Si no lo evitamos entre todos y todas, ella y sus tres hijas se quedaran en la calle sin más techo que la intemperie.

Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Gran Canaria exigimos a la Inmobiliaria Limara y al Banco Santander, uno de los pocos bancos que durante los años de plomo de la crisis no obtuvo perdidas sino enormes beneficios y una gran cantidad de bienes inmobiliarios, que desistan inmediatamente en sus intenciones de echar a una madre y tres niñas a la calle. Que cumplan su compromiso de llegar a un acuerdo con Virginia y dejen de especular con la vida de la gente.

Exigimos a las instituciones públicas de Lanzarote y del Gobierno de Canarias que dejen de una maldita vez de inhibirse de una realidad sangrante que adquiere los tintes de verdadera tragedia humana. No puede ser que las víctimas de violencia de género carezcan de la asistencia administrativa más elemental, que se les intente separar de sus hijas en los momentos en los que más necesitan estar unidas porque las instituciones sean incapaces de encontrar soluciones que no pasen por romper la unidad familiar. No es posible que se despilfarren recursos en cosas superfluos cuando familias sin recursos, casi siempre con niños a cargo, no disponen ni de las mínimas condiciones para una vida digna. No es admisible que las instituciones, y los partidos que las controlan, se limiten a sus cálculos electorales e ignoren la alarmante situación de nuestras vecinas más pobres hasta que se derrama sangre y un suicidio vuelve a poner el tema de la vivienda en la agenda política.

Pedimos a los medios de comunicación que den toda la cobertura posible a esta tragedia y que no permitan que la voz de casi la mitad de la población canaria (el 40% ya nos encontramos oficialmente en riesgo de pobreza y exclusión social) sea silenciada, ahogada por los procesos de gentrificación, el alquiler vacacional, los intereses de fondos buitres y de bancos a los que rescatamos para que ahora nos pongan la soga al cuello.

Basta ya de terrorismo bancario e inmobiliario. No vamos a permitir que sigan amasando dinero con la vida de nuestras vecinas, con el futuro de nuestros hijos, con la dignidad de nuestro pueblo. ¡Basta!

SIGC

Desahucio de 6 familias en San Miguel de Abona

Desde hace aproximadamente 4 años varias familias entraron a vivir en unos dúplex abandonados en San Miguel de Abona (Tenerife). Contactaron con un supuesto promotor que les pedía 100 euros a cambio de acceder a ellos. Las casas, destrozadas, sin ventanas ni puertas en muchos casos, no valían ni siquiera eso. El pago se produjo y desde entonces el promotor desapareció. Las familias han seguido viviendo ahí desde aquel momento, arreglando los destartalados inmuebles como han podido y convirtiéndolos en sus hogares. Hablamos de 14 personas (8 adultos y 6 menores). Nadie se había acordado de ellos hasta hace pocos días.

El 13 de febrero el juzgado de Granadilla de Abona les comunica que tienen 10 días para comparecer en dichos juzgados y justificar con qué título habitan las viviendas. Es el paso previo al desahucio. Las viviendas son actualmente propiedad de la SAREB (Sociedad Gestora de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), también conocida como “el banco malo”. La SAREB es una de las entidades financieras que más desahucia en el Estado español, negándose casi por sistema a conceder alquileres sociales pues su principal objetivo es vender todos los activos adquiridos antes de su autodisolución. La negativa a negociar y a conceder alquileres sociales, como alternativa al desahucio, sobre todo en los casos en los que hay menores por medio, es especialmente sangrante cuando hay acuerdos con el Gobierno de Canarias sobre cesión de viviendas para situaciones de emergencia.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y la Federación Anarquista de Gran Canaria vamos a intentar ayudar a estas familias para impedir este dramático desenlace:

  • Ya hemos ofrecido a los afectados asesoría legal para que puedan presentar escritos que justifiquen su actual situación e impidan el lanzamiento judicial.

  • Contactaremos con los medios de comunicación para que se hagan eco de esta noticia y nos ayuden a impedir con su influencia que 14 personas (6 de ellas niños) se vean en la calle sin ningún tipo de alternativa habitacional.

  • Hacemos un llamamiento a los colectivos sociales de nuestra isla hermana para que den el apoyo presencial y el acompañamiento personal que a nosotras se nos hace difícil ofrecer desde aquí.

  • Hacemos un llamamiento a la opinión pública, a las vecinas de nuestros barrios y pueblos, para que apoyen a estas familias e impidan que el desahucio se produzca.

  • Instamos a las administraciones públicas, principalmente al Ayuntamiento de San Miguel de Abona y al Gobierno de Canarias para que, tal y como ya ha ocurrido en el caso de la Comunidad “La Ilusión” (Telde, Gran Canaria), empiecen las negociaciones con la SAREB y la conminen a paralizar el desahucio. Es su responsabilidad que una entidad con un 45% de capital público deje de expulsar a familias de sus casas.

Con 1.100 desahucios en Canarias el pasado trimestre; con la mayor subida de los precios del alquiler del Estado y los segundos salarios más bajos; con un precio medio del alquiler de 749 euros y un riesgo de pobreza del 40,2%; es necesario dar una respuesta colectiva y organizada a la verdadera emergencia habitacional que sufrimos en Canarias. No hablamos ya de una lucha política o económica; es una lucha por la supervivencia.

SIGC y FAGC

Desahucio inminente en Playa Blanca (Lanzarote)

Hoy, miércoles día 6 de febrero, nos hemos enterado por los redactores de “Buenas Tardes Canarias” (Televisión Canaria) de que el próximo viernes día 8 se producirá el desahucio de una familia con 2 niñas menores de 10 y 3 años.

Andrés y Joanna, con sus dos hijas menores, accedieron a un alquiler en Playa Blanca (municipio de Yaiza, Lanzarote) en septiembre de 2018. El supuesto propietario les entregó las llaves de la vivienda, junto al contrato de alquiler, los datos de la póliza para pagar agua y luz y se cobró la primera mensualidad por adelantado. A las 2 semanas se presentó una comisión judicial en el edificio, acompañando al verdadero propietario, para desahuciar a los anteriores inquilinos. Ahí Andrés y Joanna empezaron a darse cuenta de que habían sido objeto de una estafa.

En diciembre comparecen en juzgados para una vista oral. Lo hacen sin abogado de oficio. Hace un mes les llega la notificación de que el 8 de febrero serán objeto de un desahucio. En todo este tiempo, nuevamente, como lamentablemente en tantos casos, mal asesorados por otros colectivos, no recurren la sentencia ni presentan ninguna batalla legal. Se han dedicado a buscar alquileres, de forma desesperada, encontrado únicamente ofertas inasumibles como 1.000 euros mensuales con 4 meses de fianza.

El Ayuntamiento de Yaiza se inhibe de este caso, a pesar de que la existencia de dos menores afectadas le obliga a ello, porque alega que al no llevar la familia más de un año empadronada no es competencia de ellos ayudarles…

El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, ante el poco tiempo y la circunstancia excepcional de que la familia se encuentra en otra isla distinta a aquella en la que éste desarrolla su actividad, ha diseñado contrarreloj la siguiente batería de medidas.

1º Nuestra abogada, Isabel Saavedra, ha redactado un escrito de urgencia para que la familia lo presente mañana a primera hora en juzgados e intente detener así su desahucio. También les hemos recomendado que intenten, aunque estén fuera de plazo, solicitar en el colegio de abogados letrado y procurador de oficio, a fin de intentar aplazar el lanzamiento mientras se lo conceden.

2º Con ayuda de la Federación Anarquista de Gran Canaria, vamos a intentar contactar con todos los medios posibles y ver si la dramática situación de esta familia con dos niñas llega a oídos de las instituciones y se deciden de una vez a intervenir.

3º Varios afiliados de nuestro Sindicato están contactando con conocidos en la isla vecina para ver si se puede encontrar una alternativa habitacional en forma de un alquiler asequible.

Esto es lo que vamos a hacer nosotras, y es lamentable que las instituciones, con todos los recursos capitalizados en sus manos, se nieguen a intervenir.

Demandamos desde aquí que el Ayuntamiento de Yaiza, el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias busquen una solución, aunque sea temporal, a esta terrible situación. Andrés hace chapuzas y Joanna es limpiadora. Ambos están esperando firmar un contrato de trabajo dentro de dos semanas. Como dice el propio Andrés: “Lo único que necesitamos es tiempo”. Tiempo para tener una nómina que les permita acceder a un alquiler y no verse durante las próximas semanas en la calle con sus dos hijas pequeñas.

Solución provisional al desahucio de una madre con su niño de cinco años

María del Pino Santana y su hijo Moisés han sido instalados en un hotel tras ser desahuciados de su vivienda de alquiler en Casablanca I

Fuente: La Provincia
Ampara R. Montero

Ha sido un día largo y duro, pero aún así María del Pino Santana se muestra calmada. Nada que ver con el pequeño Moisés que no para quieto en la silla. Tiene cinco años y su mirada todavía puede sorprenderse con algo tan simple como ver a alguien escribir. «Yo también sé hacer la o», asegura. Un boli Bic y un trozo de hoja en una libreta bastan para que muestre sus dotes gráficas y, de paso, sacarle una sonrisa de satisfacción ante la perfección de su letra a la que no le falta ni el rabillo. En su mundo infantil todo parece estar en orden, si bien no se le escapa que algo ha cambiado. «Hoy [por ayer] voy a estar tranquilito», promete mientras se agarra a la mano de su mamá y juntos se dirigen hacia la zona del hotel donde van a vivir por ahora después de que ayer tuvieran que dejar la que había sido su hogar en Casablanca I por una orden judicial de desahucio.

Apenas han pasado unas horas desde que madre e hijo se instalaran el un enclave hotelero de la capital, después de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tomase medidas ante el caso de Santana. No obstante, el calvario de esta mujer de 38 años tiene ya recorrido. La falta de apoyo familiar, el maltrato por parte del padre de su pequeño y una agresión sexual de otra persona han marcado el último lustro de María del Pino que no oculta que a veces le faltan las ganas de seguir. «Es muy difícil levantarte cuando te sientes tan mal como mujer, pero lo tengo que hacer por él», comenta mientras mira a Moisés que sigue entretenido con la caligrafía.

Precisamente el niño ha sido la fuerza que ha impulsado la batalla de Santana por no quedarse en la calle, a pesar de no poder hacer frente al alquiler. «¿Cómo lo hacía?», se justifica. Y es que en un principio compartía la vivienda de Casablanca I con otro inquilino que al poco tiempo decidió marcharse dejándola a ella con toda la responsabilidad del pago del arrendamiento. «Yo cobraba una ayuda de 426 euros y tenía que pagar 400 de alquiler. Si lo hacía no podía dar de comer a mi hijo».

Todo esto ocurrió en marzo del año pasado y en junio se le acababa la prestación. «Fui a los servicios sociales, donde me habían ayudado en otra ocasión, pero me dijeron que tenía que buscarme yo un piso y que luego ellos me pagan el alquiler», recuerda. El problema es que al no tener un empleo nadie quiere arrendarle una casa. Y para más inri, hasta diciembre no ha podido recibir la Prestación Canaria de Inserción (PCI) de 540 euros con la que, además, el banco se ha cobrado el dinero que adeudaba por haber tenido que dejar la cuenta al descubierto. Así que los últimos meses han tenido que vivir a base de ayudas de alimentos y del apoyo de vecinos como Carla.

Lo más importante es que a Moisés no le ha faltado nunca un plato de comida aunque Santana tuviera que reducir su alimentación para ello. Pero aún así, sucedió lo inevitable: les llegó una orden desahucio por impago del alquiler que tenía la fecha fijada en el día de ayer. Lejos de tirar la toalla María del Pino Santana contactó con el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria que dio la voz de alarma la pasada semana, cuando apenas quedaban unos días para que madre e hijo se vieran en la calle. De momento, el Consistorio ha evitado esa situación con una habitación de hotel hasta que se encuentre una solución definitiva. «Yo espero que cumplan con su palabra», apunta la afectada sin cantar victoria. Mientras, Moisés garabatea feliz las vocales.

María encuentra techo provisional y el juez para el desahucio ‘sine die’

Fuente: Canarias 7
Javier Darriba

La vecina de Casablanca I, víctima de violencia de género y afectada por un lanzamiento, se mudó al hotel que le ofreció el Ayuntamiento. El Gobierno le busca casa. Su expulsión quedó congelada tras un recurso que puso sobre la mesa la necesidad de un informe de vulnerabilidad.

La joven que ayer se enfrentaba al desahucio por impago del alquiler junto a su hijo de cinco años se mudaba ayer a la habitación de hotel que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le buscó como solución provisional para evitar que se quedara en la calle cuando se enteró de que el juzgado suspendía provisionalmente su alzamiento.

Aunque no están claro aún los motivos por los que se suspende sine die el desahucio, ya que la notificación a la abogada de oficio se hizo de modo presencial y no hay constancia documental de la decisión, desde el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria y la Federación Anarquista de Gran Canaria creen que el fallo tiene su fundamento en el recurso de urgencia que presentó la abogada Isabel Saavedra el viernes a última hora.

Lo que se solicitaba en este escrito era que se aplicara el Real Decreto 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. «Esto exige, para los casos de desahucio que afectan a familias vulnerables, la elaboración de un informe de situación por parte de los servicios sociales municipales», explica Saavedra. «Si se confirma que la decisión del juez se basa en este recurso sería el primero de Canarias, probablemente», explica la letrada, quien señala la importancia del nuevo escenario, con la exigencia de informe de vulnerabilidad.

La noticia de la paralización del alzamiento sorprendió a María del Pino Santana en pleno proceso de mudanza. Desde primera hora, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le ofreció un coche para llevarla al hotel, un vehículo para trasladar sus enseres y un espacio en El Sebadal para depositarlos en caso de que lo necesitara, según explicó el concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega.

La decisión de paralizar el desahucio generó dudas sobre si María del Pino debía quedarse en la casa actual o mudarse al hotel ofrecido por el Consistorio, pero al final se decidió que aceptara la oferta municipal. «En la casa de alquiler no tenía agua desde hace meses», explicó el representante del Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria, Ruymán Rodríguez, «esperemos que ahora no retiren la posibilidad de que se acoja a otras ayudas sociales».

Además, Isabel Saavedra insistió en el carácter provisional que debe tener el alojamiento en el hotel porque carece de cocina. También tenía dudas sobre el régimen de comidas la propia afectada. «Se supone que tengo que ir a cafeterías porque al no haber cocina no cabe otra, aunque creo que mi vecina Carla me hará alguna comida de vez en cuando», explicó. Su vecina le ha ayudado a mantenerse estos dos últimos meses y le ofreció su casa para depositar todos sus enseres.

Ayudas económicas

El responsable del área municipal de Cohesión Social dijo que desconocía la decisión judicial pero mantuvo la oferta de ayudas económicas «para hacer frente a los pagos de la estancia y de las comidas». El concejal aclaró que se ha llegado a un acuerdo con un restaurante de la zona para que pueda alimentarse junto a su hijo. Además, María del Pino podrá acceder a prestaciones económicas de especial necesidad o a las de emergencia que dependen del Ayuntamiento capitalino. «La cuantía será lo suficiente para cubrir sus necesidades», expuso Ortega, quien recordó que, en todo caso, habrá que esperar al Gobierno de Canarias para obtener la solución definitiva. «Hemos instado al Gobierno canario a que asuma su responsabilidad y le ofrezca una alternativa habitacional», reseñó, «lo principal es que se le pueda ofrecer una vivienda».

Al respecto, la directora del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), Pino de León, aseguró que la Comunidad ya se ha puesto en contacto con María del Pino y con el Ayuntamiento «para atender su caso y darle solución». Aclara que Vivienda desconocía el caso de esta vecina de Casablanca I, por lo que no se ha podido aplicar el protocolo del programa Canarias +Viviendas x Familias que hace que el Gobierno de Canarias se dirija al propietario del piso (el arrendador) y al juzgado para pedirles que suspendan el desahucio hasta que se le pueda ofrecer una alternativa habitacional.

En este caso, lo que se va a hacer es ofrecerle una de las alrededor de 90 viviendas que conforman una bolsa de pisos en toda Canarias que ofrecen La Caixa y el banco malo en virtud de sendos convenios que el Icavi tiene firmados con las dos entidades bancarias.

Pino de León señaló que «cuando ponen a nuestra disposición estas viviendas, generalmente hace falta acometer pequeñas obras de rehabilitación porque no podemos ofrecerlas sin agua ni luz».

La directora del Icavi indicó que se va a agilizar la obra para que la casa sea puesta a disposición de María del Pino lo antes posible. Descartó que pueda acceder a una casa de Visocan (la empresa de viviendas sociales del Gobierno canario) porque solo ofrece pisos protegidos de promoción privada a precio tasado, lo que supone una renta mensual de entre 300 y 350 euros.

En cambio, la solución que se le va a prestar a la vecina de Casablanca I es una vivienda pública en la que no tendrá que pagar más del 12% de sus ingresos, lo que implica que su mensualidad no podrá exceder de 65 euros.

Críticas

La abogada Isabel Saavedra agradeció al Sindicato de Inquilinas y a la Federación Anarquista de Gran Canaria su denuncia del caso de María del Pino, pero lamentó que se están produciendo muchos otros sin que haya una respuesta institucional óptima. «En el último trimestre del año pasado los lanzamientos en Canarias crecieron un 13% respecto a 2017», explicó, «este caso concreto demuestra la falta de previsión de un Ayuntamiento que se dice del cambio y que actuó porque no podía permitirse un piquete antidesahucio en plena fase preelectoral».

Para el PP, el caso de María del Pino Santana es «un nuevo ejemplo del fraude social» ya que «nadie del tripartito de las personas tomó cartas en el asunto hasta que la denuncia fue recogida por los medios de comunicación», indicó la edil Carmen Guerra. «Ni oficina antidesahucio, ni bono social del agua, ni nada. Este gobierno que llega a su fin de caracteriza por ser un gobierno de cartón piedra, que utilizó las necesidades sociales de las personas para justificar la conformación de un pacto de perdedores», añadió.

Al margen del rifirrafe político, la afectada se mostró contenta «porque tengo un techo», aunque sabe que todavía hay que esperar por la decisión final.

Comunicado sobre el desahucio de María

María y su hijo de 5 años vivían con el pánico de enfrentarse al desahucio que les fue comunicado judicialmente para este lunes día 14 de enero de 2019. Contactó con nosotras el jueves por la tarde-noche, a menos de 4 días del desahucio. María había sido asesorada de forma muy deficiente hasta entonces: se le había asegurado que su desahucio no iba a producirse, que iba a ser realojada, que su caso ya lo conocían las instituciones, y toda una serie de falsas promesas. Finalmente, el mismo jueves se le dijo que se preparara “para lo peor”. Todo eso, sumado al terror de perder a su hijo (un miedo que nos ha costado mucho mitigar), hizo que cuando llamó a nuestro teléfono estuviera verdaderamente desesperada.

Tenemos que ser sinceras: el jueves por la noche creíamos que era imposible salvar la situación. Hemos hecho cosas complicadas antes, pero pocas veces con tan poco margen y con circunstancias tan adversas. Nos repusimos de la congoja y pusimos en marcha una maquinaria bien engrasada: nuestro protocolo antidesahucios.

La vía legal estaba agotada. Aún así la abogada Isabel Saavedra redactó un recurso de urgencia intentado ganar algo de tiempo, aunque ella misma sabía que no iba a ser posible. Rápidamente, ya de noche, contactamos con la prensa, tanto directamente como a través de nuestro listado de correos. Teníamos 3 días para llegar a la opinión pública y que ésta ejerciera la presión necesaria para forzar la actuación de los responsables políticos. Empezamos a meter caña también por redes sociales, intentando alcanzar el clímax necesario para que nuestras demandas fueran escuchadas. Finalmente, tanto de forma informal como oficial, contactamos con responsables políticos a través de periodistas y contactos comunes. Por si todo eso fallaba, decidimos mantener los preparativos de un posible piquete antidesahucios.

Finalmente, casi de madrugada, el concejal de Cohesión Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jacinto Ortega, llamó a María para comunicarle que el Ayuntamiento le ofrecía quedarse en un hostal hasta que se encontrara una solución definitiva a su situación. Lo tomamos con precaución hasta que fuera oficial, pero al menos ahora María y su hijo podían descansar tranquilos.

La noticia se confirmaría al día siguiente, primero en prensa y después a través de una nueva llamada a María: El Ayuntamiento buscará un alojamiento provisional a María del Pino y su niño.

Podría pensarse que estamos satisfechas con la actuación gubernamental, pero no es así. Para llegar a este punto se ha sometido a María a un sufrimiento innecesario. Durante el proceso la administración le dijo que se pusiera en contacto con los Servicios Sociales, desconociendo que ella ya estaba desde hace mucho tiempo siendo atendida por ellos. Se le pidió que buscase un alquiler, ignorando una realidad social tan palmaria como que a nadie con unos ingresos de 540 euros le ofertan alquiler alguno. Llegaron incluso a decirle que se fuera a Gánigo (un albergue para personas sin hogar) con su hijo de 5 años. Esta muestra de insensibilidad y falta de empatía no podemos, aunque lo intentáramos, olvidarla.

Muestra del mismo talante ha sido que Javier Doreste, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, comunicara a los medios la posibilidad de un hostal para María antes de decírselo a la propia afectada.

A partir de los hechos relatados, nuestras conclusiones son las siguientes:

1º. Aparentemente se ha encontrado una solución temporal para María. Lo valoramos de forma positiva pero sin triunfalismos y, sobre todo, con desconfianza. Vigilaremos que este compromiso, que por ahora concuerda con nuestras exigencia iniciales, sea respetado. Sin embargo, no es una solución; sólo es un parche. No queremos estar pendientes de que el Ayuntamiento pague el hostal antes de encontrar una solución definitiva. No queremos que la amenaza de la intemperie se cierna de nuevo sobre las cabezas de María y su pequeño. Queremos una solución habitacional real a largo plazo.

2º. En vista de que María ya cuenta con una alternativa habitacional, aunque sea temporal, la FAGC y el SIGC anuncian que desconvocan el piquete antidesahucios que tenían preparado para mañana.

3º. Vivimos en Canarias una verdadera situación de emergencia habitacional y eso es lo que debería declararse. El Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. no puede seguir ignorando esta situación. Poco nos importa a nosotras que sean un tripartito de izquierdas, que gobiernen con una retórica nueva o con la de siempre, que sean del cambio o del recambio. Las palabras no te cubren del frío ni evitan que tus hijos rompan a llorar ante la amenaza de un desahucio. Es vital que haya un protocolo antidesahucios eficiente, que no permita que ni una sola familia se quede en la calle por impago de unos alquileres que la especulación inmobiliaria, potenciada o ignorada por las instituciones públicas, está llevando a unos récords históricos. No puede ser que nuestros humildes colectivos, refractarios a recibir subvenciones, autofinanciándose a base de solidaridad colectiva y de unos ingresos propios muy magros, haya realojado a más personas e impedido más desahucios que todas las instituciones de Canarias juntas.

4º. Habrá colectivos y partidos que ahora correrán a ponerse ante los focos para colgarse medallas. Que lo hagan. Rechazamos las guerras de siglas. La calle sabe cuál es la verdad. Y es la calle la que nos interesa. Por nuestra parte no tenemos nada que celebrar mientras María no tenga un hogar estable, digno y seguro. Pero sí tenemos motivos por los que estar orgullosas. Estamos orgullosas de María, cuya fuerza de voluntad ha logrado gran parte de esta pequeña victoria. María a lo largo de su vida ha sufrido distintos episodios de violencia machista y patriarcal, desde malos tratos de su ex pareja a una agresión sexual de un compañero de piso. Han podido herirla, pero no derrotarla. Se ha negado a someterse a la revictimización de la indiferencia institucional, y ha dado la cara en cualquier foro y ante cualquier medio para denunciar su situación. Por nuestra parte, en 3 días hemos conseguido algo que parecía irrealizable, y eso es así porque sólo la lucha y la protesta hacen que lo que hoy parecía imposible mañana se torne posible. Sirvan este caso y todos los que tramitamos actualmente para demostrarle a nuestra empobrecida y maltratada sociedad canaria que sólo poniéndose en pie, exigiendo y no pidiendo, protestando y no suplicando, se pueden obtener resultados.

Seguimos y seguiremos luchando. Hasta que el techo sea un bien de primera necesidad al alcance de todas y no un activo financiero para inversores y especuladores.

Federación Anarquista de Gran Canaria

Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria

Comunicado de María

Mi nombre es María. Para mañana (día 14 de enero de 2019) tengo la orden de desahucio a las 12:00. Después de tantos meses de incertidumbre, y de tenerme como una pelota, sin encontrar ayuda ninguna, sin haberme asesorado correctamente, contacté con la Federación Anarquista de Gran Canaria y el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, y en tan solo tres días han conseguido con la ayuda de la presión mediática movilizar a todos los medios, tanto en prensa, como televisión. Y gracias a los esfuerzos y a la gran ayuda que me han prestado, mañana tanto mi hijo como yo estaremos bajo un techo y juntos. Quiero dejar claro que solo y únicamente los que me han conseguido que todo esto se llevara a efectos, y en tan solo tres días, es gracias a la Federación Anarquista de Gran Canaria y el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. Ellos son los únicos que en tres días han conseguido que mi situación cambié radicalmente a mejor. Gracias a los compañeros que desde el minuto uno que contacté con ellos, los pobres, ni han descansado, ni han parado de luchar y movilizar todo esto para encontrar una salida. Gracias.

DESAHUCIO INMINENTE DE MARÍA Y SU NIÑO DE 5 AÑOS

Hace apenas unas horas (este jueves 10 de enero, a las 7 de la tarde) acaba de contactar con el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, María del Pino Santa González, una madre soltera con un hijo de 5 años exclusivamente a su cargo. Su situación es desesperada. El próximo lunes día 14 tiene una resolución judicial firme (contra la que ya no se puede recurrir) en la que le ordenan abandonar su vivienda, en Casablanca 1 (Las Palmas de Gran Canaria), a las 12 del mediodía. María y su hijo van a ser desahuciados, si no hacemos algo para impedirlo.

El contrato de alquiler de María ha expirado. Ella cobra un subsidio de 420 540 euros y con esos ingresos nadie está dispuesto a ofrecerle un alquiler. Por más que ha buscado no encuentra una solución. Además es víctima reconocida, con sentencia firme, de violencia de género. Su situación de absoluta vulnerabilidad se ve agravada porque recordamos que también víctima del desahucio será su hijo de sólo 5 años. El mayor miedo de María es que los servicios sociales le arrebaten a su hijo. No lo podemos permitir. Es urgente tomar medidas para evitarlo.

1º Convocamos a todos los medios de comunicación para que se hagan eco de la noticia, a pesar del poco margen de tiempo, para que contacten directamente con la afectada y puedan dar voz a su historia para que sea conocida por la opinión pública. El Sindicato de Inquilinos también se pone a su disposición.

2º Sin casi margen para maniobrar legalmente, se intentará presentar un escrito en juzgados sin mucha fe de que tenga resultado.

3º Hacemos un llamamiento a las instituciones públicas competentes (especialmente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias) para que no hagan dejación de sus funciones y ofrezcan una solución habitacional, aunque sea inicialmente temporal, que impidan que María y su niño acaben el lunes 14 durmiendo en la calle.

4º Si no hay ninguna solución para esta familia, no quedará otra vía que parar el desahucio a través de la movilización popular. Éste es el penúltimo cartucho que nos queda en la recámara y esperamos no tener que recurrir a él.

Exigimos una solución para María y su hijo. Canarias vive una situación de emergencia habitacional, de verdadero terrorismo inmobiliario, donde los derechos de los inquilinos sin recursos cada vez valen menos. Hemos de detener esta situación antes de que más vidas se sigan rompiendo de forma definitiva.

Manifiesto: NO AL DESALOJO DE “LA ILUSIÓN”

NO AL DESALOJO DE “LA ILUSIÓN”

La Comunidad “La Ilusión” es un proyecto habitacional de carácter social, asambleario y autogestionario. Comienza en verano de 2017 cuando 12 familias (36 personas, 16 de ellas niños) sin recursos, víctimas de desahucios, precariedad laboral o incluso indigencia, dan vida a 2 edificios ubicados en El Valle de los Nueve (municipio de Telde, isla de Gran Canaria). El pasado 30 de noviembre les llega la primera citación judicial: la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria, el conocido “banco malo”) quiere echarlos de sus casas.

Los colectivos, plataformas, sindicatos, medios y organizaciones políticas y sociales abajo firmantes:

-Rechazamos rotundamente el desahucio de “La Ilusión”.

-Exigimos a la SAREB que detenga inmediatamente el proceso de lanzamiento y acepte negociar con las familias y buscar soluciones que no pasen por el desalojo forzoso.

-Demandamos a las administraciones públicas, desde el Ayuntamiento de Telde al Gobierno de Canarias, que ofrezcan una alternativa habitacional a estas familias y mientras insten a la SAREB (con un 46% de financiación pública) a detener el desahucio y a empezar las negociaciones.

¡NO AL DESALOJO DE “LA ILUSIÓN”!

Firman:

  1. Federación Anarquista de Gran Canaria

  2. Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria

  1. Asamblea de Firgas

  1. Comunidad “La Esperanza”

  1. Gatazka Ateneoa (Nafarroa)

  2. Periódico Solidaridad Obrera

  1. Procés Embat

  1. PAH Parla

  1. Alasbarricadas.org

  1. Sindicato de Administración Pública (SAP) de CGT Valencia

  1. CNT Villaverde

  1. Coordinadora de Informática de CGT

  1. CNT Córdoba

  1. CNT Andújar

  1. CNT Badajoz

  1. CNT Vitoria-Gasteiz

  1. Anarquismo en PDF

  1. Editorial Calumnia

  1. CNT L’Hospitalet

  1. CNT Terrasa

  1. CNT Valladolid

  1. Editorial Piedra Papel Libros

  1. Movimiento Anarquista Ovejas Negras (Granada)

  1. Espacio Sociocultural La Casa (Tenerife)

  1. Radio Pimienta. Radio social y comunitaria

  1. Asamblea Canaria por el Reparto de la riqueza

  1. A.S. Tewiza

  1. Stop Desahucios Bidasoa

  1. Jaira (Feministas del Norte de Tenerife)

  1. BALADRE. Coordinación contra la precariedad, el empobrecimiento y la exclusión social.

  1. ODS Coia (Vigo)

  1. CNT Confederal

  1. Ateneo Libertario Eduardo de Guzmán de CNT Palencia

  2. CSO Taucho

  1. Distribuidora Ideas de Rebelión

  1. La Furia Colectiva

  1. Stop Represión Granada

  1. Marea Roja Alacant

  1. Zambra Málaga

  1. Stop Represión Málaga

  1. Onda Gorfa

  1. Iniciativa por la Orotava

  1. Radio Klara

  1. Estudiantes Antropológicos La Corrala

  1. El Cosaco Libertario

  1. Círculo de solidaridad obrera y campesina Guillermo Ascanio

  1. Colectivo Antiespecista LiberAbere (Iruña)

  1. CNT Málaga

  1. Santuario La Frontera

  1. CNT Burgos

  1. Ens Plantens! (Colectivo de vivienda del Poble Nou)

  1. Fanzine Libro Asesino

  1. Mujeres Libres Madrid

  1. Heura Negra Assamblea Llibertària de Vallcarca

  1. Sindicat d’Habitatge Vallcarca

  1. C.S.A. La Purga

  1. CNT Mataró

  1. CNT Fuelabrada

  1. Comando Sororidad

  1. Assamblea Llibertària UB Raval – FEL

  1. Assamblea de Vallcarca

  1. Oficina d’Habitatge Popular de Gràcia

  1. Editorial Artefacto (Euskal Herria)

  1. Iruñerriko Herritar Batasuna

  1. Putas Libertarias Raval

  1. Sindicato del Metal CGT Barcelona

  1. CGT Tenerife

  1. CNT Fuenlabrada

  1. Associació Cultural el Raval – el Lokal

  1. Resistim al Gòtic

  1. Espai Veïnal del Cabanyal

  1. Ateneu Llibertari del Cabanyal

  1. CNT Asturias-León

  1. Assamblea Llibertària UPF

  1. Voläpuk Ediciones

  1. CNT Ponent Lleida

  1. ASSI (Acción Social Sindical Internacionalista)

  1. EstudioDesorden.xyz

  2. Centro Social Recuperado de Gamonal
  3. Anarquismos

  4. Assemblea Lliberària l’Oca de Gràcia

  5. PAH San Sadurní

  6. Ezkerraldea Anarkista (Barakaldo)

  7. Agencia de Noticias Anarquistas (Brasil)

  8. Asamblea Feminista Amor y Armonía Benalup Casas Viejas

  9. Ser Histórico

  10. Ateneo Libertario Carabanchel Latina

  11. Escuela Boxeo LA FÁBRIKA

  12. CSO Kike Mur (Zaragoza)

  13. CSO La Lechuza (Santander)

  14. Briega. Contrainformación en Cantabria

  15. Estrella Roja

 

(Para adherirse al manifiesto basta con comunicárnoslo al correo o por redes sociales. Aquí están las distintas formas de contacto)