Diez familias canarias recuperan «La Ilusión»

Actualización: Una nueva familia se ha sumado al proyecto, una madre sin recursos con sus dos hijos. Ya son 11 familias, 41 personas, 20 de ellas menores.

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La pasada semana 7 familias, asesoradas y secundadas por el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, se han decidido a poner fin a su situación de indigencia y falta de alternativas habitacionales y han socializado un edificio de 15 viviendas abandonadas. Desde entonces ya se han sumado 3 familias más. Hablamos de 38 personas, 18 de ellas menores.

Estás familias, compuestas por personas desahuciadas, trabajadores en paro, mujeres embarazadas, parejas jóvenes que dormían en coches, han tomado la determinación de construir por sí mismas las soluciones que la administración les niega.

Algunos de los participantes de la última asamblea del SIGC dónde se tomó la resolución de expropiar la «La Ilusión».

Todas son demandantes de vivienda pública desde hace años, incluso décadas, sin que jamás hayan podido acceder a una vivienda de protección oficial. Vienen de barrios obreros, en condiciones de hacinamiento, con alquileres cada vez más altos y con salarios cada vez más bajos, cuando no inexistentes.

El inmueble expropiado ha sido absorbido por la SAREB (Sociedad de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria), el conocido como «banco malo». La SAREB es una entidad semipública dedicada a tragarse los activos tóxicos de los bancos con el fin de sanear las cuentas del sector financiero. Es decir, es un monstruo inmobiliario que se nutre principalmente de inyecciones de dinero público y que asume las deudas que la banca rechaza. Su única intención es garantizar que los bancos mantengan su nivel de ingresos obligando a todos los contribuyentes a costear sus perdidas.

En cifras, la SAREB ha perdido casi 3.200 millones de euros, y almacena casi 30.000 inmuebles, en su mayoría de nueva construción. Antes de que estas viviendas sigan abandonadas, se destinen a la especulación, sean saqueadas, acaben en manos de fondos buitres o destinadas a alquiler vacacional, estas 10 familias se han decidido a tomar lo que es suyo, lo que es de todos. Su derecho a un techo es innegociable.

Están habilitando el inmueble, vivienda a vivienda, poco a poco, porque estaba en unas condiciones lamentables. 10 casas ya están habitadas, 2 son habitables y darán cobijo próximamente a algunas de las familias que la Comisión de Expropiación del SIGC tiene en su lista de Solicitantes de Vivienda, y otras 3 tienen que recuperarse todavía con mucho esfuerzo y trabajo. Pero estas valientes familias están dispuestas a asumir el reto y también todos los que se presenten de aquí en adelante. No van a rendirse ahora porque por fin han recuperado «La Ilusión».

Aparceros del conde en el siglo XX; desahuciados por el conde en el XXI

Fuente: Canarias Ahora (El Diario)

Iván Suárez

Adentrarse en las cuarterías del pago de Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana, el mayor municipio turístico de la isla de Gran Canaria, es viajar en el tiempo. Medio siglo atrás, en estos barracones se hacinaban familias de aparceros del tomate al servicio de un conde, el de la Vega Grande, que dominaba vastas extensiones de terreno en el sur de Gran Canaria. A la de Candelaria (nombre ficticio) la trajeron de Moya, municipio norteño, Juan y Candidito, emisarios de Alejandro del Castillo y del Castillo, octavo conde de la estirpe y tío del actual, Alejandro del Castillo Bravo de Laguna. Corrían los años sesenta y la familia de nobles, que presume de haber introducido el tomate y el turismo en la isla, buscaba en el norte mano de obra para trabajar en sus tierras.

Candelaria, entonces menor de edad, compartía un pequeño habitáculo, una infravivienda de menos de treinta metros cuadrados, sin agua y sin luz, con su madre y sus cinco hermanos. Vivía allí a cambio de trabajo, como parte del salario. A las siete de la mañana acudía al almacén contiguo a hacer ceretos, remendar cajas y empaquetar los tomates que partían en camiones de noche hacia el puerto de la Luz y de Las Palmas, en la capital. A las dos regresaba a los barracones para almorzar y a la tarde estaba de vuelta en el almacén. Candelaria recuerda con un fino hilo de voz, casi imperceptible, esas extenuantes jornadas que en ocasiones se prolongaban “hasta las dos y las tres de la madrugada”. “Ni en Viernes Santo descansaba”, relata mientras muestra los callos de los dedos como prueba.

Más de cincuenta años después, los herederos del condado de la Vega Grande están a punto de dejarle sin casa. Candelaria es una de las 63 personas, 24 de ellas menores, que habitan en las cuarterías, hoy remozadas. En total, 19 familias de extracción obrera, muchas de ellas integradas por desempleados de larga duración. Aún quedan algunos de los antiguos trabajadores de las tomateras del conde, pero la mayoría son hijos o sobrinos de los jornaleros, que permanecieron en los barracones, sin contrato ni pago de alquiler, pero con el consentimiento de los aristócratas, tras la quiebra del negocio de explotación agrícola, en los años ochenta. Desde hace tres meses luchan contra la amenaza de la piqueta. Los propietarios del terreno, una parcela de unos 1.800 metros cuadrados, quieren derruir las cuarterías para construir en su lugar una nave industrial.

El pasado 27 de marzo, un abogado de la familia condal entregó a los vecinos una carta en la que les daba tres meses para desalojar las cuarterías, bajo la amenaza de iniciar acciones legales. El plazo se cumplió este martes, pero aún no han recibido noticias. El Grupo Inmobiliario Tinojai, propiedad del conde y promotor del desahucio, no se ha manifestado desde entonces y tampoco ha querido ofrecer su versión a este periódico. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de su alcalde, Marco Aurelio Pérez, afirma que el desahucio está desactivado desde hace dos meses y que los propietarios se han comprometido con la administración a estudiar cada situación de forma individual. El regidor sureño sostiene que algunos vecinos “tienen capacitación económica” y que sólo siete están siendo atendidos por los servicios sociales del Consistorio. Insiste, además, en que todos ellos tienen “en teoría” contratos de alquiler. Los afectados desmienten las afirmaciones del político y le retan a encontrar y enseñar esos supuestos contratos. El Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, que asesora a las familias, está convencido de que los vecinos tienen derechos jurídicos adquiridos por el tiempo para reclamar el usufructo de esas viviendas que han utilizado en precario (ocupación a título gratuito y sin plazo) durante todos estos años.

“Cuartos de animales”

Los barracones están situados en la trasera de la denominada finca condal, un complejo histórico que acoge en la actualidad eventos y celebraciones. A apenas 700 metros del lugar se encuentra el Centro Penitenciario Las Palmas II, la cárcel de Juan Grande, inaugurada en 2011. El Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana de 1996 prevé para la zona un uso industrial.

Desde que tuvieron conocimiento de las pretensiones del conde, los vecinos de los barracones se organizaron para tratar de impedir el desahucio. Quieren quedarse en esas cuarterías que han ido adecentando con su propio trabajo, pero reclaman una alternativa habitacional para no quedarse en la calle en caso de que los propietarios cumplan su amenaza. Los administradores de los terrenos de la familia Del Castillo han ido preparando el desalojo desde hace años. Algunos vecinos firmaron escritos en los que se comprometían a abandonar las viviendas de forma “voluntaria y pacífica” en un plazo de cinco días desde que se les comunicara y a dejarlas “en perfectas condiciones a disposición de la propiedad”. El Sindicato de Inquilinos sostiene que lo hicieron coaccionados.

De las formas de expresión utilizadas se desprende que esos documentos -con planos incluidos- fueron redactados por la empresa condal, aunque figuran como si hubiesen sido escritos por los propios vecinos. En uno de ellos, fechado en agosto de 2015, se solicita autorización para seguir usando en precario uno de los barracones, al que se le denomina hasta en seis ocasiones como “cuarto de animales”. El escrito expone que el hecho de que los propietarios permitan a una antigua aparcera permanecer en la casa debe interpretarse como “mera condescendencia y liberalidad” y no supone “el reconocimiento de derecho alguno” ni implica “ser compensado o indemnizado en caso de revocación”. El texto prosigue: “Serán de mi cuenta todos los gastos derivados de los consumos, reparaciones y mantenimientos del citado cuarto de animales mientras lo esté usando, sin que por ello pueda reclamarles nada por ningún concepto”.

Los vecinos cuentan que han sido ellos mismos, con su dinero y su trabajo, quienes han reformado las cuarterías para hacerlas más habitables. Ana es una de las afectadas de mayor edad. Comenzó a trabajar para el conde a los 16 años y lleva 27 en los barracones de Juan Grande: “Cuando llegué aquí no tenía baño, ni cocina, ni nada. Lo hemos ido arreglando al golpito para vivir como personas, no para vivir con lujos ni nada, no queremos riquezas”. Candelaria recuerda que al principio sólo había una letrina para todos -llegaron a convivir más de 300 personas en tan reducido espacio, según algunos de los relatos- y que la electricidad llegó a sus casas hace menos de veinte años. “Teníamos la luz y el agua del almacén. Les pagábamos mil pesetas de agua y mil pesetas de luz”, rememora Eduardo, sobrino de una antigua aparcera.

“Esas casas eran chabolas, ahora las han habilitado y las han convertido en viviendas, con su propio dinero. Son todos trabajadores, ninguno tiene segunda vivienda, ni otros ingresos que los de sus trabajos o subsidios. Todos han levantado sus casas con sus propias manos como para ahora tener que abandonarlas por el capricho de un conde”, denuncia Ruymán Rodríguez, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, una asociación de reciente creación -se constituyó en enero- que ya cuenta con un centenar de afiliados.

Primer desalojo

Antes de Semana Santa se produjo el primer desalojo en los barracones de Juan Grande. “Ese día vino el abogado del conde con dos obreros que se pusieron a tirar la casa sin permiso, sin ningún tipo de seguridad y sin avisar a los vecinos. En la casa de al lado viven menores. Cuando salí, me entregaron un papel que decía que en tres meses teníamos que abandonar las viviendas. Les dije: ¿Y a dónde vamos? Porque yo no tengo casa, nadie tiene casa aquí. Si la tuviéramos, no viviríamos así. Me respondieron: Bastante les hemos dado ya”, recuerda la joven Ayesha. “Llegaron, sacaron los muebles ellos mismos y empezaron a picar los techos. Cuando nos metimos dentro, pararon. Estuvimos llamando a la Policía Local desde las nueve de la mañana hasta las doce. En San Bartolomé siempre se ha dicho que el Ayuntamiento y el conde son lo mismo”, tercia Eduardo.

El Sindicato de Inquilinos precisa que el primer vecino desahuciado de las cuarterías era el único que había accedido al lugar a través de un contrato. “Como no podía pagar el alquiler, entregó la vivienda y el conde le perdonó la deuda. Cuando se quedó vacía, la derribó”, relata su portavoz.

La lucha contra el desalojo se dirime en varios frentes. En la vía judicial, el sindicato garantiza a todos los vecinos asistencia letrada en caso de que los herederos del conde de la Vega Grande decidan acudir a los tribunales y defiende que existen argumentos jurídicos para que los afectados puedan permanecer en sus viviendas por los derechos adquiridos durante todos estos años. La organización de ayuda al inquilino también promueve lo que Ruymán Rodríguez denomina la “guerra de tintas”, esto es, la presión mediática para que la administración actúe garantizando una alternativa habitacional a los vecinos. También prevé organizar concentraciones y manifestaciones para movilizar a la sociedad civil. “Si nada de esto funciona, tendremos que convocar un piquete antidesahucios, un muro humano en los barracones para que no los echen”, concluye.

La unión de dos linajes

El Condado de la Vega Grande de Guadalupe nació en 1777. El Rey Carlos III concedió el título nobiliario al coronel de Infantería Fernando Bruno del Castillo Ruiz de Vergara, que poseía mayorazgos en el norte de Gran Canaria. Su esposa, Luisa Antonia Amoreto del Castillo, disponía de dominios en el sur. A esta estirpe nobiliaria, la más importante de la isla, se le atribuye el desarrollo de industrias y productos que cambiaron la economía isleña.

Los catedráticos de Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Manuel Lobo y Fernando Bruquetas exponen en la obra El Condado de la Vega Grande de Guadalupe (2014) que fue Agustín del Castillo, el cuarto conde, quien introdujo el tomate en la isla en el siglo XVI.

El actual, Alejandro del Castillo Bravo de Laguna, nacido en 1928, gestionó en 1961, en una época en la que aún ostentaba el título su tío, el concurso internacional de ideas Maspalomas Costa Canaria, que impulsó la actividad turística en el sur de la isla, su principal motor económico en la actualidad.

Alejandro del Castillo Bravo de Laguna está casado con María del Carmen Benítez de Lugo y Massieu, hija de la Marquesa de Arucas, el otro gran linaje de la isla de Gran Canaria.

Los sin techo de la nobleza canaria

Fuente: El Salto

Alejandro del Castillo, conde de la Vega Grande, pretende desalojar a las familias de quienes trabajaron para su padre para vender un terreno destinado a uso industrial.

Texto: Eduardo Pérez

Las 19 familias que habitan los Barracones de Juan Grande, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), viven pendientes de un hilo desde que la pasada Semana Santa recibieran una carta de los propietarios, Alejandro del Castillo, conde de la Vega Grande y su hermano. En ella, se instaba a las 63 personas allí residentes a abandonar su vivienda en el plazo máximo de tres meses.

En realidad, sus vidas siempre han estado vinculadas a los deseos de la familia cuyo iniciador fue, en el siglo XVIII, Fernando Bruno del Castillo, alférez mayor y gobernador de las Armas de Gran Canaria, quien recibió el condado por sus servicios a la Corona.

Los Barracones llevan habitados desde hace más de medio siglo: una de las vecinas lleva allí 57 años. Otro, Juan Manuel Pérez, de 42 años, explica a El Salto que en un principio eran “cuartos individuales junto a los almacenes donde se embalaba el tomate, donde vivían los trabajadores. Posteriormente construyeron sobre ellas y cuando la empresa quebró tuvieron permiso para quedarse”.

Según Pérez, estos trabajadores nunca tuvieron problema con la administración del entonces conde, homónimo del actual, su hijo, y que llegó a alcalde de Las Palmas al principio del Franquismo. En lo que se podría considerar una parte del salario de los trabajadores, las familias nunca pagaron nada por su precaria vivienda. Por otro lado, nunca tuvieron contrato de trabajo ni de alquiler.

En los casos en que el inquilino fallecía, su vivienda seguía en la familia. Es el caso de Pérez, trabajador de la construcción, que pasó de pagar alquiler a vivir allí cuando murió su tío. Allí viven también su mujer, dos de sus hijas y su nieta de sólo año y medio de edad.

Este vecino explica que hace aproximadamente diez años comenzaron los problemas. En 1996 el terreno había sido recalificado como de uso industrial, y la nueva administración familiar comenzó a otorgar permisos que incluían una cláusula para desalojar a las familias firmantes. “La mayoría firmaron”, explica Pérez, “bajo coacciones, ya que los necesitaban para instalar contadores de luz o agua”.

Derribo sin avisar

En 2017, la operación para reconvertir el área en zona industrial se ha puesto en marcha. Justo antes de recibir los avisos de desalojo, los propietarios ya habían intentado derribar una casa, lo que consiguieron sólo parcialmente.

Al afectar el derribo a las viviendas próximas, los vecinos avisaron a los medios de comunicación y “el abogado del conde salió corriendo”, relata Pérez. Es en ese momento cuando, con el apoyo del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Gran Canaria, vecinos y vecinas de los Barracones de Juan Grande comienzan una campaña de presión para conseguir su realojo por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé.

Desde el sindicato, Ruymán Rodríguez, uno de sus miembros, explica que se les está dando asesoramiento y apoyo a las familias, “y si no funciona la estrategia, iremos a la paralización del desahucio por medios físicos, pero esperemos no llegar a eso”.

El Sindicato de Inquilinos, con 100 afiliados (90 de ellos mujeres) nació en enero de este año, convirtiéndose así en el primero de este carácter y al que luego han seguido otros en ciudades como Barcelona o Madrid, y en palabras de Rodríguez, está dedicado a “cuestiones meramente de supervivencia social, con unos salarios que siguen igual pero los alquileres suben, generando desahucios silenciosos”. Especialmente en una región como Canarias, con 15 o 20 desahucios al día y otras marcas dudosas como el récord estatal en pobreza infantil.

De momento, el conflicto de los Barracones entre vecinos, conde y Ayuntamiento está bloqueado. “Pedimos que no nos dejen en la calle, queremos una casa que paguemos en función de nuestras posibilidades, no queremos que nos regalen nada”, asegura Juan Manuel Pérez. No obstante, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, gobernado por Agrupación de Vecinos-Partido Popular, no parece tener la menor intención de tomar cartas en el asunto.

Cuestionado sobre el tema por El Salto, el alcalde Marco Aurelio Pérez se da por satisfecho con sus gestiones: “Que yo sepa, no va a haber desalojo. Está paralizado mientras los propietarios no tengan alternativas de realojo”.

Afirmación que vecinos y sindicato niegan tajantemente, ya que el único ‘compromiso’ han sido expresiones como “ya se mirará” por parte de los abogados del conde a alguna familia, y no se les ha comunicado ningún tipo de paralización.

En todo caso, el alcalde no valora la posibilidad de que el Ayuntamiento ofrezca viviendas. Entre las razones, ser un “asunto privado”, aunque la memoria ambiental aprobada por el Gobierno canario respecto a esta operación obliga a tener alternativas de realojo para los residentes regales. Además, el mandatario señala que “no tenemos viviendas”, pese a que el municipio es uno de los mayores de la isla, siendo un destino turístico de primera fila mundial y haber sido presa del boom inmobiliario antes de la crisis.

Así pues, se mantiene la incertidumbre sobre el destino de estas 19 familias, enfrentadas a una familia que ha marcado el destino de Gran Canaria desde hace más de dos siglos, desde el poder político, su imperio agrícola o sus negocios inmobiliarios.

Hace justamente un año, el actual conde decía en una entrevista a Canarias7 algo que podría dar esperanzas a los vecinos de los Barracones: “En la vida el dinero no es lo principal. Hay otras cosas que son más importantes. Me gustaría que me recordasen como buena persona. Me gustaría que dijesen: ‘Qué buena persona fue Alejandro’. Nada más”.

Revista de medios

La rueda de prensa del pasado 12 de junio en la que las vecinas de los Barracones denunciaban su intento de desalojo ha sido un éxito mediático. Estos son los medios que cubrieron la rueda de prensa, presencialmente o por vía teléfonica, que se hicieron eco a los pocos días o que la difundieron días antes: RTVC Noticias, Antena 3, Radio Sol, Maspalomas Ahora, SER, COPE, Onda Cero, Agencia EFE, TVC (programa de tarde), Radio San Borondón, La Provincia, Canarias Semanal, Radio Faro, Maspalomas News, El Candelero, LibreDiario. Y muchos más que se nos escapan. Eso en cuanto a los medios comerciales, porque los contrainformativos (Alasbarricadas.org, Portal OACA, Kaos en la Red, La Haine, etc.) siempre han estado a la altura. A continuación damos una muestra de esa repercusión compilando los enlaces de algunos de los medios en los que ha aparecido la noticia:

Reportaje de RTVC Noticias:

Reportaje de Antena 3 Canarias

Crónica de La Provincia

Entrevista en Radio Faro

Entrevista en la SER

Canarias Semanal, Alasbarricadas.org, La Haine, OACA, reproducen la crónica del SIGC

Seguiremos actualizando

Crónica de un piquete contra un desahucio

Suena el móvil. Son las 23:30. Tengo agregado el número. Es el de una familia que asesoramos en febrero. Les dimos pautas y consejos pero no volvieron a contactar. Las voz al otro lado suena rota y alarmada. Creo que ha estado llorando. Rita (ha escogido ese nombre para aceptar que contemos su historia) me dice que el jueves (hoy es martes) la desahucian. A ella, a su pareja y a sus cuatros hijos menores.

Los últimos meses los ha gastado entre abogados incompetentes, negociaciones infructuosas con el casero (un especulador con múltiples propiedades) y acudiendo a alguna reunión con colectivos y plataformas donde no han obtenido soluciones (bien porque su caso es de alquiler bien porque se quería llevar el caso a los medios y la familia quería evitar la exposición).

La notificación de lanzamiento les llegó hace 26 días. El abogado de oficio y otro letrado «amigo» les han dicho que no tienen nada que hacer, que se vayan. Las «negociaciones» han sido ruegos y súplicas al propietario, intentos desesperados pero inservibles. El martes, sin más cartuchos, un activista de vivienda les recordó a los anarquistas. «Son lo que son, pero nunca han dejado de detener un desahucio», les dijo. Pero, ¿habrá tiempo de hacer algo? Se lo preguntan ellos y me lo pregunto yo. Le digo a Rita de vernos la siguiente mañana a primera hora. Llamo a los compañeros para una asamblea extraordinaria. Casi ninguno puede. La mayoría, informalmente, no lo ve. Yo tampoco. Pero acudiremos a la cita para informarnos mejor.

El miércoles Rita nos explica otra vez el caso. Refrescamos lo que nos contó en febrero. Su compañero no habla. Quebrado, abatido, se inhibe. El casero es un rentista multipropietario. A sus 50 años (aproximadamente) ha acumulado varios pisos, apartamentos en el Sur de la isla y al menos dos chalets. Casi todo heredado. Nunca ha trabajado. Siempre ha vivido de cobrar alquileres. Vive 6 meses al año en una casa que tiene en otra isla. Obviamente, no necesita el inmueble para vivir. Conociendo todos los pormenores del caso, creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados. El resto de compas piensan lo mismo. Consultamos entre nosotros y se decide seguir adelante. La FAGC apoya virtualmente, pero físicamente solo podemos ir 4. Por motivos de trabajo y asuntos personales, imposible reunir más con tan poco tiempo.

Estudiamos la casa. Los accesos, el tipo de puertas, la situación de la calle y el barrio. Preguntamos por el posible apoyo vecinal. Parece que mínimo, sobre todo con tan poco tiempo. Reunimos los materiales con apuro y los dejamos preparados para el día siguiente. No pinta nada bien. Miedo, nervios, dudas. Puede ser el primer desahucio que no paremos. Nuevos detenidos y nuevas multas. Y la familia a la calle. Bajar la cabeza y plantearse que quizás lo mejor es no seguir. Un compañero lo entiende así y prefiere no acudir. Quedamos 3, más Rita y su compañero. Sus familiares no acudirán. Al menos aceptan cobijar a los menores.

No hay tiempo de convocar a los medios para documentar un posible linchamiento. Sondeamos a algún periodista conocido. Muy prematuro nos dice, no vendrán. Estamos solos.

Dormimos poco y mal. A las 6:00 de la mañana del jueves estamos ahí. Café para 5. La familia angustiada. Miradas húmedas. Ambiente tenso. Más dudas y más miedo. De nuevo, la mañana pinta mal. Pero entonces algo surge de dentro: «vamos, no hay tiempo». No pensamos. Tiramos de automatismos. Avisamos a los vecinos de que nos vamos a parapetar dentro, para que salgan si tienen que hacerlo. Como profesionales del piquete, como una pequeña cuadrilla de peones, nos movemos rápido y bien. Movemos puntales, clavamos tachas y listones. Planchas y soldadora. Aseguramos la ventana. El ambiente se distiende, la tensión se rompe. Aparecen las risas. Hago el payaso, y surte efecto. Creemos estar en un barco de vela, como en una película de piratas. «Refuerce la escotilla, contramaestre». Poco a poco el miedo se transforma en una extraña euforia contenida. Cantamos una particular versión de «A las barricadas», que hemos ido adaptando tras cada desahucio. Los afectados están flipando. Nosotros seguimos trabajando.

Avisamos a una vecina cuya ventana da a la calle para que nos avise cuando llegue la comitiva judicial. Le damos el número de mi móvil. Ahí nos quedamos esperando el «wasap» que nos indique que llegan los malos. A la media hora se presentan. Hay policía local, un auxiliar judicial y el abogado del propietario. Tocan. Les informamos que es un piquete y que no nos podrán sacar vivos (sí, tiramos de dramatismo). Viene un cerrajero, no puede abrir aunque rompe la cerradura. Lo intentan los locales. Una hora y media más tarde los nacionales. No pueden. Calor dentro, insultos y maldiciones fuera. Rompen bisagras. Preocupación. «¿Tiene todo el mundo el número del abogado ovilladito en el bolsillo?», pregunto. Todos contestan que sí. A esperar que la soldadura aguante y que lo haga después la última barricada de trastos. Al menos para que nos de tiempo a grabar cómo entran. Otra hora. Nada. Un papel pasa por una rendija lateral de la maltrecha puerta. El abogado del casero quiere negociar. Ofrece 6 meses más de alquiler, después tendrán que irse. Nosotros lo desaconsejamos. La familia está encantada, eufórica, se abrazan de alegría. Se acepta. Sensación agridulce. Nos piden que salgamos, pero en esto sí imponemos nuestras condiciones. Lo haremos después de las 14:00, y cuando la calle esté completamente despejada. A las 14:00 cogemos la autógena y cortamos las planchas para que puedan salir los vecinos. Pero no cumplimos nuestra palabra. Salimos por un garaje, también asegurado, y que nos permite sortear cualquier emboscada policial. Nos despedimos de la pareja, muy agradecida, que se sienten ganadores. Nosotros no celebramos. Estamos satisfechos por haber salido ilesos, por haber sobrevivido.

Seguimos en esta labor de francotiradores silenciosos, plantando batallas que no serán portada en ningún medio y ganando algo de tiempo para que los oprimidos puedan respirar. Algún día no podremos, seguro. Pero ese día aún está por llegar.

FAGC

[Publicado en http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/37653]

CONVOCAMOS

Convocatoria de prensa que Rosa Moreno nos ha hecho llegar. Recordamos que el juicio es el 19 de Marzo (2015). Para entonces nos hace falta alcanzar la suma de 1.000 euros (el secretario judicial ha rebajado la cifra de 2.000 a 1.000 al ser Rosa y Carmelo usuarios de justicia gratuita) para poder presentar oposición en el juicio. Tenemos actualmente unos 800 euros. Nos hacen falta cerca de 200 más para poder como mínimo plantar batalla judicial. ¡Queda poco tiempo! ¡Que todo el mundo done cuánto pueda! A dicha rueda de prensa convocamos también a todas las personas que quieran hacer acto de presencia para demostrar su apoyo a la familia de Rosi y Melo. 

CONVOCAMOS
SOLICITO LA AYUDA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DAR A CONOCER LA SITUACIÓN DE MI FAMILIA QUE VA A SER DESAHUCIADA POR EL JUEZ A PETICIÓN DEL BBVA SI NADA LO REMEDIA. QUEREMOS CONVOCAR UNA RUEDA DE PRENSA Y EN  LA MEDIDA DE LO POSIBLE QUE TODOS LOS MEDIOS ACUDAN PARA QUE LA OPINIÓN  PÚBLICA SEPA QUE UNA VEZ MAS SE VA A COMETER UNA INJUSTICIA.
DICHA RUEDA DE PRENSA TENDRÁ LUGAR EL 17 DE MARZO DE 2015 A LAS 9:30 (A.M.) EN EL BARRIO CAPITALINO DE LA FERIA DEL ATLÁNTICO EN EL LOCAL DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS COVIBAT, CALLE DONANTE ALTRUISTA, Nº 6.
QUEREMOS HACER UN LLAMAMIENTO PARA QUE A QUIEN LE COMPETA TOME CARTAS EN EL ASUNTO Y SOLUCIONAR NO SOLO EL PROBLEMA DE ESTA FAMILIA SINO PARA  QUE SIRVA DE  AYUDA A TANTAS OTRAS QUE AUNQUE  EN SILENCIO PASAN POR ESTE MISMO PROBLEMA: EL VERSE CON SUS HIJOS SIN UN TECHO. 
ESTA SITUACIÓN ES MÁS ALARMANTE CUANDO SABEMOS DE TANTAS CASAS QUE  
LOS BANCOS TIENEN CERRADAS POR AÑOS ASÍ COMO LAS 115 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL QUE EL GOBIERNO DE CANARIAS TIENE TERMINADAS DESDE HACE 3 AÑOS.
SIN USTEDES POCO HAREMOS YA QUE ES A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CUANDO INSTITUCIONES Y  DEMÁS SE IMPLICAN. NECESITAMOS VUESTRA AYUDA POR FAVOR PONGAN UNA VEZ MÁS SU GRANITO DE ARENA PARA MOVER LA MONTAÑA.
FDO.: ROSA MARÍA MORENO.
TELÉFONO DE CONTACTO: 669 808 087
NÚMERO DE CUENTA SOLIDARIA (TRIODOS BANK): ES92 1491 0001 2121 3559 3420

El BBVA intenta desahuciar a Rosa, Carmelo y sus tres hijos

En enero de 2013 una familia (Rosa, Carmelo y sus tres hijos menores de 15, 7 y 4 años) fueron realojados por la Asamblea de Inquilinos y Desahuciados (impulsada por la FAGC) en un inmueble abandonado “propiedad legal” del BBVA en el barrio del Lomo Apolinario de Las Palmas de G.C. (http://www.anarquistasgc.net/2013/01/la-asamblea-de-inquilinos-y.html).

Después de un año arreglando y habilitando un inmueble que estaba en condiciones lamentables (fugas de agua que perjudicaban a las viviendas colindantes, pintura, sellado de humedades, etc.) y de conseguir que la gente del barrio los hayan aceptado como vecinos ejemplares, el banco interpuso una denuncia por usurpación contra Rosa y Carmelo. El banco abordó el asunto de la forma más expeditiva y brutal posible, pues no sólo interpuso una demanda penal (en un caso que obviamente debía dirimirse por la vía civil), sino que haciendo un alarde de demencia propietaria ¡trató de imputar a los menores! (http://www.antena3.com/canarias/noticias/sociedad/imputados-menores-ocupar-casa-propiedad-banco_2014012000239.html). Después de que la causa fuera sobreseída por el juez al no encontrar ninguna actividad constitutiva de delito y ante la presión mediática, el banco aceptó públicamente negociar con la familia el establecimiento de un alquiler social. También el ayuntamiento de la capital se avino a ejercer de “mediador” y a ofrecer las ayudas correspondientes. 

Los meses han pasado y la familia no ha obtenido ninguna información nueva ni del ayuntamiento ni del banco…, hasta ahora. El banco se retracta de todo lo dicho, incumple el acuerdo público que asumió y vuelve a denunciar a Rosa y Carmelo solicitando que ellos y sus tres hijos sufran un desahucio cautelar antes de que se produzca el juicio previsto para marzo de 2015. Solicita una medida, un desahucio por lo criminal, que corresponde a cuando una ocupación conlleva un peligro social, y no a las actividades cotidianas de una familia con escasos ingresos que trata de salir adelante procurando que sus hijos no pasen privaciones y no conozcan lo que es carecer de techo. Según se nos ha comunicado en los propios juzgados la orden de desahucio cautelar ya ha sido firmada por el juez y en cualquier momento puede llegarles la notificación. 
Actualmente parece que este caso ya no interesa a los movimientos sociales profesionales que se han convertido en meras gestoras cuando intervienen en la problemática de la vivienda y que ya tienen toda la publicidad que necesitaban y no requieren más titulares.
Por su parte el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que como hemos dicho comprometió a ejercer de “intermediario” entre el banco y la familia, no ha hecho más que inhibirse en este aspecto sin dar señales de vida hasta la fecha.
Sin embargo, Rosa y Carmelo no piensan rendirse, la FAGC no piensa abandonarlos, y los vecinos más comprometidos de la Comunidad “la Esperanza” tampoco. Anunciamos desde aquí una campaña a todos los niveles: jurídico, mediático y callejero, que no cesará hasta el BBVA retire la demanda de desahucio y avenga a negociar con Rosa y Carmelo.
En esta ocasión esta familia no volverá a fiarse de bellos propósitos aunque se lancen ante los medios o incluso ante un tribunal; no dejará de plantar batalla hasta que se les ofrezca una solución en negro sobre blanco y haya un acuerdo firmado. Implicaremos a quien haga falta, denunciando la sevicia y mezquindad de esta entidad financiera que pisa vidas humanas como pisa su palabra; la abulia e hipocresia de una administración pública que en cuanto se apagan los focos mira para otro lado; y la insensibilidad y desmesura de un sistema judicial hecho a medida del poder. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que esta familia no pierda la que ha sido su vivienda desde hace justamente este mes de enero 2 años. ¡Porque el derecho a la propiedad privada no puede socavar el derecho a la vida!
*Para poder presentar alegaciones la entidad demanda, y el juez lo ha corroborado, una caución (fianza) de 2.000 a Rosa y Carmelo. Para este fin abrimos una cuenta solidaria donde todo el que quiera podrá contribuir para ayudar a la defensa de esta familia. Ninguna contribución es pequeña. Este es el número al que realizar los ingresos:
ES92 1491 0001 2121 3559 3420

Socialización Masiva


Hemos socializado alrededor de 40 viviendas (cerca de 15 ya están realojando a unas 50 personas desahuciadas y sin hogar). El único requisito para acceder a ellas es la necesidad: carecer de techo o estar a punto de perderlo. Si te encuentras en esta situación ponte en contacto con nosotros a través de nuestro correo (anarquistasgc@gmail.com) y ya te explicaremos los detalles y pormenores en persona.

Los pueblos están dispuestos; sufren demasiado y, lo que es más, han comenzado a comprender que no están obligados a sufrir” (M. Bakunin, Protesta de la Alianza, 1871).

¡Todos con Itahisa y José Antonio!

Jueves día 7 de Marzo
A las 7:30 «Caravana Anti-desahucios» hacia Telde

A las 8:00 todos en la calle Tamadaba (nº 10)

Mientras nos quede aliento, no podemos permitir que una familia quede rota y en la calle

¡Que Telde sea un clamor de rabia contra la injusticia, de compromiso por la solidaridad!

¡Únete al Piquete Anti-desahucios!

II Asamblea de Inquilinos y Desahuciados


El domingo 24 de febrero se celebrará en la popular Plaza del Pueblo de La Isleta la II Asamblea de Inquilinos y Desahuciados (17:00). En la misma intentaremos encontrar una solución conjunta a los próximos desahucios que van a darse en el barrio. Las soluciones que proponemos van, desde parar los desahucios de forma activa, a realojar a las familias desahuciadas en alguno de los innumerables inmuebles abandonados, propiedad de entidades bancarias, que inundan la isla. A tal propósito volveremos a repartir el listado con más de 60 casas embargadas por los bancos. Se ofrecerá también asesoría jurídica, así como la disposición de darle difusión a cualquier caso de abuso sufrido por inquilinos o víctimas de la hipoteca. Como medidas de amplio calado, propondremos la Huelga de Alquileres, y el órdago al Sistema, que sólo exponemos como una cláusula a un contendiente al que se piensa derrotar, que es la exigencia de una Amnistía hipotecaria y arrendataria. Esos son los términos de nuestra batalla por el techo.