Els amics de la Federación Anarquista de Gran Canaria, tenen un dels seus membres a la presó per lluitar per les llibertats del poble i la possibilitat de tenir una vida digna. Des de l’underground.cat ens sumem a la causa i en fem reso explicant el cas.
“Ens notifiquen que el pròxim 24 de març el nostre company Ruymán Rodríguez serà jutjat. “Casualment” fa poc més d’un mes que tornem a donar canya per xarxes. La fiscalia li demana 1 any i 6 mesos de presó (i 770 € de multa) per un infundat delicte “d’atemptat a l’autoritat”.
Després de més de 1.000 dies reclòs, Fran Molero ha obtingut el tercer grau i ha sortit al carrer. Aquest sindicalista andalús va ésser víctima d’un muntatge político-judicial farcit d’irregularitats i contradiccions, que va convertir la manifestació pacífica de la iniciativa ‘Rodea el Congreso’ de 2013 en una activitat delictiva.
Sota l’ample paraigua de la llei mordassa, Molero va ésser condemnat a cinc anys de presó arran d’un judici sense garanties ni proves, ni advocat en la fase d’instrucció. Els seus pares malalts depenien d’aquest sindicalista a qui tampoc van oferir psicòleg malgrat que tenia acreditada una depressió.
Per contra, la Federació Anarquista de Gran Canària (FAGC) denuncia que el 24 de març un dels seus integrants, Ruymán Rodríguez, serà jutjat per un delicte d’atemptat a l’autoritat. Aquesta organització explica que, a finals d’abril de 2015, Ruy va ésser detingut camí de la feina per dos guàrdies civils que van amenaçar-lo i agredir-lo a la caserna. La denúncia pública de les tortures va motivar la invenció d’un delicte d’atemptat a l’autoritat, fonamentat en una presumpta patacada a l’engonal a la sala d’interrogatoris.
La FAGC ho atribueix a l’activitat que desenvolupa d’ençà el 2011 en matèria d’habitatge -i que inclou expropiacions, reallotjaments i desnonaments aturats- de la qual se n’han beneficiat vora 76 famílies que viuen a l’espai autogestionat L’Esperança. La Fiscalia sol·licita un any i mig de presó per a Ruy més una sanció de 770 euros.
Entrevistamos a Ruymán Rodríguez, conocido anarquista canario, debido al último ataque jurídico-policial que está sufriendo. Se le acusa de haber propinado una patada a un guardia civil, durante detención ilegal y en la que sufrió torturas. El ánimo de Ruymán es bueno, y durante toda la entrevista hace hincapié en el error que supone “personalizar” las luchas, y en especial aquellas con un trasfondo represivo. Miembro de la Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC) y del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria (SIGC), la labor política y militante que ha desarrollado este compañero durante varias décadas le lleva, como a otras muchas personas, a ver cara a cara la represión de un estado revanchista causante de las injusticias sociales que ha provocado en una sociedad ahíta de esperar.
Huelga de alquileres a partir del 1 de abril. La Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC) la convocó el pasado 23 de marzo. Los sindicatos de inquilinas de la península (Barcelona, Madrid, Málaga, Zaragoza, Granada, Ibiza, Donosti y Vigo) se sumaron el día 30. Empieza, pues, una nueva fase de reivindicación de una suspensión del pago del alquiler como medida de choque social contra la crisis del coronavirus.
YA ES OFICIAL: @InquilinasGC convoca a todas sus afiliadas y a todas las inquilinas a #HuelgaAlquilerYA a partir de este 1 de Abril de 2020. Invita a todos los colectivos, plataformas y sindicatos a sumarse. Desde la FAGC apoyamos incondicionalmente la iniciativa. pic.twitter.com/SjcC0181SI
Los motivos para ir a la huelga son evidentes: nos encontramos confinadas en nuestras casas, sin posibilidad de ir a trabajar; se han aprobado miles de ERTEs que suponen una reducción del nuestros ingresos (para quien los tuviera) en un 30%; y porque la economía entrará en recesión y se van a producir miles de despidos a corto y medio plazos pero no se están tomando medidas para proteger a la clase trabajadora. En estos momentos ya acumulamos 750.000 despidos y 1,6 millones de personas que han visto reducidos sus salarios por los ERTE desde el inicio del estado de alarma.
Dos días después de la convocatoria de la huelga en todo el Estado, el gobierno aprobó de urgencia el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que regula un nuevo paquete de medidas “para apoyar a las familias y a los colectivos más vulnerables, que, tras la paralización de gran parte de la actividad económica, han visto afectados sus ingresos y, por consiguiente, su capacidad para hacer frente a los gastos necesarios para el mantenimiento de sus hogares”. Sin duda, las medidas aprobadas suponen un avance y una pequeña mejora a corto plazo de las circunstancias de miles de familias, pero como señala el Sindicato de Inquilinas de Madrid, resultan del todo “insuficientes” para hacer frente a la crisis de vivienda que está por venir, teniendo en cuenta que ya acumulamos 750.000 despidos y 1,6 millones de personas que han visto reducidos sus salarios por los ERTE desde el inicio del estado de alarma.
4. Las medidas, aunque hemos conseguido que mejoren notablemente, son insuficientes.
Por eso, quienes estamos sufriendo las consecuencias de la crisis de coronavirus, vamos a la #HuelgaAlquileres
— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) March 31, 2020
Las medidas consisten en aprobar una moratoria de desahucios para familias que puedan acreditar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social o económica a causa de la crisis del coronavirus (es decir, excluye a quienes ya se encontraran en esa situación con anterioridad. Además, permite negociar un aplazamiento de parte del pago de las rentas del alquiler (que no suprimir, como pedían los colectivos de vivienda), que será obligatorio cuando el arrendador sea un «gran tenedor» (propietario de más de 10 inmuebles).
Y, por último, el Real Decreto-Ley del gobierno aprueba una serie de avales y préstamos (microcrédito) para que esas familias puedan hacer frente a parte de las rentas del alquiler.
Ésta ha sido una de las medidas más criticadas por colectivos de vivienda y sindicatos de inquilinas. Las familias arrastran todavía una deuda equivalente al 58,9% del PIB y el 74% de la misma ha sido contraída para dedicarla a vivienda. Las familias, según la OCDE, gastan en torno el 40% de sus ingresos totales en pagarse un techo donde vivir. En 2019 hubo 36.437 desahucios por impago de alquiler en todo el Estado español y endeudarse con créditos (en vez de una suspensión de pagos y condonación de la deuda) es “pan para hoy, hambre para mañana”. En palabras de Yago Álvarez Barba (a.k.a. «Economista Cabreado»), “si hemos llegado a esta debilidad económica mundial es, entre otros motivos, por la continua financiarización de la economía, por tener un sistema económico sustentado mediante el crecimiento de la deuda (la deuda global es ya tres veces el PIB mundial y crece más que la economía), y parece que la única forma que tienen de solventar los problemas de la ciudadanía (y aquí no hablo solo de los alquileres) es financiarizar más nuestra vida cotidiana y endeudarnos más. No tiene sentido, más allá de la patada hacia delante al problema y de volver a salvar al sector inmobiliario”.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid denuncia que “las familias que viven de alquiler se encuentran ante una situación insostenible: sin ingresos y asumiendo precios que han subido un 40% de media desde 2013. Los arrendadores ganan 38.000€ de media anual sin incluir lo que cobran de alquiler, mientras que los hogares de inquilinas ingresan una media de 23.000€ anuales. Y en el caso de que las inquilinas no puedan devolver la deuda, lo pagaremos entre todas y todos con dinero público, independientemente si el arrendador lo necesita o es una entidad multi millonaria. Da igual que entremos en una brutal crisis y que aumenten los índices de pobreza: los arrendadores tienen que seguir cobrando rentas inmobiliarias a precio de oro, todo a costa del erario público. Consideración aún más grave si se tiene en cuenta que ya reciben enormes ayudas: los pequeños propietarios tienen una exención del 60% en el IRPF y los fondos buitre no pagan impuesto de sociedades”.
Además, desde este sindicato critican que las ayudas se financien con 700 millones para garantizar el cobro de las deudas cuando hace unos años se destinaron 65.000 millones de euros a la banca para asegurar su rescate.
En definitiva, como dice una portavoz de la PAH, estas medidas “promueven que los inquilinos que no puedan pagar las rentas se endeuden” y, por otro, deja que sean los fondos buitre los que decidan “voluntariamente si eximen o no del pago a los inquilinos”, una forma de “proteger el negocio de los grandes tenedores”.
En un artículo en La Marea, una convocante de la huelga se refiere así a la pasividad del Ejecutivo de PSOE-Podemos: «Las medidas son descafeinadas, como los microcréditos a interés cero, que es casi lo mismo que una moratoria. Muchas familias no van a poder sufragar los alquileres. Para ellas, un crédito y tener que pagarlo más adelante es estar en las mismas. Creemos que es justo que se condone esa deuda, que los grandes tenedores de vivienda acareen con parte de los gastos de esta crisis y que en el caso de aquellos propietarios que realmente puedan justificar que están en una situación de vulnerabilidad y por tanto la falta de pago de sus inquilinos les lleve a situaciones sin recursos el Estado intervenga. Pero no puede ser que las arcas públicas vayan destinadas a que los rentistas no pierdan poder adquisitivo«.
Por último, tengamos en cuenta que en el Estado español destinamos más de un 40% de nuestros ingresos a la vivienda porque el precio de este bien se encontraba en sus máximos históricos. Esto se debe, en parte, al hecho de que el parque de vivienda está controlado principalmente por grandes propietarios. Nos dicen que el mercado está controlado por particulares. Personas que han trabajado muy duro para invertir sus ahorros en una vivienda “extra” que alquilan a otra familia, y que no se puede poner límites a esta actividad, porque han trabajado muy duro para conseguirlo… Aunque vemos que los fondos buitre y las SOCIMIs están comprando todas nuestras viviendas para especular, ellos insisten en que su cuota de mercado es mínima y el mercado está en manos de particulares.
Pero resulta que hacen un estudio en Barcelona, y los datos reflejan que un 34% del mercado está controlado por entidades jurídicas que no son particulares. Ya no se trata del 3%, sino del 34% en manos de empresas. Del 60% del mercado que estaría controlado por particulares, resulta que la mayor parte probablemente no sean particulares, sino familias con muchísimo patrimonio y muchísima riqueza, que tienen en propiedad edificios enteros en nuestras ciudades. Las viviendas están a su nombre y estos “particulares” no se han constituido como empresa, pero pueden tener 10, 20, 50 o 100 viviendas, pero jurídicamente se les trata como “particulares”. Estos, pueden ser esos 45 “particulares” de Baleares, a quienes les han forzado a introducir sus 859 viviendas de “particulares” en el mercado en aplicación de la Ley balear que prevé sanciones de entre tres mil y noventa mil euros para grandes tenedores de vivienda que las tengan vacías, obligándolas a ponerlas en el mercado con alquileres asequibles.
Cómo hacer la huelga
La incidencia de la huelga se notará en los primeros días del mes, que son los que suelen estar estipulados por contrato para hacer los pagos de la renta.
La huelga se sustenta sobre tres pilares: información, cohesión y cuidados y caja de resistencia. Las convocantes pretenden informar constantemente sobre qué pasos dar, apoyarnos mutuamente y abrir una caja de resistencia para poder hacer frente a gastos judiciales y represivos que pudieran surgir. Pero, en cualquier caso, la base de la huelga es que una cantidad suficiente de personas siguiéndola es inviable para el sistema judicial .
La caja de resistencia se nutre de las aportaciones solidarias que se realicen en la página de crowdfunding Goteo.
Precedentes de huelgas de alquileres
La idea de hacer una huelga de alquileres no es nueva, pues cuenta con tres antecedentes históricos en nuestro contexto geográfico: una se llevó a cabo en Barakaldo y Sestao en 1905 por 2.000 familias, otra fue impulsada por la CNT y mantenida por miles de familias de Barcelona durante ocho meses de 1931 (y aunque la huelga se dio por terminada este mismo año, durante 1932 continuaron los impagos en barrios como Cases Barates, la Torrassa, el Clot, o en el Raval) y una tercera en Santa Cruz de Tenerife dos años más tarde. Y más allá de la península, los ejemplos son más numerosos (Buenos Aires, Glasgow, La Comuna de París, México, etc.), como explica Luis de la Cruz en su artículo «Una geneaología de la lucha revolucionaria contra los desahucios» (enero 2015).
Motivos para ir a la huelga en el 2020 hay, desde luego. Animamos a todas a sumarse, difundirla (en redes sociales se está utilizando los hashtags #HuelgaAlquileres y #PlanDeChoqueSocial), financiar la caja de resistencia y, en definitiva, apoyar a todas las compañeras y vecinas que corren el riesgo de perder sus casas. Es el momento de recuperar el sentido de comunidad y de apoyo mutuo, no de chivarnos de nuestras vecinas e interiorizar el autoritarismo que se está extendiendo con el pretexto del estado de alarma. Porque la que nos viene encima va a ser gorda y solo saldremos de esta si permanecemos en común.
Ruymán Rodríguez, es portavoz del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y nos cuenta en el #batiburrillo , la propuesta que lanzan para todos los que tienen un alquiler. En estos momentos de crisis sanitaria son muchos los que se han quedado en el paro o han dejado de recibir ingresos o son otros muchos los que su situación económica era ya mala y ahora no pueden ni salir a la calle para seguir viviendo (Radio Faro 25/3/20).
La Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC) nace al calor de las movilizaciones del 15M de mayo de 2011. Tras décadas de prácticamente nula actividad de los movimientos sociales en Canarias diversos grupos desconectados coinciden en las plazas. En un primer momento La Federación se centra en actividades muy ideologizadas y que entrarían dentro del cliché del/la anarquista: acción directa en manifestaciones, antifascismo en las calles, confrontación con las grandes burocracias sindicales, etc. A pesar de considerar estas acciones necesarias, tras un proceso reflexivo llegan a la conclusión de que su propuesta práctica se encuentra alejada de la realidad social de su entorno, ofrecen soluciones para problemas que la gente no tiene y por el contrario no tienen nada que aportar ante los problemas diarios de sus vecinos/as.
A partir de ese momento deciden reorientar sus activismo hacia las personas más afectadas por las políticas capitalistas de la sociedad. Hay que tener en cuenta que, más allá de la imagen idealizada de sol y playas que se vende fuera para fomentar el turismo, las Islas Canarias cuentan con un 40% de población en riesgo de exclusión social, un 67% de población manifiesta que es incapaz de llegar a fin de mes, la tasa de paro se encuentra en el 21% frente al 13% nacional, se practican una media de 600 desahucios trimestrales, el precio de los alquileres es de los más altos del Estado sin embargo los salarios son de los más bajos.
El acercamiento que tiene la FAGC a esta realidad trata de ser lo más práctico posible, huyendo de dogmatismo y aceptando las contradicciones que supone aspirar a un mundo sin Estado ni Capital pero hacerlo en las condiciones que estos imponen. En un primer término se centran en la problemática de la vivienda, atienden mayoritariamente casos de alquiler y okupación. Cosechan ciertos éxitos en la paralización de desahucios, utilizando la solidaridad instintiva que existe en los barrios como herramienta política, haciendo realidad el «hoy por ti, mañana por mi» y siendo los/as propios/as afectados/as quienes paralizarán desahucios cuando sea otra persona la afectada. Al mismo tiempo, en los casos en los que los desahucios no pudieran ser paralizados se buscaban alternativas habitacionales mediante la okupación. Para dar cobertura organizativa a este movimiento sin que los/as implicados/as tengan que asumir la etiqueta «anarquista», aunque sus prácticas coincidan plenamente, se forma el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria.
Metidos/as en esta dinámica es cuando a principios de 2013 surge la oportunidad de dar un salto cualitativo y formar La Comunidad Esperanza.
Comienza La Esperanza
La Comunidad La Esperanza es la okupación más grande del Estado español, se trata de cuatro bloques situados en el municipio de Santa María de Guía, 76 viviendas en total dedicadas a realojar a personas que vienen principalmente de desahucios, actualmente se encuentran más de 210 personas viviendo allí. La propiedad se encuentra en régimen comunitario, esto implica que tanto los trabajos de mantenimiento como la resolución de los conflictos se gestionan entre los/as vecinos/as y que cuando familia deja una vivienda esta vuelve a la comunidad que se la cederá a otra familia que la necesite.
El éxito a base de trabajo y sacrificio de La comunidad La Esperanza fue respondido por la Guardia Civil con una campaña de hostigamiento, identificaciones y detenciones a sus habitantes, no era raro que los/as vecinos/as tuvieran que aguantar grabaciones por parte de agentes desde edificios cercanos. Ante esta situación los/as vecinos/as comienzan una campaña mediática bastante exitosa explicando la realidad de la comunidad y recabando apoyos y solidaridad con lo que la presión por parte de las fuerzas del orden se rebajó.
El Estado responde con represión
Es en este contexto en el que se produce en abril de 2015 la detención de uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas, Ruymán Rodríguez, basada en una denuncia por allanamiento que ya había sido retirada. En el cuartelillo el detenido es insultado vejado y golpeado como se recoge en el parte de lesiones realizado en el Hospital Dr. Negrín y en la causa por torturas que sigue abierta contra los guardias civiles. Por su parte la guardia civil acusa a Ruyman de «atentado a la autoridad» por una supuesta patada propinada por este en el momento de la detención. El pasado mes de diciembre el periódico local Canarias7 se hacía eco de los hechos de forma sesgada, reproduciendo solamente la versión de la Guardia Civil, sin contrastar las acusaciones e inventando otras que nunca existieron como la de coacciones.
Desde el Sindicato de Inquilinas afirman que tanto la detención como la campaña mediática suponen un ataque no solo a Ruymán sino a toda la Comunidad La Esperanza y a todas las personas que luchan para que no haya familias que duerman en la calle. «En primer lugar, desmentir una mentira es una buena forma de difundirla. En segundo lugar, enredarse en eso es una manera eficaz de empantanar el trabajo colectivo y desviarlo de otros objetivos» dicen desde la FAGC. Aun así son optimistas y confían en que el trabajo realizado haya tejido redes de solidaridad capaces de protegerles de la represión.
El Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria denuncia que el alto precio de los arrendamientos y la exclusión social están provocando situaciones «vergonzosas»
300 euros por dormir en un sillón bajo techo. Es una de las ofertas del denominado alquiler irregular que aflora en Canarias debido al elevado índice de exclusión social que afecta al Archipiélago, que contrasta con los altos precios que muestran los arrendamientos de viviendas.
Así lo asegura el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, cuyo portavoz, Ruymán Rodríguez, sostiene que cada día se conocen situaciones como las de personas que «viven en una casa, porque se les está arrendando un colchón para poder habitarla. Es una vergüenza, pero son casos que estamos tramitando a diario».
Según un reciente informe publicado por el Ministerio de Fomento, las islas reflejan el mayor porcentaje de viviendas destinadas al alquiler: un 34,5 por ciento. Sin embargo, este estudio no aporta cifras sobre los precios. Según el sindicato, la comunidad canaria entraría en el grupo de las mas caras, con zonas que muestran medias de 900 euros al mes.
Si unimos ambos datos – es decir, exclusión y encarecimiento – aseguran desde el sindicato que están aflorando los alquileres irregulares y se están produciendo situaciones tan sorprendentes, como el arrendamiento de «casas que no tienen cédulas de habitabilidad ni reúnen las mínimas condiciones».
Es el caso, por ejemplo, de personas que pagan rentas por «cuartos trasteros en garajes sin ventilación, sin agua corriente y a veces hasta sin luz. Gente que vive en cuartos de lavadoras en azoteas o en viviendas que ni siquiera están declaradas».
Otro caso que se produce en las islas es el subarrendamiento «hasta el infinito», lo que produce situaciones como el que cuatro o cinco familias convivan en una casa de 50 metros cuadrados.
Los afectados, asegura Rodríguez, no denuncian por desconocimiento o miedo de quedarse en la calle, ante la falta de vivienda pública. Para paliar esta situación, el sindicato se muestra partidario de regularizar los precios de los alquileres. Sin embargo, la Asociación de Empresarios, Promotores e Inversores de Canarias es una de las voces que rechaza la intervención del Gobierno en el mercado y aboga por reactivar el sector inmobiliario.
