Ser Anarquista

Desde que era muy joven y empecé a contactar con otras anarquistas ajenas a mi círculo siempre me sorprendió la forma de abordar lo que podríamos llamar la “identidad anarquista”. Sí, ciertamente se entiende como una identidad, cultural, filosófica, política, social. Siempre me decían, con un aire de solemnidad y mirando al horizonte con los ojos brillantes: “¿yo anarquista? Algún día me gustaría serlo. Estoy en ello”. O también: “¿anarquista? Esa palabra es demasiado grande para mí. Es un proceso, lo intento”. Faltaba música de violín de fondo y un manto de nieve que casi nunca cae en Canarias. Yo, a pesar de ser muy inexperto y tener la cabeza repleta de lecturas, no sabía muy bien si creérmelo.

Con el paso del tiempo no he visto que se rebaje este discurso. Convertirse en anarquista es entendido por algunas como una prueba iniciática: de capullo a ser superior. Es un proceso de años que requiere lecturas, formación, aprender códigos y mil requisitos formales. Es casi como una oposición. Opositar para anarquista, qué gran labor.

Todos habremos oído aquello de que se es anarquista 24 horas al día y cosas similares. Decía Victor Serge en sus memorias: “El anarquismo nos poseía enteros porque nos pedía todo, nos ofrecía todo. No había un rincón de la vida que no iluminase, por lo menos así nos parecía. Podía uno ser católico, protestante, liberal, radical, socialista, sindicalista incluso, sin cambiar nada en su vida, en la vida por consiguiente”.

Yo también he dicho cosas similares, y aún me parecen ciertas. Pero no veo lo de ser anarquista a jornada completa como una condena, un acto de constricción que debe respetarse durmiendo y en el cuarto de baño. En parte es una actitud, una forma de relacionarte con los demás y entender la vida, y también una propuesta empírica que busca cohesión entre ideas y hechos, y esto difícilmente implica parcialidad. No podemos ser diabéticas doce horas al día, aunque reconozco que es muy ventajista compararlo con una dolencia del páncreas. Decía Paul Válery que “toda persona lleva en sí un dictador y un anarquista”. Digamos que llamamos anarquista a la persona cuya segunda faceta se manifiesta más y que con mayor fuerza combate la primera.

Dicho esto, y admitiendo que la anarquista busca la coherencia, ¿con respecto a qué la busca? A veces me parece que se busca la coherencia entre las ideas que se tiene y las que se quieren tener. Las ideas pueden ser fáciles de adquirir, pero sobre todo son fáciles de aparentar. Nuestra búsqueda de la coherencia no es, generalmente, entre ideas y actos, que sería lo lógico, sino puramente formal. De ahí que le demos tanta importancia a los que decimos y también a lo que decimos pensar, y tan poca a lo que hacemos.

De todo esto vienen lo que yo llamo “la búsqueda de los grados de perfección moral”. Nos preocupa esa parte de ser anarquista interna y, paradógicamente, extremadamente exhibicionista. Queremos tener un lenguaje aparentemente anarquista, unos hábitos personales supuestamente anarquistas, pero no hay un mínimo esfuerzo por hacer nada práctico anarquista. El anarquismo se convierte así en una religión o filosofía transcendentalista, donde se van alcanzando distintos rangos de iluminación o sabiduría hasta llegar al Nirvana o algún estado de consciencia superior. Como si fuéramos monjes budistas o místicos cristianos. En la FAGC ya es común bromear sobre los “grados de perfección anarquistas” que hemos alcanzado: el grado 9 es el que alcanza la anarquista cuando es capaz de no emitir sombra, y el grado 10, el máximo conocido, cuando puede hacer la fotosíntesis.

El anarquismo así entendido, como una meta inalcanzable que implica martirización, como un club exclusivo y elitista que exige para entrar un examen de acceso, no me interesa. Sí, debemos ser coherentes, pero la coherencia exige correlación entre lo que decimos y hacemos, y eso quizás implique empezar a decir cosas realistas. Una tortuga que afirmara que no puede volar estaría siendo tan honesta como coherente. Coherencia es reconocer las propias contradicciones, y también los propios límites. Lo coherente es asumir que la vida misma, la que nos rodea, nos impide si queremos conservarla, hacer todo lo que nos gustaría. La coherencia es intentar cambiar eso, pero admitiendo sus dificultades y también los fracasos personales y colectivos. Coherencia no es dejar de respirar para no incumplir ni una coma de un dogma; coherencia es mantenerse vivas para poder aspirar a cambiar lo que no nos gusta. Reconocer que es imposible ser perfectas, que es imposible volar, como reconoce la tortuga, es coherente. La coherencia es conflicto y búsqueda, no perfección y esnobismo.

Por otro lado, podemos aparentar toda la coherencia que queramos en el continente, pero la coherencia implica contenido. Ser anarquista se ha convertido en una cuestión de forma más que de fondo, de respetar códigos culturales superficiales omitiendo lo que se hace en la práctica y cuando se acaba la asamblea. En ese aspecto, he conocido más anarquismo fuera de los círculos anarquistas que dentro. Podemos esforzarnos mucho, por ejemplo, en usar un lenguaje no sexista, como yo en este artículo, y formalmente aparentar oposición al heteropatriarcado. He conocido hombres muy rigurosos con el lenguaje, escrupulosos en su discurso, que afirmaban haber leído cada libro sobre feminismo que llegó a su manos y estar al tanto de “lo último”. Tíos que asisten a talleres o que incluso, sin sonrojo alguno, los imparten. Autotitulados “aliados” que, cuando el foco se apaga, en el trato con sus compañeras, eran verticales, despóticos y tiránicos, y también clasistas y autoritarios cuando interactuaban con las mujeres del barrio a las que miraban por encima del hombro. Sujetos formalmente contrarios a la opresión de género que sentían la más viva aversión por “chonis” y gitanas, y que hacían de cualquier mujer que se les acercara un cliché a cosificar. Y he conocido también mujeres que reprendían a sus compañeras si no se sometían a estos “machos alfa” y los escuchaban atentas hablar de Beauvoir, Preciado, los micromachismos o la oposición al amor romántico.

Por otro lado he conocido hombres que no conocen el nombre de ninguna autora feminista, que afirman no haberse podido acabar nunca un libro entero, que no usan lenguaje no sexista, que no conocen ningún término sofisticado sobre la decostrucción de los roles de género y que no saben lo que significa heteropatriarcado sólo con oírlo. Y sin embargo, esos mismos hombres, sin formación académica ninguna, no tratan a su iguales como inferiores o subalternas; no aíslan a sus compañeras de las conversaciones, ni las apartan de las tomas de decisiones; no creen que deban iluminarlas o guiarlas; las escuchan atentamente en las asambleas y las reconocen como referentes cuando su trabajo y su ejemplo les sirve de inspiración. No podrán elaborar un sesudo discurso sobre la opresión de géneros, pero jamás aprovecharán la coartada de un supuesto “espacio seguro” para agredir a una compañera. Las vecinas, mis compañeras más cercanas, prefieren militar con los segundos.

Lo dicho se puede aplicar a todas las manifestaciones anarquistas. Centramos todo el peso en el discurso, pero lo verdaderamente importante es lo que hacemos. Son nuestros actos los que tienen que hablar por nosotras y definir lo que somos. No existe coherencia posible si no tenemos una actividad real que se pueda confortar con nuestras ideas. Ser anarquista, entendido como un proceso meramente filosófico, teórico, como la adquisición de un estatus intelectual que nos separe de la plebe, es algo que me asquea y no me interesa en absoluto. Considerarse anarquista con la idea de distinguirse del resto y poder echarles una mirada de desprecio desde una pretendida superioridad moral, es simple y desnuda aristocracia. De ahí vienen los sermones y la agobiante insistencia de convertir a los infieles. Es la evangelización ácrata.

Mi anarquismo es otra cosa. Mi anarquismo no sirve para separarme de los demás sino para acercarme a ellos. Sirve para entender las contradicciones ajenas y ver cuánto de ellas hay en mí. Sirve para acostumbrarme a no exigirle nada a los demás por encima de lo que me exijo a mí mismo. Yo no quiero que ser anarquista sea una cosa difícil y tortuosa, sino algo fácil, asequible, al alcance de todo el mundo. Yo refuto a Armand cuando decía que “el anarquismo no es para los ineptos al esfuerzo”. Me niego a eso. Yo no quiero un anarquismo para atletas intelectuales, para campeonas del pensamiento abstracto y übermensch salidos de algún documental de Riefenstahl. Yo quiero un anarquismo que precisamente pueda ser patrimonio de los que hasta ahora han sido marginados de las cumbres de cerebros, los comités de sabios, las aulas y las academias. Quiero que los que somos tildados de tullidos, físicos o mentales, podamos hacer nuestro el anarquismo y escupirlo a la cara de los que lo relegan a universidades, salones, colectivos de convencidas y grupos de estudio. Quiero que ese anarquismo cotidiano, que se teje en muchas de nuestras relaciones, en nuestras asambleas de vecinos, en nuestras ollas comunes, en nuestras huertas, en nuestros piquetes, en nuestras enfrentamientos en el barrio, acabe aceptándose como una forma rápida y eficiente de convertirse en anarquista sin necesidad de darse ese nombre, de asumir ningún folclore, ni de compartir ningún fetichismo hacia banderas, símbolos y siglas.

Quiero que ser anarquista sea algo cercano, accesible y asequible, que las anarquistas sean definidas por su actividad y no solamente por las ideas que dicen defender. Quiero que ese anarquismo intuitivo, sin nombre y sin sello, pueda ser reconocido como una manifestación anarquista de primer orden. Que se entienda que una teoría anarquista ajena a la práctica y a la realidad es como una pieza refinada de cristal, pura y sin macula, brillante, pero tremendamente frágil y quebradiza. Mientras que el anarquismo de barrio, de calle, basado en la experimentación y la práctica, el anarquismo que yo defiendo, es más bien como una roca sin tratar, con tierra y llena de golpes, pero tremendamente sólida y pulida por el uso. Quiero en definitiva que el anarquismo deje de estar enmarcado en los despachos de las profesoras, que lo saquemos de las vitrinas y lo compartamos con la gente, que sea como un papel pequeñito que la gente pueda llevar consigo todo el día en el bolsillo, lleno de pliegues de todas las veces que lo doblan y desdoblan, sucio y desgastado de tanto uso.

¿Y si esto nunca llega a ser aceptado por las anarquistas oficiales? Pues muy bien. Otro anarquismo, sin complejos ni pruritos intelectuales, a golpe de adoquín y de curro en la calle, acabará tomando posiciones y adelantándolos por su izquierda. Los cambios profundos no aguardan el consenso.

Ruymán Rodríguez

Aparceros del conde en el siglo XX; desahuciados por el conde en el XXI

Fuente: Canarias Ahora (El Diario)

Iván Suárez

Adentrarse en las cuarterías del pago de Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana, el mayor municipio turístico de la isla de Gran Canaria, es viajar en el tiempo. Medio siglo atrás, en estos barracones se hacinaban familias de aparceros del tomate al servicio de un conde, el de la Vega Grande, que dominaba vastas extensiones de terreno en el sur de Gran Canaria. A la de Candelaria (nombre ficticio) la trajeron de Moya, municipio norteño, Juan y Candidito, emisarios de Alejandro del Castillo y del Castillo, octavo conde de la estirpe y tío del actual, Alejandro del Castillo Bravo de Laguna. Corrían los años sesenta y la familia de nobles, que presume de haber introducido el tomate y el turismo en la isla, buscaba en el norte mano de obra para trabajar en sus tierras.

Candelaria, entonces menor de edad, compartía un pequeño habitáculo, una infravivienda de menos de treinta metros cuadrados, sin agua y sin luz, con su madre y sus cinco hermanos. Vivía allí a cambio de trabajo, como parte del salario. A las siete de la mañana acudía al almacén contiguo a hacer ceretos, remendar cajas y empaquetar los tomates que partían en camiones de noche hacia el puerto de la Luz y de Las Palmas, en la capital. A las dos regresaba a los barracones para almorzar y a la tarde estaba de vuelta en el almacén. Candelaria recuerda con un fino hilo de voz, casi imperceptible, esas extenuantes jornadas que en ocasiones se prolongaban “hasta las dos y las tres de la madrugada”. “Ni en Viernes Santo descansaba”, relata mientras muestra los callos de los dedos como prueba.

Más de cincuenta años después, los herederos del condado de la Vega Grande están a punto de dejarle sin casa. Candelaria es una de las 63 personas, 24 de ellas menores, que habitan en las cuarterías, hoy remozadas. En total, 19 familias de extracción obrera, muchas de ellas integradas por desempleados de larga duración. Aún quedan algunos de los antiguos trabajadores de las tomateras del conde, pero la mayoría son hijos o sobrinos de los jornaleros, que permanecieron en los barracones, sin contrato ni pago de alquiler, pero con el consentimiento de los aristócratas, tras la quiebra del negocio de explotación agrícola, en los años ochenta. Desde hace tres meses luchan contra la amenaza de la piqueta. Los propietarios del terreno, una parcela de unos 1.800 metros cuadrados, quieren derruir las cuarterías para construir en su lugar una nave industrial.

El pasado 27 de marzo, un abogado de la familia condal entregó a los vecinos una carta en la que les daba tres meses para desalojar las cuarterías, bajo la amenaza de iniciar acciones legales. El plazo se cumplió este martes, pero aún no han recibido noticias. El Grupo Inmobiliario Tinojai, propiedad del conde y promotor del desahucio, no se ha manifestado desde entonces y tampoco ha querido ofrecer su versión a este periódico. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de su alcalde, Marco Aurelio Pérez, afirma que el desahucio está desactivado desde hace dos meses y que los propietarios se han comprometido con la administración a estudiar cada situación de forma individual. El regidor sureño sostiene que algunos vecinos “tienen capacitación económica” y que sólo siete están siendo atendidos por los servicios sociales del Consistorio. Insiste, además, en que todos ellos tienen “en teoría” contratos de alquiler. Los afectados desmienten las afirmaciones del político y le retan a encontrar y enseñar esos supuestos contratos. El Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, que asesora a las familias, está convencido de que los vecinos tienen derechos jurídicos adquiridos por el tiempo para reclamar el usufructo de esas viviendas que han utilizado en precario (ocupación a título gratuito y sin plazo) durante todos estos años.

“Cuartos de animales”

Los barracones están situados en la trasera de la denominada finca condal, un complejo histórico que acoge en la actualidad eventos y celebraciones. A apenas 700 metros del lugar se encuentra el Centro Penitenciario Las Palmas II, la cárcel de Juan Grande, inaugurada en 2011. El Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana de 1996 prevé para la zona un uso industrial.

Desde que tuvieron conocimiento de las pretensiones del conde, los vecinos de los barracones se organizaron para tratar de impedir el desahucio. Quieren quedarse en esas cuarterías que han ido adecentando con su propio trabajo, pero reclaman una alternativa habitacional para no quedarse en la calle en caso de que los propietarios cumplan su amenaza. Los administradores de los terrenos de la familia Del Castillo han ido preparando el desalojo desde hace años. Algunos vecinos firmaron escritos en los que se comprometían a abandonar las viviendas de forma “voluntaria y pacífica” en un plazo de cinco días desde que se les comunicara y a dejarlas “en perfectas condiciones a disposición de la propiedad”. El Sindicato de Inquilinos sostiene que lo hicieron coaccionados.

De las formas de expresión utilizadas se desprende que esos documentos -con planos incluidos- fueron redactados por la empresa condal, aunque figuran como si hubiesen sido escritos por los propios vecinos. En uno de ellos, fechado en agosto de 2015, se solicita autorización para seguir usando en precario uno de los barracones, al que se le denomina hasta en seis ocasiones como “cuarto de animales”. El escrito expone que el hecho de que los propietarios permitan a una antigua aparcera permanecer en la casa debe interpretarse como “mera condescendencia y liberalidad” y no supone “el reconocimiento de derecho alguno” ni implica “ser compensado o indemnizado en caso de revocación”. El texto prosigue: “Serán de mi cuenta todos los gastos derivados de los consumos, reparaciones y mantenimientos del citado cuarto de animales mientras lo esté usando, sin que por ello pueda reclamarles nada por ningún concepto”.

Los vecinos cuentan que han sido ellos mismos, con su dinero y su trabajo, quienes han reformado las cuarterías para hacerlas más habitables. Ana es una de las afectadas de mayor edad. Comenzó a trabajar para el conde a los 16 años y lleva 27 en los barracones de Juan Grande: “Cuando llegué aquí no tenía baño, ni cocina, ni nada. Lo hemos ido arreglando al golpito para vivir como personas, no para vivir con lujos ni nada, no queremos riquezas”. Candelaria recuerda que al principio sólo había una letrina para todos -llegaron a convivir más de 300 personas en tan reducido espacio, según algunos de los relatos- y que la electricidad llegó a sus casas hace menos de veinte años. “Teníamos la luz y el agua del almacén. Les pagábamos mil pesetas de agua y mil pesetas de luz”, rememora Eduardo, sobrino de una antigua aparcera.

“Esas casas eran chabolas, ahora las han habilitado y las han convertido en viviendas, con su propio dinero. Son todos trabajadores, ninguno tiene segunda vivienda, ni otros ingresos que los de sus trabajos o subsidios. Todos han levantado sus casas con sus propias manos como para ahora tener que abandonarlas por el capricho de un conde”, denuncia Ruymán Rodríguez, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, una asociación de reciente creación -se constituyó en enero- que ya cuenta con un centenar de afiliados.

Primer desalojo

Antes de Semana Santa se produjo el primer desalojo en los barracones de Juan Grande. “Ese día vino el abogado del conde con dos obreros que se pusieron a tirar la casa sin permiso, sin ningún tipo de seguridad y sin avisar a los vecinos. En la casa de al lado viven menores. Cuando salí, me entregaron un papel que decía que en tres meses teníamos que abandonar las viviendas. Les dije: ¿Y a dónde vamos? Porque yo no tengo casa, nadie tiene casa aquí. Si la tuviéramos, no viviríamos así. Me respondieron: Bastante les hemos dado ya”, recuerda la joven Ayesha. “Llegaron, sacaron los muebles ellos mismos y empezaron a picar los techos. Cuando nos metimos dentro, pararon. Estuvimos llamando a la Policía Local desde las nueve de la mañana hasta las doce. En San Bartolomé siempre se ha dicho que el Ayuntamiento y el conde son lo mismo”, tercia Eduardo.

El Sindicato de Inquilinos precisa que el primer vecino desahuciado de las cuarterías era el único que había accedido al lugar a través de un contrato. “Como no podía pagar el alquiler, entregó la vivienda y el conde le perdonó la deuda. Cuando se quedó vacía, la derribó”, relata su portavoz.

La lucha contra el desalojo se dirime en varios frentes. En la vía judicial, el sindicato garantiza a todos los vecinos asistencia letrada en caso de que los herederos del conde de la Vega Grande decidan acudir a los tribunales y defiende que existen argumentos jurídicos para que los afectados puedan permanecer en sus viviendas por los derechos adquiridos durante todos estos años. La organización de ayuda al inquilino también promueve lo que Ruymán Rodríguez denomina la “guerra de tintas”, esto es, la presión mediática para que la administración actúe garantizando una alternativa habitacional a los vecinos. También prevé organizar concentraciones y manifestaciones para movilizar a la sociedad civil. “Si nada de esto funciona, tendremos que convocar un piquete antidesahucios, un muro humano en los barracones para que no los echen”, concluye.

La unión de dos linajes

El Condado de la Vega Grande de Guadalupe nació en 1777. El Rey Carlos III concedió el título nobiliario al coronel de Infantería Fernando Bruno del Castillo Ruiz de Vergara, que poseía mayorazgos en el norte de Gran Canaria. Su esposa, Luisa Antonia Amoreto del Castillo, disponía de dominios en el sur. A esta estirpe nobiliaria, la más importante de la isla, se le atribuye el desarrollo de industrias y productos que cambiaron la economía isleña.

Los catedráticos de Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Manuel Lobo y Fernando Bruquetas exponen en la obra El Condado de la Vega Grande de Guadalupe (2014) que fue Agustín del Castillo, el cuarto conde, quien introdujo el tomate en la isla en el siglo XVI.

El actual, Alejandro del Castillo Bravo de Laguna, nacido en 1928, gestionó en 1961, en una época en la que aún ostentaba el título su tío, el concurso internacional de ideas Maspalomas Costa Canaria, que impulsó la actividad turística en el sur de la isla, su principal motor económico en la actualidad.

Alejandro del Castillo Bravo de Laguna está casado con María del Carmen Benítez de Lugo y Massieu, hija de la Marquesa de Arucas, el otro gran linaje de la isla de Gran Canaria.

El Sindicat d’Inquilines de Gran Canaria: famílies obreres contra el Conde de la Vega

Publicación de las queridas compas de Can Jaumetó

ttps://sindicatodeinquilinasgc.wordpress.com/2017/05/17/manifiesto-contra-el-desalojo-de-19-familias/

Compartim aquest cas: per bé que pugui semblar anacrònic, és ben d’actualitat. Tota la nostra solidaritat amb les famílies que estan plantant cara al despotisme del Conde de la Vega a Gran Canaria. Ens adherim al manifest, aprofitant que avui celebren una roda de premsa per denunciar l’evolució del cas, i animen a col·lectius i organtizacions d’arreu a fer-ho.

A banda, us deixem unes línies per apropar-vos a la interessant experiència organtizativa del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria:

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Mesos abans de l’esclat que estem vivint a tota la península de sindicats de llogateres i col·lectius de defensa del dret a l’habitatge, ja s’havia creat a Gran Canaria un sindicat d’inquilines. Des de fa temps que seguim amb interès la feina de la FAGC (Federación Anarquista de Gran Canaria), sobretot coneguda pel projecte d’okupació i reallotjament de famílies obreres a la comunidad la Esperanza; aquests són principalment els punts de partida de l’esmentat sindicat d’inquilines.

Des del nostre punt de vista, a destacar de la tasca que estan realitzant és saber realitzar una feina real, palpable, amb els estrats de població treballadora més perifèrics i damnats econòmica i socialment per la misèria del treball i l’economia capitalista; a la vegada, el manteniment de principis d’autonomia política dels òrgans de l’estat i les seves institucions. Marquen unes línies vermelles i una experiència pràctica a tenir en compte per al cicle de lluites per l’habitatge i contra la pujada del lloguer que ja està pràcticament encetat.

Enllaços d’interès:

https://sindicatodeinquilinasgc.wordpress.com/principios/

https://anarquistasgc.noblogs.org/

https://www.todoporhacer.org/comunidad-esperanza/)

https://www.youtube.com/watch?v=vU3Ew3Hp_cI

Nace “El Refugio”

5 familias sin recursos y sin techo han rehabilitado varios inmuebles abandonados en la isla de Gran Canaria, y se han buscado por sí mismas las oportunidades que les niega el sistema capitalista y las instituciones.
16 personas, 10 de ellos menores, han iniciado este proyecto habitacional de autogestión y dignificación. Cuentan con todo el apoyo y la asesoría del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria.
En un archipiélago con 135.000 inmuebles vacíos, con 735 desahucios por trimestre, con el segundo salario más bajo del Estado y la segunda provincia (Las Palmas) con la mayor subida del alquiler, no nos quedan más opciones para garantizarle un techo a nuestros hijos que las que nosotros, el pueblo trabajador, nos proporcionemos por nuestros propios medios.
Esta lucha por la vivienda no implica solo defenderse y reclamar. Es necesario construir y crear.

La esclavitud invisible

Fuente: Solidaridad Obrera

Ruymán Rodríguez

 

El imaginario actual de la reivindicación obrera bebe en muchas ocasiones de un mundo laboral que ya no existe. Esos cinturones industriales, con sus grandes masas obreras organizadas, con sus plantillas veteranas de miles de obreras cohesionadas, son imágenes que pueden valer para un fotograma de una película de Eisenstein, pero no para plasmar la realidad de nuestros barrios más marginados.

El mundo del trabajo se ha atomizado y precarizado. Gracias a unas duras reformas laborales librecambistas y a una amplia gama de herramientas disolventes del tejido obrero (ETT’s, subcontratas, etc.), las que seguimos trabajando lo hacemos temporalmente, a rachas, a veces con poco o ningún contacto con nuestras compañeras de tajo y casi siempre sin horizonte reivindicativo. Algunos sectores son la excepción, pero la mayoría de obreras hemos aceptado que el trabajo es una mercancía capitalista con la que el empresariado tiene total derecho a especular. El trabajo sigue generando toda la riqueza, pero las trabajadoras somos cada vez menos conscientes de ello.

Redundaría decir que esto ha empeorado con la llamada “crisis financiera” y que esta ha sido una jugada perfecta para imponernos un modelo social, económico y laboral aún más feroz y desigual. Un modelo que nos obliga a aceptar las condiciones laborales más indignas sin resentimiento e incluso con una enorme sonrisa de gratitud. Lo que no suele comentarse es la situación de las que ya soportaban esas condiciones antes de la “crisis”, la situación de las trabajadoras que siempre han malvivido. Aquellas para las que la “crisis” sólo ha significado la estandarización de su esclavitud invisible. Hablo de las obreras en B, de las precarias, y especialmente, de las cuidadoras a domicilio.

El mundo de los cuidados, que recae en su gran mayoría sobre mujeres migrantes, ha sufrido los efectos psicológicos de la crisis y también el subsiguiente endurecimiento de las condiciones laborales. Sin embargo, en un ambiente de esclavitud normalizada como ese, el recrudecimiento visto desde fuera es casi imperceptible. Y digo esclavitud con toda la literalidad de la palabra. No importa aquí lo que digan vuestras constituciones, normativas o estatutos, ni las inspecciones de trabajo, ni la Declaración de los Derechos Humanos, ni ningún otro fetiche legal; en el Estado español existe la misma esclavitud que en la América sudista o la Rusia zarista.

La cuidadora, la que no pertenece a ninguna empresa, la que no depende de las subcontratas de los ayuntamientos ni del sistema sanitario, la que trabaja por su cuenta pero sin la oficialidad de la autónoma, no tiene derechos de ningún tipo.

Trabaja en un domicilio con el que acaba identificándose. Establece una relación más cercana con la persona que la asalaria que la que mantendrá nunca ninguna otra obrera con su empresaria. Esa relación suele ser enfermiza y malsana, basada muchas veces en el chantaje emocional, en explotar por parte del empleador el vínculo afectivo y de dependencia que se genera entre cuidadora y paciente. Olvídense de toda esa batería de conquistas laborales que supuestamente componen el mal llamado Estado del bienestar. Aquí no hay vacaciones, ni bajas por enfermedad, ni indemnizaciones por despido, ni subsidio por desempleo. No puedes ponerte enferma, ni descansar, ni respirar. El trabajo y la vida acaban fusionándose de la peor manera posible, como una malformación. El ocio desaparece de la ecuación. Ser complaciente y servicial es una forma de sobrevivir. Si te despiden no hay ningún colchón, ni paro, ni finiquito. Ningún despido es improcedente. Eres una esclava doméstica, un electrodoméstico más, como el microondas o la lavadora.

El volumen de trabajo suele ser inmenso y ser soportado por una sola espalda. En esta categoría están las trabajadoras que limpian y cocinan, que cuidan niños, ancianos o enfermos. Personas que crían y enseñan, que se encargan de vómitos y diarreas, que cambian pañales, que ponen enemas, hacen curas, rehabilitación, y mil cosas más, sin necesidad de estudiar puericultura, de ser auxiliares de enfermería, de geriatría o fisioterapeutas, o de haber hecho ningún curso sobre asistencia a personas con alzheimer. Su capacitación la da el trabajo diario y una gran facultad de resiliencia. No hacen nada distinto de lo que se ven obligadas a hacer, sin titulación alguna, todas aquellas personas que tienen un familiar dependiente y no tienen dinero para pagarle a alguien para que lo haga por ellas. Las cuidadoras a domicilio realizan todo este trabajo a cambio de sueldos de hambre que difícilmente llegan al salario mínimo.

La situación se agrava cuando hablamos de trabajadoras internas. Vives donde trabajas, con turnos literalmente de 24 horas. Tu único día libre supone tener que dejar durante unas horas, hasta que cae la noche, una casa que nunca sientes como propia, pero que sigue siendo el lugar donde vives. Esa es la paradoja: para descansar tienes que abandonar tu domicilio, el sitio que precisamente la mayoría escoge para desconectar del trabajo. Muchas acaban renunciando a sus sábados o sus domingos. La posibilidad de la enfermedad propia no existe, como si una mutara en máquina. Vives como en las antiguas plantaciones de algodón de Virginia o Alabama, o como en los ingenios azucareros del Caribe: trabajas de sol a sol por techo y comida. A veces se prescinde del sueldo, o se descuentan dietas y alquiler hasta convertirlo en nada. Muchas veces no hay tampoco dónde ni cómo consumir el magro salario, así que suele destinarse casi exclusivamente a mantener a una familia que desconoce lo que sufres más allá del Atlántico. Las personas nativas que se dedican a los cuidados son minoría, pero también son un sustrato importante del barrio. Gente que vive más tiempo en casas ajenas que en la propia y que a veces aceptan trabajar de internas no para enviar dinero a otro continente, sino para hacerlo a la calle de al lado.

Estas trabajadoras no están sindicalizadas. Si el mundo del trabajo tiene sus suburbios y periferias también el sindicalismo tiene sus bolsas de marginalidad. El extrarradio sindical, hacia el que el sindicalismo clásico no tiene ningún plan concreto ni oferta, crece a la misma velocidad que mengua el trabajo estable y cualificado. El sindicalismo no quiere entrar en el gueto del barrio porque está muy cómodo en el gueto ideológico.

No estoy hablando de aceptar la precariedad como un fatalismo y trabajar en ese ámbito asumiendo la deriva del mercado laboral sin objeciones. Hablo de que para combatir la descomposición de los derechos laborales, para enfrentar sus causas y efectos, habrá que organizarse con las que lo padecen y articular respuestas desde su situación. Es una guerra de trincheras y ahora mismo nos han empujado al interior del fuerte, perdiendo casi todo el terreno conquistado en los dos últimos siglos. Podemos seguir en tierra de nadie, tratando de estructurar un proletariado idealizado que ha sido desmantelado, o entender la situación real de las trabajadoras de carne y hueso, de las proletarias actuales, arremangarnos y bajar hasta el fango al que las han arrojados para reconstruir desde abajo, con ellas.

Hay que dejar de argüir excusas como el prurito de la legalidad. No importa si legalmente un colectivo es sindicable o no. Las primeras sociedades obreras no necesitaban que existiera el derecho legal a sindicarse para poner los cimientos de los futuros sindicatos y empezar a organizar a las trabajadoras. Si se hubiera tenido que esperar a que sindicarse fuera legal para crear los primeros gremios obreros, el sindicalismo jamás habría existido. Todos esos derechos, de los que estamos tan orgullosas, se conquistaron por la vía de los hechos consumados, y no esperando ninguna venia ministerial. Organizarse con las precarias es lo primero; la ley no hace más que reconocer lo que se le impone, bien por el consentimiento general, bien porque se le planta en la cara.

Todos los derechos laborales que se reconquisten o recuperen serán ficticios mientras una gran bolsa de la población obrera viva en una esclavitud consuetudinaria, socialmente admitida y consentida por las propias centrales sindicales.

Estoy convencido de que tarde o temprano las cuidadoras se organizarán, como ya lo han hecho las camareras de hoteles, los manteros, las inquilinas, y todas esas categorías laborales o sociales que sobreviven en los margenes del Estado del bienestar y del sindicalismo clásico. La pregunta es si los sindicatos revolucionarios, los de la acción directa, los que rechazan las subvenciones, los que no se han pringado en corruptelas, piensan acercarse a este sector, diseñar una estrategia y una batería de herramientas que puedan hacer suyas, o si esperarán a que se organicen autónomamente, al margen de su radio de influencia, y que otro colectivo de excluidas e ignoradas les demuestre que si ellas no entran en sus cálculos, tampoco el sindicalismo histórico entra en su agenda.

Y no olvidemos que en esta agenda se puede estar escribiendo actualmente la hoja de ruta de un nuevo fenómeno obrero, difuso, difícil de identificar, que reviste formas y manifestaciones que no todos comprenden, pero que quizás marque cómo se articulará la protesta y la reivindicación laboral de una época con la que las viejas maneras sindicales no parecen querer familiarizarse: el siglo XXI.

Los sin techo de la nobleza canaria

Fuente: El Salto

Alejandro del Castillo, conde de la Vega Grande, pretende desalojar a las familias de quienes trabajaron para su padre para vender un terreno destinado a uso industrial.

Texto: Eduardo Pérez

Las 19 familias que habitan los Barracones de Juan Grande, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), viven pendientes de un hilo desde que la pasada Semana Santa recibieran una carta de los propietarios, Alejandro del Castillo, conde de la Vega Grande y su hermano. En ella, se instaba a las 63 personas allí residentes a abandonar su vivienda en el plazo máximo de tres meses.

En realidad, sus vidas siempre han estado vinculadas a los deseos de la familia cuyo iniciador fue, en el siglo XVIII, Fernando Bruno del Castillo, alférez mayor y gobernador de las Armas de Gran Canaria, quien recibió el condado por sus servicios a la Corona.

Los Barracones llevan habitados desde hace más de medio siglo: una de las vecinas lleva allí 57 años. Otro, Juan Manuel Pérez, de 42 años, explica a El Salto que en un principio eran “cuartos individuales junto a los almacenes donde se embalaba el tomate, donde vivían los trabajadores. Posteriormente construyeron sobre ellas y cuando la empresa quebró tuvieron permiso para quedarse”.

Según Pérez, estos trabajadores nunca tuvieron problema con la administración del entonces conde, homónimo del actual, su hijo, y que llegó a alcalde de Las Palmas al principio del Franquismo. En lo que se podría considerar una parte del salario de los trabajadores, las familias nunca pagaron nada por su precaria vivienda. Por otro lado, nunca tuvieron contrato de trabajo ni de alquiler.

En los casos en que el inquilino fallecía, su vivienda seguía en la familia. Es el caso de Pérez, trabajador de la construcción, que pasó de pagar alquiler a vivir allí cuando murió su tío. Allí viven también su mujer, dos de sus hijas y su nieta de sólo año y medio de edad.

Este vecino explica que hace aproximadamente diez años comenzaron los problemas. En 1996 el terreno había sido recalificado como de uso industrial, y la nueva administración familiar comenzó a otorgar permisos que incluían una cláusula para desalojar a las familias firmantes. “La mayoría firmaron”, explica Pérez, “bajo coacciones, ya que los necesitaban para instalar contadores de luz o agua”.

Derribo sin avisar

En 2017, la operación para reconvertir el área en zona industrial se ha puesto en marcha. Justo antes de recibir los avisos de desalojo, los propietarios ya habían intentado derribar una casa, lo que consiguieron sólo parcialmente.

Al afectar el derribo a las viviendas próximas, los vecinos avisaron a los medios de comunicación y “el abogado del conde salió corriendo”, relata Pérez. Es en ese momento cuando, con el apoyo del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Gran Canaria, vecinos y vecinas de los Barracones de Juan Grande comienzan una campaña de presión para conseguir su realojo por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé.

Desde el sindicato, Ruymán Rodríguez, uno de sus miembros, explica que se les está dando asesoramiento y apoyo a las familias, “y si no funciona la estrategia, iremos a la paralización del desahucio por medios físicos, pero esperemos no llegar a eso”.

El Sindicato de Inquilinos, con 100 afiliados (90 de ellos mujeres) nació en enero de este año, convirtiéndose así en el primero de este carácter y al que luego han seguido otros en ciudades como Barcelona o Madrid, y en palabras de Rodríguez, está dedicado a “cuestiones meramente de supervivencia social, con unos salarios que siguen igual pero los alquileres suben, generando desahucios silenciosos”. Especialmente en una región como Canarias, con 15 o 20 desahucios al día y otras marcas dudosas como el récord estatal en pobreza infantil.

De momento, el conflicto de los Barracones entre vecinos, conde y Ayuntamiento está bloqueado. “Pedimos que no nos dejen en la calle, queremos una casa que paguemos en función de nuestras posibilidades, no queremos que nos regalen nada”, asegura Juan Manuel Pérez. No obstante, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, gobernado por Agrupación de Vecinos-Partido Popular, no parece tener la menor intención de tomar cartas en el asunto.

Cuestionado sobre el tema por El Salto, el alcalde Marco Aurelio Pérez se da por satisfecho con sus gestiones: “Que yo sepa, no va a haber desalojo. Está paralizado mientras los propietarios no tengan alternativas de realojo”.

Afirmación que vecinos y sindicato niegan tajantemente, ya que el único ‘compromiso’ han sido expresiones como “ya se mirará” por parte de los abogados del conde a alguna familia, y no se les ha comunicado ningún tipo de paralización.

En todo caso, el alcalde no valora la posibilidad de que el Ayuntamiento ofrezca viviendas. Entre las razones, ser un “asunto privado”, aunque la memoria ambiental aprobada por el Gobierno canario respecto a esta operación obliga a tener alternativas de realojo para los residentes regales. Además, el mandatario señala que “no tenemos viviendas”, pese a que el municipio es uno de los mayores de la isla, siendo un destino turístico de primera fila mundial y haber sido presa del boom inmobiliario antes de la crisis.

Así pues, se mantiene la incertidumbre sobre el destino de estas 19 familias, enfrentadas a una familia que ha marcado el destino de Gran Canaria desde hace más de dos siglos, desde el poder político, su imperio agrícola o sus negocios inmobiliarios.

Hace justamente un año, el actual conde decía en una entrevista a Canarias7 algo que podría dar esperanzas a los vecinos de los Barracones: “En la vida el dinero no es lo principal. Hay otras cosas que son más importantes. Me gustaría que me recordasen como buena persona. Me gustaría que dijesen: ‘Qué buena persona fue Alejandro’. Nada más”.

La Comunidad “La Esperanza” con las familias desahuciadas en Granadilla

Desde Santa María de Guía, en Gran Canaria, las 76 familias que conformamos la Comunidad “La Esperanza” queremos hacer llegar todo nuestro apoyo, solidaridad y cariño a las 41 familias que el Banco Santander, con la colaboración necesaria de la administración, la judicatura y la Guardia Civil, ha desalojado ayer día 20 en la localidad de San Isidro, en el municipio de Granadilla de Abona ubicado en la isla hermana de Tenerife.

Compartimos su dolor porque sus hijos podrían ser los nuestros, porque sus ancianos también podrían ser nuestros padres o abuelos. La injusticia que sufren es la misma que miles de familias obreras y sin recursos padecemos a diario en un Estado en el que se repite, hipócritamente, que ya no hay desahucios.

Las familias que nos vemos obligadas a okupar no lo hacemos por gusto ni por comodidad, pues nadie acepta voluntariamente los estigmas con los que la sociedad marca a los que no tenemos vivienda propia ni dinero para alquilar. La insolvencia es hoy en día un delito, y rebelarse contra ella el peor de los crímenes. Las familias que no hemos aceptado la indigencia ni la intemperie y que hemos luchado por una vida mejor para nuestros hijos somos criminalizadas y perseguidas. Nadie parece entender que okupamos porque no existe una alternativa de vivienda pública real y eficiente, que lo hacemos porque el trabajo es cada vez más precario y escaso, porque los salarios son cada vez más bajos, porque los alquileres son cada vez más caros, porque no tenemos más opciones que morir reventados en la calle u okupar una vivienda y construir nuestras propias soluciones desde abajo y recuperar nuestra propia dignidad.

Las familias de Granadilla han sido desahuciadas sin respetar las supuestas garantías que se le atribuyen a los lanzamientos ordinarios. Ni se les notificó con antelación ni se les dio un plazo para desalojar la vivienda. Los antidisturbios se personaron al amanecer y les dieron a las familias 5 horas para sacar todos sus enseres o los perderían para siempre. Recoger toda tu vida en 5 horas, ¿es posible?

Muchas de las familias llevaban viviendo allí 5 años (un año más que nosotros en “La Esperanza”). Los responsables judiciales no han pensado que antes de echar a estas familias a la calle era necesario concederles un plazo para que no se vieran arrojadas directamente al asfalto. La ley entiende de dinero, pero no de sentimientos.

El Banco Santander, que desde que comenzó la crisis no ha dejado de recibir inyecciones de dinero público (nuestro dinero), es el principal responsable de esta atrocidad. Un banco que sigue fabricando tragedias y amasando su fortuna con la sangre y las vidas de los desahuciados, sean hipotecados u okupas.

Desde “La Esperanza” ofrecemos toda nuestra solidaridad a estas familias víctimas de la especulación inmobiliaria y condenamos a todos los artífices y cómplices de este terrible injusticia. Por nuestra parte tomamos nota nuevamente de cómo actúan los bancos, la administración, los juzgados y las fuerzas policiales. Ninguna humanidad puede esperarse por su parte. No lo olvidaremos.

Comunidad “La Esperanza”

El Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria se solidariza con las 41 familias desahuciadas en Granadilla

Fuente: SIGC

Ante el brutal desahucio a 41 familias, ejecutado ayer en Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, a instancias del Banco de Santander, desde el Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria nos solidarizamos con las afectadas ante un desalojo que constituye una nueva vulneración del derecho a la vivienda con la complicidad de todas las administraciones públicas.

Denunciamos la indignante insensibilidad demostrada con estas familias, expulsadas de sus hogares, en los que llevaban residiendo varios años, sin haberles procurado previamente una alternativa habitacional.

Exigimos a la misma Banca que ha sido rescatada con nuestro dinero que cese en su acoso y derribo a las familias más vulnerables y deje de acumular inmuebles que deben servir prioritariamente de vivienda antes que de activo financiero.

Exigimos a las instituciones públicas que cumplan con los acuerdos a los que se comprometieron en tiempo de elecciones en materia de vivienda, y que ahora parecen haber olvidado, y que no conculquen el derecho de estas familias a una vivienda digna frente a las ejecuciones bancarias.

La vivienda es un derecho.

¡Basta ya de apoyar la especulación inmobiliaria!

Revista de medios

La rueda de prensa del pasado 12 de junio en la que las vecinas de los Barracones denunciaban su intento de desalojo ha sido un éxito mediático. Estos son los medios que cubrieron la rueda de prensa, presencialmente o por vía teléfonica, que se hicieron eco a los pocos días o que la difundieron días antes: RTVC Noticias, Antena 3, Radio Sol, Maspalomas Ahora, SER, COPE, Onda Cero, Agencia EFE, TVC (programa de tarde), Radio San Borondón, La Provincia, Canarias Semanal, Radio Faro, Maspalomas News, El Candelero, LibreDiario. Y muchos más que se nos escapan. Eso en cuanto a los medios comerciales, porque los contrainformativos (Alasbarricadas.org, Portal OACA, Kaos en la Red, La Haine, etc.) siempre han estado a la altura. A continuación damos una muestra de esa repercusión compilando los enlaces de algunos de los medios en los que ha aparecido la noticia:

Reportaje de RTVC Noticias:

Reportaje de Antena 3 Canarias

Crónica de La Provincia

Entrevista en Radio Faro

Entrevista en la SER

Canarias Semanal, Alasbarricadas.org, La Haine, OACA, reproducen la crónica del SIGC

Seguiremos actualizando

Crónica sobre la rueda de prensa en Los Barracones

foto rueda de prensa 1El lunes 12 de junio de 2017, las vecinas afectadas de los Barracones de Juan Grande, amenazadas por un «conde» de echarlas a la calle sin darles alternativa alguna, dieron una rueda de prensa en los mismos barracones. Estuvieron acompañadas por un miembro del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y por la abogada de dicho sindicato.

De la rueda de prensa se hicieron eco bastantes medios comerciales, y la crónica fue difundida por distintos medios alternativos. En una próxima entrada, haremos una pequeña recopilación sobre la repercusión obtenida.

A continuación, la crónica que hicieron desde el Sindicato:


foto rueda de prensa 2
De izquierda a derecha: Milagrosa, Ayesa y Ana

En la mañana de ayer, 12 de junio, las vecinas de los barracones de Juan Grande ofrecieron una rueda de prensa con el fin de hacer público el conflicto que mantienen con los herederos del conde de la Vega Grande. En ella explicaron ante los medios el posible desalojo al que se enfrentan 19 familias, entre las que se cuentan 24 menores de edad, varios ancianos y personas con enfermedades crónicas. Ana, Milagrosa y Ayesa, mujeres que representan a tres generaciones distintas, pusieron voz a la lucha de 63 personas que pueden verse en la calle de la noche a la mañana.

Ana, una mujer que ha vivido 27 de sus 75 años en los barracones, empleó su intervención para denunciar las mentiras del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, quien declaró a una televisión local que los vecinos habían firmado un contrato de alquiler con el conde. Ana, que ha sufrido dos infartos y una insuficiencia renal en los últimos nueve meses, afirmó que la corporación municipal no les ha ofrecido ninguna alternativa habitacional hasta el momento y se mostró escéptica ante un alcalde que siempre les ha dado la espalda.

En segundo lugar, Ayesa, la más joven de las tres, narró cómo un empleado del conde se presentó un día a las 8 de la mañana en los barracones y sin previo aviso comenzó a derribar la casa colindante a la suya con un martillo amortiguador. En dicha casa vivía la única vecina que tenía relación de alquiler con el conde: al rescindir el contrato con éste, la vecina abandonó la vivienda. Ayesa tiene un bebé de 14 meses que despertó ese día entre el pánico y el desconcierto que sembraba el ruido atronador del martillo. Llamaron a la policía para denunciar el abuso, pero nunca aparecieron. Entonces decidieron convocar a los medios y el empleado se esfumó al verlos llegar. Contó la joven que cuando el abogado del conde le entregó en mano la carta por la cual se les conminaba a desalojar sus hogares, ella le preguntó que a dónde irían. No obtuvo respuesta.

Por su parte, Milagrosa declaró que las familias de los barracones habían solicitado viviendas sociales dignas y acordes a la situación económica de cada una. Si, como se afirma desde las instituciones, no hay suficientes viviendas públicas, exigió que les permitiesen quedarse en sus casas hasta que la administración construya nuevas viviendas. Es preciso recordar que, según se recoge incluso en documentos firmados por el conde, estas casas aparecen descritas como “cuartuchos para animales”. Sólo el enorme esfuerzo y los magros recursos económicos de las familias han logrado convertirlas en viviendas dignas y acogedoras. Milagrosa aprovechó para subrayar la desconfianza de las familias hacia los partidos políticos, que hasta ahora no han movido un dedo para ayudarles.

Tras la intervención de las tres portavoces, miembros del Sindicato de Inquilinas denunciaron que la administración había incumplido su compromiso de realojar a las familias afectadas por la modificación del Plan General de Ordenación Territorial. Según este plan general, el terreno en el que están los barracones fue declarado “zona industrial” y los vecinos afirman que el alcalde les confesó que el ayuntamiento tiene la intención de comprarlo para construir una nave industrial. Por otro lado, los miembros del SIGC lamentaron que en pleno siglo XXI, en un Estado que presume de ser adalid de los Derechos Humanos, se pisotee sin reparo el derecho de estas personas a una vivienda digna. Además, anunciaron la estrategia de resistencia al posible realojo: desde la guerra mediática al piquete para evitar el desahucio.

Por último, un vecino que lleva 58 años viviendo en los barracones relató las condiciones de esclavitud en las que con sólo 9 años empezó a trabajar para el conde. Su testimonio revivió la oscura historia de caciquismo, esclavitud y miseria que aún golpea a las clases más humildes de las islas. Entre otras cosas, denunció que hasta el año 1999 (en el orgulloso Estado español que ya presumía de cuarto puesto en la economía de la UE), el agua, la luz y los baños de los barracones eran comunes y sólo tenían luz de 6 de la mañana a 10 de la noche.

En definitiva, las familias de Juan Grande han enviado un mensaje contundente a los herederos del conde: han demostrado que no tienen miedo y que van a luchar hasta el final por mantener sus viviendas si la administración no les asegura una alternativa habitacional digna y acorde a sus ingresos. Frente al caciquismo y la administración servil, estas 63 personas se han organizado para defender sus derechos más elementales. Y no están solas: tienen el apoyo y la asesoría del Sindicato de Inquilinas y la solidaridad y simpatía de 61 colectivos del Estado e incluso del continente americano que no permitirán que se queden en la calle.


En el post original, podrán ver más fotos:

https://sindicatodeinquilinasgc.wordpress.com/2017/06/13/cronica-de-la-rueda-de-prensa/