The Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria (Tenants Union of Gran Canaria, SIGC) and the Federación Anarquista de Gran Canaria (Anarchist Federation of Gran Canaria, FAGC) publicly adhere to the «Social Shock Plan» developed by several social organizations across the Spanish State in response to the sanitary, economic and social crisis caused by the Covid-19.
Sigue leyendo English versions of «Our own Shock Plan» and «Rent Strike Manifesto»
Nuestra compa Sandra colabora en el primer programa de «Basterrak» (9/4/2020):
Programa piloto de Bazterrak, con las colaboraciones de:
¿Qué es un Comité de Huelga?
Este 1 de abril, confluyendo con una convocatoria internacional, hemos convocado una Huelga de Alquileres General e Indefinida a la que se han sumado más de 200 colectivos de todo el Estado español. Una de las mejores maneras de organizar esta huelga de forma popular, de abajo a arriba, es constituir Comités de Huelga.
El Comité de Huelga no es un colectivo por sí mismo. Es un órgano finalista al que las huelguistas le encargan un cometido muy claro: trabajar para ganar la huelga. El comité se disolverá cuando ésta concluya.
¿Cómo se constituye un Comité de Huelga?
Lo primero es intentar aglutinar, en una estructura horizontal y asamblearia, a todas las huelguistas de un espacio concreto. Las huelguistas constituidas en asamblea, pueden, si son pocas inquilinas, formar por sí mismas un comité o, en caso de ser muchas, elegir un comité compuesto por delegadas. El Comité de Huelga, dependiendo del contexto y número, puede ser un comité de bloque, de urbanización, de barrio o de territorio.
El Comité de Huelga debe constituirse al 100% de huelguistas. Cuando sus miembros son designados por la asamblea del comité (en nuestro caso por la asamblea del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, aunque puede ser independiente a cualquier colectivo preestablecido) estos deben tener muy claro que están subordinados a la asamblea que los escogió y que su trabajo es el que ésta les encomiende: redactar documentos, informar a los medios, coordinarse con otros comités, hacer de interlocutor con la propiedad u organismos oficiales cuando se lo requiera la asamblea, etc. El comité no es un órgano ejecutivo. Sus delegados son mera correa de transmisión de la voluntad asamblearia de las huelguistas. No tienen otras atribuciones ni competencias. Su función puede ser perfectamente rotatoria, si así lo decide la asamblea.
Finalidad del Comité de Huelga
El comité no tiene otro fin que ganar la huelga y cumplir el mandato de las huelguistas ante las que responden. Es importante coordinarse con otros Comités de Huelga y fiscalizar que nadie negocie a nuestras espaldas. Si se entiende que varios comités quieren poner fin a la huelga, sin haberse cumplido los objetivos de ésta, es importante organizarse con otros comités dispuestos a mantener la convocatoria de huelga hasta que se satisfagan nuestras demandas (prioritariamente: suspensión del pago de la renta).
Los Comités de Huelga pueden ser muy útiles y pueden ser el germen de nuevos sindicatos de inquilinas y colectivos de vivienda.
Una de las portavoces del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, María Santaolalla, pone voz a la convocatoria internacional de Huelga de Alquileres que también se impulsa desde Canarias y a la que ya se han sumado más de 200 colectivos de todo el Estado.
Entrevista en el programma «Lliure Directe» de Radio Klara el pasado 1 de abril (2020) a nuestro compañero Ruymán Rodríguez (FAGC/SIGC) sobre la Huelga de Alquileres 1-A.
Escuchar aquí: iVoxx
Fuente: SIGC
En los tres días que llevamos de huelga, en el SIGC y la FAGC hemos atendido unos 250 casos, muchos de ellas de fuera de Canarias. Además de las adhesiones a la huelga, hemos logrado forzar unas 40 suspensiones del pago del alquiler por parte de los caseros. Sin embargo, hubo un caso que nos resultó paradigmático:
Una mujer llamó al teléfono del SIGC diciendo que su propio casero (un particular) le había dado nuestro número para que se informase. La mujer, que se quedó en el paro hace unos meses, nos contó que había propuesto al casero pagar la mitad del alquiler, pero que se le acaba la prestación por desempleo en mayo y cobra justo lo que paga de alquiler (500€). Nos preguntó por el procedimiento para solicitar los microcréditos (creyendo que era una ayuda), pero le respondimos que implicaría una deuda que ante su situación precaria no sabía si podría asumir en el futuro y que, al quedarle sólo un mes de paro, iba a tener muy difícil sobrevivir, así que le recomendamos que comunicara al casero que no iba a poder asumir el pago de ese mes.
Unas horas más tarde nos llamó el propio casero y cuando se identificó esperamos algún tipo de reprimenda. Sin embargo, nos contó que, después de divorciarse de su anterior pareja, puso la vivienda que tenían en común en alquiler para pagar la hipoteca, al mismo tiempo que él mismo alquiló una vivienda para vivir con su nueva pareja. Nos informó de que había recibido un mensaje de su inquilina diciéndole que no iba a pagar y nos aseguró que lo había entendido y aceptado y que así se lo había hecho saber a su inquilina. Según dijo: «alimentar a sus dos hijos es más importante que mi hipoteca». No obstante, nos llamó para pedirnos consejo porque su casero (un empresario multirentista que se dedicó a la especulación tras la crisis del ladrillo y que mientras firmaban el contrato presumía de no saber cuánto dinero tenía en la cuenta) le reclamó el pago del alquiler.
En primer lugar le ofrecimos una asesoría jurídica básica, y le explicamos que no se preocupara pues el proceso de embargo de su inmueble podría dilatarse bastante en el tiempo. También nos contó que la única alternativa que le ofreció el multirentista fue un aplazamiento. Sin embargo, sin los ingresos del alquiler y con su pareja en paro, para este hombre era imposible hacer frente al elevado precio del alquiler (700€). Por ello le recomendamos que le comunicara al casero que no iba a pagar mientras no tuviera ingresos suficientes y que se sumaba a la huelga de alquileres. Le dimos un asesoramiento rápido de las posibles consecuencias legales y el casero nos dijo que se sumaría a la huelga.
Hemos comprobado que la huelga arrendataria es una herramienta que beneficia incluso a los pequeños propietarios con un mínimo de solidaridad y que entienden que una madre soltera prefiera darle de comer a sus hijos antes de pagarle el alquiler.
Análisis del SIGC de las últimas medidas del gobierno en materia de alquileres
Ante las alarmantes circunstancias que viven las inquilinas, y la negativa del Gobierno a tomar ninguna medida que cambie verdaderamente su situación, el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria convocó el pasado 23 de marzo una Huelga Arrendataria General e Indefinida a partir del 1 de abril, enmarcada en una convocatoria internacional. A esta convocatoria de huelga —la primera del s. XXI en el Estado español— se sumaron inicialmente una treintena de colectivos de vivienda de todo el Estado. Sin embargo, a partir del 30 de marzo, fueron más de 200 los sindicatos de inquilinas y colectivos que decidieron secundar la convocatoria.
La convocatoria responde a una emergencia humanitaria, menos espectacular que la del coronavirus, pero igual de letal: centenares de miles de familias tienen que elegir este mes de abril si alimentan a sus hijos o por el contrario pagan el alquiler.
Las medidas anunciadas por el Ejecutivo el día 31 de marzo son ridículas, ya que preservan el beneficio económico del sector inmobiliario e ignoran al sector más vulnerable: las inquilinas.
¿Solicitar microcréditos si tu arrendador tiene menos de 10 viviendas? Es la receta que nos llevó a la crisis del 2008: sobreendeudamiento de las más pobres. ¿Moratoria del pago 4 meses si tu arrendador es un “gran tenedor”? Más sobreendeudamiento, más pan para hoy y hambre para mañana, cuando nadie puede asegurarnos cómo estaremos dentro de 4 meses. ¿Quita del 50%? No, reclamamos una suspensión del 100%. No es posible que un gobierno de derechas como el francés pueda adoptar medidas que no se atreve a asumir la coalición progresista del gobierno español. ¿Moratoria de 6 meses para los desahucios? Ése es el tiempo que puede prolongarse normalmente un proceso de desahucio a través de los procedimientos dilatorios procesales habituales. Esto es esconder el problema debajo de la alfombra y que tengamos que afrontar miles de lanzamientos a final de año.
Por todo ello, desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria continuaremos la Huelga General de Alquileres hasta que el Gobierno apruebe las siguientes medidas:
1. Suspensión inmediata del pago de la renta, especialmente para arrendatarios en situación de vulnerabilidad y para arrendadores que sean multirentistas o personas jurídicas (la minoría que no cumpla estos requisitos que reclame una Renta Básica Universal como recogemos en nuestro plan de choque). Mientras no se adopte esta medida, sin ingresos suficientes y regulares, no pagaremos.
2. Que las viviendas abandonadas en manos de fondos, entidades financieras y bancarias (sobre todo las que han sido rescatadas con dinero público) sean socializadas y puestas a disposición de los miles de personas y familias que hoy carecen de hogar.
La economía rentista no puede esquilmar los pocos ingresos de las inquilinas más vulnerables mientras la economía productiva está parada. No pueden obligarnos a elegir entre comer o pagar el alquiler. Por ello, si no cobramos, no pagamos. ¡Viva la Huelga Arrendataria!
Uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, José Cardona, desmonta en «Canarias al día» (MírameTV) las ridículas medidas del ejecutivo con respecto a los alquileres en medio de la crisis provocada por el Covid-19 (2/4/20).
Fuente: Radio Topo
Hoy comienza la Huelga de Alquileres promovida por más de 200 colectivos en todo el Reino del Saqueo, también llamado España. Nos lo explica Ruymán Rodríguez, de la FAGC y el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria.
Escuchar a partir del minuto: 19’30»
Fuente: Todo por hacer
Huelga de alquileres a partir del 1 de abril. La Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC) la convocó el pasado 23 de marzo. Los sindicatos de inquilinas de la península (Barcelona, Madrid, Málaga, Zaragoza, Granada, Ibiza, Donosti y Vigo) se sumaron el día 30. Empieza, pues, una nueva fase de reivindicación de una suspensión del pago del alquiler como medida de choque social contra la crisis del coronavirus.
Los motivos para ir a la huelga son evidentes: nos encontramos confinadas en nuestras casas, sin posibilidad de ir a trabajar; se han aprobado miles de ERTEs que suponen una reducción del nuestros ingresos (para quien los tuviera) en un 30%; y porque la economía entrará en recesión y se van a producir miles de despidos a corto y medio plazos pero no se están tomando medidas para proteger a la clase trabajadora. En estos momentos ya acumulamos 750.000 despidos y 1,6 millones de personas que han visto reducidos sus salarios por los ERTE desde el inicio del estado de alarma.
Dos días después de la convocatoria de la huelga en todo el Estado, el gobierno aprobó de urgencia el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que regula un nuevo paquete de medidas “para apoyar a las familias y a los colectivos más vulnerables, que, tras la paralización de gran parte de la actividad económica, han visto afectados sus ingresos y, por consiguiente, su capacidad para hacer frente a los gastos necesarios para el mantenimiento de sus hogares”. Sin duda, las medidas aprobadas suponen un avance y una pequeña mejora a corto plazo de las circunstancias de miles de familias, pero como señala el Sindicato de Inquilinas de Madrid, resultan del todo “insuficientes” para hacer frente a la crisis de vivienda que está por venir, teniendo en cuenta que ya acumulamos 750.000 despidos y 1,6 millones de personas que han visto reducidos sus salarios por los ERTE desde el inicio del estado de alarma.
Las medidas consisten en aprobar una moratoria de desahucios para familias que puedan acreditar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social o económica a causa de la crisis del coronavirus (es decir, excluye a quienes ya se encontraran en esa situación con anterioridad. Además, permite negociar un aplazamiento de parte del pago de las rentas del alquiler (que no suprimir, como pedían los colectivos de vivienda), que será obligatorio cuando el arrendador sea un «gran tenedor» (propietario de más de 10 inmuebles).
Y, por último, el Real Decreto-Ley del gobierno aprueba una serie de avales y préstamos (microcrédito) para que esas familias puedan hacer frente a parte de las rentas del alquiler.
Ésta ha sido una de las medidas más criticadas por colectivos de vivienda y sindicatos de inquilinas. Las familias arrastran todavía una deuda equivalente al 58,9% del PIB y el 74% de la misma ha sido contraída para dedicarla a vivienda. Las familias, según la OCDE, gastan en torno el 40% de sus ingresos totales en pagarse un techo donde vivir. En 2019 hubo 36.437 desahucios por impago de alquiler en todo el Estado español y endeudarse con créditos (en vez de una suspensión de pagos y condonación de la deuda) es “pan para hoy, hambre para mañana”. En palabras de Yago Álvarez Barba (a.k.a. «Economista Cabreado»), “si hemos llegado a esta debilidad económica mundial es, entre otros motivos, por la continua financiarización de la economía, por tener un sistema económico sustentado mediante el crecimiento de la deuda (la deuda global es ya tres veces el PIB mundial y crece más que la economía), y parece que la única forma que tienen de solventar los problemas de la ciudadanía (y aquí no hablo solo de los alquileres) es financiarizar más nuestra vida cotidiana y endeudarnos más. No tiene sentido, más allá de la patada hacia delante al problema y de volver a salvar al sector inmobiliario”.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid denuncia que “las familias que viven de alquiler se encuentran ante una situación insostenible: sin ingresos y asumiendo precios que han subido un 40% de media desde 2013. Los arrendadores ganan 38.000€ de media anual sin incluir lo que cobran de alquiler, mientras que los hogares de inquilinas ingresan una media de 23.000€ anuales. Y en el caso de que las inquilinas no puedan devolver la deuda, lo pagaremos entre todas y todos con dinero público, independientemente si el arrendador lo necesita o es una entidad multi millonaria. Da igual que entremos en una brutal crisis y que aumenten los índices de pobreza: los arrendadores tienen que seguir cobrando rentas inmobiliarias a precio de oro, todo a costa del erario público. Consideración aún más grave si se tiene en cuenta que ya reciben enormes ayudas: los pequeños propietarios tienen una exención del 60% en el IRPF y los fondos buitre no pagan impuesto de sociedades”.
Además, desde este sindicato critican que las ayudas se financien con 700 millones para garantizar el cobro de las deudas cuando hace unos años se destinaron 65.000 millones de euros a la banca para asegurar su rescate.
En definitiva, como dice una portavoz de la PAH, estas medidas “promueven que los inquilinos que no puedan pagar las rentas se endeuden” y, por otro, deja que sean los fondos buitre los que decidan “voluntariamente si eximen o no del pago a los inquilinos”, una forma de “proteger el negocio de los grandes tenedores”.
En un artículo en La Marea, una convocante de la huelga se refiere así a la pasividad del Ejecutivo de PSOE-Podemos: «Las medidas son descafeinadas, como los microcréditos a interés cero, que es casi lo mismo que una moratoria. Muchas familias no van a poder sufragar los alquileres. Para ellas, un crédito y tener que pagarlo más adelante es estar en las mismas. Creemos que es justo que se condone esa deuda, que los grandes tenedores de vivienda acareen con parte de los gastos de esta crisis y que en el caso de aquellos propietarios que realmente puedan justificar que están en una situación de vulnerabilidad y por tanto la falta de pago de sus inquilinos les lleve a situaciones sin recursos el Estado intervenga. Pero no puede ser que las arcas públicas vayan destinadas a que los rentistas no pierdan poder adquisitivo«.
Por último, tengamos en cuenta que en el Estado español destinamos más de un 40% de nuestros ingresos a la vivienda porque el precio de este bien se encontraba en sus máximos históricos. Esto se debe, en parte, al hecho de que el parque de vivienda está controlado principalmente por grandes propietarios. Nos dicen que el mercado está controlado por particulares. Personas que han trabajado muy duro para invertir sus ahorros en una vivienda “extra” que alquilan a otra familia, y que no se puede poner límites a esta actividad, porque han trabajado muy duro para conseguirlo… Aunque vemos que los fondos buitre y las SOCIMIs están comprando todas nuestras viviendas para especular, ellos insisten en que su cuota de mercado es mínima y el mercado está en manos de particulares.
Pero resulta que hacen un estudio en Barcelona, y los datos reflejan que un 34% del mercado está controlado por entidades jurídicas que no son particulares. Ya no se trata del 3%, sino del 34% en manos de empresas. Del 60% del mercado que estaría controlado por particulares, resulta que la mayor parte probablemente no sean particulares, sino familias con muchísimo patrimonio y muchísima riqueza, que tienen en propiedad edificios enteros en nuestras ciudades. Las viviendas están a su nombre y estos “particulares” no se han constituido como empresa, pero pueden tener 10, 20, 50 o 100 viviendas, pero jurídicamente se les trata como “particulares”. Estos, pueden ser esos 45 “particulares” de Baleares, a quienes les han forzado a introducir sus 859 viviendas de “particulares” en el mercado en aplicación de la Ley balear que prevé sanciones de entre tres mil y noventa mil euros para grandes tenedores de vivienda que las tengan vacías, obligándolas a ponerlas en el mercado con alquileres asequibles.
La incidencia de la huelga se notará en los primeros días del mes, que son los que suelen estar estipulados por contrato para hacer los pagos de la renta.
La web Suspensión Alquileres ha habilitado un formulario para adherirse a la convocatoria. En él, además, existen modelos de notificación de impagos en castellano, euskera, catalán y gallego para avisar a la propiedad y al Ministerio de Vivienda.
La huelga se sustenta sobre tres pilares: información, cohesión y cuidados y caja de resistencia. Las convocantes pretenden informar constantemente sobre qué pasos dar, apoyarnos mutuamente y abrir una caja de resistencia para poder hacer frente a gastos judiciales y represivos que pudieran surgir. Pero, en cualquier caso, la base de la huelga es que una cantidad suficiente de personas siguiéndola es inviable para el sistema judicial .
Sobre la importancia histórica de las cajas de resistencia en toda clase de conflictos y luchas sociales, en el mes de septiembre de 2012 publicamos en este medio un artículo titulado «Cajas de resistencia, una herramienta más para afrontar conflictos (o al menos intentarlo)», cuya lectura recomendamos.
La caja de resistencia se nutre de las aportaciones solidarias que se realicen en la página de crowdfunding Goteo.
La idea de hacer una huelga de alquileres no es nueva, pues cuenta con tres antecedentes históricos en nuestro contexto geográfico: una se llevó a cabo en Barakaldo y Sestao en 1905 por 2.000 familias, otra fue impulsada por la CNT y mantenida por miles de familias de Barcelona durante ocho meses de 1931 (y aunque la huelga se dio por terminada este mismo año, durante 1932 continuaron los impagos en barrios como Cases Barates, la Torrassa, el Clot, o en el Raval) y una tercera en Santa Cruz de Tenerife dos años más tarde. Y más allá de la península, los ejemplos son más numerosos (Buenos Aires, Glasgow, La Comuna de París, México, etc.), como explica Luis de la Cruz en su artículo «Una geneaología de la lucha revolucionaria contra los desahucios» (enero 2015).
Motivos para ir a la huelga en el 2020 hay, desde luego. Animamos a todas a sumarse, difundirla (en redes sociales se está utilizando los hashtags #HuelgaAlquileres y #PlanDeChoqueSocial), financiar la caja de resistencia y, en definitiva, apoyar a todas las compañeras y vecinas que corren el riesgo de perder sus casas. Es el momento de recuperar el sentido de comunidad y de apoyo mutuo, no de chivarnos de nuestras vecinas e interiorizar el autoritarismo que se está extendiendo con el pretexto del estado de alarma. Porque la que nos viene encima va a ser gorda y solo saldremos de esta si permanecemos en común.
