El 13 (Cinemes Girona) y el 14 (La Cinètika) de diciembre de 2018, 4 compañeras de la FAGC acudiremos a Barcelona a la presentación del documental «Precaristas: Crónica de la lucha por la vivienda en Gran Canaria». Les esperamos. 
Categoría: SIGC
¿En qué anda metida la FAGC?
Los problemas
La Federación Anarquista de Gran Canaria es un colectivo en constante adaptación, siempre desarrollando nuevas estrategias para sobrevivir, siempre comiéndose baches. A finales de verano de 2017, a medio año de la fundación del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria (un proyecto que ayudamos a impulsar inicialmente), curramos por encima de nuestras posibilidades. Un compañero de la FAGC cayó gravemente enfermo por el sobreesfuerzo (arrastraba dolencias que se acrecentaron después de toda una mañana descombrando un garaje y haciendo mudanzas para un nuevo proyecto socializado) y otro del SIGC tuvo problemas laborales y legales por su implicación en el mismo proyecto. Algunas vecinas y militantes no estuvimos a la altura, y exigíamos más a las compas jodidas cuando menos podían aportar. Sabíamos articular muy bien la solidaridad externa, pero la cagamos con la solidaridad interior.
Las más veteranas lo asumimos, sabíamos que tocaba lamerse las heridas y retirarnos a nuestros cuarteles de invierno hasta que escampara. Para las novatas quizás fue una lección demasiado dura, una cicatriz demasiado prematura.
La idea de la FAGC fue desde el principio convertirse en un colectivo netamente “político”, generador de opinión y agitación, e ir derivando, poco a poco, toda su actividad en vivienda a un colectivo más amplio y cada vez más independiente como el SIGC. Creíamos terminada la transición, así que optamos por “huir hacia adelante”: salir de la ciudad, irnos al campo, cuidar a nuestros heridos y recontar las municiones. Por desgracia las compas del SIGC, a las que creíamos más fuertes que nosotras, no vivían una situación mejor, y también fueron padeciendo cada vez más la erosión del choque con la realidad barrial y los efectos sociales que ha producido el capitalismo incluso entre las más pobres.
El corte de luz y agua de la Comunidad “La Esperanza” en marzo de 2018, la necesidad de apoyar una nueva lucha masiva, podía ser un revulsivo para el SIGC, pero en nuestra opinión sirvió para evidenciar la necesidad de adquirir unos protocolos resolutivos diseñados por la experiencia habitacional previa (que aún no se habían asumido) y también la de explotar mejor el capital social, comunicativo y de contactos que la FAGC había cedido al sindicato.
La FAGC, aún débil, surgió de entre las ramas de sus frutales e hizo lo que llevaba casi una década haciendo, siguiendo los automatismos adquiridos, mientras las vecinas daban la talla dando la cara en la calle y ante los medios. Gracias a eso se consiguió salvar la situación, pero aun quedaba digerir lo aprendido.
Con ese panorama, y otros factores de desgaste, el SIGC decidió tomarse un tiempo indefinido de reflexión. La FAGC estuvo a punto de hacer lo propio, y si no llega a ser por el miedo a que una espantada envalentonara a la administración y la hiciera lanzarse contra los proyectos que hemos ayudado a levantar, lo habríamos hecho. El huerto, por suerte, nos quitó esta idea de la cabeza.
“El huerto”
Concebido en un principio como un mero refugio y quizás como un futuro medio de autofinanciación, el huerto empezó a convertirse en un proyecto netamente social con el que varias familias empezamos a alimentarnos (no era el primero ni el único que habíamos impulsado con esa premisa). Es así como levantamos un nuevo proyecto agrícola de autoabastecimiento, de donde cada semana, y dependiendo de la estación, sacamos kilos de naranjas, limones, duraznos, aguacates, peras, manzanas, higos, uvas, fresas, frambuesas, castañas, millo, calabazas, calabacines, judías, papas y hierbas aromáticas.
Hoy, según en qué ambientes, se llama “posmodernistas” y “neoliberales” a estos proyectos de huertos de subsistencia. Para nosotras, y no nos disculpamos por ello, son proyectos de expropiación agrícola, una forma de empezar a gestionar un medio de producción por nosotras mismas y una manera de que familias atiborradas a hidratos por la caridad de las ONGs y los bancos de alimentos puedan comer verduras y frutas frescas y lograr que enfermedades decimonónicas no vuelvan a reaparecer.
La microred de asistencia sanitaria
Tirando de la madeja de nuestro compa enfermo, fuimos descubriendo muchas de las enfermedades sin tratar que también azotaban a otras compañeras realojadas que habían migrado a la isla y no tenían “papeles”. La mayoría, aunque puedan recibir atención de urgencias, no quieren saber nada, lógicamente, de las instituciones y rehuyen cualquier contacto con el Servicio Canario de Salud. Esto es especialmente comprensible en personas que han vivido terribles experiencias en los CIEs. Las dolencias eran variadas e incluían enfermedades respiratorias, enfermedades crónicas, lesiones sin tratar, desnutrición, deshidratación y un largo etcétera. Gracias a compas con formación pudimos darles unas primeras recomendaciones básicas, pero pronto vimos que eso por sí solo no bastaba. Así que gracias a profesionales sanitarios que voluntariamente decidieron implicarse, hemos conseguido tejer una pequeña red de asistencia que atiende a los realojados y a sus familiares y conocidos en similar situación. Muchos de los materiales fungibles los aportan los propios compas sanitarios, pero es un sacrificio que no podemos exigirles encima que ofrecen sus conocimientos y esfuerzos desinteresadamente.
Oficina de asesoría legal/laboral para precarias
A razón de la polémica pública sobre el derecho a sindicarse de las compañeras que ejercen la prostitución, y nuestro posicionamiento, también público, contra la prostitución y toda explotación, pero a favor de la organización de las afectadas y su autoemancipación (no habrá abolición real de espaldas a ellas), varias compañeras se sintieron identificadas con nosotras y empezaron a plantearnos dudas por redes. El resultado ha sido la asesoría legal y laboral, individual o colectiva, de más de medio centenar de mujeres, y un hombre, dos veces por semana (sin contar las consultas de urgencia), sobre asuntos básicos que en realidad están en consonancia con la labor de cualquier sindicato convencional (aunque nosotras no lo seamos): información sobre reciclaje laboral y salidas profesionales, ayuda para solicitar subsidios diversos, ayuda para elaborar recursos contra multas y sanciones, información sobre las posibilidades de cotización o de reclamación de una pensión no contributiva (caso sangrante en las compañeras que rondan los 60 años), redacción de denuncias contra agresores o proxenetas, defensa y asesoría ante una detención o abuso policial, y un largo etcétera.
Expropiación de 3 casas terreras
Hace unos meses varias familias contactaron con nosotras. Cada una de ellas, por distintas circunstancias, pero con un mismo factor común: la pobreza y la terrible subida del precio de los alquileres en Gran Canaria, habían sido desahuciadas, estaban a punto de serlo o simplemente no se les quería renovar el contrato de alquiler (no al mismo precio que antes). Las asesoramos como siempre hacemos, les compartimos distintas alternativas, les dimos nuestras condiciones y requisitos, y les dijimos que suyo era el cometido de abrirse su propia vivienda, si esa era su opción. Después de la preparación pertinente, de elegir bien los inmuebles y solicitar la nota simple que confirmaba que todos eran propiedad de la SAREB, se procedió a su expropiación y socialización. 6 familias, 22 personas, en su mayoría menores, comparte hoy el techo de 3 casas terreras adyacentes, tienen agua y luz, y han escapado de la indigencia.
Todavía tenemos más casos de realojos pendientes, pero es muy complicado hallar solución a todos con nuestros pocos recursos.
La tiranía del dinero
La mayoría de estos proyectos, desgraciadamente, no sólo salen adelante con voluntad, imaginación y tenacidad, necesitan esos absurdos papeles de colores a los que llamamos dinero. El dinero, que no sería necesario para vivir en una sociedad racional, es obligatorio bajo la irracionalidad capitalista.
En abril de 2018 nos vimos obligadas a hacer una campaña de recaudación para comprar un caro motor (1000 euros) con el que facilitar agua y luz a la Comunidad “La Esperanza”. Justamente ayer, día 4 de noviembre, nos enteramos de que el hidro (la bomba que lleva el agua a las 76 casas de “La Esperanza”, y que es alimentada por ese motor que compramos en abril) está roto. Con lo que sobró de la anterior campaña podemos sufragar un nuevo hidro (hoy, por suerte, después de mirar mil presupuestos, lo hemos confirmado), sin embargo se nos plantea la misma inquietud angustiosa de siempre. ¿Por qué sólo sabemos movernos en temas de dinero cuando pasa una emergencia? ¿Qué hubiéramos hecho si los fondos hubieran sido insuficientes para pagar un nuevo hidro? ¿Y si en vez de los 600 que calculamos hubiera salido 2500? Por el bien de nuestras coronarias hemos decidido iniciar un nuevo período de recaudación, con más calma y menos presión, pero igual de necesario.
Debemos encontrar un medio de autofinanciación estable y seguro. Las campañas sólo sirven para casos puntuales. Las cuotas no pueden establecerse en un colectivo donde la mayoría de sus miembros vienen de la indigencia, la pobreza extrema o al menos de la insolvencia. Tirar de la aportaciones irregulares de las pocas compas que trabajan nos permite sacar la cabeza del agua, pero no es un método funcional durante la mayoría del año. Estamos barajando varias opciones, pero hasta dar con la más apropiada, y la mejor forma de enfocarlo, iniciamos esta campaña sine die donde cualquiera que quiera aportar y contribuir puede ponerse en contacto con nosotras a través del correo, facebook o twitter y ya les informaremos de cuál es la mejor forma de hacerlo. La idea es conseguir unos pequeños fondos regulares que nos permitan seguir con el chiringuito abierto al menos durante el 2019.
Podríamos conseguir más visibilidad, y así llegar a más gente y obtener más ayuda, por desgracia proyectos como la microred de asistencia sanitaria para migrantes o la oficina de asesoría para precarias son casi siempre incompatibles con el ruido mediático y la exposición pública de las afectadas (por propia decisión de ellas, completamente lógica). Nuestro terreno es por tanto seguir currando discretamente, desde abajo y con las de abajo, con nuestro anarquismo de barrio para pobres (unos términos que notamos cada vez molestan más), y contar sólo con la ayuda de la poca, pero muy valiosa, gente afín que aún cree que el apoyo mutuo y la autogestión son posibles. Gracias a todas ellas, estén donde estén.
“La ayuda y el apoyo mutuo no pueden ser limitados por las fronteras de una asociación pequeña; deben extenderse a todo lo circundante” (P. Kropotkin, El apoyo mutuo, 1902).
FAGC
Alquiler, cuando lo básico se convierte en lujo
Decenas de organizaciones ciudadanas nacen por todo el Estado para hacer frente a la subida de los alquileres, un negocio especulativo impulsado por fondos de inversión y el auge de los arrendamientos turísticos.
Por Ter García.
Aparecido el 4/17/18 en El Salto
Conxita Torner vive en L’Eixample, en Barcelona, barrio en el que nació. Con un contrato de 15 años, pagaba por su piso, donde vive junto a su marido y tres hijos, 1.050 euros. Hace poco le tocó renovar el contrato, y la empresa propietaria de su vivienda —Uisa Sapi— le subió el alquiler a 2.000 euros mensuales. Negociaron y consiguieron que el alquiler se quedara en 1.500 euros al mes para los próximos dos años, y a partir de entonces, 1.600 euros al mes. Un 50% más de lo que pagaban hasta ahora.
Natividad Campodarbe también vivía en Barcelona, concretamente en Poble Nou. Después de 25 años en la misma vivienda, por la que pagaba 600 euros mensuales, recibió una carta en la que se le exigía que abandonara en un plazo de dos meses. Intentó negociar, pero el propietario de su vivienda, que lo es también de todo el edificio y de tres cuartas partes de toda la manzana, le dijo que no. Intentó organizarse con los vecinos, pero ninguno más había recibido cartas para que abandonaran sus viviendas. Buscando pisos por un precio parecido al que pagaba terminó en Tarragona. “Si nos hubiéramos organizado, se podría haber solucionado este problema, pero nadie quiso porque pensaban que no les iba a afectar”, lamenta.
Barcelona es, desde 2015, el municipio más caro de España. No fue en 2017 cuando los precios explotaron en la capital catalana. “En los últimos cuatro años el incremento de los alquileres ha tomado unas dimensiones espectaculares”, explica Joan Balanach, de la Federació d’Associaciones de Veïnes y Veïns de Barcelona (FAVB). Según calcula, entre 2013 y 2017 los alquileres han subido hasta un 40%.
“La parte de la renta destinada al alquiler ya se sitúa casi en el 50% de media”, añade. Un aumento especulativo que, además, según resalta, ha ido unido a la precarización laboral y que lleva irremediablemente a la expulsión de los vecinos de los barrios de una ciudad en la que, según valora esta institución, casi la tercera parte de los hogares vive en régimen de alquiler.
A raíz de esta situación, en mayo de 2017 nació el Sindicat de Llogaters y Llogateres —que ya cuenta con 1.200 afiliados— además de decenas de colectivos de barrios que se han marcado como objetivo revertir el problema de los alquileres. A día de hoy están centrados en la campaña Ens quedem. “Es una campaña contra los desahucios invisibles, que son las expulsiones que se producen cuando no se renuevan contratos o se hace una subida desproporcional del alquiler”, explica Irene Sabaté, miembro del sindicato. “Es la respuesta a las inversiones especulativas que compran edificios enteros para su revalorización, es la propiedad vertical”, añade.
Los fondos de inversión se han lanzado, en Barcelona como en el resto del Estado, al negocio del alquiler. Según explica Sabaté, solo en la presentación de la campaña nombraron a diez de estos grandes propietarios. “Tirando del hilo con la gente que vino a la asamblea contabilizamos unas 3.000 viviendas en Barcelona que pertenecen a este tipo de propietarios, y es solo la punta del iceberg: la propiedad vertical es mucho más frecuente de lo que podamos sospechar”, detalla.
El sindicato, observando también el trabajo sobre este tema realizado por La Directa, ha situado en un mapa las decenas de fondos de inversión y grandes propietarios que se están quedando con Barcelona: Vauras Investment, Norvet, MK Premium… algunos están especializados en vaciar edificios para venderlos multiplicando su precio.
Los primeros en organizarse
Aunque Barcelona sea el municipio más caro, no es el que más vio aumentar la renta de alquileres el pasado año. Este puesto lo tiene Santa Cruz de Tenerife, con un 22,7% de encarecimiento según el portal Idealista —referente de administraciones como el Ayuntamiento de Madrid ante la falta de datos oficiales y cuyos fundadores, según destapó El Confidencial, también meten cuchara en el negocio inmobiliario a través de una sociedad de inversión—.
No es casual que haya sido en Canarias donde surgió el primer sindicato de inquilinos, en su caso impulsado por la Federación Anarquista de Gran Canaria en enero de 2017. “Se deprimen las zonas, se compran por cuatro duros, se revalorizan y los vecinos se van a la calle. No se diferencia mucho del esquema general”, explica Sergio González, miembro del sindicato canario, sobre la situación en las islas.
González señala que la subida de alquileres comenzó en los barrios clásicamente turísticos, pero pronto llegó a los demás: “Ya por menos de 600 euros no consigues un mal apartamento en el extrarradio”. Aunque el problema de la vivienda siempre ha estado presente en Canarias, ha sido en los tres últimos años cuando se ha recrudecido.
Su respuesta: la acción directa con forma de ocupación. No tienen números concretos, pero cifran en medio millar las personas realojadas desde que se creó el sindicato hace poco más de un año. “Ha sido gota a gota, aunque hay algunos casos grandes como la comunidad La Esperanza, en el municipio de Santa María de Guía, donde 76 familias —más de 200 personas— pasaron a vivir en cuatro bloques de viviendas embargados por Bankia.
“Ahora hay un edificio en el que vamos a meter a ocho familias”, continúa González. El sindicato les da apoyo, pero son ellos los que tienen que hacer suyo el espacio, modelo también aplicado por la Obra Social de la PAH. El último caso que ha llegado a este sindicato es el de una pareja y sus dos hijos a los que dieron una semana para abandonar su vivienda. Primero consiguieron que les dieran un mes de plazo y ahora están trabajando en encontrarles un sitio. “Este año en Canarias hay 18.000 o 20.000 demandantes de vivienda, y viviendas vacías hay más de 100.000. Casi todas son de bancos, que son nuestra comida favorita, no particulares”, continúa.
En Baleares también está a punto de nacer un sindicato de inquilinos. Será en Mallorca y está impulsado por el colectivo Stop Desnonaments. El alquiler ha subido un 20% en 2017, y entre un 40% y un 50% en los últimos tres años —según diversos portales de vivienda—, tiempo que coincide con el nuevo ciclo de alquiler impuesto con la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. “Barrios como La Soledad están superdeprimidos y se los están quedando banqueros, narcotraficantes y especuladores”, acusa José Manuel Segura, de Stop Desnonaments.
¿DE DÓNDE VIENE ESTO?
El alquiler vacacional, la entrada de los fondos de inversión por la puerta grande en el negocio del alquiler, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la falta de parque público de vivienda en alquiler son las causas más repetidas de un problema que afecta a todo el Estado.
En algunas comunidades autónomas, como Madrid o Baleares, se han lanzado a modificar las leyes sobre apartamentos turísticos. Sin embargo, los cambios no han sido dirigidos a frenar su expansión. “Lo que se ha hecho aquí con la nueva ley es legalizarlo, ahora hay 60.000 plazas legalizadas por la Conselleria”, señala Segura en referencia a Mallorca, matizando que lo que sí se ha hecho es diferenciar las zonas saturadas y las que aún no lo están.
En otras zonas de esta ciudad, como la de la Guerrería, Segura señala que las políticas dirigidas a revitalizar el barrio han tenido como consecuencia que una misma empresa se quedara con hasta 21.000 viviendas. “Reforman los pisos y actualizan las rentas, ahora piden 1.500 euros por pisos de 56 metros cuadrados”, añade. “Palma entera está saturada y mientras se permita el alquiler vacacional, que las socimis tengan exenciones fiscales y facilidades para comprar bloques enteros, y la ley permita el alquiler vacacional, esto va ir a peor”, concluye.
Tampoco se ha potenciado hasta ahora la vivienda pública, variable considerada por todos los entrevistados como determinante para frenar la subida de los alquileres. En Madrid, Vicente Pérez, responsable del área de vivienda de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) señala que entre el IVIMA —instituto de la vivienda de la comunidad— y la EMVS —su equivalente municipal— reúnen una lista de espera de 20.000 familias para acceder a vivienda pública. “No hay oferta pública suficiente ni de lejos, en la comunidad hay más de 200.000 viviendas vacías y ni los ayuntamientos ni la Comunidad de Madrid hacen nada para que este parque salga al mercado”, señala Pérez.
En Catalunya, la situación no es mucho mejor. “Estamos en un 1,5% de parque de vivienda pública y la Ley catalana de Vivienda establece que para 2037 deberíamos estar en el 15%. El ritmo es insuficiente, pero reconocemos que el Ayuntamiento de Barcelona está impulsando este tema”, afirma Sabaté.
“Como en todas las ciudades tenemos un problema endémico de que el tema de las viviendas de protección oficial no ha existido prácticamente en las agendas políticas”, añade Balanach, quien apunta que en Barcelona el problema es tan grave que el Ayuntamiento ha tenido que realojar a 6.000 familias en residencias porque no tienen viviendas suficientes para los casos de emergencia habitacional. “Es una situación dramática, y generalizada en todas las ciudades”, concluye.
Precaristas: Crónica de la lucha por la vivienda en Gran Canaria
Documental sobre la emergencia habitacional y la organización de las vecinas del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria.
«Gran Canaria es un cuadro que nadie mira en detalle. Un cuadro donde se ven palmeras, sol y playa. Se ve la parte bonita, los 25º de temperatura diarios que parece que se imponen por decreto. Pero cuando te acercas al cuadro se ven trazadas gruesas. Ves que en el óleo quedan grumos. Y en ese grumo hay miseria, hambre, gente que es muy válida y que está viviendo en la calle. En los pequeños fragmentos de ese cuadro se puede ver a una población que ha levantado todo lo que vemos, pero que sin embargo vive en la calle porque no tienen un techo para ellos mismos».
Fragmento de la entrevista a Ruymán Rodriguez, Sindicato de Inquilinos Gran Canaria.
Precaristas es un documental sobre la lucha por el acceso a la vivienda que están llevando acabo las vecinas del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Nuestro objetivo es presentar algunos de los proyectos de vivienda autogestionados que existen en la isla como La Comunidad Esperanza, El Refugio y La Ilusión, entre otros.
Proyectos organizados y habitados por personas pobres y en riesgo de exclusión social; familias golpeadas por la «crisis», paradas de larga duración, migrantes sin papeles, madres con menores a cargo que han sido víctimas de violencia machista y así un largo rango de perfiles sociales que ilustran la composición de la miseria canaria.
Las más vulneradas y olvidadas por la administración, las expulsadas del sistema, que sólo cuentan con sus manos y con el apoyo de la Federación de Anarquistas Gran Canaria.
A través de los relatos de su lucha diaria y sus vivencias, nos acercamos a la cara menos atractiva y publicitada del «Caribe europeo».
¿Por qué en Canarias?
Desde su nacimiento, pero desde la distancia, hemos seguido con atención las propuestas de autoorganización y acción en materia de vivienda que planteaba desde hacía años la Federación Anarquista Gran Canaria (FAGC). Quisimos conocer de primera mano alguno de sus proyectos impulsados y referentes en nuestras geografías como la Comunidad Esperanza y el Sindicato de inquilinos de Gran Canaria; proyectos centrados entorno a la vivienda, el realojo y el acompañamiento y apoyo a familias socialmente vulnerables. Hemos decidido explicarlo a través de un documental, con el objetivo de expandir la lucha y los aprendizajes de esas personas que, por su condición económica y orográfica, se encuentran doblemente aisladas en una isla.
Queríamos hacerlo en sintonía con las vecinas afectadas, a través de un lenguaje audiovisual que dignificara sus trayectorias vitales y sus procesos de organización y empoderamiento social.
Por tanto, con un tratamiento sensible y sensibilizado, pero alejado de sensacionalismos, victimizaciones y enfoques en formato “carnaza” con los que generalmente se aborda la cuestión de la precariedad en el acceso a la vivienda.
La idea siempre ha sido hacer un trabajo periodístico, riguroso y de calidad, dando voz a diferentes actores sociales y políticos de la isla como la PAH Canarias, la consejería de vivienda, juristas y académicos. Pese a esto, nos alejamos del concepto-trampa de la «objetividad». Manteniendo en nuestro enfoque la crítica hacia una realidad social (también la canaria) profundamente condicionada por las relaciones estructurales de poder, opresión y legitimidad.
El proyecto tendrá una duración de 40-50 minutos, se ha grabado mayoritariamente a 4K y esperamos poderlo presentar a finales del 2018, coincidiendo con el quinto aniversario de La Comunidad Esperanza. Por el momento compartimos el teaser del documental.
Sobre los proyectos Precaristas
Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria
El primer sindicato de inquilinas del Estado, formado por las propias vecinas afectadas; inquilinas, ocupas, indigentes y precaristas. A través de la negociación o mediante la acción directa, el sindicato socializa suministros, para desahucios, realoja a personas sin techo o recurre a huelgas de alquileres en apoyo a familias necesitadas, que no tienen otra alternativa que la indigencia.
En unas islas con 138.000 casas vacías y una media de 15 desahucios diarios, los edificios ocupados por el colectivo son siempre de bancos o entidades públicas, nunca de particulares.
Gracias a que la mayoría de personas realojadas se implican más tarde en las acciones del Sindicato y de la FAGC, el movimiento crece día a día. Ya han conseguido dar cobijo a mas de 1200 personas, paralizar 3 desalojos masivos y ocupar más de 400 inmuebles vacíos.
Vídeo Explicación Sindicato de Inquilinos.
Comunidad La Esperanza
Cuatro bloques de viviendas en Santa María de Guía donde 280 personas -150 menores edad- se autoorganizan en la que probablemente sea la mayor ocupación hecha por familias en todo el Estado. La Esperanza funciona mediante asambleas y comisiones de gestión de las vecinas como: Realojo, mantenimiento, solidaridad y tesorería. El proyecto, nacido hace 5 años y propiedad de la SAREB, ya ha resistido a un intento de desalojo y se ha convertido en una comunidad referente, tanto en el archipiélago como en la península, desde donde reivindicar y ejercer el derecho a la vivienda.
Los Barracones del Conde
El Sindicato ha paralizado el desalojo de los Barracones del Conde, en San Bartolomé de Tirajana. Desde hace más de 50 años, familias de trabajadores del Conde de la Vega Grande viven en cuadras para animales habilitadas como vivienda por ellas mismas a lo largo de estos años.
A día de hoy, el Conde, también desarrollador del sector turístico de la isla, quiere desprenderse de esos terrenos y sus moradores, efectuando un desahucio masivo, incumpliendo los contratos acordados en el pasado con sus inquilinos/as.
La Ilusión
Ubicada en un bloque propiedad de la SAREB y abandonada durante años en estado de degradación, la finca ha sido rehabilitada por 11 familias. (41 personas, 20 menores).
+ Info la Ilusión
El Nido
Una alternativa habitacional a los centros de acogida para mujeres maltratadas por sus parejas. Un espacio de seguridad, refugio, empoderamiento y terapia. Impulsado el 8 de marzo, Día de la Mujer trabajadora, por y para mujeres. Aunque a día de hoy el espacio físico está desalojado, la voluntad y necesidad social de hacerlo renacer sigue intacta.
El Refugio
Municipio de Telde. Cuatro chalets abandonados, que jamás se estrenaron y ni siquiera constan en el registro de la propiedad, han sido ocupados por el Sindicato para alojar a familias sin recursos.
Quiénes somos
InèrciaDocs es el nombre que nos une en nuestro primer documental. Somos Àlex, Marc y Guille; amigos y aborígenes crecidos en Barcelona y Mollet. Tenemos menos de treinta años y venimos de trayectorias ligadas al campo de la realización audiovisual, el periodismo y el activismo social y comunicativo.
Este es nuestro primer proyecto documental; un proyecto totalmente autogestionado y sin ánimo de lucro. Hemos afrontado todos los costes técnicos y logísticos que implica viajar y hacer un documental en Gran Canaria, así como el proceso de creación y producción.
No tenemos subvenciones ni créditos. No venimos de parte de ningún partido político o entidad.
Ya ha pasado un año desde que nos reunimos por primera vez para arrancar el proyecto, un año lleno de anécdotas y mucho aprendizaje. Durante este año y los 18 días de rodaje, nuestra voluntad siempre ha sido y será la de implicar al máximo número de colectivos, personas y espacios en la difusión de este documental para expandir, así, esta digna lucha.
Por eso, contamos con la colaboración de diferentes colectivos sociales, de la comunicación y de la música:
La Directa, un medio de comunicación cooperativo en catalán de actualidad, investigación, debate y análisis con doce años de trayectoria. Un proyecto asambleario, autogestionado y descentralizado, que entiende la comunicación como una herramienta de transformación social, colocando en el centro de su proyecto el relato de los movimientos sociales.
La Directa, que ha seguido y cubierto periodísticamente desde hace años la lucha de la FAGC y el SIGC, colabora con el proyecto apoyando la difusión de las proyecciones del documental.
El Col·lectiu Bauma es un colectivo editorial y de artes gráficas que aporta al proyecto la edición artesanal del libro «Las ideas, los hechos. Federación Anarquista Gran Canaria” que ofrecemos en las recompensas a lxs mecenas.
«Miramos de construir día a día redes de apoyo mutuo y romper con el trabajo asalariado.
Compartimos, de manera cuidada y artesanal, las luchas, sueños y experiencias que envuelven nuestro día a día. Aportamos nuestro grano de
arena en los campos de la edición, el diseño, la encuadernación artesanal, la ilustración, la serigrafía, la corrección y traducción».
Del blog del Col·lectiu Bauma
El grupo Sílvia Tomás, dedicará el tema La Esperanza, compuesto especialmente para musicar el documental. Además, su último trabajo autoproducido en 2017, «Següent Pas», será una de las recompensas que ofrecemos para lxs mecenas.
Desde el año 2012, el trio propone «canciones y letras que se posicionan, que son críticas y que apelan a la responsabilidad de los individuos de hacerse cargo de la propia vida. Lo hacen desde diferentes espacios, muchos de ellos abiertos y autogestionados, así como festivales, bares o centros culturales».
«La música como arma comunicativa ha sido a lo largo de estos años de crecimiento y aprendizaje, y sigue siendo aún, la manera que tengo y utilizo para canalizar las emociones, vivencias y experiencias que me ocurren en la sociedad en la que vivo y en la cultura que se impone.
Actualmente, y después de haber caminado con otros compañeros, me acompañan, en la vida y la música, Guillem Boada en el teclado y Mateo Martínez en la guitarra flamenca. Dos músicos que han escogido vivir despiertos y sensibles a lo que nos rodea, preguntándose y questionándose. Y que han convertido también su instrumento en una arma que hace eco de lo que en el presente nos pasa»
De la página web de Sílvia Tomàs
Sobre las recompensas
El libro “Las ideas, los hechos. Federación Anarquista Gran Canaria” es una preciosa edición artesanal elaborada por el col·lectiu Bauma en el año 2015. Un trabajo para desgranar la naturaleza de la FAGC, recopilando las reflexiones teóricas y de su experiencia los últimos años en el anarquismo combativo de barrio, así como una recopilación de sus tuits más destacados.
“En este lustro de lucha hemos esquivado bastantes balas, hemos desarrollado un trabajo agotador, extenuante, y la represión se ha cebado con nosotros; hemos parado desahucios, la mayoría de las veces tirando más de las herramientas, el ingenio y la voluntad que del apoyo de las organizaciones políticas; hemos ocupado cientos de inmuebles en los que hemos realojado a un millar de personas, mientras nos reunimos como bandoleros en los campos por la inseguridad de tener una sede fija; hemos iniciado e impulsado la ocupación más grande del Estado y hemos pagado su precio en sudor y experiencia; hemos hecho muchas cosas que aún saben a poco»
Fragmento de “Las ideas, los hechos. Federación Anarquista Gran Canaria”
El disco «Següent pas» es un conjunto de 12 canciones editado de forma autoproducida y publicado bajo licencia Creative Commons por Sílvia Tomás Trio en 2017.
«Un disco dedicado a todas las personas que luchan por dentro lo que quieren ver fuera y que luchan fuera lo que quieren ver dentro. A todas las que ya se han ido y nos han dejado semillas por cuidar, semillas de amor, de empatía y solidaridad. A todos los que nos hemos ido encontrando y nos reconocemos humanos. En este camino de cuestionar el orden establecido y plantear respuestas, de reconciliar y confrontar experiencias, de navegar entre la impotencia y la capacidad de mejorar… es de donde surgen estas canciones que las sentimos más colectivas que propias».
Una de las canciones que integran el disco es «Carta a Kobane», un homenaje a la lucha en el Kurdistan de Siria a través de la interpretación de las palabras de una miliciana kurda a su madre.
CÓMO PARTICIPAR EN EL CROWDFUNDING
1- Si no eres usuario/a de Verkami, primero debes registrarte (en la parte superior derecha, pincha en «Registrarte» y rellena tus datos). Si ya lo eres, inicia sesión.
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3- Pincha en «Aportar» y sigue las instrucciones de pago con tu tarjeta de crédito.
4- ¡Ya eres mecenas!
A qué destinaremos vuestras aportaciones
Las aportaciones irán destinadas principalmente a cubrir los costes logísticos, técnicos y de post-producción (edición , etalonaje, diseño de sonido, distribución y presentación en Barcelona y Gran Canaria). También para los costes de la grabación del tema La Esperanza y para el envío de las recompensas. (Nota: Para los envíos de recompensas a las Canarias contactaremos más adelante con lxs mecenas de las islas para hacer un envío colectivo a un espacio aún por concretar.)
En caso de conseguir nuestro objetivo y superarlo, nos gustaría hacer una aportación a alguno de los sindicatos de inquilinos o colectivos de vivienda del estado que trabajan desde y con los barrios.
NOTA: Los que queráis hacer alguna aportación y no tengáis tarjeta de crédito nos podéis escribir un correo electrónico: inerciadocs@gmail.com
Calendario previsto
Queremos finalizar el montaje y presentar el documental en mayo del 2018, mediante proyecciones en Barcelona y Gran Canaria, coincidiendo con el quinto aniversario de La Comunidad Esperanza.
Después, si hay interés, el documental puede proyectarse en otros espacios y geografías.
Las mecenas recibirán las recompensas un mes antes del estreno del documental.
+ Info
Sobre el documental:
Facebook: @inerciadocs
Twitter: @InerciaDocs
Mail: inerciadocs@gmail.com
Vimeo: https://vimeo.com/inerciadocs
Sobre la FAGC y el SIGC:
Blog de la Federación de Anarquista de Gran Canaria
Blog del Sindicato de inquilinos
Artículos periodísticos:
Gran Canaria: 55 inmuebles ocupados en 2013
Diagonal 17/04/13Ruymán Rodríguez: “El proyecto ‘La Esperanza’ es un modelo resolutivo que demuestra que la anarquía es más funcional”
AraInfo 02/04/17L’anarquisme de barri (re)neix a Gran Canària
La Directa 06/09/17Quan l’Esperança és l’última opció
La Directa 31/07/15
Diez familias canarias recuperan «La Ilusión»
Actualización: Una nueva familia se ha sumado al proyecto, una madre sin recursos con sus dos hijos. Ya son 11 familias, 41 personas, 20 de ellas menores.
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La pasada semana 7 familias, asesoradas y secundadas por el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, se han decidido a poner fin a su situación de indigencia y falta de alternativas habitacionales y han socializado un edificio de 15 viviendas abandonadas. Desde entonces ya se han sumado 3 familias más. Hablamos de 38 personas, 18 de ellas menores.
Estás familias, compuestas por personas desahuciadas, trabajadores en paro, mujeres embarazadas, parejas jóvenes que dormían en coches, han tomado la determinación de construir por sí mismas las soluciones que la administración les niega.
Todas son demandantes de vivienda pública desde hace años, incluso décadas, sin que jamás hayan podido acceder a una vivienda de protección oficial. Vienen de barrios obreros, en condiciones de hacinamiento, con alquileres cada vez más altos y con salarios cada vez más bajos, cuando no inexistentes.
El inmueble expropiado ha sido absorbido por la SAREB (Sociedad de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria), el conocido como «banco malo». La SAREB es una entidad semipública dedicada a tragarse los activos tóxicos de los bancos con el fin de sanear las cuentas del sector financiero. Es decir, es un monstruo inmobiliario que se nutre principalmente de inyecciones de dinero público y que asume las deudas que la banca rechaza. Su única intención es garantizar que los bancos mantengan su nivel de ingresos obligando a todos los contribuyentes a costear sus perdidas.
En cifras, la SAREB ha perdido casi 3.200 millones de euros, y almacena casi 30.000 inmuebles, en su mayoría de nueva construción. Antes de que estas viviendas sigan abandonadas, se destinen a la especulación, sean saqueadas, acaben en manos de fondos buitres o destinadas a alquiler vacacional, estas 10 familias se han decidido a tomar lo que es suyo, lo que es de todos. Su derecho a un techo es innegociable.
Están habilitando el inmueble, vivienda a vivienda, poco a poco, porque estaba en unas condiciones lamentables. 10 casas ya están habitadas, 2 son habitables y darán cobijo próximamente a algunas de las familias que la Comisión de Expropiación del SIGC tiene en su lista de Solicitantes de Vivienda, y otras 3 tienen que recuperarse todavía con mucho esfuerzo y trabajo. Pero estas valientes familias están dispuestas a asumir el reto y también todos los que se presenten de aquí en adelante. No van a rendirse ahora porque por fin han recuperado «La Ilusión».
Habla la portavoz del SIGC
Aparceros del conde en el siglo XX; desahuciados por el conde en el XXI
Fuente: Canarias Ahora (El Diario)
Adentrarse en las cuarterías del pago de Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana, el mayor municipio turístico de la isla de Gran Canaria, es viajar en el tiempo. Medio siglo atrás, en estos barracones se hacinaban familias de aparceros del tomate al servicio de un conde, el de la Vega Grande, que dominaba vastas extensiones de terreno en el sur de Gran Canaria. A la de Candelaria (nombre ficticio) la trajeron de Moya, municipio norteño, Juan y Candidito, emisarios de Alejandro del Castillo y del Castillo, octavo conde de la estirpe y tío del actual, Alejandro del Castillo Bravo de Laguna. Corrían los años sesenta y la familia de nobles, que presume de haber introducido el tomate y el turismo en la isla, buscaba en el norte mano de obra para trabajar en sus tierras.
Candelaria, entonces menor de edad, compartía un pequeño habitáculo, una infravivienda de menos de treinta metros cuadrados, sin agua y sin luz, con su madre y sus cinco hermanos. Vivía allí a cambio de trabajo, como parte del salario. A las siete de la mañana acudía al almacén contiguo a hacer ceretos, remendar cajas y empaquetar los tomates que partían en camiones de noche hacia el puerto de la Luz y de Las Palmas, en la capital. A las dos regresaba a los barracones para almorzar y a la tarde estaba de vuelta en el almacén. Candelaria recuerda con un fino hilo de voz, casi imperceptible, esas extenuantes jornadas que en ocasiones se prolongaban “hasta las dos y las tres de la madrugada”. “Ni en Viernes Santo descansaba”, relata mientras muestra los callos de los dedos como prueba.
Más de cincuenta años después, los herederos del condado de la Vega Grande están a punto de dejarle sin casa. Candelaria es una de las 63 personas, 24 de ellas menores, que habitan en las cuarterías, hoy remozadas. En total, 19 familias de extracción obrera, muchas de ellas integradas por desempleados de larga duración. Aún quedan algunos de los antiguos trabajadores de las tomateras del conde, pero la mayoría son hijos o sobrinos de los jornaleros, que permanecieron en los barracones, sin contrato ni pago de alquiler, pero con el consentimiento de los aristócratas, tras la quiebra del negocio de explotación agrícola, en los años ochenta. Desde hace tres meses luchan contra la amenaza de la piqueta. Los propietarios del terreno, una parcela de unos 1.800 metros cuadrados, quieren derruir las cuarterías para construir en su lugar una nave industrial.
El pasado 27 de marzo, un abogado de la familia condal entregó a los vecinos una carta en la que les daba tres meses para desalojar las cuarterías, bajo la amenaza de iniciar acciones legales. El plazo se cumplió este martes, pero aún no han recibido noticias. El Grupo Inmobiliario Tinojai, propiedad del conde y promotor del desahucio, no se ha manifestado desde entonces y tampoco ha querido ofrecer su versión a este periódico. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de su alcalde, Marco Aurelio Pérez, afirma que el desahucio está desactivado desde hace dos meses y que los propietarios se han comprometido con la administración a estudiar cada situación de forma individual. El regidor sureño sostiene que algunos vecinos “tienen capacitación económica” y que sólo siete están siendo atendidos por los servicios sociales del Consistorio. Insiste, además, en que todos ellos tienen “en teoría” contratos de alquiler. Los afectados desmienten las afirmaciones del político y le retan a encontrar y enseñar esos supuestos contratos. El Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, que asesora a las familias, está convencido de que los vecinos tienen derechos jurídicos adquiridos por el tiempo para reclamar el usufructo de esas viviendas que han utilizado en precario (ocupación a título gratuito y sin plazo) durante todos estos años.
“Cuartos de animales”
Los barracones están situados en la trasera de la denominada finca condal, un complejo histórico que acoge en la actualidad eventos y celebraciones. A apenas 700 metros del lugar se encuentra el Centro Penitenciario Las Palmas II, la cárcel de Juan Grande, inaugurada en 2011. El Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana de 1996 prevé para la zona un uso industrial.
Desde que tuvieron conocimiento de las pretensiones del conde, los vecinos de los barracones se organizaron para tratar de impedir el desahucio. Quieren quedarse en esas cuarterías que han ido adecentando con su propio trabajo, pero reclaman una alternativa habitacional para no quedarse en la calle en caso de que los propietarios cumplan su amenaza. Los administradores de los terrenos de la familia Del Castillo han ido preparando el desalojo desde hace años. Algunos vecinos firmaron escritos en los que se comprometían a abandonar las viviendas de forma “voluntaria y pacífica” en un plazo de cinco días desde que se les comunicara y a dejarlas “en perfectas condiciones a disposición de la propiedad”. El Sindicato de Inquilinos sostiene que lo hicieron coaccionados.
De las formas de expresión utilizadas se desprende que esos documentos -con planos incluidos- fueron redactados por la empresa condal, aunque figuran como si hubiesen sido escritos por los propios vecinos. En uno de ellos, fechado en agosto de 2015, se solicita autorización para seguir usando en precario uno de los barracones, al que se le denomina hasta en seis ocasiones como “cuarto de animales”. El escrito expone que el hecho de que los propietarios permitan a una antigua aparcera permanecer en la casa debe interpretarse como “mera condescendencia y liberalidad” y no supone “el reconocimiento de derecho alguno” ni implica “ser compensado o indemnizado en caso de revocación”. El texto prosigue: “Serán de mi cuenta todos los gastos derivados de los consumos, reparaciones y mantenimientos del citado cuarto de animales mientras lo esté usando, sin que por ello pueda reclamarles nada por ningún concepto”.
Los vecinos cuentan que han sido ellos mismos, con su dinero y su trabajo, quienes han reformado las cuarterías para hacerlas más habitables. Ana es una de las afectadas de mayor edad. Comenzó a trabajar para el conde a los 16 años y lleva 27 en los barracones de Juan Grande: “Cuando llegué aquí no tenía baño, ni cocina, ni nada. Lo hemos ido arreglando al golpito para vivir como personas, no para vivir con lujos ni nada, no queremos riquezas”. Candelaria recuerda que al principio sólo había una letrina para todos -llegaron a convivir más de 300 personas en tan reducido espacio, según algunos de los relatos- y que la electricidad llegó a sus casas hace menos de veinte años. “Teníamos la luz y el agua del almacén. Les pagábamos mil pesetas de agua y mil pesetas de luz”, rememora Eduardo, sobrino de una antigua aparcera.
“Esas casas eran chabolas, ahora las han habilitado y las han convertido en viviendas, con su propio dinero. Son todos trabajadores, ninguno tiene segunda vivienda, ni otros ingresos que los de sus trabajos o subsidios. Todos han levantado sus casas con sus propias manos como para ahora tener que abandonarlas por el capricho de un conde”, denuncia Ruymán Rodríguez, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, una asociación de reciente creación -se constituyó en enero- que ya cuenta con un centenar de afiliados.
Primer desalojo
Antes de Semana Santa se produjo el primer desalojo en los barracones de Juan Grande. “Ese día vino el abogado del conde con dos obreros que se pusieron a tirar la casa sin permiso, sin ningún tipo de seguridad y sin avisar a los vecinos. En la casa de al lado viven menores. Cuando salí, me entregaron un papel que decía que en tres meses teníamos que abandonar las viviendas. Les dije: ¿Y a dónde vamos? Porque yo no tengo casa, nadie tiene casa aquí. Si la tuviéramos, no viviríamos así. Me respondieron: Bastante les hemos dado ya”, recuerda la joven Ayesha. “Llegaron, sacaron los muebles ellos mismos y empezaron a picar los techos. Cuando nos metimos dentro, pararon. Estuvimos llamando a la Policía Local desde las nueve de la mañana hasta las doce. En San Bartolomé siempre se ha dicho que el Ayuntamiento y el conde son lo mismo”, tercia Eduardo.
El Sindicato de Inquilinos precisa que el primer vecino desahuciado de las cuarterías era el único que había accedido al lugar a través de un contrato. “Como no podía pagar el alquiler, entregó la vivienda y el conde le perdonó la deuda. Cuando se quedó vacía, la derribó”, relata su portavoz.
La lucha contra el desalojo se dirime en varios frentes. En la vía judicial, el sindicato garantiza a todos los vecinos asistencia letrada en caso de que los herederos del conde de la Vega Grande decidan acudir a los tribunales y defiende que existen argumentos jurídicos para que los afectados puedan permanecer en sus viviendas por los derechos adquiridos durante todos estos años. La organización de ayuda al inquilino también promueve lo que Ruymán Rodríguez denomina la “guerra de tintas”, esto es, la presión mediática para que la administración actúe garantizando una alternativa habitacional a los vecinos. También prevé organizar concentraciones y manifestaciones para movilizar a la sociedad civil. “Si nada de esto funciona, tendremos que convocar un piquete antidesahucios, un muro humano en los barracones para que no los echen”, concluye.
La unión de dos linajes
El Condado de la Vega Grande de Guadalupe nació en 1777. El Rey Carlos III concedió el título nobiliario al coronel de Infantería Fernando Bruno del Castillo Ruiz de Vergara, que poseía mayorazgos en el norte de Gran Canaria. Su esposa, Luisa Antonia Amoreto del Castillo, disponía de dominios en el sur. A esta estirpe nobiliaria, la más importante de la isla, se le atribuye el desarrollo de industrias y productos que cambiaron la economía isleña.
Los catedráticos de Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Manuel Lobo y Fernando Bruquetas exponen en la obra El Condado de la Vega Grande de Guadalupe (2014) que fue Agustín del Castillo, el cuarto conde, quien introdujo el tomate en la isla en el siglo XVI.
El actual, Alejandro del Castillo Bravo de Laguna, nacido en 1928, gestionó en 1961, en una época en la que aún ostentaba el título su tío, el concurso internacional de ideas Maspalomas Costa Canaria, que impulsó la actividad turística en el sur de la isla, su principal motor económico en la actualidad.
Alejandro del Castillo Bravo de Laguna está casado con María del Carmen Benítez de Lugo y Massieu, hija de la Marquesa de Arucas, el otro gran linaje de la isla de Gran Canaria.
El Sindicat d’Inquilines de Gran Canaria: famílies obreres contra el Conde de la Vega
Publicación de las queridas compas de Can Jaumetó
Compartim aquest cas: per bé que pugui semblar anacrònic, és ben d’actualitat. Tota la nostra solidaritat amb les famílies que estan plantant cara al despotisme del Conde de la Vega a Gran Canaria. Ens adherim al manifest, aprofitant que avui celebren una roda de premsa per denunciar l’evolució del cas, i animen a col·lectius i organtizacions d’arreu a fer-ho.
A banda, us deixem unes línies per apropar-vos a la interessant experiència organtizativa del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria:
Mesos abans de l’esclat que estem vivint a tota la península de sindicats de llogateres i col·lectius de defensa del dret a l’habitatge, ja s’havia creat a Gran Canaria un sindicat d’inquilines. Des de fa temps que seguim amb interès la feina de la FAGC (Federación Anarquista de Gran Canaria), sobretot coneguda pel projecte d’okupació i reallotjament de famílies obreres a la comunidad la Esperanza; aquests són principalment els punts de partida de l’esmentat sindicat d’inquilines.
Des del nostre punt de vista, a destacar de la tasca que estan realitzant és saber realitzar una feina real, palpable, amb els estrats de població treballadora més perifèrics i damnats econòmica i socialment per la misèria del treball i l’economia capitalista; a la vegada, el manteniment de principis d’autonomia política dels òrgans de l’estat i les seves institucions. Marquen unes línies vermelles i una experiència pràctica a tenir en compte per al cicle de lluites per l’habitatge i contra la pujada del lloguer que ja està pràcticament encetat.
Enllaços d’interès:
–https://sindicatodeinquilinasgc.wordpress.com/principios/
–https://anarquistasgc.noblogs.org/
–https://www.todoporhacer.org/comunidad-esperanza/)
–https://www.youtube.com/watch?v=vU3Ew3Hp_cI
Nace “El Refugio”
5 familias sin recursos y sin techo han rehabilitado varios inmuebles abandonados en la isla de Gran Canaria, y se han buscado por sí mismas las oportunidades que les niega el sistema capitalista y las instituciones.16 personas, 10 de ellos menores, han iniciado este proyecto habitacional de autogestión y dignificación. Cuentan con todo el apoyo y la asesoría del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria.
En un archipiélago con 135.000 inmuebles vacíos, con 735 desahucios por trimestre, con el segundo salario más bajo del Estado y la segunda provincia (Las Palmas) con la mayor subida del alquiler, no nos quedan más opciones para garantizarle un techo a nuestros hijos que las que nosotros, el pueblo trabajador, nos proporcionemos por nuestros propios medios.
Esta lucha por la vivienda no implica solo defenderse y reclamar. Es necesario construir y crear.
Los sin techo de la nobleza canaria
Fuente: El Salto
Alejandro del Castillo, conde de la Vega Grande, pretende desalojar a las familias de quienes trabajaron para su padre para vender un terreno destinado a uso industrial.
Texto: Eduardo Pérez
Las 19 familias que habitan los Barracones de Juan Grande, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), viven pendientes de un hilo desde que la pasada Semana Santa recibieran una carta de los propietarios, Alejandro del Castillo, conde de la Vega Grande y su hermano. En ella, se instaba a las 63 personas allí residentes a abandonar su vivienda en el plazo máximo de tres meses.
En realidad, sus vidas siempre han estado vinculadas a los deseos de la familia cuyo iniciador fue, en el siglo XVIII, Fernando Bruno del Castillo, alférez mayor y gobernador de las Armas de Gran Canaria, quien recibió el condado por sus servicios a la Corona.
Los Barracones llevan habitados desde hace más de medio siglo: una de las vecinas lleva allí 57 años. Otro, Juan Manuel Pérez, de 42 años, explica a El Salto que en un principio eran “cuartos individuales junto a los almacenes donde se embalaba el tomate, donde vivían los trabajadores. Posteriormente construyeron sobre ellas y cuando la empresa quebró tuvieron permiso para quedarse”.
Según Pérez, estos trabajadores nunca tuvieron problema con la administración del entonces conde, homónimo del actual, su hijo, y que llegó a alcalde de Las Palmas al principio del Franquismo. En lo que se podría considerar una parte del salario de los trabajadores, las familias nunca pagaron nada por su precaria vivienda. Por otro lado, nunca tuvieron contrato de trabajo ni de alquiler.
En los casos en que el inquilino fallecía, su vivienda seguía en la familia. Es el caso de Pérez, trabajador de la construcción, que pasó de pagar alquiler a vivir allí cuando murió su tío. Allí viven también su mujer, dos de sus hijas y su nieta de sólo año y medio de edad.
Este vecino explica que hace aproximadamente diez años comenzaron los problemas. En 1996 el terreno había sido recalificado como de uso industrial, y la nueva administración familiar comenzó a otorgar permisos que incluían una cláusula para desalojar a las familias firmantes. “La mayoría firmaron”, explica Pérez, “bajo coacciones, ya que los necesitaban para instalar contadores de luz o agua”.
Derribo sin avisar
En 2017, la operación para reconvertir el área en zona industrial se ha puesto en marcha. Justo antes de recibir los avisos de desalojo, los propietarios ya habían intentado derribar una casa, lo que consiguieron sólo parcialmente.
Al afectar el derribo a las viviendas próximas, los vecinos avisaron a los medios de comunicación y “el abogado del conde salió corriendo”, relata Pérez. Es en ese momento cuando, con el apoyo del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Gran Canaria, vecinos y vecinas de los Barracones de Juan Grande comienzan una campaña de presión para conseguir su realojo por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé.
Desde el sindicato, Ruymán Rodríguez, uno de sus miembros, explica que se les está dando asesoramiento y apoyo a las familias, “y si no funciona la estrategia, iremos a la paralización del desahucio por medios físicos, pero esperemos no llegar a eso”.
El Sindicato de Inquilinos, con 100 afiliados (90 de ellos mujeres) nació en enero de este año, convirtiéndose así en el primero de este carácter y al que luego han seguido otros en ciudades como Barcelona o Madrid, y en palabras de Rodríguez, está dedicado a “cuestiones meramente de supervivencia social, con unos salarios que siguen igual pero los alquileres suben, generando desahucios silenciosos”. Especialmente en una región como Canarias, con 15 o 20 desahucios al día y otras marcas dudosas como el récord estatal en pobreza infantil.
De momento, el conflicto de los Barracones entre vecinos, conde y Ayuntamiento está bloqueado. “Pedimos que no nos dejen en la calle, queremos una casa que paguemos en función de nuestras posibilidades, no queremos que nos regalen nada”, asegura Juan Manuel Pérez. No obstante, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, gobernado por Agrupación de Vecinos-Partido Popular, no parece tener la menor intención de tomar cartas en el asunto.
Cuestionado sobre el tema por El Salto, el alcalde Marco Aurelio Pérez se da por satisfecho con sus gestiones: “Que yo sepa, no va a haber desalojo. Está paralizado mientras los propietarios no tengan alternativas de realojo”.
Afirmación que vecinos y sindicato niegan tajantemente, ya que el único ‘compromiso’ han sido expresiones como “ya se mirará” por parte de los abogados del conde a alguna familia, y no se les ha comunicado ningún tipo de paralización.
En todo caso, el alcalde no valora la posibilidad de que el Ayuntamiento ofrezca viviendas. Entre las razones, ser un “asunto privado”, aunque la memoria ambiental aprobada por el Gobierno canario respecto a esta operación obliga a tener alternativas de realojo para los residentes regales. Además, el mandatario señala que “no tenemos viviendas”, pese a que el municipio es uno de los mayores de la isla, siendo un destino turístico de primera fila mundial y haber sido presa del boom inmobiliario antes de la crisis.
Así pues, se mantiene la incertidumbre sobre el destino de estas 19 familias, enfrentadas a una familia que ha marcado el destino de Gran Canaria desde hace más de dos siglos, desde el poder político, su imperio agrícola o sus negocios inmobiliarios.
Hace justamente un año, el actual conde decía en una entrevista a Canarias7 algo que podría dar esperanzas a los vecinos de los Barracones: “En la vida el dinero no es lo principal. Hay otras cosas que son más importantes. Me gustaría que me recordasen como buena persona. Me gustaría que dijesen: ‘Qué buena persona fue Alejandro’. Nada más”.