Año: 2017

Defender el barrio. Sobre vivienda y turistificación en Canarias

En la segunda mitad del siglo XX el modelo capitalista ha tenido que reconvertirse en determinadas zonas para sobrevivir y expandirse. El capitalismo industrial ha dejado paso en muchos casos a un capitalismo basado en los servicios, reproduciendo el llamado tránsito del fordismo al posfordismo. En Canarias el sector agrícola, históricamente motor económico del archipiélago, hace mucho que fue suplantado por el turismo. De hecho éste se nos vende como la única alternativa económica, en un discurso hegemónico que hasta la izquierda insular compra(1). No hay vida más allá del turismo y la hostelería. Este proceso se conoce como terciarización de la economía y es lo que ocurre cuando el tercer sector (servicios) se convierte en el modelo económico preponderante y subordina o intoxica al resto de sectores (agrícola e industrial).

Entender el turismo como una categoría económica que por sí misma puede sostener materialmente un territorio es un grave error. Su carácter volátil, todavía mucho más dependiente de modas y tendencias que el resto de servicios y productos, lo convierte, en el mejor de los casos en pan para hoy y hambre para mañana. Es un modelo económico tan frágil que en lugares como Canarias prácticamente hay que desear cada año que en otros destinos turísticos se produzca un desastre natural o un atentado para ganar visitantes y poder seguir subsistiendo. A ese grado de mezquindad nos reduce este modelo.

Los defensores de la terciarización nos dirán que el 31% del P.I.B. canario lo genera el turismo(2), y que el 36% del empleo en Canarias (un 25% de forma directa) está vinculado también con dicha actividad(3). Lo que no nos dirán es que habiendo aumentado esta actividad su rentabilidad en todo el Estado en un 11’45%, sólo se ha producido un 3% del crecimiento del empleo(4). El beneficio que genera el turismo no va a los obreros y si la cantidad de trabajo que demanda sólo produce ese magro porcentaje de crecimiento es porque todo recae sobre unas plantillas que apenas se amplían y que son terriblemente sobreexplotadas. Si el modelo fuera la panacea que nos venden no tendría sentido que las Islas Canarias fuera una de las zonas más turísticas del Estado y a la vez uno de los territorios más pobres. En el archipiélago el turismo no ha impedido que tengamos un 26% de paro(5), el segundo sueldo más bajo del Estado(6), un 35% de población por debajo del umbral de la pobreza y en situación de exclusión social(7) y el récord estatal de pobreza infantil con un 35% de nuestros menores viviendo en la miseria(8).

La calidad del trabajo que genera el turismo es algo que no vamos a descubrir ahora: es trabajo precario, estacional, con sueldos ridículos y jornadas laborales maratonianas. Una camarera de hotel cobra al mes lo mismo que gasta un turista a la semana(9). Sí, el turismo genera dinero, pero este no llega a la población trabajadora.

Pero el turismo no es solo el responsable de un desigual modelo económico; su masividad también tiene consecuencias ecológicas, sociales y urbanísticas. Hablar de los efectos ecológicos es redundante: el turismo se alimenta principalmente de hormigón, ha convertido el sur de la isla en un bloque de cemento flotante, ha destruido el litoral hasta convertirlo en una enorme zona recreativa para adultos y ahora, con la nueva Ley del Suelo del Gobierno de Canarias (aprobada definitivamente este 2017), un 10% del suelo rural se puede dedicar a actividades no agrícolas (es decir, al turismo).

El turismo no tiene unas consecuencias menos graves en el plano urbano. La población de Canarias tiene 2.100.000 habitantes(10). El año pasado recibimos 13.300.000 turistas(11) (en Canarias, en el resto del estado fueron 75,3 millones(12)), un 10% de ellos tienden a alojarse en zona residencial(13). Según el gobierno autonómico canario (datos de 2015) hay unos 28.000 inmuebles dedicado al alquiler vacacional en todo el archipiélago(14), unas 121.000 camas que acogen a 1,2 millones de turistas(15). Esta es la turistificación, el turismo que masifica y destruye los barrios, en cifras. A pie de calle su influencia, aunque no se detecte inmediatamente, es innegable. La equipación urbana y los servicios empiezan a destinarse casi exclusivamente a la población flotante, quedando la población residente cada vez más relegada y con sus necesidades básicas más insatisfechas. Dónde antes se primaban los ambulatorios y las escuelas públicas, ahora se promocionan las clínicas de estética y las academias privadas; donde antes se reclamaban espacios de ocio para mayores y niños ahora se imponen centros comerciales y peluquerías caninas. Se le da prioridad a lo superfluo cuando aún no se dispone de lo necesario.
Esto abre las puertas a otro fenómeno íntimamente ligado con el turismo: la gentrificación. Es un término acuñado por la socióloga anglo-alemana Ruth Glass en 1964(16). Deriva de la palabra inglesa gentry (clase alta), y podríamos traducir el proceso como “elitilización”. Hagamos una pequeña retrospectiva para entenderlo bien.

El modelo fordista era una lacra y concentraba en las ciudades a grandes masas obreras empobrecidas dependientes de su empleo. Pero como siempre ocurre con el capitalismo, si cambia nunca es para mejor. Hoy en esos barrios obreros el paro ha hecho estragos, y el sistema ya no necesita tener cerca de unos inexistentes centros de trabajo a una clase obrera que actualmente es clase desempleada y que en muchos casos sobrevive de la economía en B. La administración, de forma intencionada, procede a permitir el deterioro de dichos barrios, sin hacer ninguna inversión en ellos, dejando que muchos inmuebles sean declarados en ruinas. Esta decadencia controlada y deliberada es el paso previo para posicionar a la opinión pública, especialmente a los propios vecinos del barrio afectado, a favor de un proceso que al final acabará por echarlos de sus casas. Esto forma parte en realidad de un movimiento de pinza pues se produce simultáneamente con otra maniobra: cuando dichos barrios obreros, históricos y a veces céntricos, están próximos a determinados servicios o zonas de ocio (en Canarias principalmente los barrios cercanos a la costa) se convierten en el objetivo de los especuladores inmobiliarios, que no tardarán en hacer acto de presencia para acaparar todos los inmuebles que puedan a precio de saldo.

Tenemos por un lado un barrio en declive, lleno de propiedades baratas, y por otro a un grupo de inversores privados, promotores, tour operadores, empresas telemáticas (como Airbnb), fondos buitres, bancos e inmobiliarias que ven el negocio de unos barrios accesibles (a nivel de transportes y servicios), próximos a las playas y a otras ofertas de ocio, y donde echar a la población residencial para meter turistas y personas de clase alta les saldrá literalmente gratis. Estos depredadores están convencidos de que no pueden perder, no tienen más que escoger un barrio, que reúna todos los requisitos enumerados, y no parar hasta hacerse con él. Y no les será complicado: los grupos de inversión no tienen más que contactar con los antiguos propietarios, hablarles de las ventajas de ahorrarse el mantenimiento del inmueble y la gestión, convencerles de que se los cedan y sin más esfuerzo que apretar la tecla de la avaricia empezar a repartirse un dineral. Los caseros, obviamente, lo ven claro: si antes cobraban 400€ al mes a una familia obrera que ha pasado toda su vida en el barrio, ¿por qué no cobrar lo mismo a la semana, por habitación o colchón, alquilando a turistas? Que esto suponga que una familia con pocos recursos tenga que ser expulsada de su hogar es una circunstancia que al rentista le importa poco.

Esto está propiciado por la reforma de la LAU (Ley de Arrendamiento Urbano) en 2013(17). Antes la actualización de los alquileres debía establecerse en base al IPC (Índice de Precios de Consumo), a partir de dicha reforma es completamente “libre”, para el propietario, que puede fijar el precio del alquiler que le apetezca. La libertad del inquilino, por el contrario, se sacrifica en el altar de la propiedad privada. En este nuevo marco, cumplidos los 3 años obligatorios de prorroga (antes de dicha reforma de la LAU eran 5), los propietarios no renuevan los contratos de arrendamiento a los antiguos inquilinos para poder así destinarlos al alquiler vacacional. Y si tienen la deferencia de ofrecerles actualizar el contrato les pedirán que como mínimo igualen los 1200-1600 € de alquiler que esperan ganar con los turistas. Esto es obviamente imposible y se ha convertido en la causa de que miles de familias tengan que irse a vivir cada vez más lejos de sus ciudades de origen y también es un factor importante en el incremento del número de desahucios.

Hay quien argumenta que la innegable subida del precio del alquiler se produce por factores demográficos y por la paralización de la construcción de nueva vivienda en la isla. Este es el argumento de los que niegan que la vivienda en Canarias esté siendo sometida a una enorme tensión especuladora. Pero los datos no engañan. Aunque el Gobierno de Canarias afirme que en el archipiélago sólo hay 61.000 inmuebles vacíos(18), otros organismos oficiales hablan de 138.000(19), una cifra mucho más realista que contrasta crudamente con los 35.000 demandantes de vivienda pública en las islas(20). Estos inmuebles vacíos, muchas veces retenidos por particulares, bancos y fondos buitres con fines especuladores, demuestran que en Canarias hay viviendas de sobra para todos. Que haya gente en la calle es una verdadera y cruel incongruencia, que nada tiene que ver con una ficticia escasez de inmuebles; en realidad hay un claro superávit, pero que ni la administración ni los actores del sector inmobiliario piensan redistribuir equitativamente cuando hoy por hoy la vivienda en alquiler (principalmente vacacional) es uno de los activos financieros más atractivos(21).

Esto que he descrito es el corolario que nos conduce a la actual burbuja del alquiler. Después del batacazo de las hipotecas cada vez más gente se ha visto obligada a vivir en régimen de alquiler (un 23% ya de la población del Estado(22)). Desde 2013 el alquiler ha subido en el Estado español un 25%(23). Y desde el 2015 una media de un 15%(24). Pero esta carestía no es producto solo de un cambio de modelo inmobiliario; está estrechamente relacionado con el alquiler vacacional como demuestra que las mayores subidas se hayan dado en tres ciudades que principalmente tienen en común el fenómeno del turismo: en Barcelona (19,8%), Las Palmas de Gran Canaria (16,1%) y Palma de Mallorca (14,1%)(25). Siendo principalmente sangrante el caso canario porque aquí tenemos la segunda mayor subida del alquiler mientras los salarios son de los más bajos del Estado.

El resultado de esto, como comenté anteriormente, es un incremento en el número de desahucios por impago de alquiler. Todos los días se producen unos 200 lanzamientos en el Estado español(26), un 5% de ellos en Canarias (735 el tercer trimestre de 2016(27)). Más de la mitad de ellos se ejecutan contra inquilinos(28). Todo esto sin contar la cantidad de desahucios invisibles y silenciosos tan comunes en los casos de alquiler, resultado de múltiples factores: relación directa con el casero, desconocimiento total de los propios derechos, culpabilización del insolvente y beatificación del propietario, miedo a la confrontación con un particular, nulo interés de colectivos y plataformas de vivienda, etc.

Todos estas expulsiones del barrio, forzosas o voluntarias, nos llevan a un verdadero éxodo interior. Innumerables familias abandonan sus casas y se exilian en la periferia, en un cinturón cada vez más grande de ciudades dormitorio ubicadas en el extrarradio. El artificial distrito Puerto-Guanarteme-Isleta en Las Palmas de Gran Canaria es un claro ejemplo de ello. Las familias son obligadas a abandonar las pocas casas de renta antigua que quedaban en las inmediaciones de Las Canteras. De ahí se les acaba expulsando también de Guanarteme o de La Isleta, culminando un proceso que ya no copa la primera línea de playa, sino hasta la segunda o tercera. Es muy fácil encontrar apartamentos en La Isleta, próximos a La Puntilla, que arriendan el m² a 15 ó 20 €, pudiendo llegar una ratonera de 25 m² a 500 €(29). Eso, mientras en las partes más profundas del barrio se amontonan las casas en ruinas y abandonadas.

Los colectivos sociales de corte amable de las islas ni siquiera se han pronunciado sobre la turistificación y el alquiler vacacional fuera de los ambientes ecologistas. Muchos creen que basta con el vergonzante decreto sobre alquiler vacacional que presentó el Gobierno de Canarias en 2015(30). La mayoría ha querido ignorar que este decreto solo quería limitar el alquiler vacacional en suelo turístico, defendiendo los intereses del lobby hotelero, dejándolo intacto en suelo residencial, que es precisamente donde más daño hace. En abril de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, defendiendo el “sagrado derecho a la competencia”, tumba las limitaciones que quería establecer el decreto precisamente en zona turística(31). La destrucción del espacio urbano no es materia que se trate en parlamentos y juzgados, tampoco en los despachos de plataformas y colectivos. Esta lucha solo la podemos plantear los vecinos en las calles.

Las soluciones no están en la actividad parlamentaria ni en la vía institucional. Esa estúpida idea de que basta con colocar a okupas o a activistas provivienda en un ayuntamiento para que se regule la gentrificación ya ha sido refutada en la práctica por los concejales del Patio Maravillas en Madrid y por Colau y su equipo en Barcelona. Los gobiernos no cambian una ley mientras que las calles no ardan. Voluntariamente no conceden nada; se les quita o se les arrebata. Y esto solo se logra cuando se tiene una mano ganadora con la que presionar, cuando se puede poner sobre la mesa un argumento de fuerza respaldado por la fuerza de la calle. Los gobiernos ceden cuando la situación es insostenible y la gente en los barrios empieza a vivir sin consentimiento lo que después los políticos se ven obligados a normalizar con su legislación. Ha sido así desde la lucha por la jornada de 8 horas, y la dinámica gubernamental no ha cambiado. Nada se obtiene por ciencia infusa, nada se conseguirá por la vía legal/política mientras la gente no lo haya conquistado previamente en la calle. Y aún así el resultado es dudoso. Las leyes sobre la propiedad se aplican diariamente con todo su rigor y brutalidad. Son “leyes de sangre”. Después están las “leyes de papel”, que ya sean sobre memoria histórica, dependencia, empadronar okupas, no tienen por qué acatarse. Ningún organismo público será condenado por incumplirlas, y si se les condenara, no por ello dejarían de quebrantarlas. No es mi intención hacer una defensa de unas supuestas “leyes amables”. Todas son o punitivas o inútiles, nada que rescatar. Es más bien una reflexión sobre la arbitrariedad de la ley y la reafirmación de esa máxima de Anacarsis según la cual “la ley es como una telaraña: atrapa a las moscas y deja escapar a los pájaros”(32). Reitero que la solución al turismo masivo debe partir de la calle.

Ya hay una manifestación de hostilidad social en distintas ciudades del Estado español contra la turistificación de nuestros barrios. La narrativa hegemónica del Sistema y sus medios de comunicación ya han bautizado esta repulsa a la perdida de espacio barrial como “turismofobia”. Este término es como el hembrismo, el racismo anti-caucásico o la opresión anti-heterosexual: no existen. Requiere una estructura de poder, como mínimo social, que ejerza opresión o discriminación contra dicho grupo humano. Y repito que eso no existe. Sin embargo, un término completamente artificial puede ir dotándose de solidez por la repetición constante de la propaganda y también por nuestra incapacidad de establecer un discurso que lo desmonte. Echar sal en la paella de un turista puede ser muy divertido, y seguro que creemos que estamos atacando al modelo turístico, pero la realidad es que solo le hemos jodido el almuerzo a alguien. El turista, al menos el que llega a un destino turístico low cost como Canarias, suele ser un trabajador, generalmente sin demasiada conciencia, que solo busca un lugar barato en el que veranear(33). Joderlo a él, al individuo concreto, puede darnos muchos titulares, más o menos positivos según quién lo publique, pero deja intacto el modelo y facilita la victimización que buscan los especuladores y sus voceros. Si a eso le sumamos ciertos tics de xenofobia en la crítica (“¡fuera putos guiris!”, etc.) ya le hemos envuelto el paquete propagandístico a los medios burgueses sin alterar ni un ápice las ganancias que obtienen los grandes depredadores inmobiliarios que devoran el barrio.

La táctica del sabotaje, importante y respetable, en un lugar como Canarias, donde la población residencial está tan identificada con las bondades del turismo, no se comprendería, no si su objetivo son los propios turistas. El sabotaje debe destinarse contra la estructura, debe dedicarse a hacer daño al modelo, a evitar que siga atesorando inmuebles, que siga encareciendo los alquileres, que siga obteniendo ganancias con el deterioro del barrio, no a cargar contra una familia que dentro de 15 días, de regreso a casa, sólo recordará el asunto como una anécdota. La idea de que molestando al turista particular este dejará de venir es bastante naíf. Para eso haría falta un aparato seudomilitar de acoso constante del que no disponemos y del que sinceramente no sería deseable disponer. Sería la actividad de una vanguardia intentando dirigir la solución de un problema que jamás se arreglará sin la intervención de todos esos vecinos que están siendo desplazados, desahuciados o que corren el riesgo de serlo pronto. Hay que llegar a estos vecinos, juntarse con ellos y colectivamente atacar al modelo; hay que hacer daño en el corazón mismo de la bestia.

Combatir el modelo implica organizar a los afectados en estructuras combativas, desarrollar una serie de demandas u objetivos en torno a los que articular la lucha y estar dispuestos a realizar las acciones necesarias que nos aproximen a dichos objetivos o incluso que los sobrepasen. Paso a desarrollarlo: es necesario crear herramientas que los vecinos puedan hacer suyas, organizaciones como los Sindicatos de Inquilinos que deberían proliferar en toda zona turistificada. Sindicatos que, independientes de cualquier partido e institución, se dediquen a aglutinar a los más damnificados del barrio hasta conceder al enfrentamiento un carácter popular. La lucha contra el turismo masivo debe ser necesariamente una lucha barrial, vecinal, o se limitará a ser una manifestación de malestar de una minoría politizada e identitaria.

Es necesario también articular una serie de exigencias, comprensibles y plausibles, que supongan por sí mismas una batería de medidas y a su vez un programa. Ningún partido o gobierno las asumiría voluntariamente, pues supondría tanto como deslegitimar el modelo capitalista, pero más allá de que algunas medidas sí podamos imponerlas, lo importante es que generarán la tensión necesaria entre la sinrazón del mercado y el gobierno y el sentido común de una reclamación básica: que la vivienda es un bien de primera necesidad, que no puede estar sometida a las leyes de la oferta y la demanda, que no es un activo financiero ni un producto mercantil, que debe destinarse exclusivamente a algo que parecemos haber olvidado: a vivirla.

Un modelo de exigencias podría ser el siguiente(34):

1. Establecer un precio máximo del alquiler en los barrios obreros.
2. Fijar el precio del alquiler en función de los ingresos del arrendatario.
3. Evitar las actividades especulativas de los multirentistas expropiando los inmuebles abandonados.
4. Proscribir el alquiler vacacional en zonas residenciales e impedir cualquier actividad inmobiliaria que promueva la gentrificación en los barrios históricos y populares.
5. Proscribir que las viviendas públicas (sea cual sea su régimen anterior) puedan ser vendidas a ningún particular.
6. Recuperar todo el suelo y las viviendas públicas vendidas a empresas, gestoras o fondos privados.
7. El modelo de arrendamiento, sobre todo en las viviendas destinadas al alquiler social, debe ser el alquiler vitalicio.

En cuanto a las acciones, son también un objetivo en sí mismo. Más allá de las reformas gubernamentales, de las pintadas y los boicots, al modelo turístico se le hace daño si somos capaces de imponerle nuestro propio modelo social. Todos esos pisos y edificios que aún se mantienen abandonados y que sabemos que van a ser destinados al alquiler vacacional, que ya han caído en manos de inmobiliarias o promotores turísticos, deben ser expropiados y socializados, y deben ser ocupados por las mismas familias que han sido desplazadas de sus barrios natales por la gentrificación. Ya decía Kropotkin que “la expropiación de las casas lleva en germen toda la revolución social”(35). Ocupar inmuebles, como forma de arrebatarles la posibilidad de especular con nuestro suelo y con nuestro techo, y como forma de demostrar, con un ejemplo social vivo, que hay otra forma de gestionar la vivienda, otra modelo habitacional que no se basa ni en el capitalismo, ni en el paternalismo público, ni en la propiedad, ni tan siquiera en el alquiler; se basa en la autogestión.

Es imprescindible aspirar a un modelo de vivienda gestionado de forma directa por los propios vecinos. No solo basta con combatir las formas más abusivas del rentismo, como hemos visto con los excesos del alquiler vacacional en esta oleada de turismo masivo; hay que cuestionar el propio principio de la renta, uno de los pilares de este sistema económico basado en la propiedad privada.

Los proudhonianos clásicos consideraban que la explotación capitalista se fundamentaba en distintas categorías económicas que consistían en parasitar el esfuerzo ajeno: la plusvalía en el trabajo(36), el lucro en el comercio, el interés en el crédito y la renta en el alquiler(37). El propio Proudhon fue el primero en exigir la liquidación de los alquileres(38), demanda que heredó la Comuna de París(39) y muchas revoluciones y movimientos posteriores(40) y que languideció cuando las organizaciones obreras asumieron el discurso propietario. Hoy es muy difícil esperar que los nuevos sindicatos de vivienda asuman una medida como esta, pero tal y como los sindicatos laborales combativos deben aspirar a acabar con el trabajo asalariado, los sindicatos de inquilinos deben aspirar a acabar con la renta. Abolir los alquileres puede parecer una propuesta muy extrema, pero ni siquiera el argumentario económico más convencional puede refutar su coherencia. Explicaba Proudhon que el precio que haya podido pagar un propietario por una casa ya se ha amortizado de sobra con varias décadas de alquiler y que el arrendatario adquiere un porcentaje de propiedad con cada mensualidad pagada(41). Según este razonamiento, la mayoría de viviendas construidas antes del 2000 ya han sido pagadas con creces, ninguna retribución merece ya el propietario. ¿Y si esta vivienda se ha devaluado por el deterioro o la coyuntura y ha exigido nuevas inversiones por parte del arrendador? Cuando el mercado fija la revalorización de una propiedad el arrendatario no puede reclamarle nada al casero, ni tampoco el casero está dispuesto a compartir con nadie sus ganancias extras; que se aplique la misma lógica cuando el casero es el perjudicado y que no nos exija al resto que costeemos sus pérdidas. Pero sobra argumentar esto… La mentalidad capitalista debe dejar de marcar los análisis sociales, más cuando hablamos de necesidades básicas.

La cuestión de fondo es que la vivienda debe de romper las cadenas que la atan al mercado, debe pasar a ser un patrimonio social colectivo gestionada directamente por los habitantes del barrio que no esté sujeta a los flujos turísticos ni a los vaivenes especuladores. Quizás parezca excesivo concentrar tanto esfuerzo en el tema de la vivienda, pero es que el barrio no es otra cosa que un espacio común conformado, precisamente, por un conjunto de viviendas, y sujeto por una red de relaciones que quienes las habitan tejen en torno a ellas. Ciertamente, no hay que idealizar el barrio. Es simplemente el lugar en el que para bien o para mal vivimos e interactuamos (muchas familias el 100% de su tiempo). Pero nadie nos puede negar que intentemos que ese espacio y esas relaciones se produzcan de la mejor manera posible. Intentar que sean lo más sanas, igualitarias, solidarias, justas y libres que esté a nuestro alcance. La turistificación destroza esas aspiraciones, destruye el espacio, rompe o vicia esas relaciones y lo hace acaparando nuestras casas. Desde ahí fagocita al resto de la ciudad y desde ahí la totalidad del territorio. Defender la vivienda es defender el barrio, y defender el barrio es tanto como defender el último terreno de estás malditas ciudades que aún podemos considerar nuestro.

Ruymán Rodríguez

NOTAS

1 Mientras en otros lugares del Estado abundan las pintadas contra la actividad turística, en Canarias ha sido muy frecuente ver que las pintadas de la izquierda independentista reclaman justo lo contrario: “¡El turismo es nuestro!”.
2 Según un informe del Gobierno de Canarias llamado Alquiler vacacional en Canarias: Demanda, Canal y Oferta, 2015.
3 H. Mederos, “Canarias, la región donde el turismo aporta más empleo a la economía” (La Provincia, 14/4/2016).
4 A. Fuentes, “La cara oculta y precaria del turismo” (El Periódico, 21/10/2016).
5 Datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) de 2017.
6 Redacción, “Canarias sigue pagando el segundo sueldo más bajo de España, solo el 85% del registro nacional” (El Diario, 10/5/2017).
7 Datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) de 2016.
8 Ibíd.
9 Fuentes, op.cit.
10 Según datos del ISTAC (Instituto Canario de Estadística) de 2016.
11 Europa Press, “Canarias cierra 2016 con 13,3 millones de turistas extranjeros” (Diario de Avisos, 31/1/2017).
12 Servimedia, “España recibió 75,3 millones de turistas en 2016, un 9,9% más” (El Economista, 12/1/2017).
13 Gobierno de Canarias, op.cit.
14 Ibíd. Aunque hay que poner en cuarentena estas cifras del Gobierno de Canarias y no descartar que puedan superar fácilmente los 30.000. Así como dicho organismo da una cifra de viviendas abandonadas bastante menor de la que reconocen otras instituciones, los números en alquiler vacacional también les bailan bastante. En el programa “El Foco” (Radio Televisión Canaria, 7/7/2017) el viceconsejero de turismo Cristobal Rosa repitió con insistencia, en un debate sobre alquiler vacacional, que las viviendas que su gobierno tenía censadas eran exactamente 29.931.
15 Gobierno de Canarias, op.cit.
16 R. Glass, London: Aspects of change, 1964.
17 Es la misma reforma que liberalizó el alquiler vacacional y lo convirtió en competencia de las Comunidades Autónomas.
18 Gobierno de Canarias, op.cit.
19 Datos del INE de 2012. En 2016 se empieza a hablar de 135.000 casas vacías (S. Lachica, “La ultraperiferia canaria: los sueldos más bajos y 135.000 inmuebles vacíos”, El Diario, 28/5/2016). Según Tinsa (empresa dedicada a la tasación de inmuebles) en Las Palmas el 21,4% de las viviendas están vacías, y en la provincia de Santa Cruz el 17,6% (datos de 2016).
20 Lachica, op.cit.
21 D. Esperanza y R. Ruiz, “El alquiler la opción más rentable en inversión inmobiliaria” (Expansin, 22/5/2017).
22 Redacción, “El alquiler de viviendas, en niveles récord del último medio siglo” (El Mundo, 5/1/2017)
23 Según datos de AFI (Analistas Financieros Internacionales) en 2017.
24 Ibíd.
25 Europa Press, “El precio del alquiler en Las Palmas de Gran Canaria sube respecto a los niveles previos a la crisis” (El Diario, 26/6/2017).
26 Datos del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) de 2016.
27 Ibíd.
28 El mismo organismo judicial revela que en ciudades como Barcelona el porcentaje es aún mayor y 9 de cada 10 desahucios son por impago de alquiler.
29 Las páginas inmobiliarias como Fotocasa.es están llenas de estos ejemplos.
30 Decreto 113/2015.
31 Agencia EFE, “El TSJC anula varios preceptos del decreto canario de alquiler vacacional” (La Provincia, 27/4/2017).
32 La cita atribuida al filósofo escita Anacarsis (siglo VI a. C.) está muy bien desarrollada en este fragmento de la emblemática obra El Gaucho Martín Fierro (José Hernández, 1872):
“La ley es tela de araña, y en mi ignorancia lo explico,
no la tema el hombre rico, no la tema el que mande,
pues la rompe el bicho grande y sólo enrieda [sic] a los chicos.
Es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja,
el que la aguanta se queja, más el asunto es sencillo,
la ley es como el cuchillo, no ofiende [sic] a quien lo maneja.
Le suelen llamar espada y el nombre le sienta bien,
los que la manejan ven en dónde han de dar el tajo,
le cae a quién se halle abajo, y corta sin ver a quién.
Hay muchos que son doctores, y de su ciencia no dudo,
mas yo que soy hombre rudo, y aunque de esto poco entiendo
diariamente estoy viendo que aplican la del embudo”.
33 Ciertamente no se puede generalizar, y es evidente que muchos otros turistas, sean o no de clase alta, sí tienen una mentalidad elitista, colonizadora, que al menos en un destino como Canarias se suele revelar con las típicas manifestaciones despectivas del europeo que viaja a África, del “civilizado” que viaja al “tercer mundo”. No obstante, estos prejuicios no los tienen por ser extranjeros, sino por ser clasistas. No debemos olvidarlo.
34 Esta batería de exigencias las redacté como una propuesta de mínimos para el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Como aún está en estudio, y visto lo poco dados que somos al trabajo teórico, puedo aventurarme a compartirla.
35 P. Kropotkin, La conquista del pan, 1892.
36 Aunque el concepto se le atribuye a Marx, ya antes que él P.J. Proudhon explicó el proceso en su primera obra de importancia: ¿Qué es la propiedad? (1840).
37 Esta “trilogía de la usura” aparece recurrentemente en la literatura proudhoniana, desde las primeras obras del propio Proudhon (como la mencionada en la nota anterior) hasta los textos finiseculares de Benjamin R. Tucker como Socialismo de Estado y anarquismo: en qué se parecen y en qué difieren (1896).
38 “Propongo que se opere la liquidación de los alquileres. Todo pago de la renta equivaldrá para el inquilino a una parte proporcional e indivisa de la casa que habite o de cualquiera de los edificios de alquiler que se usen para habitación de los ciudadanos” (Proudhon, Idea general de la revolución en el siglo XIX, 1851).
39 “La idea del alojamiento gratuito se manifestó claramente durante el sitio de París [se refiere a 1870, en plena Guerra Franco-prusiana], cuando se pedía la anulación pura y simple de los inquilinatos reclamados por los propietarios. También se manifestó durante la Comuna de 1871, cuando el París obrero esperaba del Consejo de la Comuna una resolución enérgica aboliendo los alquileres” (Kropotkin, op.cit.).
40 Podríamos citar ejemplos tan paradigmáticos como el Consejo de Baviera de 1919 (“Un comisario del pueblo designado para el régimen de vivienda ordena la requisa de todos los alquileres en el territorio de Baviera. Cada familia sólo tendrá derecho en adelante a un comedor, al lado de la cocina y de habitaciones” [R. Lewin, “Erich Mühsam y la Revolución de Baviera” en Polémica, nº 11/3/1983]) o la experiencia de Kronstadt en el período de 1917-1921 (“A principios de 1918, la población laboriosa de Kronstadt, tras debates en múltiples reuniones, decidió proceder a la socialización de locales y viviendas. […] El primer artículo [del proyecto aprobado por el soviet] declaraba: ‘Queda abolida en adelante la propiedad privada de bienes raíces e inmuebles’. En otros se especificaba: la gestión de todo inmueble incumbirá al Comité de vivienda, elegido por sus ocupantes. Los asuntos importantes relativos a un barrio lo serán en asamblea general de sus habitantes, quienes designarán a los miembros del Comité de barrio. […] Bien pronto quedaron constituidos los comités (de vivienda, de barrio, etc.) y empezaron a funcionar. El plan entró en vigor, haciéndose realidad el principio «Todo habitante tiene derecho a adecuado alojamiento»” [V.M. Eichenbaum “Volin”, La Revolución Desconocida, 1945]).
41 “[..] Cada vez que un arrendatario paga la renta, obtiene sobre el campo confiado a sus cuidados una fracción de propiedad cuyo denominador es igual a la cuantía de esa renta” (Proudhon, ¿Qué es…)

Charla en Manresa

Este 20 de agosto (2017) la FAGC estará en Manresa con las compas de PAHC Bages para de la lucha por la vivienda:

Diez familias canarias recuperan «La Ilusión»

Actualización: Una nueva familia se ha sumado al proyecto, una madre sin recursos con sus dos hijos. Ya son 11 familias, 41 personas, 20 de ellas menores.

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La pasada semana 7 familias, asesoradas y secundadas por el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, se han decidido a poner fin a su situación de indigencia y falta de alternativas habitacionales y han socializado un edificio de 15 viviendas abandonadas. Desde entonces ya se han sumado 3 familias más. Hablamos de 38 personas, 18 de ellas menores.

Estás familias, compuestas por personas desahuciadas, trabajadores en paro, mujeres embarazadas, parejas jóvenes que dormían en coches, han tomado la determinación de construir por sí mismas las soluciones que la administración les niega.

Algunos de los participantes de la última asamblea del SIGC dónde se tomó la resolución de expropiar la «La Ilusión».

Todas son demandantes de vivienda pública desde hace años, incluso décadas, sin que jamás hayan podido acceder a una vivienda de protección oficial. Vienen de barrios obreros, en condiciones de hacinamiento, con alquileres cada vez más altos y con salarios cada vez más bajos, cuando no inexistentes.

El inmueble expropiado ha sido absorbido por la SAREB (Sociedad de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria), el conocido como «banco malo». La SAREB es una entidad semipública dedicada a tragarse los activos tóxicos de los bancos con el fin de sanear las cuentas del sector financiero. Es decir, es un monstruo inmobiliario que se nutre principalmente de inyecciones de dinero público y que asume las deudas que la banca rechaza. Su única intención es garantizar que los bancos mantengan su nivel de ingresos obligando a todos los contribuyentes a costear sus perdidas.

En cifras, la SAREB ha perdido casi 3.200 millones de euros, y almacena casi 30.000 inmuebles, en su mayoría de nueva construción. Antes de que estas viviendas sigan abandonadas, se destinen a la especulación, sean saqueadas, acaben en manos de fondos buitres o destinadas a alquiler vacacional, estas 10 familias se han decidido a tomar lo que es suyo, lo que es de todos. Su derecho a un techo es innegociable.

Están habilitando el inmueble, vivienda a vivienda, poco a poco, porque estaba en unas condiciones lamentables. 10 casas ya están habitadas, 2 son habitables y darán cobijo próximamente a algunas de las familias que la Comisión de Expropiación del SIGC tiene en su lista de Solicitantes de Vivienda, y otras 3 tienen que recuperarse todavía con mucho esfuerzo y trabajo. Pero estas valientes familias están dispuestas a asumir el reto y también todos los que se presenten de aquí en adelante. No van a rendirse ahora porque por fin han recuperado «La Ilusión».

La pobreza y el sujeto

La pobreza y el sujeto

Texto aparecido en el número 101 (primavera 2017) de Al Margen

A la hora de generar ideas y narrativa, la historia de la teoría política responde en su gran mayoría a una terrible aporía: el discurso se le ha arrebatado a quienes debían crearlo.

Los hombres como Condorcet1 hablaban de la igualdad de las mujeres, las puritanas blancas como Stowe2 de esclavitud y los aristócratas y burgueses sobre la pobreza. Cuando surge una Wollstonecraft3, contemporánea a Condorcet, su obra se ve eclipsada por lo que otros, que nunca experimentaron la opresión de género, tenían que decir al respecto. Estudios como el de Anténor Firmin4, impugnando las primeras teorías racistas seudocientíficas, serían completamente ignorados, pues se prefería escuchar lo que cualquier blanco tuviera que opinar sobre la igualdad. Sobre la cuestión de la pobreza, pocos proletarios como Proudhon5 llegaron a convertirse en verdaderos referentes ante la constelación de abogados, profesores y nobles que al parecer conocían perfectamente el asunto.

Con el paso del tiempo, cada vez más mujeres y no occidentales han logrado acceder a la pluma y al altavoz, luchando por conquistar cada centímetro que les alejaba de ellos. Sin embargo, para que su discurso sea tenido en cuenta se les ha exigido que este provenga del ambiente universitario y se dote de una sofisticación filosófica propia del estándar académico. Se puede hablar desde la alteridad si tu nómina hace que ya sólo pertenezcas a las clases subalternas en lo teórico. Los pobres, con independencia de los matices, aún no podemos hablar de nada, y menos todavía de nuestra propia pobreza.

Es sobre este último término que me siento realmente autorizado para hablar. A los pobres no sólo se nos ha quitado la voz, la posibilidad de desarrollar un corpus propio sobre la pobreza; se nos ha quitado también la posibilidad de abordar sus causas desde un punto de vista práctico. Puede que se diga que lo primero, el silencio y el vacío ideológico, no es culpa de nadie. Ciertamente poca teoría puede elaborar el que día a día tiene que preocuparse de mantenerse vivo. Pero esto no es del todo cierto. Las ideas que los pobres hemos lanzado sobre la pobreza pueden ser pocas, pero eso no quita que antes de buscar entre esas pocas y juzgar su validez prefiráis por sistema lo que cualquier sesudo profesor tiene que decir al respecto desde su cátedra. Os gusta la filosofía de saldo, pero vendida en esos centros comerciales del saber que son las universidades. Siempre preferiréis el aforismo optimista y ramplón de un Coelho, o un tomo de 500 páginas de algún muerto ilustre de la Escuela de Frankfurt, que el relato cáustico, airado pero honesto de un indigente. Se le pagan 1.500 € a un tipo con secretario y despacho para que dé una conferencia sobre una pobreza que tan sólo con salir de su boca se convierte en ficción. Pesa mucho la invisibilización del Sistema, cierto, pero la elección de escuchar a ese fulano y no a los vecinos que os rodean es exclusivamente vuestra.

Ciertamente no todas las ideas, porque surjan del sector oprimido, se convierten en lúcidas. Las ideas de una mujer maltratada, por ser mujer y haber sufrido, no tienen por qué ser en absoluto emancipatorias; pero escuchándolas, acercándonos a ellas, atendiendo su razonamiento, puede que comprendamos su situación, su experiencia, la percepción más importante de su tragedia. En vez de eso preferimos oír lo que nos dicen las instituciones, el Sistema o incluso el maltratador. Por eso somos insensibles a gran parte del sufrimiento: porque quienes lo sufren no son el sujeto, el protagonista de su propia historia; son el objeto, un elemento subordinado a nuestras teorías, a las que debe ceñirse como un cuerpo mutilado al lecho de Procusto.

Sin embargo, este problema es inminentemente práctico. Es preocupante que seamos comparsas en lo teórico, pero es inadmisible que lo seamos en las soluciones prácticas. La mejor solución para la pobreza la deciden los partidos desde los gabinetes y parlamentos, los economistas desde sus aulas o los autores de libros desde el Fnac o algún antro similar. A los pobres se les pregunta de forma plebiscitaria, como a la turba sobre Barrabás, esperando vítores y un asentimiento masivo y no una crítica fría y razonada. Es lo que pasa cuando se habla sobre dación en pago, renta básica y cuestiones similares.

Advierto que no encarnaré yo al anarquista “anti todo” tan fácil de caricaturizar. No seré el que enarbole el “cuanto peor, mejor”, ni el que llame a cualquier balón de oxígeno “migajas”. Puedo discrepar perfectamente con Albert Libertad cuando al preguntarle por las 8 horas máximas de trabajo decía que lo necesario era “la jornada de 18 horas, para exasperar por fin a los obreros y que se rebelen”6. Puedo hacerlo porque si bien es cierto que la conquista de las 8 horas no ha conseguido quebrar en absoluto el modelo de explotación del trabajo asalariado, también es cierto que nada nos asegura que cuanto peores sean objetivamente las condiciones económicas y sociales más posibilidades hay de revolución (de lo contrario en Canarias, sin ir más lejos, ya hubiéramos vivido unas cuantas)7. Por otra parte, el que crea que trabajando 18 horas aproximará el clímax de hartazgo que nos traerá la revolución puede empezar; seguro que la CEOE se lo agradecerá.

Yo entiendo, con respecto a la dación o la renta básica, que lo que prima, sin filosofías ni rollos trascendentes, es lo inmediato, sea desprenderse de una deuda o llenar la barriga. No habrá una persona sin recursos a la que se si se le plantea cancelar una hipoteca u obtener un subsidio no aplauda la medida y la interprete como una verdadera solución. El problema de fondo es otro. En estos años militando en vivienda hemos visto la trampa que se esconde detrás de la dación en pago vendida como una panacea. Cuando nos hemos visto obligados a negociar alguna siempre lo hemos lamentado, y los afectados lo han acabado haciendo también a la larga. La cuestión no es sólo el impuesto de plusvalía (que cobran los ayuntamientos al entender que la casa entregada al banco ha sido revendida) y la nueva deuda que conlleva (cuando es inferior a 5000 € sale más caro pleitearlo que pagarlo), si no que se renuncia a la casa voluntariamente, por petición propia, sin pelearla. Un alquiler social, cuando se disponen de ingresos 0, y no se tienen recursos suficientes como para que te lo concedan, es una pobre compensación. Como lo es descargar la “culpable conciencia del moroso”, al carecer de deuda, al mismo tiempo que también los huesos se descargan de cobijo al carecer de techo. Al final, es una medida que sólo es funcional si la casa entregada no era la única vivienda de la que disponía el afectado o si tiene ingresos suficientes como para que le concedan una ayuda municipal al alquiler o el mencionado alquiler social.

Con la renta básica pasa algo similar. La mayoría de gente con la que colaboramos en la FAGC y en el Sindicato de Inquilinos, recurren a uno u otro organismo porque precisamente disponiendo de un subsidio de 426 € (una posible renta básica en el Estado español presumiblemente rondaría los 350 ó 400 €) se ven incapacitados para comer y hacer frente a un alquiler. Mientras la carestía de los bienes más básicos siga subiendo, poco importará que tengamos garantizada una paga si esta es incompatible con el llamado nivel de vida. Podemos cambiarle el nombre, que deje de ser subsidio de desempleo, pensión no contributiva, renta de inserción activa o prestación canaria de inserción, dependiendo de cada caso; al final el subsidio será lo mismo, con otra duración, y con la misma insuficiencia material. Lo que cambiará será el efecto psicológico. Tal y como los llamados “ayuntamientos del cambio” y la proliferación de las daciones nos ha introducido en una alucinación colectiva con “ciudades libres de desahucios”, sin que estos hayan dejado de producirse; la renta básica nos hará creer que la pobreza ha desaparecido, hinchará el discurso de criminalización de la derecha mediática y cultural sobre el “parasitismo” y la “sopa boba”, hará más cómodo el arte de gobernar para unos y otros, y conseguirá que los pobres, con una sonrisa en los labios, se las vean tan jodidas como siempre para poner un plato en la mesa, pagar el alquiler y costear agua y luz. El estándar de pobreza será el mismo, pero ya no podremos articular, ni siquiera en nuestra mente, la protesta.

Durante mi militancia me he dado cuenta de que la pobreza no se combate generalizando este estándar; se hace tomando de donde hay riqueza y rebajando el coste del propio consumo. Y esto sólo se consigue con soluciones prácticas que emergen desde abajo. Cualquier medida que venga de arriba, por muy idílica que parezca sobre el papel, sólo buscará una cosa: seguir garantizando la dependencia de las personas sin recursos al Estado, someterlas al paternalismo institucional, para facilitar la gobernabilidad dentro de un enclave de producción capitalista. Desde arriba no podemos contar con una amnistía hipotecaria ni arrendataria que cancele nuestras deudas de vivienda, ni tampoco con un renta básica que sea compatible con unas condiciones de vida dignas; nos toca hurgar en otras soluciones y practicar la autogestión.

Si los embargados fueran capaces de tejer una red de asistencia mutua, donde cada uno de ellos cediera su vivienda, antes de producirse el desahucio, a una nueva familia, ocupando los primeros a su vez la de otra en proceso de embargo, y obligaran con ello a cursar nuevas órdenes de lanzamiento, quizás podríamos empezar a construir algo. Cierto que tarde o temprano reformarían sus leyes o buscarían formas compulsivas de impedir este procedimiento, pero mientras habríamos ejercitado el nervio revolucionario y nos estaríamos preparando para nuevos asaltos. Si fuéramos capaces de rescatar la táctica del control obrero y llevarla al inquilinato, contactar con técnicos (arquitectos, electricistas, etc.), capaces de elaborarnos un informe detectando los fallos del edificio donde vivimos, analizando la potabilidad del agua, las condiciones del tendido eléctrico, etc., y presentáramos dicho informe al arrendador (sea particular o una entidad) planteándole por un lado nuestras demandas (paralización de desahucios, rebaja al 50% del alquiler) y por el otro la posibilidad de denuncia pública, administrativa o jurídica, quizás los inmuebles podrían aspirar a un transito hacía la autogestión. Si los vecinos se organizaran para controlar todas las viviendas públicas vacías o en manos de los bancos de todo un barrio, y se decidieran a gestionarlas por sí mismos sin delegaciones, podríamos dar ese transito por realizado de facto.

Desde fuera se puede pensar que ninguna de estas medidas es económica como la renta básica, pero cuando se socializa vivienda y suministro eléctrico y acuífero y el coste de esos tres elementos es 0, cualquier ingreso, sea el de un trabajo en precario, el de un subsidio o el de la llamada renta básica, se puede gastar íntegramente en consumo. Por otro lado no hablamos solo de socializar inmuebles y suministros, sino de hacer lo mismo con tierras incultivas y a su vez crear redes de intercambio gratuito de abrigos y enseres.

Puede que todo esto suene muy lejano, pero ya lo estamos practicando a nuestra escala en algunos puntos de Gran Canaria, es algo que se está construyendo directamente de abajo y que está solucionando la vida de los implicados. Podemos mirar a las alturas, ver cómo decretan los ricos la mejor forma de solucionar nuestros problemas de pobreza y esperar en definitiva a que nos caiga el maná del cielo. Yo, como pobre confeso, prefiero coger la herramienta y empezar a excavar, a penetrar en lo hondo, hasta dar con los cimientos de este jodido Sistema y reventarlos.

Ruymán Rodríguez

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1 Ilustrado francés autor de Bosquejo para un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano (1794).

2 Abolicionista norteamericana y autora de La cabaña del tío Tom (1851).

3 Pionera feminista inglesa y autora de Vindicación de los derechos de la mujer (1792).

4 Antropólogo haitiano autor de De la igualdad de las razas humanas (1885).

5 Socialista francés, precursor del anarquismo y autor de ¿Qué es la propiedad? (1840).

6 Citado por Bernard Thomas en La Belle Époque de la Banda Bonnot, 1989.

7 Por ejemplo, cuando según Save The Childrens alcanzamos el primer puesto del Estado en pobreza infantil: http://cadenaser.com/emisora/2015/03/24/radio_club_tenerife/1427215302_416617.html

Ser Anarquista

Desde que era muy joven y empecé a contactar con otras anarquistas ajenas a mi círculo siempre me sorprendió la forma de abordar lo que podríamos llamar la “identidad anarquista”. Sí, ciertamente se entiende como una identidad, cultural, filosófica, política, social. Siempre me decían, con un aire de solemnidad y mirando al horizonte con los ojos brillantes: “¿yo anarquista? Algún día me gustaría serlo. Estoy en ello”. O también: “¿anarquista? Esa palabra es demasiado grande para mí. Es un proceso, lo intento”. Faltaba música de violín de fondo y un manto de nieve que casi nunca cae en Canarias. Yo, a pesar de ser muy inexperto y tener la cabeza repleta de lecturas, no sabía muy bien si creérmelo.

Con el paso del tiempo no he visto que se rebaje este discurso. Convertirse en anarquista es entendido por algunas como una prueba iniciática: de capullo a ser superior. Es un proceso de años que requiere lecturas, formación, aprender códigos y mil requisitos formales. Es casi como una oposición. Opositar para anarquista, qué gran labor.

Todos habremos oído aquello de que se es anarquista 24 horas al día y cosas similares. Decía Victor Serge en sus memorias: “El anarquismo nos poseía enteros porque nos pedía todo, nos ofrecía todo. No había un rincón de la vida que no iluminase, por lo menos así nos parecía. Podía uno ser católico, protestante, liberal, radical, socialista, sindicalista incluso, sin cambiar nada en su vida, en la vida por consiguiente”.

Yo también he dicho cosas similares, y aún me parecen ciertas. Pero no veo lo de ser anarquista a jornada completa como una condena, un acto de constricción que debe respetarse durmiendo y en el cuarto de baño. En parte es una actitud, una forma de relacionarte con los demás y entender la vida, y también una propuesta empírica que busca cohesión entre ideas y hechos, y esto difícilmente implica parcialidad. No podemos ser diabéticas doce horas al día, aunque reconozco que es muy ventajista compararlo con una dolencia del páncreas. Decía Paul Válery que “toda persona lleva en sí un dictador y un anarquista”. Digamos que llamamos anarquista a la persona cuya segunda faceta se manifiesta más y que con mayor fuerza combate la primera.

Dicho esto, y admitiendo que la anarquista busca la coherencia, ¿con respecto a qué la busca? A veces me parece que se busca la coherencia entre las ideas que se tiene y las que se quieren tener. Las ideas pueden ser fáciles de adquirir, pero sobre todo son fáciles de aparentar. Nuestra búsqueda de la coherencia no es, generalmente, entre ideas y actos, que sería lo lógico, sino puramente formal. De ahí que le demos tanta importancia a los que decimos y también a lo que decimos pensar, y tan poca a lo que hacemos.

De todo esto vienen lo que yo llamo “la búsqueda de los grados de perfección moral”. Nos preocupa esa parte de ser anarquista interna y, paradógicamente, extremadamente exhibicionista. Queremos tener un lenguaje aparentemente anarquista, unos hábitos personales supuestamente anarquistas, pero no hay un mínimo esfuerzo por hacer nada práctico anarquista. El anarquismo se convierte así en una religión o filosofía transcendentalista, donde se van alcanzando distintos rangos de iluminación o sabiduría hasta llegar al Nirvana o algún estado de consciencia superior. Como si fuéramos monjes budistas o místicos cristianos. En la FAGC ya es común bromear sobre los “grados de perfección anarquistas” que hemos alcanzado: el grado 9 es el que alcanza la anarquista cuando es capaz de no emitir sombra, y el grado 10, el máximo conocido, cuando puede hacer la fotosíntesis.

El anarquismo así entendido, como una meta inalcanzable que implica martirización, como un club exclusivo y elitista que exige para entrar un examen de acceso, no me interesa. Sí, debemos ser coherentes, pero la coherencia exige correlación entre lo que decimos y hacemos, y eso quizás implique empezar a decir cosas realistas. Una tortuga que afirmara que no puede volar estaría siendo tan honesta como coherente. Coherencia es reconocer las propias contradicciones, y también los propios límites. Lo coherente es asumir que la vida misma, la que nos rodea, nos impide si queremos conservarla, hacer todo lo que nos gustaría. La coherencia es intentar cambiar eso, pero admitiendo sus dificultades y también los fracasos personales y colectivos. Coherencia no es dejar de respirar para no incumplir ni una coma de un dogma; coherencia es mantenerse vivas para poder aspirar a cambiar lo que no nos gusta. Reconocer que es imposible ser perfectas, que es imposible volar, como reconoce la tortuga, es coherente. La coherencia es conflicto y búsqueda, no perfección y esnobismo.

Por otro lado, podemos aparentar toda la coherencia que queramos en el continente, pero la coherencia implica contenido. Ser anarquista se ha convertido en una cuestión de forma más que de fondo, de respetar códigos culturales superficiales omitiendo lo que se hace en la práctica y cuando se acaba la asamblea. En ese aspecto, he conocido más anarquismo fuera de los círculos anarquistas que dentro. Podemos esforzarnos mucho, por ejemplo, en usar un lenguaje no sexista, como yo en este artículo, y formalmente aparentar oposición al heteropatriarcado. He conocido hombres muy rigurosos con el lenguaje, escrupulosos en su discurso, que afirmaban haber leído cada libro sobre feminismo que llegó a su manos y estar al tanto de “lo último”. Tíos que asisten a talleres o que incluso, sin sonrojo alguno, los imparten. Autotitulados “aliados” que, cuando el foco se apaga, en el trato con sus compañeras, eran verticales, despóticos y tiránicos, y también clasistas y autoritarios cuando interactuaban con las mujeres del barrio a las que miraban por encima del hombro. Sujetos formalmente contrarios a la opresión de género que sentían la más viva aversión por “chonis” y gitanas, y que hacían de cualquier mujer que se les acercara un cliché a cosificar. Y he conocido también mujeres que reprendían a sus compañeras si no se sometían a estos “machos alfa” y los escuchaban atentas hablar de Beauvoir, Preciado, los micromachismos o la oposición al amor romántico.

Por otro lado he conocido hombres que no conocen el nombre de ninguna autora feminista, que afirman no haberse podido acabar nunca un libro entero, que no usan lenguaje no sexista, que no conocen ningún término sofisticado sobre la decostrucción de los roles de género y que no saben lo que significa heteropatriarcado sólo con oírlo. Y sin embargo, esos mismos hombres, sin formación académica ninguna, no tratan a su iguales como inferiores o subalternas; no aíslan a sus compañeras de las conversaciones, ni las apartan de las tomas de decisiones; no creen que deban iluminarlas o guiarlas; las escuchan atentamente en las asambleas y las reconocen como referentes cuando su trabajo y su ejemplo les sirve de inspiración. No podrán elaborar un sesudo discurso sobre la opresión de géneros, pero jamás aprovecharán la coartada de un supuesto “espacio seguro” para agredir a una compañera. Las vecinas, mis compañeras más cercanas, prefieren militar con los segundos.

Lo dicho se puede aplicar a todas las manifestaciones anarquistas. Centramos todo el peso en el discurso, pero lo verdaderamente importante es lo que hacemos. Son nuestros actos los que tienen que hablar por nosotras y definir lo que somos. No existe coherencia posible si no tenemos una actividad real que se pueda confortar con nuestras ideas. Ser anarquista, entendido como un proceso meramente filosófico, teórico, como la adquisición de un estatus intelectual que nos separe de la plebe, es algo que me asquea y no me interesa en absoluto. Considerarse anarquista con la idea de distinguirse del resto y poder echarles una mirada de desprecio desde una pretendida superioridad moral, es simple y desnuda aristocracia. De ahí vienen los sermones y la agobiante insistencia de convertir a los infieles. Es la evangelización ácrata.

Mi anarquismo es otra cosa. Mi anarquismo no sirve para separarme de los demás sino para acercarme a ellos. Sirve para entender las contradicciones ajenas y ver cuánto de ellas hay en mí. Sirve para acostumbrarme a no exigirle nada a los demás por encima de lo que me exijo a mí mismo. Yo no quiero que ser anarquista sea una cosa difícil y tortuosa, sino algo fácil, asequible, al alcance de todo el mundo. Yo refuto a Armand cuando decía que “el anarquismo no es para los ineptos al esfuerzo”. Me niego a eso. Yo no quiero un anarquismo para atletas intelectuales, para campeonas del pensamiento abstracto y übermensch salidos de algún documental de Riefenstahl. Yo quiero un anarquismo que precisamente pueda ser patrimonio de los que hasta ahora han sido marginados de las cumbres de cerebros, los comités de sabios, las aulas y las academias. Quiero que los que somos tildados de tullidos, físicos o mentales, podamos hacer nuestro el anarquismo y escupirlo a la cara de los que lo relegan a universidades, salones, colectivos de convencidas y grupos de estudio. Quiero que ese anarquismo cotidiano, que se teje en muchas de nuestras relaciones, en nuestras asambleas de vecinos, en nuestras ollas comunes, en nuestras huertas, en nuestros piquetes, en nuestras enfrentamientos en el barrio, acabe aceptándose como una forma rápida y eficiente de convertirse en anarquista sin necesidad de darse ese nombre, de asumir ningún folclore, ni de compartir ningún fetichismo hacia banderas, símbolos y siglas.

Quiero que ser anarquista sea algo cercano, accesible y asequible, que las anarquistas sean definidas por su actividad y no solamente por las ideas que dicen defender. Quiero que ese anarquismo intuitivo, sin nombre y sin sello, pueda ser reconocido como una manifestación anarquista de primer orden. Que se entienda que una teoría anarquista ajena a la práctica y a la realidad es como una pieza refinada de cristal, pura y sin macula, brillante, pero tremendamente frágil y quebradiza. Mientras que el anarquismo de barrio, de calle, basado en la experimentación y la práctica, el anarquismo que yo defiendo, es más bien como una roca sin tratar, con tierra y llena de golpes, pero tremendamente sólida y pulida por el uso. Quiero en definitiva que el anarquismo deje de estar enmarcado en los despachos de las profesoras, que lo saquemos de las vitrinas y lo compartamos con la gente, que sea como un papel pequeñito que la gente pueda llevar consigo todo el día en el bolsillo, lleno de pliegues de todas las veces que lo doblan y desdoblan, sucio y desgastado de tanto uso.

¿Y si esto nunca llega a ser aceptado por las anarquistas oficiales? Pues muy bien. Otro anarquismo, sin complejos ni pruritos intelectuales, a golpe de adoquín y de curro en la calle, acabará tomando posiciones y adelantándolos por su izquierda. Los cambios profundos no aguardan el consenso.

Ruymán Rodríguez

Aparceros del conde en el siglo XX; desahuciados por el conde en el XXI

Fuente: Canarias Ahora (El Diario)

Iván Suárez

Adentrarse en las cuarterías del pago de Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana, el mayor municipio turístico de la isla de Gran Canaria, es viajar en el tiempo. Medio siglo atrás, en estos barracones se hacinaban familias de aparceros del tomate al servicio de un conde, el de la Vega Grande, que dominaba vastas extensiones de terreno en el sur de Gran Canaria. A la de Candelaria (nombre ficticio) la trajeron de Moya, municipio norteño, Juan y Candidito, emisarios de Alejandro del Castillo y del Castillo, octavo conde de la estirpe y tío del actual, Alejandro del Castillo Bravo de Laguna. Corrían los años sesenta y la familia de nobles, que presume de haber introducido el tomate y el turismo en la isla, buscaba en el norte mano de obra para trabajar en sus tierras.

Candelaria, entonces menor de edad, compartía un pequeño habitáculo, una infravivienda de menos de treinta metros cuadrados, sin agua y sin luz, con su madre y sus cinco hermanos. Vivía allí a cambio de trabajo, como parte del salario. A las siete de la mañana acudía al almacén contiguo a hacer ceretos, remendar cajas y empaquetar los tomates que partían en camiones de noche hacia el puerto de la Luz y de Las Palmas, en la capital. A las dos regresaba a los barracones para almorzar y a la tarde estaba de vuelta en el almacén. Candelaria recuerda con un fino hilo de voz, casi imperceptible, esas extenuantes jornadas que en ocasiones se prolongaban “hasta las dos y las tres de la madrugada”. “Ni en Viernes Santo descansaba”, relata mientras muestra los callos de los dedos como prueba.

Más de cincuenta años después, los herederos del condado de la Vega Grande están a punto de dejarle sin casa. Candelaria es una de las 63 personas, 24 de ellas menores, que habitan en las cuarterías, hoy remozadas. En total, 19 familias de extracción obrera, muchas de ellas integradas por desempleados de larga duración. Aún quedan algunos de los antiguos trabajadores de las tomateras del conde, pero la mayoría son hijos o sobrinos de los jornaleros, que permanecieron en los barracones, sin contrato ni pago de alquiler, pero con el consentimiento de los aristócratas, tras la quiebra del negocio de explotación agrícola, en los años ochenta. Desde hace tres meses luchan contra la amenaza de la piqueta. Los propietarios del terreno, una parcela de unos 1.800 metros cuadrados, quieren derruir las cuarterías para construir en su lugar una nave industrial.

El pasado 27 de marzo, un abogado de la familia condal entregó a los vecinos una carta en la que les daba tres meses para desalojar las cuarterías, bajo la amenaza de iniciar acciones legales. El plazo se cumplió este martes, pero aún no han recibido noticias. El Grupo Inmobiliario Tinojai, propiedad del conde y promotor del desahucio, no se ha manifestado desde entonces y tampoco ha querido ofrecer su versión a este periódico. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de su alcalde, Marco Aurelio Pérez, afirma que el desahucio está desactivado desde hace dos meses y que los propietarios se han comprometido con la administración a estudiar cada situación de forma individual. El regidor sureño sostiene que algunos vecinos “tienen capacitación económica” y que sólo siete están siendo atendidos por los servicios sociales del Consistorio. Insiste, además, en que todos ellos tienen “en teoría” contratos de alquiler. Los afectados desmienten las afirmaciones del político y le retan a encontrar y enseñar esos supuestos contratos. El Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, que asesora a las familias, está convencido de que los vecinos tienen derechos jurídicos adquiridos por el tiempo para reclamar el usufructo de esas viviendas que han utilizado en precario (ocupación a título gratuito y sin plazo) durante todos estos años.

“Cuartos de animales”

Los barracones están situados en la trasera de la denominada finca condal, un complejo histórico que acoge en la actualidad eventos y celebraciones. A apenas 700 metros del lugar se encuentra el Centro Penitenciario Las Palmas II, la cárcel de Juan Grande, inaugurada en 2011. El Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana de 1996 prevé para la zona un uso industrial.

Desde que tuvieron conocimiento de las pretensiones del conde, los vecinos de los barracones se organizaron para tratar de impedir el desahucio. Quieren quedarse en esas cuarterías que han ido adecentando con su propio trabajo, pero reclaman una alternativa habitacional para no quedarse en la calle en caso de que los propietarios cumplan su amenaza. Los administradores de los terrenos de la familia Del Castillo han ido preparando el desalojo desde hace años. Algunos vecinos firmaron escritos en los que se comprometían a abandonar las viviendas de forma “voluntaria y pacífica” en un plazo de cinco días desde que se les comunicara y a dejarlas “en perfectas condiciones a disposición de la propiedad”. El Sindicato de Inquilinos sostiene que lo hicieron coaccionados.

De las formas de expresión utilizadas se desprende que esos documentos -con planos incluidos- fueron redactados por la empresa condal, aunque figuran como si hubiesen sido escritos por los propios vecinos. En uno de ellos, fechado en agosto de 2015, se solicita autorización para seguir usando en precario uno de los barracones, al que se le denomina hasta en seis ocasiones como “cuarto de animales”. El escrito expone que el hecho de que los propietarios permitan a una antigua aparcera permanecer en la casa debe interpretarse como “mera condescendencia y liberalidad” y no supone “el reconocimiento de derecho alguno” ni implica “ser compensado o indemnizado en caso de revocación”. El texto prosigue: “Serán de mi cuenta todos los gastos derivados de los consumos, reparaciones y mantenimientos del citado cuarto de animales mientras lo esté usando, sin que por ello pueda reclamarles nada por ningún concepto”.

Los vecinos cuentan que han sido ellos mismos, con su dinero y su trabajo, quienes han reformado las cuarterías para hacerlas más habitables. Ana es una de las afectadas de mayor edad. Comenzó a trabajar para el conde a los 16 años y lleva 27 en los barracones de Juan Grande: “Cuando llegué aquí no tenía baño, ni cocina, ni nada. Lo hemos ido arreglando al golpito para vivir como personas, no para vivir con lujos ni nada, no queremos riquezas”. Candelaria recuerda que al principio sólo había una letrina para todos -llegaron a convivir más de 300 personas en tan reducido espacio, según algunos de los relatos- y que la electricidad llegó a sus casas hace menos de veinte años. “Teníamos la luz y el agua del almacén. Les pagábamos mil pesetas de agua y mil pesetas de luz”, rememora Eduardo, sobrino de una antigua aparcera.

“Esas casas eran chabolas, ahora las han habilitado y las han convertido en viviendas, con su propio dinero. Son todos trabajadores, ninguno tiene segunda vivienda, ni otros ingresos que los de sus trabajos o subsidios. Todos han levantado sus casas con sus propias manos como para ahora tener que abandonarlas por el capricho de un conde”, denuncia Ruymán Rodríguez, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, una asociación de reciente creación -se constituyó en enero- que ya cuenta con un centenar de afiliados.

Primer desalojo

Antes de Semana Santa se produjo el primer desalojo en los barracones de Juan Grande. “Ese día vino el abogado del conde con dos obreros que se pusieron a tirar la casa sin permiso, sin ningún tipo de seguridad y sin avisar a los vecinos. En la casa de al lado viven menores. Cuando salí, me entregaron un papel que decía que en tres meses teníamos que abandonar las viviendas. Les dije: ¿Y a dónde vamos? Porque yo no tengo casa, nadie tiene casa aquí. Si la tuviéramos, no viviríamos así. Me respondieron: Bastante les hemos dado ya”, recuerda la joven Ayesha. “Llegaron, sacaron los muebles ellos mismos y empezaron a picar los techos. Cuando nos metimos dentro, pararon. Estuvimos llamando a la Policía Local desde las nueve de la mañana hasta las doce. En San Bartolomé siempre se ha dicho que el Ayuntamiento y el conde son lo mismo”, tercia Eduardo.

El Sindicato de Inquilinos precisa que el primer vecino desahuciado de las cuarterías era el único que había accedido al lugar a través de un contrato. “Como no podía pagar el alquiler, entregó la vivienda y el conde le perdonó la deuda. Cuando se quedó vacía, la derribó”, relata su portavoz.

La lucha contra el desalojo se dirime en varios frentes. En la vía judicial, el sindicato garantiza a todos los vecinos asistencia letrada en caso de que los herederos del conde de la Vega Grande decidan acudir a los tribunales y defiende que existen argumentos jurídicos para que los afectados puedan permanecer en sus viviendas por los derechos adquiridos durante todos estos años. La organización de ayuda al inquilino también promueve lo que Ruymán Rodríguez denomina la “guerra de tintas”, esto es, la presión mediática para que la administración actúe garantizando una alternativa habitacional a los vecinos. También prevé organizar concentraciones y manifestaciones para movilizar a la sociedad civil. “Si nada de esto funciona, tendremos que convocar un piquete antidesahucios, un muro humano en los barracones para que no los echen”, concluye.

La unión de dos linajes

El Condado de la Vega Grande de Guadalupe nació en 1777. El Rey Carlos III concedió el título nobiliario al coronel de Infantería Fernando Bruno del Castillo Ruiz de Vergara, que poseía mayorazgos en el norte de Gran Canaria. Su esposa, Luisa Antonia Amoreto del Castillo, disponía de dominios en el sur. A esta estirpe nobiliaria, la más importante de la isla, se le atribuye el desarrollo de industrias y productos que cambiaron la economía isleña.

Los catedráticos de Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Manuel Lobo y Fernando Bruquetas exponen en la obra El Condado de la Vega Grande de Guadalupe (2014) que fue Agustín del Castillo, el cuarto conde, quien introdujo el tomate en la isla en el siglo XVI.

El actual, Alejandro del Castillo Bravo de Laguna, nacido en 1928, gestionó en 1961, en una época en la que aún ostentaba el título su tío, el concurso internacional de ideas Maspalomas Costa Canaria, que impulsó la actividad turística en el sur de la isla, su principal motor económico en la actualidad.

Alejandro del Castillo Bravo de Laguna está casado con María del Carmen Benítez de Lugo y Massieu, hija de la Marquesa de Arucas, el otro gran linaje de la isla de Gran Canaria.